Intervención de Rosa Díez contra el Proyecto de Ley de la Ciencia
Señora ministra, señoras y señores diputados, nada tengo que objetar a lo expuesto por la señora ministra en relación con lo que es y debe ser la ciencia y la innovación, pero lamentablemente, desde nuestro punto de vista, esos objetivos no se consiguen con este proyecto de ley. Ese es el motivo por el que hemos presentado una enmienda a la totalidad solicitando su devolución al Gobierno.
Las políticas activas de promoción de la investigación científica son, sin duda alguna, una de nuestras asignaturas pendientes más trascendentales. La Constitución las incluye entre los principios rectores de la política social y económica en su capítulo tercero, como muy bien sabemos, y específicamente en el artículo 44.2. Es decir, no es la apelación a la competencia exclusiva lo sustancial de esta materia sobre la que estamos hablando, sino el hecho de que la Constitución española lo incluya como los principios rectores —insisto— de la política social y económica, tanto por la importancia de la ciencia en sí misma en ambos aspectos como por su papel decisivo en el cambio del modelo productivo español y por su estrecha vinculación con la no menos urgente reforma de la educación. La mejora de la investigación científica y de la innovación tecnológica está estrechamente ligada al necesario cambio de los modelos productivo y educativo. Este es el gran problema nodal que, a nuestro juicio, esta ley no solventa.
Pues bien, lamentamos que el proyecto remitido por el Gobierno al Parlamento vuelva a eludir este objetivo esencial. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad de dicho proyecto de ley, pero quiero explicarles las razones que tenemos para considerarlo insuficiente y erróneo y, por tanto, solicitar su devolución. Algunas de estas razones ya han sido expuestas y argumentadas por algunas de las principales organizaciones científicas españolas, como la Confederación de Sociedades Científicas de España, que llegó a decir que no se trata de engordar, sino de tener más músculo, o la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología de España
o la Federación de Jóvenes Investigadores. Consideramos que razones tan bien fundadas no deben ser desoídas ni ignoradas por este Parlamento. Por eso hemos incorporado a nuestras enmiendas no pocas de estas reivindicaciones.
En primer lugar, las empresas y las instituciones académicas dedicadas a la investigación e innovación tecnológica siguen formando mundos separados. No hemos sabido implicar a las empresas en la investigación académica ni en la transferencia a la empresa de los resultados académicos o del personal investigador que los ha logrado. En resumen, empresa y mundo académico siguen dándose la espalda, es uno de nuestros principales problemas, sobre todo para conseguir un cambio de modelo productivo donde ciencia e innovación deben tener un papel fundamental. La participación e integración de la empresa privada en la investigación e innovación tecnológica es muy inferior, a pesar de los avances —la señora ministra lo sabe bien—, a la de países homologables de la OCDE.
En segundo lugar, los abusos de la descentralización del Estado han conducido a un incremento de la burocratización y del minifundismo científico —lo segundo es más importante que lo primero, aunque van unidos—. Al dar a las comunidades autónomas un papel que no les corresponde en la política científica, pues la ciencia no es materia autonómica, sino universal y crecientemente internacional, se han duplicado las estructuras estatales en clones autonómicos adicionales, con el consiguiente aumento del gasto fijo y disminución de inversiones productivas, resultando un sistema de financiación ineficiente y burocratizado, rígido y opuesto a la movilidad. Por tanto, el resultado es lo que hay que juzgar, no el modelo sino el resultado que se produce de ese modelo, que es más burocratización y menos eficiencia investigadora.
