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Día Internacional de los Archivos 2014

Cada 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos. En este blog lo celebramos trayendo un vídeo divulgativo elaborado por la UNED en 2005 sobre el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, del que hemos hablado asiduamente en entradas anteriores.

Para ver el vídeo, hacer click en el enlace: http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/10612

 

El vídeo no solo explica la historia del archivo, su estructura y las condiciones de acceso que regían por aquel entonces. Sobre todo,  sirve de recordatorio sobre el enorme valor de unos fondos que se remontan hasta el siglo XVI y abarcan hasta la actualidad. Se trata (o se trataba, hasta que sus fondos históricos fueron enviados a otros dos archivos estatales), sin duda, de uno de los archivos diplomáticos más importantes del mundo.

El documental fue iniciativa del historiador Benito Bermejo y en él intervienen el embajador Javier Rubio Garcia-Mina, la directora del archivo Cristina González Martín y la historiadora Matilde Eiroa San Francisco.

 Otros enlaces:

El Día Internacional de los Archivos, en la web de la Subdirección General de los Archivos Estatales

http://www.mecd.gob.es/microsites/cultura/archivos/dia-archivos/2014/presentacion.html;jsessionid=6B682D4FA43B30DF0CD353FC18181B24

http://www.mcu.es/archivos/Novedades/novedades_Dia_Internacional_Archivos.html

 

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A vueltas con los papeles de Exteriores (V): el Archivo Histórico Nacional ya permite la consulta hasta 1931, el Archivo General de la Administración se hace esperar

El Archivo Histórico Nacional nos informa de que desde ayer han quedado abiertos a la consulta los fondos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación transferidos allí el año pasado, y que abarcan desde el siglo XVI hasta 1931. Esperemos que esto permita desatascar muchas investigaciones interrumpidas durante dos años y medio de trabas.

Ahora queda pendiente saber cuándo y cómo se podrán consultar los documentos transferidos al Archivo General de la Administración (AGA). Los responsables del AGA no han anunciado ningún plazo en que se haría posible el acceso a los fondos depositados allí. Como es sabido, estos presentan mayores complicaciones: un volumen mucho mayor de documentación, restricciones derivadas de la Ley de Secretos Oficiales y la normativa sobre datos personales, etc. Además, el Consejo de Ministros no ha rectificado todavía el Acuerdo de 2010 que clasifica un amplio abanico de materias en política exterior y que constituye un obstáculo de primer orden para el acceso a los documentos de las últimas décadas.

Buena parte de las relaciones internacionales del siglo XX continúan, por lo tanto, vetadas a la investigación. ¿Hasta cuándo?

El Archivo Histórico Nacional (Madrid)

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Saber de dónde venimos

La opacidad de los archivos y el desprecio por la historia lleva a posiciones irrelevantes

En 1926, el historiador y archivero del Ministerio de Estado Jerónimo Bécker, escribió: “Como no conocemos la historia de nuestras relaciones internacionales, como ignoramos cuál ha sido nuestra verdadera labor en esa esfera, como no sabemos los antecedentes de las cuestiones que surgen a nuestro paso, tenemos que improvisar soluciones a los problemas que se nos plantean y la consecuencia de esto es que con frecuencia se infiere grave daño a los intereses nacionales”. Han pasado 88 años y parece que no ha servido para nada el testimonio de nuestro mejor historiador diplomático, excelente conocedor de los ricos fondos del archivo del actual Ministerio de Asuntos Exteriores y autor de estudios fundamentales sobre la historia de la política exterior española.

Estamos en el año 2014 y tres ejemplos nos pueden valer para entender que nuestros dirigentes, y especialmente nuestros ministros de Asuntos Exteriores, desconocen la importancia de la Historia a la hora de tomar decisiones que afectan a los fines y objetivos exteriores. En octubre de 2010 el ministro Moratinos consiguió que se aprobara en el Consejo de Ministros un Acuerdo secreto que clasificó como materias reservadas o secretas un amplísimo catálogo de temas, que iban desde la preparación de viajes oficiales hasta las negociaciones con organizaciones internacionales, sin fecha ni limitación alguna.

En diciembre de 2011, el actual ministro de Defensa decidió cerrar a los investigadores la consulta de 10.000 documentos perfectamente catalogados que abarcaban un periodo comprendido entre 1936 y 1968. Por último, en el verano de 2012 el actual ministro de Exteriores, García-Margallo, cerró para siempre el archivo histórico de su ministerio, en el que tanto trabajó Jerónimo Bécker.

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y abiertos

¿Qué es lo que ocurre en España? ¿Qué nos diferencia de nuestros países vecinos? Lo más llamativo es que países democráticos, con una larga historia, que valoran con orgullo su pasado como potencias, cuidan, protegen y hacen públicos sus documentos históricos de carácter internacional. Ya sea para justificar decisiones, dar a conocer periodos “oscuros” (los militares argentinos acaban de publicar en la Red todas las actas de la Junta argentina entre 1976 y 1983) o por exigencia de la ciudadanía en virtud de principios como la transparencia, la libertad y la defensa del interés individual.

