Archivo de abril, 2014

A vueltas con los papeles de Exteriores (V): el Archivo Histórico Nacional ya permite la consulta hasta 1931, el Archivo General de la Administración se hace esperar

El Archivo Histórico Nacional nos informa de que desde ayer han quedado abiertos a la consulta los fondos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación transferidos allí el año pasado, y que abarcan desde el siglo XVI hasta 1931. Esperemos que esto permita desatascar muchas investigaciones interrumpidas durante dos años y medio de trabas.

Ahora queda pendiente saber cuándo y cómo se podrán consultar los documentos transferidos al Archivo General de la Administración (AGA). Los responsables del AGA no han anunciado ningún plazo en que se haría posible el acceso a los fondos depositados allí. Como es sabido, estos presentan mayores complicaciones: un volumen mucho mayor de documentación, restricciones derivadas de la Ley de Secretos Oficiales y la normativa sobre datos personales, etc. Además, el Consejo de Ministros no ha rectificado todavía el Acuerdo de 2010 que clasifica un amplio abanico de materias en política exterior y que constituye un obstáculo de primer orden para el acceso a los documentos de las últimas décadas.

Buena parte de las relaciones internacionales del siglo XX continúan, por lo tanto, vetadas a la investigación. ¿Hasta cuándo?

El Archivo Histórico Nacional (Madrid)

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Saber de dónde venimos

La opacidad de los archivos y el desprecio por la historia lleva a posiciones irrelevantes

En 1926, el historiador y archivero del Ministerio de Estado Jerónimo Bécker, escribió: “Como no conocemos la historia de nuestras relaciones internacionales, como ignoramos cuál ha sido nuestra verdadera labor en esa esfera, como no sabemos los antecedentes de las cuestiones que surgen a nuestro paso, tenemos que improvisar soluciones a los problemas que se nos plantean y la consecuencia de esto es que con frecuencia se infiere grave daño a los intereses nacionales”. Han pasado 88 años y parece que no ha servido para nada el testimonio de nuestro mejor historiador diplomático, excelente conocedor de los ricos fondos del archivo del actual Ministerio de Asuntos Exteriores y autor de estudios fundamentales sobre la historia de la política exterior española.

Estamos en el año 2014 y tres ejemplos nos pueden valer para entender que nuestros dirigentes, y especialmente nuestros ministros de Asuntos Exteriores, desconocen la importancia de la Historia a la hora de tomar decisiones que afectan a los fines y objetivos exteriores. En octubre de 2010 el ministro Moratinos consiguió que se aprobara en el Consejo de Ministros un Acuerdo secreto que clasificó como materias reservadas o secretas un amplísimo catálogo de temas, que iban desde la preparación de viajes oficiales hasta las negociaciones con organizaciones internacionales, sin fecha ni limitación alguna.

En diciembre de 2011, el actual ministro de Defensa decidió cerrar a los investigadores la consulta de 10.000 documentos perfectamente catalogados que abarcaban un periodo comprendido entre 1936 y 1968. Por último, en el verano de 2012 el actual ministro de Exteriores, García-Margallo, cerró para siempre el archivo histórico de su ministerio, en el que tanto trabajó Jerónimo Bécker.

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y abiertos

¿Qué es lo que ocurre en España? ¿Qué nos diferencia de nuestros países vecinos? Lo más llamativo es que países democráticos, con una larga historia, que valoran con orgullo su pasado como potencias, cuidan, protegen y hacen públicos sus documentos históricos de carácter internacional. Ya sea para justificar decisiones, dar a conocer periodos “oscuros” (los militares argentinos acaban de publicar en la Red todas las actas de la Junta argentina entre 1976 y 1983) o por exigencia de la ciudadanía en virtud de principios como la transparencia, la libertad y la defensa del interés individual.

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y abiertos. Tienen colecciones de documentos diplomáticos elaboradas por diplomáticos, archiveros e historiadores. Organizan exposiciones públicas sobre temas internacionales y muestran sus ricos documentos. Cuentan con historiadores en sus archivos y en los propios ministerios. Qué decir de Estados Unidos, que hasta tiene una Oficina del Historiador en su principal archivo de Estado. Por cierto, gracias a todos estos trabajos (y hasta a Wikileaks) los españoles podemos analizar la política exterior de nuestro país y obtener documentos que nuestro Gobierno nos prohíbe consultar.

