‘Archivos’

Día Internacional de los Archivos 2014

Cada 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos. En este blog lo celebramos trayendo un vídeo divulgativo elaborado por la UNED en 2005 sobre el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, del que hemos hablado asiduamente en entradas anteriores.

Para ver el vídeo, hacer click en el enlace: http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/10612

 

El vídeo no solo explica la historia del archivo, su estructura y las condiciones de acceso que regían por aquel entonces. Sobre todo,  sirve de recordatorio sobre el enorme valor de unos fondos que se remontan hasta el siglo XVI y abarcan hasta la actualidad. Se trata (o se trataba, hasta que sus fondos históricos fueron enviados a otros dos archivos estatales), sin duda, de uno de los archivos diplomáticos más importantes del mundo.

El documental fue iniciativa del historiador Benito Bermejo y en él intervienen el embajador Javier Rubio Garcia-Mina, la directora del archivo Cristina González Martín y la historiadora Matilde Eiroa San Francisco.

 Otros enlaces:

El Día Internacional de los Archivos, en la web de la Subdirección General de los Archivos Estatales

http://www.mecd.gob.es/microsites/cultura/archivos/dia-archivos/2014/presentacion.html;jsessionid=6B682D4FA43B30DF0CD353FC18181B24

http://www.mcu.es/archivos/Novedades/novedades_Dia_Internacional_Archivos.html

 

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A vueltas con los papeles de Exteriores (V): el Archivo Histórico Nacional ya permite la consulta hasta 1931, el Archivo General de la Administración se hace esperar

El Archivo Histórico Nacional nos informa de que desde ayer han quedado abiertos a la consulta los fondos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación transferidos allí el año pasado, y que abarcan desde el siglo XVI hasta 1931. Esperemos que esto permita desatascar muchas investigaciones interrumpidas durante dos años y medio de trabas.

Ahora queda pendiente saber cuándo y cómo se podrán consultar los documentos transferidos al Archivo General de la Administración (AGA). Los responsables del AGA no han anunciado ningún plazo en que se haría posible el acceso a los fondos depositados allí. Como es sabido, estos presentan mayores complicaciones: un volumen mucho mayor de documentación, restricciones derivadas de la Ley de Secretos Oficiales y la normativa sobre datos personales, etc. Además, el Consejo de Ministros no ha rectificado todavía el Acuerdo de 2010 que clasifica un amplio abanico de materias en política exterior y que constituye un obstáculo de primer orden para el acceso a los documentos de las últimas décadas.

Buena parte de las relaciones internacionales del siglo XX continúan, por lo tanto, vetadas a la investigación. ¿Hasta cuándo?

El Archivo Histórico Nacional (Madrid)

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Saber de dónde venimos

La opacidad de los archivos y el desprecio por la historia lleva a posiciones irrelevantes

En 1926, el historiador y archivero del Ministerio de Estado Jerónimo Bécker, escribió: “Como no conocemos la historia de nuestras relaciones internacionales, como ignoramos cuál ha sido nuestra verdadera labor en esa esfera, como no sabemos los antecedentes de las cuestiones que surgen a nuestro paso, tenemos que improvisar soluciones a los problemas que se nos plantean y la consecuencia de esto es que con frecuencia se infiere grave daño a los intereses nacionales”. Han pasado 88 años y parece que no ha servido para nada el testimonio de nuestro mejor historiador diplomático, excelente conocedor de los ricos fondos del archivo del actual Ministerio de Asuntos Exteriores y autor de estudios fundamentales sobre la historia de la política exterior española.

Estamos en el año 2014 y tres ejemplos nos pueden valer para entender que nuestros dirigentes, y especialmente nuestros ministros de Asuntos Exteriores, desconocen la importancia de la Historia a la hora de tomar decisiones que afectan a los fines y objetivos exteriores. En octubre de 2010 el ministro Moratinos consiguió que se aprobara en el Consejo de Ministros un Acuerdo secreto que clasificó como materias reservadas o secretas un amplísimo catálogo de temas, que iban desde la preparación de viajes oficiales hasta las negociaciones con organizaciones internacionales, sin fecha ni limitación alguna.

En diciembre de 2011, el actual ministro de Defensa decidió cerrar a los investigadores la consulta de 10.000 documentos perfectamente catalogados que abarcaban un periodo comprendido entre 1936 y 1968. Por último, en el verano de 2012 el actual ministro de Exteriores, García-Margallo, cerró para siempre el archivo histórico de su ministerio, en el que tanto trabajó Jerónimo Bécker.

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y abiertos

¿Qué es lo que ocurre en España? ¿Qué nos diferencia de nuestros países vecinos? Lo más llamativo es que países democráticos, con una larga historia, que valoran con orgullo su pasado como potencias, cuidan, protegen y hacen públicos sus documentos históricos de carácter internacional. Ya sea para justificar decisiones, dar a conocer periodos “oscuros” (los militares argentinos acaban de publicar en la Red todas las actas de la Junta argentina entre 1976 y 1983) o por exigencia de la ciudadanía en virtud de principios como la transparencia, la libertad y la defensa del interés individual.