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y abiertos. Tienen colecciones de documentos diplomáticos elaboradas por diplomáticos, archiveros e historiadores. Organizan exposiciones públicas sobre temas internacionales y muestran sus ricos documentos. Cuentan con historiadores en sus archivos y en los propios ministerios. Qué decir de Estados Unidos, que hasta tiene una Oficina del Historiador en su principal archivo de Estado. Por cierto, gracias a todos estos trabajos (y hasta a Wikileaks) los españoles podemos analizar la política exterior de nuestro país y obtener documentos que nuestro Gobierno nos prohíbe consultar.

Y ¿cuál es el resultado de esta situación para nuestra política exterior? El balance no puede ser más negativo y ahí tenemos los resultados.

Si tuviéramos que caracterizar nuestra política exterior contemporánea podríamos destacar tres rasgos. En primer lugar, la primacía del conflicto interior desde el siglo XIX, el aislamiento franquista y después la concentración de esfuerzos en la construcción del Estado democrático, han hecho que los temas internacionales se hayan relegado siempre a un segundo plano, incluso perteneciendo a la Unión Europea.

Nuestra política exterior es reactiva y no proyectiva. ¿Quién piensa, quién reflexiona sobre nuestros intereses?

En segundo lugar, partidos políticos y fuerzas de diferente signo y en etapas diferentes han asumido este relegamiento de lo internacional, que se transmite a la opinión pública. Para comprobarlo, basta echar un vistazo a los programas de los partidos y a los debates electorales desde 1976, o repasar nuestra lista de presidentes del Gobierno que —con honrosas excepciones— no hablan idiomas y desconocen el entorno internacional, sin que ello les impida presidencializar la política exterior en La Moncloa, relegando a su ministro de Exteriores a un papel de mero ejecutor.

Nuestra política exterior es reactiva y no proyectiva. ¿Quién piensa, quién reflexiona sobre nuestros intereses, sobre perspectivas o tendencias? A diferencia de otros países, no parece que lo haga nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores donde, además, no disponen ya de los documentos históricos que puedan avalar una decisión, aportar argumentos en una negociación, o hacer reivindicaciones. Centros como el Instituto Español de Estudios Estratégicos o el Real Instituto Elcano realizan un gran trabajo, muy atentos a la actualidad, pero, como señalara Carlo Levi, el futuro tiene un corazón antiguo. Esta debería ser la primera lección para quienes dirigen la política exterior de un país que fue potencia mundial y que acumula controversias que se remontan a los siglos XVI y XVII (Ceuta y Melilla), a un tratado de 1714 (Gibraltar), o a políticas coloniales decimonónicas mal cerradas en el siglo XX (Sáhara Occidental).

Para quien no sabe adónde va, escribió Henry Kissinger, todos los caminos llevan a ninguna parte. Pero quien no sabe de dónde viene ni siquiera es capaz de comprender su lugar en el mundo. Sin la profundidad de campo que aporta la visión histórica, la política exterior española está condenada a continuar anclada en los mismos vicios que denunciara Bécker hace casi un siglo.

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Este artículo, firmado por Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, y por mí,  fue publicado como Tribuna en la sección de Opinión de El País el 11 de abril de 2014.

URL: http://elpais.com/elpais/2014/04/10/opinion/1397124314_329952.html

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A vueltas con los papeles de Exteriores (IV): ¿el Congreso aprueba la desclasificación de secretos anteriores a 1968? Algunas precisiones

Posiblemente hayan leído la noticia difundida el lunes 7 de abril: el Congreso de los Diputados, hemos podido leer en varios medios, ha(bría) aprobado la desclasificación de los secretos oficiales (ver por ejemplo El Confidencial o El Día).

Al leer el detalle de las noticias se rebaja un poco el tono inicial: lo que el Congreso ha hecho es instar “al Gobierno a desclasificar todos los documentos oficiales anteriores a 1968 y ponerlos a disposición de investigadores y personas interesadas”.

En este post trataré simplemente de hacer accesibles los documentos que sustentan las informaciones difundidas los últimos días y añadir una valoración de urgencia, muy breve, sobre lo que este anuncio significa.

Fuente: www.eltamiz.com

De entrada cabe resaltar que lo que se debatió y votó en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, en su sesión del 7 de abril de 2014, fue una Proposición No de Ley (PNL) sobre desclasificación de documentos y puesta a disposición de investigadores y personas interesadas. La PNL había sido registrada por el Grupo de la Izquierda Plural y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 18 de noviembre de 2013 (en este enlace puede descargarse el PDF de la PNL y en este otro puede consultarse el Orden del Día de la sesión).