Y ¿cuál es el resultado de esta situación para nuestra política exterior? El balance no puede ser más negativo y ahí tenemos los resultados.

Si tuviéramos que caracterizar nuestra política exterior contemporánea podríamos destacar tres rasgos. En primer lugar, la primacía del conflicto interior desde el siglo XIX, el aislamiento franquista y después la concentración de esfuerzos en la construcción del Estado democrático, han hecho que los temas internacionales se hayan relegado siempre a un segundo plano, incluso perteneciendo a la Unión Europea.

Nuestra política exterior es reactiva y no proyectiva. ¿Quién piensa, quién reflexiona sobre nuestros intereses?

En segundo lugar, partidos políticos y fuerzas de diferente signo y en etapas diferentes han asumido este relegamiento de lo internacional, que se transmite a la opinión pública. Para comprobarlo, basta echar un vistazo a los programas de los partidos y a los debates electorales desde 1976, o repasar nuestra lista de presidentes del Gobierno que —con honrosas excepciones— no hablan idiomas y desconocen el entorno internacional, sin que ello les impida presidencializar la política exterior en La Moncloa, relegando a su ministro de Exteriores a un papel de mero ejecutor.

Nuestra política exterior es reactiva y no proyectiva. ¿Quién piensa, quién reflexiona sobre nuestros intereses, sobre perspectivas o tendencias? A diferencia de otros países, no parece que lo haga nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores donde, además, no disponen ya de los documentos históricos que puedan avalar una decisión, aportar argumentos en una negociación, o hacer reivindicaciones. Centros como el Instituto Español de Estudios Estratégicos o el Real Instituto Elcano realizan un gran trabajo, muy atentos a la actualidad, pero, como señalara Carlo Levi, el futuro tiene un corazón antiguo. Esta debería ser la primera lección para quienes dirigen la política exterior de un país que fue potencia mundial y que acumula controversias que se remontan a los siglos XVI y XVII (Ceuta y Melilla), a un tratado de 1714 (Gibraltar), o a políticas coloniales decimonónicas mal cerradas en el siglo XX (Sáhara Occidental).

Para quien no sabe adónde va, escribió Henry Kissinger, todos los caminos llevan a ninguna parte. Pero quien no sabe de dónde viene ni siquiera es capaz de comprender su lugar en el mundo. Sin la profundidad de campo que aporta la visión histórica, la política exterior española está condenada a continuar anclada en los mismos vicios que denunciara Bécker hace casi un siglo.

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Este artículo, firmado por Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, y por mí,  fue publicado como Tribuna en la sección de Opinión de El País el 11 de abril de 2014.

URL: http://elpais.com/elpais/2014/04/10/opinion/1397124314_329952.html

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La apertura internacional de España. Entre el franquismo y la democracia

Con la firma de los Acuerdos hispanoamericanos de 1953, el Franquismo rompió con la tradición de neutralidad de facto y relativo aislamiento que había caracterizado a la política española. Durante los años siguientes se abrieron procesos de cambio económico, social y cultural que supusieron una rápida modernización del país y que tuvieron un claro componente internacional: americanización, europeización, inversiones, comercio, inmigración, turismo… En paralelo se produjo también una progresiva normalización de la política exterior española, que se aceleró a partir del fin de la dictadura en 1975 y culminó con la integración de España en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea. En el transcurso de esas décadas España afrontó pues una paulatina apertura internacional que engarzó al país con las corrientes globales que transformaron el mundo en aquella época.En los últimos años la historia de las relaciones internacionales ha profundizado en el análisis de estos procesos renovando los estudios más clásicos de política exterior desde los que se habían abordado previamente. Ahora se trata de ponderar los avances realizados y ponerlos en relación con el tipo de estudios que se desarrollan fuera de España para confrontar enfoques, abrir perspectivas de estudio y abordar proyectos de historia comparada. Las sesiones del Congreso se articularán en torno a cinco grandes bloques:

  • Proceso de integración europea
  • Guerra Fría y americanización
  • América Latina y el Mediterráneo
  • Internacionalización económica y científico-técnica
  • Movimientos de población: emigración y turismo

La Asociación de Historiadores del Presente, el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid y el Instituto de Historia del CSIC han decidido organizar un Congreso que sirva de instrumento para el análisis y el debate entre historiadores sobre dicha temática.