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y abiertos. Tienen colecciones de documentos diplomáticos elaboradas por diplomáticos, archiveros e historiadores. Organizan exposiciones públicas sobre temas internacionales y muestran sus ricos documentos. Cuentan con historiadores en sus archivos y en los propios ministerios. Qué decir de Estados Unidos, que hasta tiene una Oficina del Historiador en su principal archivo de Estado. Por cierto, gracias a todos estos trabajos (y hasta a Wikileaks) los españoles podemos analizar la política exterior de nuestro país y obtener documentos que nuestro Gobierno nos prohíbe consultar.

Y ¿cuál es el resultado de esta situación para nuestra política exterior? El balance no puede ser más negativo y ahí tenemos los resultados.

Si tuviéramos que caracterizar nuestra política exterior contemporánea podríamos destacar tres rasgos. En primer lugar, la primacía del conflicto interior desde el siglo XIX, el aislamiento franquista y después la concentración de esfuerzos en la construcción del Estado democrático, han hecho que los temas internacionales se hayan relegado siempre a un segundo plano, incluso perteneciendo a la Unión Europea.

Nuestra política exterior es reactiva y no proyectiva. ¿Quién piensa, quién reflexiona sobre nuestros intereses?

En segundo lugar, partidos políticos y fuerzas de diferente signo y en etapas diferentes han asumido este relegamiento de lo internacional, que se transmite a la opinión pública. Para comprobarlo, basta echar un vistazo a los programas de los partidos y a los debates electorales desde 1976, o repasar nuestra lista de presidentes del Gobierno que —con honrosas excepciones— no hablan idiomas y desconocen el entorno internacional, sin que ello les impida presidencializar la política exterior en La Moncloa, relegando a su ministro de Exteriores a un papel de mero ejecutor.

Nuestra política exterior es reactiva y no proyectiva. ¿Quién piensa, quién reflexiona sobre nuestros intereses, sobre perspectivas o tendencias? A diferencia de otros países, no parece que lo haga nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores donde, además, no disponen ya de los documentos históricos que puedan avalar una decisión, aportar argumentos en una negociación, o hacer reivindicaciones. Centros como el Instituto Español de Estudios Estratégicos o el Real Instituto Elcano realizan un gran trabajo, muy atentos a la actualidad, pero, como señalara Carlo Levi, el futuro tiene un corazón antiguo. Esta debería ser la primera lección para quienes dirigen la política exterior de un país que fue potencia mundial y que acumula controversias que se remontan a los siglos XVI y XVII (Ceuta y Melilla), a un tratado de 1714 (Gibraltar), o a políticas coloniales decimonónicas mal cerradas en el siglo XX (Sáhara Occidental).

Para quien no sabe adónde va, escribió Henry Kissinger, todos los caminos llevan a ninguna parte. Pero quien no sabe de dónde viene ni siquiera es capaz de comprender su lugar en el mundo. Sin la profundidad de campo que aporta la visión histórica, la política exterior española está condenada a continuar anclada en los mismos vicios que denunciara Bécker hace casi un siglo.

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Este artículo, firmado por Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, y por mí,  fue publicado como Tribuna en la sección de Opinión de El País el 11 de abril de 2014.

URL: http://elpais.com/elpais/2014/04/10/opinion/1397124314_329952.html

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A vueltas con los papeles de Exteriores (IV): ¿el Congreso aprueba la desclasificación de secretos anteriores a 1968? Algunas precisiones

Posiblemente hayan leído la noticia difundida el lunes 7 de abril: el Congreso de los Diputados, hemos podido leer en varios medios, ha(bría) aprobado la desclasificación de los secretos oficiales (ver por ejemplo El Confidencial o El Día).

Al leer el detalle de las noticias se rebaja un poco el tono inicial: lo que el Congreso ha hecho es instar “al Gobierno a desclasificar todos los documentos oficiales anteriores a 1968 y ponerlos a disposición de investigadores y personas interesadas”.

En este post trataré simplemente de hacer accesibles los documentos que sustentan las informaciones difundidas los últimos días y añadir una valoración de urgencia, muy breve, sobre lo que este anuncio significa.

Fuente: www.eltamiz.com

De entrada cabe resaltar que lo que se debatió y votó en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, en su sesión del 7 de abril de 2014, fue una Proposición No de Ley (PNL) sobre desclasificación de documentos y puesta a disposición de investigadores y personas interesadas. La PNL había sido registrada por el Grupo de la Izquierda Plural y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 18 de noviembre de 2013 (en este enlace puede descargarse el PDF de la PNL y en este otro puede consultarse el Orden del Día de la sesión).