En tercer lugar, seguimos sin una definición clara de la carrera personal del investigador a nivel nacional. Este es un tema, a mi juicio, muy importante. La señora ministra le ha dedicado un espacio en su intervención, pero no creo que se corresponda nada de lo que ha dicho con lo que contiene la ley. No se avanza apenas en la lucha contra la endogamia del mundo académico; no se mejora la precaria situación laboral de miles de investigadores jóvenes y no tan jóvenes, indispensable para que la carrera científica sea profesionalmente atractiva; no se combate la fuga de cerebros de investigadores españoles de vanguardia obligados a buscar en terceros países las facilidades profesionales y laborales que nuestro país les niega injustamente. Por ejemplo, el proyecto de ley no contempla desvincular las plantillas de los departa10
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mentos universitarios o servicios hospitalarios de las necesidades docentes o asistenciales ni la creación de itinerarios de selección de personal para investigación. En resumen, relación productiva empresa universal; inversiones más eficaces en un sistema de I+D más eficiente y menos burocratizado; carrera profesional del personal investigador son, a nuestro juicio, tres problemas clave que el presente proyecto de ley de ciencia deja de nuevo sin resolver.
A continuación, voy a expresar brevemente lo que a nuestro juicio son seis fallos del proyecto de ley, seis fallos importantes que son los que motivan —insisto— la presentación de esta enmienda de totalidad. En primer lugar, el proyecto de ley abusa de una regulación detallista que se entromete en asuntos de los que debe dar autonomía a los agentes implicados, empresas y mundo académico; legisla sobre aspectos ajenos y entra en conflicto con otras leyes, con las competencias de varios ministerios y de instituciones como universidades, hospitales y fundaciones. Por ejemplo, no es procedente que esta ley aborde aspectos relacionados con la cooperación al desarrollo que corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; tampoco procede, a nuestro juicio, la mención expresa y reiterada a la implantación de una perspectiva de género para asignar recursos, seleccionar personal y decidir la composición de los órganos de gestión y evaluación. Señorías, adoptar este tipo de criterios aumenta la ineficiencia del sistema, pues solo deben seleccionarse —estamos hablando de investigación e innovación— las personas mejor capacitadas, según criterios estrictamente científicos y técnicos.
En segundo lugar, como es lo habitual, el proyecto de ley asume el modelo sistema de sistemas surgido de la cesión de competencias de investigación científica y técnica a las comunidades autónomas con el consabido resultado: uso ineficaz de los recursos públicos; creación de barreras de todo tipo a la igualdad de oportunidades entre personas —importante—; más dificultades para la formación y movilidad del personal investigador. En definitiva, oposición al desarrollo de un modelo económico más competitivo, innovador y productivo, que no puede surgir de la suma de diecisiete modelos divergentes. Esta es la cuestión. Coloca en un plano de igualdad al Estado y a las comunidades autónomas en el consejo de política científica y tecnológica, convertido inevitablemente en un organismo proclive a la defensa de intereses locales y sin una visión del interés general. Señora ministra, el artículo de la Constitución que usted cita referido a la competencia exclusiva no es el que debiera marcar el conjunto de esta ley y orientarla, es el artículo 44.2, que dice: Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. De ahí se derivan todas las demás manifestaciones o referencias que en la Constitución se hacen a la ciencia y a la innovación; de ese artículo 44.2, que está en el capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica. No se trata de hablar de competencias exclusivas, se trata de legislar en defensa del interés general del conjunto de los ciudadanos y del conjunto del país.
En tercer lugar, el proyecto de ley tampoco se adecúa a las directivas, estrategias, políticas y documentos aprobados por la Unión Europea, como veremos en el transcurso del tiempo si se aprueba la ley tal como va. En cuarto lugar, no contempla la constitución de una agencia de financiación nacional única encargada de la gestión de los recursos y de una agencia de evaluación científico-técnica también nacional, única e independiente de la anterior. En quinto lugar, perpetúa la separación entre la denominada ciencia básica y la ciencia aplicada o innovación, manteniendo las barreras existentes —uno de los problemas crónicos de España en la transferencia tecnológica del que en alguna ocasión a usted misma le he oído hablar—, esto no se resuelve en esta ley sino que al contrario se mantiene esa dualidad. Y en sexto lugar, no presta atención a la mejora de la calidad de la enseñanza obligatoria, bachillerato y universidad pública, que permita formar personal de alta capacitación para las futuras actividades del I+D+i.