El texto aprobado no fue el inicialmente propuesto, sino que se pactó una enmienda transaccional entre el PP y el PSOE que, sometida a votación, contó con el apoyo unánime de los miembros de la comisión. Lo aprobado, pues, es lo siguiente:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

  1. Adoptar las decisiones correspondientes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados, para inventariar y analizar los documentos clasificados anteriores a 1968 por parte de los distintos organismos gubernamentales, como paso previo a seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros.
  2. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los documentos sin clasificación y los que sean desclasificados fruto de este proceso estén a disposición pública para su consulta.
  3. Cumplir los instrumentos internacionales suscritos por España en relación con temas de archivo y documentación adoptados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación de los archivos y el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos del 18 de junio de 2009.

El debate y votación  puede verse en este enlace de la web del Congreso. El vídeo dura 28 min. 22 segundos, pero se puede seleccionar separadamente la intervención cada diputado:

Chesús Yuste Cabello (Grupo de la Izquierda Plural)

Germán Rodríguez Sánchez (Grupo Socialista)

Antonio Cantó García del Moral (UPyD)

Montserrat Surroca i Comas (CiU)

Rocío López González (Grupo Popular)

Chesús Yuste Cabello (Grupo de la Izquierda Plural)

Votaciones

 

Y ahora, algunos aspectos para valorar:

1) Lo aprobado no es la desclasificación de documentos, sino una mera PNL que no es vinculante para el Gobierno. De hecho, la experiencia demuestra que rara vez se cumple lo pedido en una PNL.

2) Abundando en ello, cabe recordar que solo puede desclasificar quien clasificó, en este caso el Consejo de Ministros y, para temas militares, el Jefe del Alto Estado Mayor del Ejército.

3) El  PP se ha sumado a la propuesta votando con los demás grupos, lo que supone un giro en su actitud por primera vez desde que se desencadenó esta polémica en 2012.

4) Este giro del PP en el Congreso tiene, no obstante, un precedente en el Senado, donde el PP no quiso quedarse solo y apoyó una moción que pedía algo muy parecido a lo ahora aprobado. Por si sirve de algo, aquí va el texto de la moción aprobada por unanimidad en la Comisión de Defensa del Senado el 21 de octubre de 2013 y, tras ella, informo del efecto práctico que ha tenido.

La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a:

1. Cumplir los instrumentos internacionales firmados por España en relación con temas de archivo y documentación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación y los archivos (Recomendación nº R (2000), y la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos (18 de junio de 2009). 

2. Proceder, cuando se pueda  contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios, al estudio y revisión en profundidad de los documentos clasificados anteriores a 1968, con el objeto de inventariarlos y seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros.

Efecto práctico a día de hoy: ninguno.

5) La salvedad “teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados”, introducida en el Congreso, o cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios”, introducida en el Senado, termina de descafeinar ambas propuestas. En época de recortes presupuestarios como la actual, es fácil entender que ambas fórmulas permiten al Gobierno desentenderse cómodamente de cualquier obligación, aunque sea moral, de desclasificar, esgrimiendo la falta de dinero.

6) Establecer 1968 como límite para la desclasificación solo puede entenderse por ser de ese año la Ley de Secretos Oficiales, pero no deja de ser un plazo arbitrario que se traza sin recabar el criterio de los expertos (comenzando por los documentalistas)

7) Ese plazo que aquí se propone (1968), aunque pueda parecer un avance, en realidad es un retroceso respecto a la situación anterior a 2010 (para el caso de los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores) y a 2011 (para Defensa), porque abre la vía para extender la  clasificación universal (de manera explícita o implícita) a toda la documentación de menos de 45 años de antigüedad.

Recordemos que en España no hay plazos para la desclasificación marcados por la ley. En el archivo de Exteriores se seguía una norma general de 25 años, con excepciones. ¿Por qué habría de adoptarse ahora un plazo general de 45 años, cuando muchos países desclasifican a los 30, a los 25 o antes (aunque también se mantienen clasificaciones excepcionales hasta los 50 o 75 años)? ¿Por qué habríamos de resignarnos a no investigar la política exterior y de defensa del franquismo tardío, la transición y la democracia, justo cuando los países avanzados con los que nos gusta(ría) compararnos están desclasificando precisamente esos años? ¿Por qué no se debate sobre plazos y criterios con argumentos técnicos? Una vez más, necesitamos a los expertos.

8) Por último, no olvidemos que sigue sin cumplirse el compromiso del ministro García-Margallo de elevar al Consejo de Ministros un nuevo acuerdo sobre clasificación documental, más liberal que el de 2010, una vez aprobada y entrada en vigor la Ley de Transparencia (se aprobó, recordemos, el 9 de diciembre de 2013).