El texto aprobado no fue el inicialmente propuesto, sino que se pactó una enmienda transaccional entre el PP y el PSOE que, sometida a votación, contó con el apoyo unánime de los miembros de la comisión. Lo aprobado, pues, es lo siguiente:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

  1. Adoptar las decisiones correspondientes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados, para inventariar y analizar los documentos clasificados anteriores a 1968 por parte de los distintos organismos gubernamentales, como paso previo a seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros.
  2. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los documentos sin clasificación y los que sean desclasificados fruto de este proceso estén a disposición pública para su consulta.
  3. Cumplir los instrumentos internacionales suscritos por España en relación con temas de archivo y documentación adoptados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación de los archivos y el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos del 18 de junio de 2009.

El debate y votación  puede verse en este enlace de la web del Congreso. El vídeo dura 28 min. 22 segundos, pero se puede seleccionar separadamente la intervención cada diputado:

Chesús Yuste Cabello (Grupo de la Izquierda Plural)

Germán Rodríguez Sánchez (Grupo Socialista)

Antonio Cantó García del Moral (UPyD)

Montserrat Surroca i Comas (CiU)

Rocío López González (Grupo Popular)

Chesús Yuste Cabello (Grupo de la Izquierda Plural)

Votaciones

 

Y ahora, algunos aspectos para valorar:

1) Lo aprobado no es la desclasificación de documentos, sino una mera PNL que no es vinculante para el Gobierno. De hecho, la experiencia demuestra que rara vez se cumple lo pedido en una PNL.

2) Abundando en ello, cabe recordar que solo puede desclasificar quien clasificó, en este caso el Consejo de Ministros y, para temas militares, el Jefe del Alto Estado Mayor del Ejército.

3) El  PP se ha sumado a la propuesta votando con los demás grupos, lo que supone un giro en su actitud por primera vez desde que se desencadenó esta polémica en 2012.

4) Este giro del PP en el Congreso tiene, no obstante, un precedente en el Senado, donde el PP no quiso quedarse solo y apoyó una moción que pedía algo muy parecido a lo ahora aprobado. Por si sirve de algo, aquí va el texto de la moción aprobada por unanimidad en la Comisión de Defensa del Senado el 21 de octubre de 2013 y, tras ella, informo del efecto práctico que ha tenido.

La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a:

1. Cumplir los instrumentos internacionales firmados por España en relación con temas de archivo y documentación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación y los archivos (Recomendación nº R (2000), y la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos (18 de junio de 2009). 

2. Proceder, cuando se pueda  contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios, al estudio y revisión en profundidad de los documentos clasificados anteriores a 1968, con el objeto de inventariarlos y seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros.

Efecto práctico a día de hoy: ninguno.

5) La salvedad “teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados”, introducida en el Congreso, o cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios”, introducida en el Senado, termina de descafeinar ambas propuestas. En época de recortes presupuestarios como la actual, es fácil entender que ambas fórmulas permiten al Gobierno desentenderse cómodamente de cualquier obligación, aunque sea moral, de desclasificar, esgrimiendo la falta de dinero.

6) Establecer 1968 como límite para la desclasificación solo puede entenderse por ser de ese año la Ley de Secretos Oficiales, pero no deja de ser un plazo arbitrario que se traza sin recabar el criterio de los expertos (comenzando por los documentalistas)

7) Ese plazo que aquí se propone (1968), aunque pueda parecer un avance, en realidad es un retroceso respecto a la situación anterior a 2010 (para el caso de los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores) y a 2011 (para Defensa), porque abre la vía para extender la  clasificación universal (de manera explícita o implícita) a toda la documentación de menos de 45 años de antigüedad.

Recordemos que en España no hay plazos para la desclasificación marcados por la ley. En el archivo de Exteriores se seguía una norma general de 25 años, con excepciones. ¿Por qué habría de adoptarse ahora un plazo general de 45 años, cuando muchos países desclasifican a los 30, a los 25 o antes (aunque también se mantienen clasificaciones excepcionales hasta los 50 o 75 años)? ¿Por qué habríamos de resignarnos a no investigar la política exterior y de defensa del franquismo tardío, la transición y la democracia, justo cuando los países avanzados con los que nos gusta(ría) compararnos están desclasificando precisamente esos años? ¿Por qué no se debate sobre plazos y criterios con argumentos técnicos? Una vez más, necesitamos a los expertos.

8) Por último, no olvidemos que sigue sin cumplirse el compromiso del ministro García-Margallo de elevar al Consejo de Ministros un nuevo acuerdo sobre clasificación documental, más liberal que el de 2010, una vez aprobada y entrada en vigor la Ley de Transparencia (se aprobó, recordemos, el 9 de diciembre de 2013).

Es cierto que el Título I de dicha ley, que afecta al derecho de acceso a la información pública, entra en vigor un año después de la publicación en el BOE. Pero no se entiende por qué el ministro García-Margallo  no realiza el gesto político de impulsar cuanto antes en el Consejo de Ministros ese nuevo acuerdo menos restrictivo. Nada se lo impide, ni siquiera la entrada escalonada en vigor de la Ley de Transparencia, que en realidad no dice nada sobre la documentación histórica.