Nosotros consideramos que una nueva ley sobre ciencia, tecnología e innovación debe perseguir cuando menos los siguientes objetivos. En primer término, el fomento de la excelencia y la competitividad en el sistema de investigación e innovación. En segundo, la eliminación de la rigidez y la burocracia a favor de un sistema con un grado suficiente de autonomía y flexibilidad, y además exigente en la evaluación de resultados y rendición de cuentas. En tercer lugar, la asunción por el Estado de la competencia sobre investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para conseguir que España tenga un modelo común, congruente con los futuros modelos europeos evitando la fragmentación de estas políticas. En cuarto término, la creación de órganos de decisión independientes, ágiles y eficientes. En quinto, la consecución de una carrera de investigador atractiva, con capacidad real de progresión, estable pero a la vez flexible y evaluada de forma periódica por entidades externas e independientes de presiones políticas. Esto exige clarificar y simplificar las figuras de contratación, la mejora de condiciones y derechos de los jóvenes investigadores en las universidades y centros de investigación proporcionándoles salarios y beneficios sociales en consonancia con su formación y sus resultados y promoviendo a los mejores, los mejores, señora ministra, mediante una carrera profesional incorporada al tejido productivo. En sexto lugar, aumentar la movilidad de los investigadores convirtiéndola en una exigencia —la movilidad— combatiendo así la endogamia, el conservadurismo intelectual y el conformismo con los procedimientos burocráticos que han estancado a las universidades españolas entre las menos avanzadas de los países más avanzados. En séptimo término, la creación de agencias nacionales de financiación y evaluación independientes de los vaivenes políticos gobernadas por criterios científicos de calidad. En octavo, conseguir un compromiso estable de inver11
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sión en I+D+i acorde con nuestro desarrollo económico y sobre todo con los requerimientos del cambio de modelo productivo. Compromiso estable. El año pasado en el ejercicio 2010 se redujo el presupuesto del conjunto no solo de su ministerio en un 2 por ciento, este año en un 9 por ciento. Un compromiso estable de inversión porque esto es política de Estado o debiera serlo, y si es política de Estado hay que garantizar que venga quien venga después esta política se va a seguir poniendo en marcha porque si no, no hemos hecho nada; por tanto, también hay que garantizar la estabilidad desde el punto de vista económico. En noveno lugar, fomentar beneficios fiscales a las actividades de I+D+i en las empresas y favorecer legalmente la transferencia de conocimientos y personal entre organismos públicos y privados, centros académicos y empresas.
Por desgracia, señora ministra, señores y señoras diputados, el proyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación es paradójicamente conservador y poco innovador. Se estanca en el más de lo mismo y profundiza un modelo anacrónico y fallido que, como la comunidad científica y los empresarios más innovadores no se cansan de repetir, no está a la altura del desarrollo económico de España, de sus necesidades presentes y futuras ni —acaso esto sea lo más importante— hace justicia a las decenas de miles de investigadores e innovadores abocados a la precariedad laboral, las dificultades burocráticas y financieras y la falta de reconocimiento social a su labor.
Por todos estos motivos, señorías, señora ministra, pedimos la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Nos recuerda el notiweb de hoy, 10 de noviembre, que el pasado 28 de octubre se debatió en el Congreso la Ley de la Ciencia. No fue noticia en ningún lugar, no recuerdo haber escuchado comentarios en la televisión ni visto referencias en los periódicos. Pero resulta que Rosa Díez se atrevió a presentar una enmienda a la totalidad, con ese atrevimiento amparado en el hecho de ser un partido político pequeño sin compromisos maximalistas ni intervención (por el momento) en acuerdos de gobernabilidad.
En este enlace se encuentra el Diario de Sesiones del Congreso de los diputados (la intervención de Cristina Garmendia en la página 6, la de Rosa Díez a partir de la página 10. Reproduzco a continuación los puntos clave de la intervención de Rosa Díez. Esta cita tiene carácter informativo, y no debe interpretarse como un apoyo expreso a esos contenidos.