Es cierto que el Título I de dicha ley, que afecta al derecho de acceso a la información pública, entra en vigor un año después de la publicación en el BOE. Pero no se entiende por qué el ministro García-Margallo  no realiza el gesto político de impulsar cuanto antes en el Consejo de Ministros ese nuevo acuerdo menos restrictivo. Nada se lo impide, ni siquiera la entrada escalonada en vigor de la Ley de Transparencia, que en realidad no dice nada sobre la documentación histórica.

García-Margallo podría ser recordado por las generaciones futuras como el ministro que abrió lo que Moratinos cerró bajo siete llaves. Pues bien, por el contrario, parece empeñado en pasar a la historia como un eslabón más en una cadena de oscurantismo ministerial. 

 

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A vueltas con los papeles de Exteriores (III): un tirón de orejas de la ONU

 El relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, presentó el pasado 3 de febrero las observaciones preliminares de su visita oficial de 10 días a España. Sobre el contenido de estas observaciones han informado ampliamente los medios de comunicación. Hemos podido leer titulares sobre aspectos de gran simbolismo, como su propuesta de reinvención del Valle de los Caídos o su petición de que se anule la Ley de Amnistía, que se han debatido ampliamente en los últimos días.

Buena parte de las conclusiones del señor De Greiff tiene que ver con la labor de los historiadores, en especial de quienes han estudiado la represión de la guerra civil y la posguerra.

Aquí destacaremos solamente un párrafo que se refiere a la función insustituible de los archivos para la reconstrucción del pasado -y por tanto para el restablecimiento de la verdad-. En este párrafo, el relator especial de Naciones Unidas señala con el dedo al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Es evidente que el secretismo de los responsables de la diplomacia española, que impiden la consulta de sus archivos históricos, es ya conocido hasta en las sedes de la ONU en Ginebra y Nueva York. (Los destacados son nuestros).

En la promoción de la verdad, los archivos juegan un papel central y son una herramienta indispensable para la realización del derecho a la verdad, como lo indiqué en mi último informe al Consejo de Derechos Humanos. Durante la visita pude observar los importantes esfuerzos realizados para la centralización de varios archivos y para promover el acceso a los mismos. Sin embargo, varios usuarios de los archivos, incluyendo víctimas, familiares, historiadores e investigadores, si bien reconocen en algunos casos el acceso a documentos solicitados, han señalado algunas dificultades en otros casos. Por ejemplo, varias fuentes indican una disparidad en las prácticas y posibilidades de acceso en función de los archivos o de los funcionarios a cargo. Muchos reportan una amplia dispersión de la información, falta de medios técnicos y de personal que garanticen el registro de todos los documentos para su debido acceso. Hay una gran cantidad de información en teoría disponible donde pueden solicitarse documentos específicos, pero no siempre se permite el acceso a todo el fondo documental, lo cual es esencial para poder hacer un análisis transversal y global. Reportan que, en algunos casos, archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, siguen siendo clasificados como confidenciales y que la legislación vigente no permite establecer criterios claros para la desclasificación de los mismos. Por otra parte, invocando el derecho a la privacidad, se limitaría el acceso a información crucial para el esclarecimiento de la verdad. Sobre este tema, como indiqué en mi reciente informe al Consejo de Derechos Humanos, pueden encontrarse vías para maximizar el acceso a los archivos atendiendo las tensiones que podrían existir entre el derecho de las víctimas a la verdad y el derecho a la privacidad. La adopción de una Ley de archivos que establezca estos criterios, de conformidad con los estándares internacionales, podría constituir un primer paso en este sentido.

Fuente: Observaciones preliminares del Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, al concluir su visita oficial a España)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14216&LangID=E

 

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A vueltas con los papeles de Exteriores (II): un debate en el Congreso de los Diputados

La queja de los investigadores por la imposibilidad de consultar la documentación histórica diplomática y determinados expedientes históricos militares se ha debatido el martes 18 de febrero de 2014 en el Congreso de los Diputados.

Una Proposición No de Ley que recogía esta queja y que fue presentada por el grupo de Izquierda Unida-La Izquierda Plural en julio de 2013 se discutió en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja, donde consiguió el apoyo de todos los demás grupos ( PSOE, PNV, CiU y UPyD) a excepción del PP, que lamentablemente utilizó su mayoría absoluta para rechazar la moción.

A continuación se ofrecen los enlaces a: (UNO) la Proposición No de Ley que se debatió; (DOS) el Orden del Día de la sesión; (TRES) el vídeo del debate  en la web del Congreso de los Diputados (interesa del minuto 1:03:10 al 1:35:00); (CUATRO) reflejo en  la prensa y (CINCO) texto de la PNL.