García-Margallo podría ser recordado por las generaciones futuras como el ministro que abrió lo que Moratinos cerró bajo siete llaves. Pues bien, por el contrario, parece empeñado en pasar a la historia como un eslabón más en una cadena de oscurantismo ministerial. 

 

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A vueltas con los papeles de Exteriores (III): un tirón de orejas de la ONU

 El relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, presentó el pasado 3 de febrero las observaciones preliminares de su visita oficial de 10 días a España. Sobre el contenido de estas observaciones han informado ampliamente los medios de comunicación. Hemos podido leer titulares sobre aspectos de gran simbolismo, como su propuesta de reinvención del Valle de los Caídos o su petición de que se anule la Ley de Amnistía, que se han debatido ampliamente en los últimos días.

Buena parte de las conclusiones del señor De Greiff tiene que ver con la labor de los historiadores, en especial de quienes han estudiado la represión de la guerra civil y la posguerra.

Aquí destacaremos solamente un párrafo que se refiere a la función insustituible de los archivos para la reconstrucción del pasado -y por tanto para el restablecimiento de la verdad-. En este párrafo, el relator especial de Naciones Unidas señala con el dedo al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Es evidente que el secretismo de los responsables de la diplomacia española, que impiden la consulta de sus archivos históricos, es ya conocido hasta en las sedes de la ONU en Ginebra y Nueva York. (Los destacados son nuestros).

En la promoción de la verdad, los archivos juegan un papel central y son una herramienta indispensable para la realización del derecho a la verdad, como lo indiqué en mi último informe al Consejo de Derechos Humanos. Durante la visita pude observar los importantes esfuerzos realizados para la centralización de varios archivos y para promover el acceso a los mismos. Sin embargo, varios usuarios de los archivos, incluyendo víctimas, familiares, historiadores e investigadores, si bien reconocen en algunos casos el acceso a documentos solicitados, han señalado algunas dificultades en otros casos. Por ejemplo, varias fuentes indican una disparidad en las prácticas y posibilidades de acceso en función de los archivos o de los funcionarios a cargo. Muchos reportan una amplia dispersión de la información, falta de medios técnicos y de personal que garanticen el registro de todos los documentos para su debido acceso. Hay una gran cantidad de información en teoría disponible donde pueden solicitarse documentos específicos, pero no siempre se permite el acceso a todo el fondo documental, lo cual es esencial para poder hacer un análisis transversal y global. Reportan que, en algunos casos, archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, siguen siendo clasificados como confidenciales y que la legislación vigente no permite establecer criterios claros para la desclasificación de los mismos. Por otra parte, invocando el derecho a la privacidad, se limitaría el acceso a información crucial para el esclarecimiento de la verdad. Sobre este tema, como indiqué en mi reciente informe al Consejo de Derechos Humanos, pueden encontrarse vías para maximizar el acceso a los archivos atendiendo las tensiones que podrían existir entre el derecho de las víctimas a la verdad y el derecho a la privacidad. La adopción de una Ley de archivos que establezca estos criterios, de conformidad con los estándares internacionales, podría constituir un primer paso en este sentido.

Fuente: Observaciones preliminares del Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, al concluir su visita oficial a España)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14216&LangID=E

 

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A vueltas con los papeles de Exteriores (II): un debate en el Congreso de los Diputados

La queja de los investigadores por la imposibilidad de consultar la documentación histórica diplomática y determinados expedientes históricos militares se ha debatido el martes 18 de febrero de 2014 en el Congreso de los Diputados.

Una Proposición No de Ley que recogía esta queja y que fue presentada por el grupo de Izquierda Unida-La Izquierda Plural en julio de 2013 se discutió en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja, donde consiguió el apoyo de todos los demás grupos ( PSOE, PNV, CiU y UPyD) a excepción del PP, que lamentablemente utilizó su mayoría absoluta para rechazar la moción.

A continuación se ofrecen los enlaces a: (UNO) la Proposición No de Ley que se debatió; (DOS) el Orden del Día de la sesión; (TRES) el vídeo del debate  en la web del Congreso de los Diputados (interesa del minuto 1:03:10 al 1:35:00); (CUATRO) reflejo en  la prensa y (CINCO) texto de la PNL.

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UNO.- Proposición No de Ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural obre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar (Boletín Oficial del Congreso de los Diputados,  X Legislatura, Serie D, núm. 134, 31 julio 2013, p. 9-11)

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-314.PDF

 

DOS.- Orden del día – sesión del 18.02.2014 – Comisión de AAEE del Congreso

(Texto en PDF)

 

TRES.- Sesión en vídeo (enlace a la web del Congreso)

 

Minutaje de la sesión: (1:03:10-1:35:00) – Debate sobre la Proposición No de Ley sobre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar presentada por el Grupo de La Izquierda Plural:

1:03:10 - Joan Josep Nuet (La Izquierda Plural)

1:08:40 – Gema Conde Martínez (PP)

1:14:55 – Álex Sáez Jubero (PSOE)

1:20:45 – Aitor Estaban Bravo (Grupo Vasco)

1:23:35 – Irene Lozano Domingo (UPyD)

1:28:28 – Jordi Xuclà i Costa (CiU)

1:34:22 – Joan Josep Nuet

1:35:00 – Fin del debate sobre este punto del O.D.