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Las políticas activas de promoción de la investigación científica son, sin duda alguna, una de nuestras asignaturas pendientes más trascendentales. La Constitución las incluye entre los principios rectores de la política social y económica en su capítulo tercero, como muy bien sabemos, y específicamente en el artículo 44.2. Es decir, no es la apelación a la competencia exclusiva lo sustancial de esta materia sobre la que estamos hablando, sino el hecho de que la Constitución española lo incluya como los principios rectores —insisto— de la política social y económica, tanto por la importancia de la ciencia en sí misma en ambos aspectos como por su papel decisivo en el cambio del modelo productivo español y por su estrecha vinculación con la no menos urgente reforma de la educación. La mejora de la investigación científica y de la innovación tecnológica está estrechamente ligada al necesario cambio de los modelos productivo y educativo. Este es el gran problema nodal que, a nuestro juicio, esta ley no solventa.
Pues bien, lamentamos que el proyecto remitido por el Gobierno al Parlamento vuelva a eludir este objetivo esencial. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad de dicho proyecto de ley, pero quiero explicarles las razones que tenemos para considerarlo insuficiente y erróneo y, por tanto, solicitar su devolución. Algunas de estas razones ya han sido expuestas y argumentadas por algunas de las principales organizaciones científicas españolas, como la Confederación de Sociedades Científicas de España, que llegó a decir que no se trata de engordar, sino de tener más músculo, o la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología de España o la Federación de Jóvenes Investigadores. Consideramos que razones tan bien fundadas no deben ser desoídas ni ignoradas por este Parlamento. Por eso hemos incorporado a nuestras enmiendas no pocas de estas reivindicaciones.
En primer lugar, las empresas y las instituciones académicas dedicadas a la investigación e innovación tecnológica siguen formando mundos separados. […]
En segundo lugar, los abusos de la descentralización del Estado han conducido a un incremento de la burocratización y del minifundismo científico —lo segundo es más importante que lo primero, aunque van unidos—. Al dar a las comunidades autónomas un papel que no les corresponde en la política científica, pues la ciencia no es materia autonómica, sino universal y crecientemente internacional, se han duplicado las estructuras estatales en clones autonómicos adicionales, con el consiguiente aumento del gasto fijo y disminución de inversiones productivas, resultando un sistema de financiación ineficiente y burocratizado, rígido y opuesto a la movilidad. Por tanto, el resultado es lo que hay que juzgar, no el modelo sino el resultado que se produce de ese modelo, que es más burocratización y menos eficiencia investigadora.
En tercer lugar, seguimos sin una definición clara de la carrera personal del investigador a nivel nacional. […] No se avanza apenas en la lucha contra la endogamia del mundo académico; no se mejora la precaria situación laboral de miles de investigadores jóvenes y no tan jóvenes, indispensable para que la carrera científica sea profesionalmente atractiva; no se combate la fuga de cerebros de investigadores españoles de vanguardia obligados a buscar en terceros países las facilidades profesionales y laborales que nuestro país les niega injustamente. Por ejemplo, el proyecto de ley no contempla desvincular las plantillas de los departamentos universitarios o servicios hospitalarios de las necesidades docentes o asistenciales ni la creación de itinerarios de selección de personal para investigación. En resumen, relación productiva empresa universal; inversiones más eficaces en un sistema de I+D más eficiente y menos burocratizado; carrera profesional del personal investigador son, a nuestro juicio, tres problemas clave que el presente proyecto de ley de ciencia deja de nuevo sin resolver.
A continuación, voy a expresar brevemente lo que a nuestro juicio son seis fallos del proyecto de ley, seis fallos importantes que son los que motivan —insisto— la presentación de esta enmienda de totalidad.
En primer lugar, el proyecto de ley abusa de una regulación detallista que se entromete en asuntos de los que debe dar autonomía a los agentes implicados, empresas y mundo académico; legisla sobre aspectos ajenos y entra en conflicto con otras leyes, con las competencias de varios ministerios y de instituciones como universidades, hospitales y fundaciones. Por ejemplo, no es procedente que esta ley aborde aspectos relacionados con la cooperación al desarrollo que corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; tampoco procede, a nuestro juicio, la mención expresa y reiterada a la implantación de una perspectiva de género para asignar recursos, seleccionar personal y decidir la composición de los órganos de gestión y evaluación. Señorías, adoptar este tipo de criterios aumenta la ineficiencia del sistema, pues solo deben seleccionarse —estamos hablando de investigación e innovación— las personas mejor capacitadas, según criterios estrictamente científicos y técnicos.
