Los becarios de investigación han sido discriminados

Una reivindicación histórica del colectivo en el que más se prodigan las becas ha sido excluido del Real Decreto 1493/2011, por el que se regulan los términos y condiciones de la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación. Se trata de una grave injusticia histórica.

Ya nos hacíamos eco de la exclusión en una noticia de la Circular de Empleo del mes de octubre . Ahora, sin embargo, contamos también con el comunicado de prensa de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios.

La postura de la FJI es, todo sea dicho, excesivamente maximalista: en un mismo texto afirman que la SS ha dejado de ingresar 1.590 años de cotizaciones solamente por parte del medio millar de personas que han dejado constancia de su historial de becarios en el manifiesto de la Federación; pero también reivindican que todos los períodos en que estas personas dejaron de cotizar a efectos del cómputo de pensiones, de tener derechos sociales y cobertura de desempleo se reconozcan de manera automática y sin coste alguno. No es una petición realista.

De hecho, el Real Decreto del Ministerio de Trabajo tiene una misión fundamental, que es recaudatoria. Sólo así puede comprenderse que sean los mismos ex-becarios quienes deban cubrir el coste de empresa por los períodos no cotizados, a razón de unos 150 € al mes. Cabe la duda de si, estando las cosas como están, no sería más práctico que quien tenga la posibilidad de reconocer el máximo de dos años ingrese la cantidad total que le costaría, superior a los 3.000 €, en una cuenta de ahorro.

En cualquier caso, el fondo de la postura de FJI es de justicia. El colectivo de jóvenes investigadores ha originado la única entidad parecida a un sindicato de becarios. Ellos son quienes más han hecho para explicar y demostrar que en un sinnúmero de ocasiones los becarios están cubriendo lo que de otra forma serían puestos de trabajo bajo contrato. Los propios investigadores son el colectivo que más años llega a acumular bajo esta modalidad, superando en ocasiones el decenio, saltando de una convocatoria a otra, de una fuente de financiación pública a otra. Resulta por eso más que paradójico que se vean ahora excluidos por completo de este proceso de regularización. No solo porque el mínimo de dos años está muy alejado del tiempo medio que un investigador de carrera pasa como becario en este país, sino porque las becas no formativas quedan explícitamente excluidas del proceso, que

Sólo permite rescatar cotizaciones de becas asociadas a estudios universitarios o de formación profesional, incluyendo las becas para realizar el doctorado, pero no otras (asociadas a proyectos, de tecnólogos, de colaboración en tareas de investigación, etc.) que han sido y son utilizadas, en fraude de ley, para evitar hacer contratos.

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