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UNO.- Proposición No de Ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural obre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar (Boletín Oficial del Congreso de los Diputados,  X Legislatura, Serie D, núm. 134, 31 julio 2013, p. 9-11)

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-314.PDF

 

DOS.- Orden del día – sesión del 18.02.2014 – Comisión de AAEE del Congreso

(Texto en PDF)

 

TRES.- Sesión en vídeo (enlace a la web del Congreso)

 

Minutaje de la sesión: (1:03:10-1:35:00) – Debate sobre la Proposición No de Ley sobre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar presentada por el Grupo de La Izquierda Plural:

1:03:10 - Joan Josep Nuet (La Izquierda Plural)

1:08:40 – Gema Conde Martínez (PP)

1:14:55 – Álex Sáez Jubero (PSOE)

1:20:45 – Aitor Estaban Bravo (Grupo Vasco)

1:23:35 – Irene Lozano Domingo (UPyD)

1:28:28 – Jordi Xuclà i Costa (CiU)

1:34:22 – Joan Josep Nuet

1:35:00 – Fin del debate sobre este punto del O.D.

(…)

3:17:43 – Votación: 15 votos a favor, 23 en contra- PNL rechazada.

 

CUATRO.- Información en la prensa:

El Mundo (18.02.2014): “El PP impide abrir a los investigadores archivos históricos diplomáticos y militares”

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/18/5303aba3ca4741e9598b4582.html

 

La Vanguardia (18.02.2014): “Congreso vuelve a rechazar petición acceso a documentos de Guerra y dictadura”

http://www.lavanguardia.com/politica/20140218/54402305056/congreso-vuelve-a-rechazar-peticion-acceso-a-documentos-de-guerra-y-dictadura.html#.UwPviIO2ob8.twitter

 

Eldiario.es (18.02.2014): “El Congreso vuelve a rechazar la petición de acceso a documentos de Guerra y dictadura”

http://www.eldiario.es/politica/Congreso-peticion-documentos-Guerra-dictadura_0_230277549.html

 

CINCO.- Texto de la Proposición No de Ley  debatida:

 

161/001871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Alrededor de 300 historiadores e investigadores han dirigido una petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para exigir que se desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico, actualmente cerrada a la consulta. Solicitan también que se garantice el acceso a los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968 que el ministro de Defensa, D. Pedro Morenés, ha decidido retener pese a estar listos para su desclasificación desde 2011.

Los investigadores denuncian que desde septiembre de 2011 el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comenzó a denegar la consulta en su Archivo Central de la documentación diplomática de carácter histórico (la que tiene más de 30 años, por regla general). El MAEC esgrimía para ello un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010, por el que el gobierno clasificó como materia «secreta» y «reservada» prácticamente toda la política exterior del Estado (Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010).

Cuando este acuerdo, hasta entonces secreto, fue publicado en la prensa en junio de 2012, el actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel García Margallo, prometió revisarlo, sin que hasta la fecha haya adoptado ninguna decisión.

Los historiadores señalan también su malestar por que la respuesta del Ministerio a sus quejas haya sido el cierre definitivo a la investigación del Archivo de Exteriores y la dispersión de sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, en septiembre de 2012. En ninguno de los dos centros, que cuentan con escasos recursos materiales y humanos, existe fecha alguna prevista para su accesibilidad.

Esta situación constituye una anomalía sin parangón internacional: ningún otro país ha bloqueado el acceso a documentación histórica que data de los siglos XVI al XX, y en ninguna democracia seria se impide a los investigadores, por motivos políticos, la consulta de documentación militar de carácter histórico con informes técnicos plenamente favorables a su desclasificación.

Las consecuencias que se derivan de estas decisiones son múltiples:

— Se están provocando graves problemas en numerosas investigaciones históricas, muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público, y que se han visto paralizadas o abandonadas.

— Se está perjudicando seriamente a la imagen de España en el exterior (denominada «Marca España»), que queda asociada en ámbitos académicos y culturales internacionales a la persecución contra el conocimiento histórico y las trabas a quienes intentan ampliarlo.

— Se está atentando contra los principios de transparencia que se presuponen en la nueva ley, actualmente en trámite, al extender el manto del secreto sobre la historia de la acción exterior del Estado y de su política de defensa.

— Se están denegando derechos ciudadanos básicos como el acceso al patrimonio histórico documental y el derecho a recibir información veraz, al aplicar la Ley de Secretos Oficiales a documentación histórica de contenido no sensible, en lo que constituye una práctica jurídicamente cuestionable, y política y científicamente injustificable.

— Se están incumpliendo por parte del Gobierno español los acuerdos internacionales suscritos en el marco del Consejo de Europa sobre comunicación de archivos y acceso a documentos públicos, como la Recomendación N.° R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009).

Por todo ello presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Rectificar su política actual para amoldarla al cumplimiento de la Recomendación N° R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009).

b) Derogar el Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010.

c) Permitir a los investigadores la consulta de los 10.000 documentos del Ministerio de Defensa, de entre los años 1936 y 1968, cuya desclasificación estaba prevista para 2011 y que el actual ministro retiene desde entonces.

d) Adoptar cuantas previsiones sean precisas para garantizar de manera inmediata el acceso de los investigadores a los documentos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lo que incluye entre otras las siguientes medidas:

— Dotar al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, a los que se está transfiriendo esta documentación, de medios materiales y humanos extraordinarios y dedicados específicamente al tratamiento archivístico de estos fondos.