(…)

3:17:43 – Votación: 15 votos a favor, 23 en contra- PNL rechazada.

 

CUATRO.- Información en la prensa:

El Mundo (18.02.2014): “El PP impide abrir a los investigadores archivos históricos diplomáticos y militares”

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/18/5303aba3ca4741e9598b4582.html

 

La Vanguardia (18.02.2014): “Congreso vuelve a rechazar petición acceso a documentos de Guerra y dictadura”

http://www.lavanguardia.com/politica/20140218/54402305056/congreso-vuelve-a-rechazar-peticion-acceso-a-documentos-de-guerra-y-dictadura.html#.UwPviIO2ob8.twitter

 

Eldiario.es (18.02.2014): “El Congreso vuelve a rechazar la petición de acceso a documentos de Guerra y dictadura”

http://www.eldiario.es/politica/Congreso-peticion-documentos-Guerra-dictadura_0_230277549.html

 

CINCO.- Texto de la Proposición No de Ley  debatida:

 

161/001871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Alrededor de 300 historiadores e investigadores han dirigido una petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para exigir que se desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico, actualmente cerrada a la consulta. Solicitan también que se garantice el acceso a los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968 que el ministro de Defensa, D. Pedro Morenés, ha decidido retener pese a estar listos para su desclasificación desde 2011.

Los investigadores denuncian que desde septiembre de 2011 el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comenzó a denegar la consulta en su Archivo Central de la documentación diplomática de carácter histórico (la que tiene más de 30 años, por regla general). El MAEC esgrimía para ello un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010, por el que el gobierno clasificó como materia «secreta» y «reservada» prácticamente toda la política exterior del Estado (Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010).

Cuando este acuerdo, hasta entonces secreto, fue publicado en la prensa en junio de 2012, el actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel García Margallo, prometió revisarlo, sin que hasta la fecha haya adoptado ninguna decisión.

Los historiadores señalan también su malestar por que la respuesta del Ministerio a sus quejas haya sido el cierre definitivo a la investigación del Archivo de Exteriores y la dispersión de sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, en septiembre de 2012. En ninguno de los dos centros, que cuentan con escasos recursos materiales y humanos, existe fecha alguna prevista para su accesibilidad.

Esta situación constituye una anomalía sin parangón internacional: ningún otro país ha bloqueado el acceso a documentación histórica que data de los siglos XVI al XX, y en ninguna democracia seria se impide a los investigadores, por motivos políticos, la consulta de documentación militar de carácter histórico con informes técnicos plenamente favorables a su desclasificación.

Las consecuencias que se derivan de estas decisiones son múltiples:

— Se están provocando graves problemas en numerosas investigaciones históricas, muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público, y que se han visto paralizadas o abandonadas.

— Se está perjudicando seriamente a la imagen de España en el exterior (denominada «Marca España»), que queda asociada en ámbitos académicos y culturales internacionales a la persecución contra el conocimiento histórico y las trabas a quienes intentan ampliarlo.

— Se está atentando contra los principios de transparencia que se presuponen en la nueva ley, actualmente en trámite, al extender el manto del secreto sobre la historia de la acción exterior del Estado y de su política de defensa.

— Se están denegando derechos ciudadanos básicos como el acceso al patrimonio histórico documental y el derecho a recibir información veraz, al aplicar la Ley de Secretos Oficiales a documentación histórica de contenido no sensible, en lo que constituye una práctica jurídicamente cuestionable, y política y científicamente injustificable.

— Se están incumpliendo por parte del Gobierno español los acuerdos internacionales suscritos en el marco del Consejo de Europa sobre comunicación de archivos y acceso a documentos públicos, como la Recomendación N.° R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009).

Por todo ello presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Rectificar su política actual para amoldarla al cumplimiento de la Recomendación N° R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009).

b) Derogar el Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010.

c) Permitir a los investigadores la consulta de los 10.000 documentos del Ministerio de Defensa, de entre los años 1936 y 1968, cuya desclasificación estaba prevista para 2011 y que el actual ministro retiene desde entonces.

d) Adoptar cuantas previsiones sean precisas para garantizar de manera inmediata el acceso de los investigadores a los documentos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lo que incluye entre otras las siguientes medidas:

— Dotar al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, a los que se está transfiriendo esta documentación, de medios materiales y humanos extraordinarios y dedicados específicamente al tratamiento archivístico de estos fondos.

— Agilizar en ambos archivos al máximo, el cotejo, descripción, catalogación y publicación de dicha documentación.