Contamos para ello con la presencia de destacados especialistas en las materias que se abordan. Queremos hacer una invitación a toda la comunidad académica para que participe en el citado Congreso con sus aportaciones, a través de comunicaciones y de su presencia en las sesiones del mismo. En el próximo mes de septiembre concretaremos los componentes de las distintas mesas del congreso.

Para cualquier información contactar con Ricardo Martín de la Guardia (guardia@fyl.uva.es); Lorenzo Delgado (lorenzo.delgado@cchs.csic.es) o Rosa Pardo (mpardo@geo.uned.es).

 

La apertura internacional de España. Entre el franquismo y la democracia, 1953-1986

VI Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente

Organizan: UNED, AHP, IEE-UVA, IH-CSIC/IF-UAH
Fecha de celebración: 7-8 mayo de 2014
Sedes: Instituto de Estudios Europeos-Universidad de Valladolid y Facultad de Geografía e Historia UNED Madrid

 Programa Descarga el PDF7 de mayo - Instituto de Estudios Europeos (Valladolid)9,30-10. Presentación

Montserrat de Hoyos Sancho, Directora del Instituto de Estudios Europeos
José Ramón Urquijo Goitia, Vicepresidente del CSIC
Hipólito de la Torre, Director del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED
Abdón Mateos, Presidente de la Asociación de Historiadores del Presente

10-12. Proceso de integración europea

Moderador: Antonio Moreno (UCM)

Una solución europea a la cuestión española. La RFA y España de la dictadura a la democracia. Antonio Muñoz Sánchez (Universidad de Lisboa) 

La larga marcha hacia Europa en la historiografía: heredades labradas y baldíos. Luis Domínguez Castro (Universidad de Vigo) 

Relator: Ricardo Martín de la Guardia (Universidad de Valladolid)

12-12,15. Pausa, café

12,15-14-15. Guerra fría y americanización

Moderadora: Encarnación Lemus (Universidad de Huelva) 

Estados Unidos ¿soporte del franquismo o germen de la democracia? Horizonte político, cambio social y diplomacia pública.Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (CSIC) 

Estados Unidos y España. Debates externos y reflejos internos.

Pablo León Aguinaga (Centro Universitario de la Defensa) 

Relator: Óscar J. Martín García (CSIC)

14,15-15,30. Comida

15,30-17,30. América Latina y el Mediterráneo

Moderador: José Luis Neila (UAM) 

De puentes y comunidades: balance historiográfico sobre las relaciones hispanoamericanas. Rosa Pardo Sanz (UNED) 

España y el Mediterráneo: entre las inercias de la política pro-árabe y los avatares de una descolonización por etapas.Miguel Hernando de Larramendi (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Relatora: Susana Sueiro (UNED)

17,30-18,30. Conferencia

Entre el análisis histórico y la acción política. Ángel Viñas

8 de mayo - Facultad de Económicas, UNED (Madrid), Sala Torrecilla

8.30-11. Traslado Valladolid-Madrid

11-13. Internacionalización económica y científico-técnica

Moderador: Pablo Martín Aceña (Universidad de Alcalá)

La reintegración de España en la economía mundial. Antonio Tena (Universidad Carlos III)

La dimensión internacional de las transformaciones científicas y tecnológicas. Santiago López y Mar Cebrián (Universidad de Salamanca)

Relatora: Adoración Álvaro Moya (CUNEF)

13-14,30. Comida

8 de mayo - Edificio de Humanidades, UNED (Madrid), Sala A

14,30-16,30. Otras dimensiones de las relaciones internacionales

Moderadora: Elda E. González (CSIC) 

Algo más que un instrumento. Servicio Exterior, apertura internacional y cambio político. Carlos Sanz Díaz (Universidad Complutense) 

España como espacio migratorio. Hacia un estado de la cuestión. Ana Fernández Asperilla y José Babiano (Fundación 1ºMayo) 

Relatora: Asunción Merino Hernando (UNED)

16,30-17. Pausa café

17-19. Mesa redonda. De la consolidación de la democracia a los desafíos del presente

Florentino Portero (UNED)
Charles Powell (Real Instituto Elcano)
Cristina Manzano (esglobal)
Sonia Alda (Instituto Gutierrez Mellado)
Carlos Echeverría (UNED)
Carmen González Enríquez (Real Instituto Elcano)