— Agilizar en ambos archivos al máximo, el cotejo, descripción, catalogación y publicación de dicha documentación.

— Reabrir a la investigación el Archivo Central del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la consulta de la documentación todavía conservada en esta institución.

e) Garantizar el acceso de los investigadores a la restante documentación histórica relativa a la política exterior y de defensa, que esté depositada en otros archivos y no tenga carácter sensible.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2013.—Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.—José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

 

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A vueltas con los papeles de Exteriores

 

Historiadores y otros investigadores del pasado, españoles y extranjeros, preguntan cada cierto tiempo si se puede consultar la documentación diplomática española, que hasta hace no mucho era accesible, como norma general, si los documentos tenían más de 25 años. Cuando me preguntan a mí trato de ponerles al día, en lo que sé, respecto al cierre a cal y canto del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en 2012, la dispersión de sus fondos entre los Archivos Histórico Nacional y General de la Administración, y la imposibilidad de acceder a esos papeles desde entonces, y sin que haya fecha prevista para su consulta.

¿Cuánto tiempo más se mantendrá esta vergonzosa situación? Ninguno de los responsables responde. ¿Se están dando pasos para corregir esta anomalía, que día a día nos deja en evidencia ante la comunidad internacional de historiadores? Silencio absoluto. Un silencio que vale más que mil palabras para evidenciar el verdadero valor que otorgan nuestros gobernantes a conceptos como “transparencia”, “derecho a la información” o “buen gobierno”.

Volveremos sobre estas cuestiones, qué remedio, en otros posts. De momento les dejo con la Carta al director que sobre esta situación publicaba ayer, 23 de enero, el periódico EL PAIS, firmada por el catedrático de Historia Contemporánea Juan Carlos Pereira.

 No permiten conocer esa historia

 Acabamos de conocer que el Rey comunicó a Londres en 1983 que “España no estaba interesada en Gibraltar”. Que Franco decidió censurar el accidente de Palomares, mintiendo a la sociedad española sobre el grave peligro que estaba corriendo, y la reacción del Gobierno italiano ante el régimen franquista y su política exterior hasta 1958. ¿Gracias a la documentación española? La respuesta es un rotundo “no”.

Lo sabemos gracias a la desclasificación de documentos programada anualmente por los Archivos Nacionales británicos; la desclasificación de documentos del Departamento de Estado norteamericano solicitados por la ONG National Security Archives, que debían permanecer secretos hasta 2035; o la publicación periódica de los Documenti diplomatici italiani, avalada por el propio ministerio.

La situación en España no permite conocer nada de esa historia. El archivo del ministerio está cerrado para siempre por decisión del ministro. Sus fondos han pasado a los archivos Histórico Nacional y General de la Administración, donde no se pueden consultar por razones variopintas y sorprendentes y nadie sabe cuándo se podrá hacer, según nos informan sus responsables. Por ello, también nosotros tenemos que irnos para conocer lo que ha ocurrido en España y en su acción exterior. Viva la Marca España, también en investigación histórica.— Juan Carlos Pereira Castañares. Catedrático de Historia Contemporánea, UCM.

 

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Documentación histórica

Ahora que los historiadores denuncian la decisión del ministro de Defensa de vetar la desclasificación de 10.000 documentos militares de los años 1939 a 1968 que estaban listos para su publicación, conviene recordar que también sobre la documentación histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación pesa el manto de un secretismo más incomprensible aún, si cabe.

En octubre de 2010, siendo ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, el Consejo de Ministros declaró materia clasificada la práctica totalidad de la actividad diplomática del Estado, sin límite temporal alguno. Innumerables investigaciones históricas se han visto interrumpidas desde entonces como resultado de este cerrojazo documental, y muchas han tenido que abandonarse por completo.

Cuando EL PAÍS denunció esta situación, impensable y sin parangón en cualquier otra democracia, el actual titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció de inmediato una corrección. Sin embargo, casi un año después los investigadores seguimos esperando que el ministro cumpla su promesa.

Entre tanto, el señor García-Margallo decidió cerrar de la noche a la mañana el archivo de Exteriores y transferir sus fondos al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, dependientes del Ministerio de Cultura. La escasez de medios materiales y humanos en ambos centros hace temer que no se pueda consultar un solo documento en años, suponiendo que previamente se haya levantado la clasificación de secreto o reservado que todavía pesa sobre todos ellos. Un panorama de pesadilla para la investigación histórica.