— Reabrir a la investigación el Archivo Central del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la consulta de la documentación todavía conservada en esta institución.

e) Garantizar el acceso de los investigadores a la restante documentación histórica relativa a la política exterior y de defensa, que esté depositada en otros archivos y no tenga carácter sensible.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2013.—Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.—José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

 

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Escribir la Historia, arriesgar la piel: Informe Anual 2013 del Network of Concerned Historians

 

El de historiador no es uno de los oficios más peligrosos del mundo, pero en al menos 97 países los historiadores, archiveros y arqueólogos se topan con la censura y la persecución cuando tratan de levantar el velo del pasado.

Es lo que documenta el último Informe Anual (2013) del Network of Concerned Historians (NCH), una organización no gubernamental que “quiere servir de puente entre organizaciones internacionales de derechos humanos que hacen campaña a favor de historiadores  (y otras personas que se ocupan del pasado) censurados o perseguidos, y la comunidad global de historiadores” (www.concernedhistorians.org).

Esta red se interesa por casos como el de la historiadora Büşra Ersanlı, profesora universitaria de la Universidad de Mármara (Estambul) y científica social que ha estado detenida en la cárcel de Silivri, en las afueras de Estambul, de octubre a julio de 2012 por su actividad en la Unión de Comunidades del Kurdistán (Koma Civaken Kurdistan – KCK), y que junto a 200 personas más se enfrenta a un próximo que se prevé dure varios meses.

El caso está siendo observado con gran atención por el Pen Club Internacional y por Scholars at Risk, una red internacional de más de 320 instituciones universitarias en 35 países “dedicada a promover la libertad académica y las libertades fundamentales de pensamiento, opinión, expresión, asociación y desplazamiento”.

Büşra Ersanlı

También se ha ocupado el NCH de controversias en que se cuestionan versiones oficiales de la historia, como ha ocurrido recientemente con el escritor, novelista y ex parlamentario azerí Akram Aylisli. Aylisli (pseudónimo literario de  Akram Najaf oglu Naibov) ha pasado de recibir altos honores del Estado a verse sometido a una campaña de intimidación por la publicación de su novela Daş Yuxular (Sueños de piedra, 2012), un relato sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, enclave de población armenia en Azerbaiyán sacudido por la violencia étnica entre 1988 y 1994.

Por su visión favorable a los armenios (la novela refleja la violencia azerí contra los armenios en las décadas de 1920 y 1990, pero no la violencia armenia contra los azeríes), Aylisli ha sido acusado de “distorsionar los hechos de la historia de Azerbaiyán e insultar los sentimientos del pueblo azerí“. Se le ha privado de la pensión estatal que cobraba y ha sido objeto de amenazas por parte de uno de los partidos de la oposición en el Parlamento.

Akram Aylisli

En total el Informe de 2013 del Network of Concerned Historians hace mención de 97 países: Afganistán, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, República Democrática del Congo, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, Hungría,  India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Israel, Costa de Marfil, Japón, Kenia, Corea del Norte, Corea del Sur, Kirguizistán, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Maldivas, Malí, Islas Marshall, México, Mongolia, Montenegro, Marruecos/Sáhara Occidental, Myanmar (Birmania), Nepal, Países Bajos, Níger, Nigeria, Autoridad Palestina, Panamá, Perú, Filipinas, Rusia, Ruanda, Arabia Saudí, Senegal, Serbia/Kosovo, Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, África del Sur, Sudán del Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Swazilandia, Siria, Tailandia, Timor Este, Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos de América, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen y Zimbabwe.

En lo que toca a España, el informe documenta la absolución al juez Baltasar Garzón de la presunta extralimitación de funciones en la investigación de los crímenes del franquismo, así como las polémicas en torno al peso de la historia de España y de Cataluña en el currículo de las escuelas catalanas y a la “españolización” de los niños catalanes auspiciada por el ministro de Educación J.I. Wert; sin olvidar las menciones a la ex colonia de Sáhara Occidental, que afectan tanto a este país como a Marruecos.

Continuando con el mundo de habla hispana, en relación con Argentina el informe registra la reapertura de numerosos procesos relacionados con violaciones de derechos humanos durante la etapa de la dictadura militar (1976-1983), pero también las investigaciones, basadas en la jurisdicción universal, sobre crímenes cometidos en España durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).

Muchos otros países reciben mención en relación con procesos judiciales por violaciones de derechos humanos en las últimas décadas, procesos en los que la reconstrucción histórica y la preservación documental juegan un papel fundamental, como ocurre en los casos de Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, Guatemala (donde el ex presidente de facto en 1982-1983 Efraín Ríos Montt, fue condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad en 2013, aunque la condena fue anulada posteriormente) o México, donde además de referirse a violaciones de derechos humanos en las décadas de 1960, 1970 y 1980 el Informe recoge el reciente asesinato, el 2 de julio de 2013, de Samuel Malpica Uribe, historiador, antropólogo social y ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La web de Network of Concerned Historians permite descargarse íntegros todos los informes anuales desde 1995 hasta la actualidad y acceder a las campañas, similares a las de Amnistía Internacional, que la organización ha puesto en marcha en defensa de quienes afrontan riesgos por investigar el pasado.

