‘legislación’

Ramón y Cajal, tenure track y contrato de acceso

En el notiweb de ayer, miércoles 20 de octubre, aparecía destacada la “Pregunta sobre la valoración de la eficacia del Programa Ramón y Cajal”.

La pregunta fue formulada por Gabriel Elorriaga y contestada por Felipe Pétriz, Secretario de Estado de Investigación (páginas 9 a 11 de este documento).

El sentido de la pregunta es evidente: ¿Cuántos de los beneficiarios de Ramón y Cajal consiguen estabilizar su puesto después de haber expirado el propio contrato RyC?

Es además una pregunta oportuna. (más…)

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El efecto de inercia y el empleo

Después de la huelga del 29-S hemos escuchado críticas contra la reforma laboral hechas, supuestamente, con perspectiva. En concreto, se ha argumentado que, vista la evolución del empleo durante el último mes, la reforma está consiguiendo lo contrario de lo que se proponía. En esta entrada voy a explicar por qué este argumento se basa en una falacia.

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Incentivar la contratación de investigadores: iniciativa pionera en Andalucía

La Corporación Tecnológica de Andalucía, fundación creada bajo iniciativa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha aprobado que se concedan incentivos a las empresas que contraten a investigadores procedentes de universidades andaluzas

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Un doctorando seguirá siendo menos

Redactando artículos informativos para nuestra circular mensual se aprende bastante. Por ejemplo, al explicar el contrato predoctoral de la LCTI se da uno cuenta de que es una versión empeorada del contrato en prácticas.

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Los derechos de los investigadores, según la LCTI

Ayer os presentábamos la Declaración de los Derechos de los Trabajadores Científicos, un texto de la UNESCO fechado en 2000 y, en realidad, muy del siglo XX. Hoy incluimos el texto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación referida a los derechos de los investigadores.

Artículo 13. Derechos del personal investigador.
El personal investigador que preste servicios en Universidades Públicas y
Organismos Públicos de Investigación tendrá los siguientes derechos, sin perjuicio de
los derechos establecidos por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de
Invención y Modelos de utilidad, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 diciembre para el personal investigador destinado en Universidades:
a) A disponer de libertad para determinar los métodos de resolución de problemas,
dentro del marco de las prácticas y los principios éticos reconocidos. De existir
limitaciones a esta libertad, derivadas de las circunstancias de la investigación y
del entorno, de las actividades de supervisión, orientación o gestión, de las
limitaciones presupuestarias, de las infraestructuras o de la protección de la
propiedad intelectual, estas limitaciones no deben contravenir las prácticas y los
principios éticos reconocidos.
b) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter
científico en los que participe.
c) Al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus funciones
investigadoras, en la contratación de personal y en el desarrollo de su carrera
profesional.
d) A la plena integración en los equipos de investigación de la entidad para la que
preste servicios.
e) A contar con los medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de sus
funciones, dentro de los límites derivados de la aplicación de los principios de
eficacia y eficiencia en la asignación, utilización y gestión de dichos medios e
instalaciones por la entidad para la que preste servicios, y dentro de las
disponibilidades presupuestarias.
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Borrador 1 V. 22_02_2010
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f) A la consideración y respeto de su actividad científica y a su evaluación de
conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos.
g) A la formulación de iniciativas de investigación, a través de los órganos o
estructuras organizativas correspondientes.
h) A utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la
realización de su actividad científica.
i) A participar en los beneficios que obtenga la entidad para la que preste servicios,
como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de
investigación, desarrollo o innovación en que haya participado el personal
investigador. Los referidos beneficios no tendrán en ningún caso naturaleza
retributiva o salarial para el personal investigador.
j) A participar en los programas favorecedores de la conciliación entre la vida
personal, familiar y laboral que pongan en práctica los agentes de ejecución del
sistema. Estos programas promoverán siempre la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres.
k) A su desarrollo profesional, mediante el acceso a medidas de formación continua
para el desarrollo de sus capacidades y competencias.

Artículo 13. Derechos del personal investigador.

El personal investigador que preste servicios en Universidades Públicas y Organismos Públicos de Investigación tendrá los siguientes derechos, sin perjuicio de los derechos establecidos por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre para el personal investigador destinado en Universidades:

a) A disponer de libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, dentro del marco de las prácticas y los principios éticos reconocidos. De existir limitaciones a esta libertad, derivadas de las circunstancias de la investigación y del entorno, de las actividades de supervisión, orientación o gestión, de las limitaciones presupuestarias, de las infraestructuras o de la protección de la propiedad intelectual, estas limitaciones no deben contravenir las prácticas y los principios éticos reconocidos.

b) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter científico en los que participe.

c) Al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus funciones investigadoras, en la contratación de personal y en el desarrollo de su carrera profesional.

d) A la plena integración en los equipos de investigación de la entidad para la que preste servicios.

e) A contar con los medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de sus funciones, dentro de los límites derivados de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia en la asignación, utilización y gestión de dichos medios e instalaciones por la entidad para la que preste servicios, y dentro de las disponibilidades presupuestarias.

f) A la consideración y respeto de su actividad científica y a su evaluación de conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos.

g) A la formulación de iniciativas de investigación, a través de los órganos o estructuras organizativas correspondientes.

h) A utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la realización de su actividad científica.

i) A participar en los beneficios que obtenga la entidad para la que preste servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado el personal investigador. Los referidos beneficios no tendrán en ningún caso naturaleza retributiva o salarial para el personal investigador.

j) A participar en los programas favorecedores de la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral que pongan en práctica los agentes de ejecución del sistema. Estos programas promoverán siempre la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

k) A su desarrollo profesional, mediante el acceso a medidas de formación continua para el desarrollo de sus capacidades y competencias.