19. Asamblea de la Asociación de Historiadores del Presente

Comité organizador
Lorenzo Delgado (CSIC), Ricardo Martín de la Guardia (Universidad de Valladolid), Rosa Pardo (UNED)

Secretaría de organización
Natalia Urigüen (UNED)

COMUNICACIONES

Las comunicaciones deberán estar relacionadas con los aspectos tratados en el Congreso y tendrán una extensión máxima de 9.000 palabras (con notas incluidas). Para que el comité científico pueda proceder a la aprobación de la propuesta, los comunicantes deberán enviar el título y un resumen de un folio antes del 15 de marzo 2013. El texto completo para su edición ha de estar recibido por los organizadores el 10 de abril de 2014. Tanto el resumen como la comunicación deberán ser enviados en soporte informático (PC, tratamiento de textos WORD), y conforme a las normas  descargables aquí, a las siguientes direcciones:

guardia@fyl.uva.es
lorenzo.delgado@cchs.csic.es

mpardo@geo.uned.es

INSCRIPCIÓN

•Nombre:

•Apellidos:

•Dirección:

•Población:

•Código Postal:

•Teléfono:

•Fax:

•Correo electrónico:

•Tipo de inscripción:
Asistente
Comunicante
Comunicante de la asociación de Historiadores del Presente

•Título provisional de la comunicación:

•Mesa:

•Cuota: 50 euros comunicantes no pertenecientes a la Asociación de Historiadores del Presente; 30 euros comunicantes pertenecientes a la Asociación de Historiadores del Presente; y 40 euros asistentes. La cuota incluye el traslado desde Valladolid a Madrid el día 8 de mayo.

•Abono. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 0182 4927 51 0201546310.

•El plazo de inscripción de los asistentes finalizará el 1 de mayo de 2014.

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A vueltas con los papeles de Exteriores (IV): ¿el Congreso aprueba la desclasificación de secretos anteriores a 1968? Algunas precisiones

Posiblemente hayan leído la noticia difundida el lunes 7 de abril: el Congreso de los Diputados, hemos podido leer en varios medios, ha(bría) aprobado la desclasificación de los secretos oficiales (ver por ejemplo El Confidencial o El Día).

Al leer el detalle de las noticias se rebaja un poco el tono inicial: lo que el Congreso ha hecho es instar “al Gobierno a desclasificar todos los documentos oficiales anteriores a 1968 y ponerlos a disposición de investigadores y personas interesadas”.

En este post trataré simplemente de hacer accesibles los documentos que sustentan las informaciones difundidas los últimos días y añadir una valoración de urgencia, muy breve, sobre lo que este anuncio significa.

Fuente: www.eltamiz.com

De entrada cabe resaltar que lo que se debatió y votó en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, en su sesión del 7 de abril de 2014, fue una Proposición No de Ley (PNL) sobre desclasificación de documentos y puesta a disposición de investigadores y personas interesadas. La PNL había sido registrada por el Grupo de la Izquierda Plural y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 18 de noviembre de 2013 (en este enlace puede descargarse el PDF de la PNL y en este otro puede consultarse el Orden del Día de la sesión).

El texto aprobado no fue el inicialmente propuesto, sino que se pactó una enmienda transaccional entre el PP y el PSOE que, sometida a votación, contó con el apoyo unánime de los miembros de la comisión. Lo aprobado, pues, es lo siguiente:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

  1. Adoptar las decisiones correspondientes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados, para inventariar y analizar los documentos clasificados anteriores a 1968 por parte de los distintos organismos gubernamentales, como paso previo a seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros.
  2. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los documentos sin clasificación y los que sean desclasificados fruto de este proceso estén a disposición pública para su consulta.
  3. Cumplir los instrumentos internacionales suscritos por España en relación con temas de archivo y documentación adoptados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación de los archivos y el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos del 18 de junio de 2009.

El debate y votación  puede verse en este enlace de la web del Congreso. El vídeo dura 28 min. 22 segundos, pero se puede seleccionar separadamente la intervención cada diputado:

Chesús Yuste Cabello (Grupo de la Izquierda Plural)

Germán Rodríguez Sánchez (Grupo Socialista)

Antonio Cantó García del Moral (UPyD)

Montserrat Surroca i Comas (CiU)

Rocío López González (Grupo Popular)

Chesús Yuste Cabello (Grupo de la Izquierda Plural)

Votaciones

 

Y ahora, algunos aspectos para valorar:

1) Lo aprobado no es la desclasificación de documentos, sino una mera PNL que no es vinculante para el Gobierno. De hecho, la experiencia demuestra que rara vez se cumple lo pedido en una PNL.