Está en la mano de los máximos responsables de Defensa, Exteriores y Cultura acabar con situaciones que no solo nos avergüenzan a los historiadores españoles ante nuestros colegas extranjeros, sino que vulneran el derecho de todos los ciudadanos a acceder a documentación pública de carácter histórico insustituible para la reconstrucción de nuestro pasado.— Carlos Sanz Díaz. Profesor de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid

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Lo que antecede es el texto de la Carta al Director que EL PAÍS publica en su edición de hoy y que puede consultarse en el enlace siguiente:

http://elpais.com/elpais/2013/05/14/opinion/1368553901_384039.html

 

NOTA SOBRE ANTECEDENTES

La situación de los documentos clasificados del Ministerio de Defensa ha sido denunciada recientemente por los historiadores Francisco Espinosa Maestre, Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Dueñas con el respaldo de un centenar de investigadores, entre ellos Ángel Viñas y Paul Preston. Dos periódicos de tirada nacional se han hecho eco:

Eduardo del Campo: “El búnker de la Historia de España”, El Mundo, 6 de mayo de 2013.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/06/cultura/1367824921.html

Tereixa Constenla: “La ley de los secretos para siempre”, El País, 8 de mayo de 2013.

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/08/actualidad/1368039741_142440.html

 

Por otra parte, el periodista Antonio Rodríguez, pionero en tratar esta cuestión, ha publicado recientemente en su blog en la revista Tiempo documentación adicional de gran interés:

http://blogs.tiempodehoy.com/entresijosgubernamentales/2013/05/09/defensa-miente-sobre-los-archivos-militares-parte-i/

http://blogs.tiempodehoy.com/entresijosgubernamentales/2013/05/10/defensa-miente-sobre-los-archivos-militares-y-ii/

 

Sobre la situación de la documentación secreta y reservada de Exteriores:

Miguel González, “Exteriores blinda todos sus documentos”, El País, 3 de junio de 2012.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/03/actualidad/1338750887_077908.html

Miguel González, “Exteriores revisará el acuerdo que declara secretos todos sus documentos”, El País, 5 de junio de 2012.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/05/actualidad/1338903319_488877.html

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Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado

“En los últimos años se vienen repitiendo las quejas y denuncias por parte de investigadores que ven restringido el derecho de acceso a los fondos documentales custodiados en archivos públicos españoles. Declaraciones de asociaciones de historiadores, acuerdos adoptados en congresos profesionales, artículos en revistas científicas y un sinfín de recursos contra resoluciones administrativas coinciden en denunciar un retroceso en la aplicación de las normas que regulan el libre acceso al patrimonio histórico documental. Nadie sería capaz de hacer el inventario de cuántos proyectos de investigación han sido frustrados –muchos financiados con recursos públicos–, cuántas tesis doctorales imposibilitadas, qué cantidad de investigaciones abortadas, y de qué manera se ha limitado el conocimiento de nuestro pasado reciente por las crecientes dificultades de acceso a la documentación de archivo.

Algunas decisiones recientes vuelven a poner de actualidad este tema. Una es la publicación del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso (…), que viene a complicar aún más el problema del acceso a los archivos públicos. Otra es la decisión por Consejo de Ministros de declarar secretas la práctica totalidad de las materias tratadas en la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ambas normas han tenido graves consecuencias sobre el trabajo de los investigadores, y por ello merecen un detallado análisis desde el punto de vista de la investigación histórica. Eso es lo que nos proponemos hacer en este artículo.

Lo más sorprendente es que este giro involucionista viene a contradecir el espíritu aperturista –nunca mejor utilizado este término– que inspiraron las primeras leyes de la democracia sobre la materia. La primera y más importante de ellas, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (…), establecía el principio general de libre acceso a los fondos de los archivos que custodiaran documentación histórica, y además declaraba en el artículo 2.1, que «son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado [...] fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él [Patrimonio Histórico Español]». Por su parte, la Ley de 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (…), también establecía el libre acceso a la documentación de los archivos de gestión, siempre que los expedientes estuvieran concluidos y con determinadas condiciones. En ambos casos no se establecían plazos temporales y el principio de libre acceso sólo se limitaba en casos excepcionales y expresamente tasados por la ley. Fue un gran avance de la democracia reconocer el derecho de los ciudadanos a acceder a la documentación pública, hasta entonces limitado a la discrecionalidad administrativa. Desgraciadamente, como veremos más adelante, las excepciones han acabado convirtiéndose en la norma, y el principio general de libre acceso ha sido relegado progresivamente al olvido“. 

Imagen del Archivo Histórico de la Policía Nacional, Guatemala (Fuente: http://www.crl.edu/focus/article/7499)

 

Estas son las líneas iniciales del artículo “Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado” que firmamos el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Antonio Niño y yo mismo, y que se publica en el último número de Cuadernos de Historia Contemporánea, 2012, vol. 34, pp. 309-342.

Como quiera que en el artículo se hace referencia a la documentación diplomática custodiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a cuya problemática nos hemos referido en entradas anteriores (concretamente estaestaesta otra y finalmente esta), considero que su contenido puede ser de interés para los lectores de este blog.