Al comparar este listado con la Declaración, hay una primera diferencia que resulta muy evidente. En la LCTI (punto c)), la igualdad de todo el personal investigador en la carrera científica se reduce a la cuestión de género, y no incluye ni las cuestiones de raza, ideología, creencia o nacionalidad. Aunque, desde luego, es importante asegurar que no exista discriminación por razón de sexo, la no discriminación hacia la mujer en el ámbito científico es mucho más sencilla que en otros ámbitos por una mera cuestión de números (mayor número de licenciadas que de licenciados en disciplinas científicas). Por el contrario, la igualdad en la carrera investigadora para personas con nacionalidades distintas (aun cuando fueran comunitarias) resulta más que dudosa. Si se quiere alcanzar una movilidad en condiciones, los investigadores extranjeros deberían contar con las mismas opciones de inserción en la carrera investigadora que los españoles. En esta entrada del weblog De Madrid a Europa se hace referencia al primer Consejo de Competitividad con la participación de los ministros responsables de Industria e I+D+i. Allí se debatirán cambios en el marco europeo para la movilidad de investigadores.

Por otra parte, hay que reconocer que la exigencia de corresponsabilidad biparental en materia de conciliación puede resultar un auténtico avance en materia de derechos sociales.

Seguiremos con las comparaciones. Hasta pronto,

Jaime Capitel

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Los derechos de los trabajadores científicos

El 1 de enero de 2000, la Federación Mundial de los Trabajadores Científicos remitió a la UNESCO un borrador de declaración de los derechos de los trabajadores científicos. La Federación había redactado el texto siguiendo una recomendación de la propia UNESCO fechada en 1974, por lo que la reivindicación de derechos (laborales) para los profesionales de la Ciencia puede fecharse, como poco, en ese año.

En el nuevo borrador de anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se recoge una pequeña declaración de derechos y deberes. En esta entrada publicamos una traducción de la Declaración de 2000, y en próximas entradas citaremos la LCTI para averiguar en qué medida se acercan o se dirigen a los mismos problemas.

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Investigador = trabajador

En los últimos días, diversos medios han recogido declaraciones de Cristina Garmendia en las que se promete la contratación laboral para los investigadores, incluyendo la etapa predoctoral

A falta de pan, buenas son tortas; y a falta de dinero que gastar en ciencia, buena es la promesa de que, según la nueva Ley de la Ciencia, los investigadores obtendrán todos sus derechos como trabajadores. Esto, por supuesto, a la vez que significa gasto, repercute también positivamente sobre la Seguridad Social y las tasas de desempleo.

La verdad es que, después de lo devastador que ha sido el último trimestre de 2009, en cuanto a los números y en cuanto a los ánimos, que de repente el primer mes del nuevo año culmine de esta manera huele un poco a chamusquina.

Lo verdaderamente curioso es que las declaraciones de Cristina Garmendia acerca de la regulación laboral de la nueva LCTI son verdaderamente muy parecidas a las exigencias de Precarios.org, según podéis comprobar en el resumen de la reunión que mantuvieron el pasado viernes con Felipe Petri, el nuevo Secretario de Estado de Investigación:

Le transmitimos los mínimos que establecimos ayer y que esperamos aparezcan en la ley: que todas las ayudas a la investigación para recursos humanos vayan dirigidas a la contratación del personal de investigación (investigadores, doctorandos, técnicos y gestores). […] Seguimos comentándoles que deseamos que las figuras contractuales que se empleen sean las actuales, que no creemos que crear nuevas figuras sea una buena idea. Le trasladamos la necesidad de que los sistemas de financiacion de esta ley corrija los males que se vienen arrastrando desde hace lustros, como el caso de la dificultad de encadenar contratos.

Finalmente le transmitimos el pensamiento de que la estabilidad debería poder producirse en cualquier etapa de la carrera investigadora, y que ésta debe iniciarse tras obtener el título universitario. Le decimos que esta ley debe ser una oportunidad para poner al sistema español de I+D+i en la vanguardia de europa para que sea atractivo (contratación y derechos sociales).

Las últimas fechas que se manejan señalan el 3 de febrero como fecha máxima para la publicación del nuevo texto. Cuando salga, lo compararemos con las declaraciones de Cristina Garmendia y las demandas de Precarios.

Por Jaime Capitel

Entrevista de Cristina Garmendia para Público

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DFG: un abuelo dedicado a la financiación

Hace un frío que pela, y yome acuerdo de Alemania. El DFG (DeutscheForschungsgemeinschaft) es una agencia privada de financiación con decenas delíneas distintas a las que pueden engancharse investigadores individuales,grupos o centros de investigación. Un organismo en el que seguramente se hayanfijado los legisladores de este país para definir los nuevos principiosrectores de la ciencia.

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El día S y la excelencia

Hoyse aprobará en el Parlamento la Ley de Economía Sostenible. Según manifestó aprincipios de mes la ministra del MICINN, Cristina Garmendia, es una excelenteoportunidad para el desarrollo periférico, centrado en los municipios y no enlas capitales administrativas.

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Los datos de CC.OO.


Enlazamos a un artículoaparecido hoy en el diario El Mundo que contradice rotundamente los datosproporcionados por la Ministra acerca del aumento de contratos y becas acuadros científicos e investigadores

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