Nueva tarjeta europea para la movilidad profesional
El Parlamento Europeo ha dado un importante paso para la integración laboral en la UE con la aprobación de una nueva tarjeta electrónica que podrán usar los profesionales cualificados cuando quieran trabajar fuera de su país de origen. La tarjeta tendrá que ser implantada en todos los países de la UE en el plazo de dos años. Además de las siete profesiones reconocidas automáticamente en todos los Estados mimbros desde 2005, la tarjeta trabajará con las 800 categorías profesionales existentes en la UE y el sistema IMI de intercambio de información sobre el mercado interior.
Los objetivos fundamentales de la nueva tarjeta son:
- agilizar los trámites en el reconocimiento de cualificaciones entre países
- reconocer las prácticas como experiencia profesional
- garantizar la seguridad de la ciudadanía europea ante profesionales sanitarios inhabilitados en uno de los países
Las cualificaciones de reconocimiento automático son el título de arquitectos más seis profesiones del área sanitaria:
- arquitectos
- médicos
- odontólogos
- farmacéuticos
- enfermeros
- veterinarios
- matronas
¿Cómo funciona?
Básicamente, el profesional solicita el reconocimiento de su cualificación en el país de origen y porta la información correspondiente en la tarjeta, que puede leerse en los países de destino cruzada a través del IMI. De esa manera, los países de acogida sabrán a qué corresponde exactamente la cualificación y para qué servicios está facultada en su territorio.
Es muy positivo que este mecanismo reconozca el silencio positivo de la administración: «si las autoridades no responden a una solicitud de reconocimiento de cualificaciones en los plazos establecidos en la directiva, dicha solicitud se dará por aprobada».
Sin embargo, este procedimiento sería muy engorroso para el profesional, que no tendría seguridad sobre la eficacia de su cualificación en los países de su entorno, si no se hubiera aprobado también una base de datos pública con las profesiones reconocidas en cada uno de los Estados miembros, «quienes tendrían que demostrar que cualquier decisión para regular una profesión es proporcional y no discriminatoria».