El artículo completo puede leerse aquí:

http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/40096/38522

Resumen:

El artículo repasa la normativa española sobre el derecho de acceso a la documentación pública, su aplicación en los archivos y las consecuencias para la investigación histórica. Aunque las primeras leyes promulgadas en el periodo democrático fueron muy aperturistas, el desarrollo de la legislación sobre protección de datos personales ha restringido de forma severa el acceso a la documentación histórica. La indefinición y las contradicciones de las sucesivas normas, junto con las malas prácticas persistentes en la administración de los archivos públicos, están ocasionando trabas injustificadas para acceder a la documentación. A estos problemas se ha sumado recientemente la decisión gubernativa de extender la protección que proporcionada la Ley de Secretos Oficiales a múltiples materias relacionadas con la política exterior. Con todo ello, los historiadores encuentran graves dificultades para estudiar los periodos más recientes de la historia española.

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Exteriores anuncia una revisión del acuerdo que blinda toda su documentación

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha anunciado que su departamento revisará el acuerdo de 2010 que clasifica la práctica totalidad de la documentación del ministerio sin ningún límite temporal, según informa el periodista de El País Miguel González.

Exteriores revisará el acuerdo que declara secretos todos sus documentos

  • La medida provoca que los investigadores no tengan acceso a documentos de interés histórico

El Gobierno tiene intención de revisar el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, bajo el mandato de Zapatero, que clasifica como secretos o reservados todos los documentos del departamento de Asuntos Exteriores, incluso los más inocuos, y sin límite temporal, según ha declarado el ministro José Manuel García Margallo.

Este acuerdo, que EL PAÍS difundió el pasado lunes, ha provocado que desde hace unos meses el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores niegue a historiadores e investigadores documentos de interés histórico a los que hasta ahora tenían acceso. Se da la circunstancia de que este acuerdo, del que nunca se informó, también estaba clasificado como secreto, por lo que Exteriores ha tenido que desclasificarlo para poder comunicar su contenido al profesor de la Universidad Complutense Carlos Sanz Díaz, quien recibió una transcripción del mismo en mayo, según Margallo. El Gobierno también se ha visto en la tesitura de tener que desclasificar documentos relativos al contubernio de Munich, el encuentro que representantes de la oposición antifranquista del interior y del exilio mantuvieron en la ciudad alemana en 1962 invitados por el Movimiento Europeo, del que Exteriores está celebrando el 50 aniversario con exposiciones y mesas redondas.

Según Margallo, el nuevo acuerdo, que se está negociando con otros departamentos, será acorde con el espíritu de la Ley de Transparencia y determinará con mayor precisión las materias que afectan a la seguridad y defensa nacional, según lo previsto en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada una década después. La intención es evitar la generalización del secreto y fijar un plazo temporal, transcurrido el cual los documentos serían desclasificados, salvo excepciones, como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/05/actualidad/1338903319_488877.html

Se trata de una buena noticia que hace esperar que desaparezcan pronto las obstáculos que historiadores e investigadores estamos encontrando para consultar la documentación del Ministerio desde hace casi un año.

No obstante, quedan por despejar algunas incógnitas. Hasta que llegue el nuevo acuerdo que se está negociando, ¿cuál va a ser el criterio de la Secretaria General Técnica sobre el acceso a la documentación del archivo del MAEC? ¿Se van a desbloquear inmediatamente todas las solicitudes de acceso que están paralizadas? ¿Se van a rectificar las negativas cursadas a los investigadores en los últimos meses? ¿Se avisará a los solicitantes, algunos de ellos regresados a sus países de origen sin haber podido ver un solo papel, de cuándo podrán consultar la documentación histórica?

Reales cédulas sobre la provisión de obispados y abadías. 1668-1680, Santa Sede, 122. (c) Archivo MAEC

Por otra parte, persisten no ya las dudas, sino la preocupación por la situación del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, uno de los archivos diplomáticos más ricos del mundo, con fondos que se remontan al siglo XVI, y que década tras década ha sufrido la tradicional dejadez de los máximos responsables del Ministerio. El archivo necesita urgentemente mejores instalaciones y que se le garanticen los medios humanos y materiales imprescindibles para que sus excelentes profesionales puedan desarrollar adecuadamente su labor y para que todos los ciudadanos, y no solo los investigadores, puedan conocer su valioso patrimonio documental. Esto es algo más laborioso que enmendar un acuerdo o dictar una nueva norma, pero la importancia de sus fondos, el interés de la historia de la política exterior española -todavía en gran parte desconocida-, y el deber de garantizar el acceso de todos al patrimonio histórico y a la documentación pública, bien merecen un esfuerzo.

"Corona borbonica reynante en España, Franzia y Nápoles...", 1734, Ms. 1 (c) Archivo MAEC

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