 

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En el Día Internacional de los Archivos: una modesta proposición

El 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos, aunque como este año cae en domingo las conmemoraciones en todo el mundo se están realizando entre el día 7 y el 10. Este blog se suma a las acciones de la efemérides compartiendo el comunicado que H-SPAIN ha dirigido al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios de España.

“Haciéndonos eco del profundo malestar producido entre historiadores, archiveros, periodistas y otros grupos sociales por el cierre indefinido e injustificable del acceso a documentos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio de Defensa de España, desde H-SPAIN solicitamos a las autoridades competentes la inmediata reapertura de dichos fondos y la garantía de su accesibilidad para todos los investigadores en el plazo más breve posible.

Consideramos que de ninguna manera cabe justificar las trabas que se está imponiendo al acceso a dicha documentación histórica por medio de argumentos inverosímiles sobre el riesgo que su difusión entrañaría para la defensa y la seguridad del Estado o para las relaciones de España con terceros países. 10.000 documentos de Defensa de los años 1936 a 1968 estaban listos para su desclasificación, tras el preceptivo examen, antes de que el Ministerio cancelara su publicación en mayo de 2012 en una decisión que cabe considerar, como mínimo, de arbitraria. Menos se comprende aún que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya declarado “secreta” o “reservada” la práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su archivo –compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al XX- que habían sido consultados hasta entonces sin mayores impedimentos por parte de historiadores de todo el mundo.

Que la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores a las denuncias de esta situación haya sido cerrar a los investigadores el acceso a su Archivo General, en septiembre de 2012, y dispersar sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración sin comunicar si esos fondos serán algún día consultables de nuevo, y en su caso cuándo y en qué condiciones -lo que hace temer nuevos obstáculos y demoras que sumar a las que sufrimos desde hace casi dos años-, no hace más que ahondar en la enorme preocupación que genera la actual situación.

El acceso y libre disposición de estos fondos históricos, dentro de los plazos y límites marcados por la actual normativa, no solamente constituye un derecho de los españoles, sino también un deber moral del ejecutivo. No se trata tan sólo del enorme perjuicio que se está causando a innumerables proyectos de investigación histórica tanto en España como en el extranjero, sino también del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras fronteras, así como de la degradación de la calidad de la democracia española que se derivan de unas decisiones que nos alejan de los estándares europeos e internacionales de protección de derechos democráticos básicos como el de libertad de información e investigación, el acceso al patrimonio y la cultura, y el control y rendición de cuentas por parte del gobierno y la administración pública.

En este sentido, instamos a nuestros gobernantes a que, rectificando su actual política, cumplan con los instrumentos internacionales que España ha suscrito en materia archivística y de documentación, como son la Recomendación Nº R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromsø, 18 de junio de 2009).

No se trata de una petición de unos pocos para unos pocos. Si bien este llamamiento parte del mundo académico, es a la sociedad en su conjunto a la que se está negando el derecho a conocer por sí misma, al margen de interpretaciones oficiales e interesadas, su propio pasado. No puede haber auténtica democracia allí donde no se garantiza a los ciudadanos el derecho a generar una visión crítica del propio desarrollo histórico basado en el acceso al patrimonio documental común.

Firmando esta solicitud, pedimos al Gobierno que adopte cuantas medidas sean precisas para garantizar el acceso de los investigadores, profesionales o no, a los fondos documentales de estos archivos y en el plazo más breve posible. Solicitamos asimismo a los distintos grupos parlamentarios que exijan y respalden estas medidas, así como que controlen su cumplimiento. Instamos también a toda la sociedad que apoye esta petición, para que pueda hacer del conocimiento crítico de su pasado la mejor guía para una construcción consciente de su futuro.

Todos aquellos que deseen adherirse deben enviarh-spain@h-net.msu.edu los siguientes datos: nombre y apellidos, institución académica de pertenencia (o “investigador independiente” en su defecto) y número de DNI o pasaporte (el cual no se hará público). En el caso de tratarse de un organismo, se deberá enviar el nombre de dicha institución y el de la persona que la represente, con su número de DNI o pasaporte”.

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NB: El programa Ayer de Radio Exterior de España que dirige y presenta Germán Sánchez dedicó buena parte de su emisión del 8 de junio de 2013 a esta problemática y, de forma más amplia, a los obstáculos a la investigación en los archivos históricos españoles. El podcast completo se recoge en el portal de RTVE bajo el siguiente enlace (en especial a partir del minuto 12):

http://www.rtve.es/alacarta/audios/ayer/ayer-cierre-archivo-ministerio-asuntos-exteriores-08-06-13/1860701/

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Categorias: Archivos, Eventos

Documentación histórica

Ahora que los historiadores denuncian la decisión del ministro de Defensa de vetar la desclasificación de 10.000 documentos militares de los años 1939 a 1968 que estaban listos para su publicación, conviene recordar que también sobre la documentación histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación pesa el manto de un secretismo más incomprensible aún, si cabe.