2) Abundando en ello, cabe recordar que solo puede desclasificar quien clasificó, en este caso el Consejo de Ministros y, para temas militares, el Jefe del Alto Estado Mayor del Ejército.

3) El  PP se ha sumado a la propuesta votando con los demás grupos, lo que supone un giro en su actitud por primera vez desde que se desencadenó esta polémica en 2012.

4) Este giro del PP en el Congreso tiene, no obstante, un precedente en el Senado, donde el PP no quiso quedarse solo y apoyó una moción que pedía algo muy parecido a lo ahora aprobado. Por si sirve de algo, aquí va el texto de la moción aprobada por unanimidad en la Comisión de Defensa del Senado el 21 de octubre de 2013 y, tras ella, informo del efecto práctico que ha tenido.

La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a:

1. Cumplir los instrumentos internacionales firmados por España en relación con temas de archivo y documentación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación y los archivos (Recomendación nº R (2000), y la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos (18 de junio de 2009). 

2. Proceder, cuando se pueda  contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios, al estudio y revisión en profundidad de los documentos clasificados anteriores a 1968, con el objeto de inventariarlos y seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros.

Efecto práctico a día de hoy: ninguno.

5) La salvedad “teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados”, introducida en el Congreso, o cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios”, introducida en el Senado, termina de descafeinar ambas propuestas. En época de recortes presupuestarios como la actual, es fácil entender que ambas fórmulas permiten al Gobierno desentenderse cómodamente de cualquier obligación, aunque sea moral, de desclasificar, esgrimiendo la falta de dinero.

6) Establecer 1968 como límite para la desclasificación solo puede entenderse por ser de ese año la Ley de Secretos Oficiales, pero no deja de ser un plazo arbitrario que se traza sin recabar el criterio de los expertos (comenzando por los documentalistas)

7) Ese plazo que aquí se propone (1968), aunque pueda parecer un avance, en realidad es un retroceso respecto a la situación anterior a 2010 (para el caso de los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores) y a 2011 (para Defensa), porque abre la vía para extender la  clasificación universal (de manera explícita o implícita) a toda la documentación de menos de 45 años de antigüedad.

Recordemos que en España no hay plazos para la desclasificación marcados por la ley. En el archivo de Exteriores se seguía una norma general de 25 años, con excepciones. ¿Por qué habría de adoptarse ahora un plazo general de 45 años, cuando muchos países desclasifican a los 30, a los 25 o antes (aunque también se mantienen clasificaciones excepcionales hasta los 50 o 75 años)? ¿Por qué habríamos de resignarnos a no investigar la política exterior y de defensa del franquismo tardío, la transición y la democracia, justo cuando los países avanzados con los que nos gusta(ría) compararnos están desclasificando precisamente esos años? ¿Por qué no se debate sobre plazos y criterios con argumentos técnicos? Una vez más, necesitamos a los expertos.

8) Por último, no olvidemos que sigue sin cumplirse el compromiso del ministro García-Margallo de elevar al Consejo de Ministros un nuevo acuerdo sobre clasificación documental, más liberal que el de 2010, una vez aprobada y entrada en vigor la Ley de Transparencia (se aprobó, recordemos, el 9 de diciembre de 2013).

Es cierto que el Título I de dicha ley, que afecta al derecho de acceso a la información pública, entra en vigor un año después de la publicación en el BOE. Pero no se entiende por qué el ministro García-Margallo  no realiza el gesto político de impulsar cuanto antes en el Consejo de Ministros ese nuevo acuerdo menos restrictivo. Nada se lo impide, ni siquiera la entrada escalonada en vigor de la Ley de Transparencia, que en realidad no dice nada sobre la documentación histórica.

García-Margallo podría ser recordado por las generaciones futuras como el ministro que abrió lo que Moratinos cerró bajo siete llaves. Pues bien, por el contrario, parece empeñado en pasar a la historia como un eslabón más en una cadena de oscurantismo ministerial. 

 

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