En segundo lugar, como es lo habitual, el proyecto de ley asume el modelo sistema de sistemas surgido de la cesión de competencias de investigación científica y técnica a las comunidades autónomas con el consabido resultado: uso ineficaz de los recursos públicos; creación de barreras de todo tipo a la igualdad de oportunidades entre personas —importante—; más dificultades para la formación y movilidad del personal investigador. En definitiva, oposición al desarrollo de un modelo económico más competitivo, innovador y productivo, que no puede surgir de la suma de diecisiete modelos divergentes. Esta es la cuestión. Coloca en un plano de igualdad al Estado y a las comunidades autónomas en el consejo de política científica y tecnológica, convertido inevitablemente en un organismo proclive a la defensa de intereses locales y sin una visión del interés general. […]
En tercer lugar, el proyecto de ley tampoco se adecúa a las directivas, estrategias, políticas y documentos aprobados por la Unión Europea, como veremos en el transcurso del tiempo si se aprueba la ley tal como va.
En cuarto lugar, no contempla la constitución de una agencia de financiación nacional única encargada de la gestión de los recursos y de una agencia de evaluación científico-técnica también nacional, única e independiente de la anterior.
En quinto lugar, perpetúa la separación entre la denominada ciencia básica y la ciencia aplicada o innovación, manteniendo las barreras existentes —uno de los problemas crónicos de España en la transferencia tecnológica del que en alguna ocasión a usted misma le he oído hablar—, esto no se resuelve en esta ley sino que al contrario se mantiene esa dualidad.
Y en sexto lugar, no presta atención a la mejora de la calidad de la enseñanza obligatoria, bachillerato y universidad pública, que permita formar personal de alta capacitación para las futuras actividades del I+D+i.
Nosotros consideramos que una nueva ley sobre ciencia, tecnología e innovación debe perseguir cuando menos los siguientes objetivos.
En primer término, el fomento de la excelencia y la competitividad en el sistema de investigación e innovación.
En segundo, la eliminación de la rigidez y la burocracia a favor de un sistema con un grado suficiente de autonomía y flexibilidad, y además exigente en la evaluación de resultados y rendición de cuentas.
En tercer lugar, la asunción por el Estado de la competencia sobre investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para conseguir que España tenga un modelo común, congruente con los futuros modelos europeos evitando la fragmentación de estas políticas.
En cuarto término, la creación de órganos de decisión independientes, ágiles y eficientes.
En quinto, la consecución de una carrera de investigador atractiva, con capacidad real de progresión, estable pero a la vez flexible y evaluada de forma periódica por entidades externas e independientes de presiones políticas. Esto exige clarificar y simplificar las figuras de contratación, la mejora de condiciones y derechos de los jóvenes investigadores en las universidades y centros de investigación proporcionándoles salarios y beneficios sociales en consonancia con su formación y sus resultados y promoviendo a los mejores, los mejores, señora ministra, mediante una carrera profesional incorporada al tejido productivo.
En sexto lugar, aumentar la movilidad de los investigadores convirtiéndola en una exigencia —la movilidad— combatiendo así la endogamia […]
En séptimo término, la creación de agencias nacionales de financiación y evaluación independientes de los vaivenes políticos gobernadas por criterios científicos de calidad.
En octavo, conseguir un compromiso estable de inversión en I+D+i acorde con nuestro desarrollo económico y sobre todo con los requerimientos del cambio de modelo productivo. […]
En noveno lugar, fomentar beneficios fiscales a las actividades de I+D+i en las empresas y favorecer legalmente la transferencia de conocimientos y personal entre organismos públicos y privados, centros académicos y empresas.
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Por todos estos motivos, señorías, señora ministra, pedimos la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
Muchas gracias.