En octubre de 2010, siendo ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, el Consejo de Ministros declaró materia clasificada la práctica totalidad de la actividad diplomática del Estado, sin límite temporal alguno. Innumerables investigaciones históricas se han visto interrumpidas desde entonces como resultado de este cerrojazo documental, y muchas han tenido que abandonarse por completo.

Cuando EL PAÍS denunció esta situación, impensable y sin parangón en cualquier otra democracia, el actual titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció de inmediato una corrección. Sin embargo, casi un año después los investigadores seguimos esperando que el ministro cumpla su promesa.

Entre tanto, el señor García-Margallo decidió cerrar de la noche a la mañana el archivo de Exteriores y transferir sus fondos al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, dependientes del Ministerio de Cultura. La escasez de medios materiales y humanos en ambos centros hace temer que no se pueda consultar un solo documento en años, suponiendo que previamente se haya levantado la clasificación de secreto o reservado que todavía pesa sobre todos ellos. Un panorama de pesadilla para la investigación histórica.

Está en la mano de los máximos responsables de Defensa, Exteriores y Cultura acabar con situaciones que no solo nos avergüenzan a los historiadores españoles ante nuestros colegas extranjeros, sino que vulneran el derecho de todos los ciudadanos a acceder a documentación pública de carácter histórico insustituible para la reconstrucción de nuestro pasado.— Carlos Sanz Díaz. Profesor de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid

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Lo que antecede es el texto de la Carta al Director que EL PAÍS publica en su edición de hoy y que puede consultarse en el enlace siguiente:

http://elpais.com/elpais/2013/05/14/opinion/1368553901_384039.html

 

NOTA SOBRE ANTECEDENTES

La situación de los documentos clasificados del Ministerio de Defensa ha sido denunciada recientemente por los historiadores Francisco Espinosa Maestre, Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Dueñas con el respaldo de un centenar de investigadores, entre ellos Ángel Viñas y Paul Preston. Dos periódicos de tirada nacional se han hecho eco:

Eduardo del Campo: “El búnker de la Historia de España”, El Mundo, 6 de mayo de 2013.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/06/cultura/1367824921.html

Tereixa Constenla: “La ley de los secretos para siempre”, El País, 8 de mayo de 2013.

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/08/actualidad/1368039741_142440.html

 

Por otra parte, el periodista Antonio Rodríguez, pionero en tratar esta cuestión, ha publicado recientemente en su blog en la revista Tiempo documentación adicional de gran interés:

http://blogs.tiempodehoy.com/entresijosgubernamentales/2013/05/09/defensa-miente-sobre-los-archivos-militares-parte-i/

http://blogs.tiempodehoy.com/entresijosgubernamentales/2013/05/10/defensa-miente-sobre-los-archivos-militares-y-ii/

 

Sobre la situación de la documentación secreta y reservada de Exteriores:

Miguel González, “Exteriores blinda todos sus documentos”, El País, 3 de junio de 2012.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/03/actualidad/1338750887_077908.html

Miguel González, “Exteriores revisará el acuerdo que declara secretos todos sus documentos”, El País, 5 de junio de 2012.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/05/actualidad/1338903319_488877.html

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Un brutal buscador cultural

Le tomo prestada la expresión al espabilado estudiante que me ha alertado por twitter sobre la posibilidad de buscar simultáneamente en los fondos de la Digital Public Library of America y de Europeana, y además gracias a una aplicación creada por una empresa española,  DIGIBÍS. Una maravilla para la investigación.

Acceso a la búsqueda combinada en Europeana y la DPLA desde la web de esta última.

Europeana es la biblioteca de referencia para las bibliotecas, archivos y museos europeos, cuyos fondos están disponibles gratuitamente en línea desde 2009. La Digital Public Library of America (DPLA) viene a ser la hermana estadounidense de este proyecto, aunque mucho más joven puesto que inició su andadura en abril de 2013. Al igual que Europeana, la DPLA aspira a que cualquier persona pueda consultar en un solo portal los fondos de una amplia variedad de instituciones académicas y culturales de los EE.UU.

La novedad es que ahora se pueden consultar ambas bibliotecas digitales simultáneamente gracias a una aplicación diseñada por una empresa de software española, DIGIBÍS. Todo un logro para la I+D+i que se hace por aquí y un excelente ejemplo de las oportunidades que abren las herramientas digitales para los historiadores.

Un ejemplo de búsqueda simultánea: resultados para “Marshall Plan” en la DPLA y Europeana

El acceso a la aplicación se puede realizar a través de cualquiera de estos enlaces:

http://dp.la/apps/2

http://www.digibis.com/dpla-europeana/

P.S.: Para conocer un poco más lo que ofrece la DPLA recomiendo esta entrada del blog Clionauta del historiador Anaclet Pons: “La National Digital Public Library comienza su andadura“.

 

 

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