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A vueltas con los papeles de Exteriores (V): el Archivo Histórico Nacional ya permite la consulta hasta 1931, el Archivo General de la Administración se hace esperar

El Archivo Histórico Nacional nos informa de que desde ayer han quedado abiertos a la consulta los fondos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación transferidos allí el año pasado, y que abarcan desde el siglo XVI hasta 1931. Esperemos que esto permita desatascar muchas investigaciones interrumpidas durante dos años y medio de trabas.

Ahora queda pendiente saber cuándo y cómo se podrán consultar los documentos transferidos al Archivo General de la Administración (AGA). Los responsables del AGA no han anunciado ningún plazo en que se haría posible el acceso a los fondos depositados allí. Como es sabido, estos presentan mayores complicaciones: un volumen mucho mayor de documentación, restricciones derivadas de la Ley de Secretos Oficiales y la normativa sobre datos personales, etc. Además, el Consejo de Ministros no ha rectificado todavía el Acuerdo de 2010 que clasifica un amplio abanico de materias en política exterior y que constituye un obstáculo de primer orden para el acceso a los documentos de las últimas décadas.

Buena parte de las relaciones internacionales del siglo XX continúan, por lo tanto, vetadas a la investigación. ¿Hasta cuándo?

El Archivo Histórico Nacional (Madrid)

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Saber de dónde venimos

La opacidad de los archivos y el desprecio por la historia lleva a posiciones irrelevantes

En 1926, el historiador y archivero del Ministerio de Estado Jerónimo Bécker, escribió: “Como no conocemos la historia de nuestras relaciones internacionales, como ignoramos cuál ha sido nuestra verdadera labor en esa esfera, como no sabemos los antecedentes de las cuestiones que surgen a nuestro paso, tenemos que improvisar soluciones a los problemas que se nos plantean y la consecuencia de esto es que con frecuencia se infiere grave daño a los intereses nacionales”. Han pasado 88 años y parece que no ha servido para nada el testimonio de nuestro mejor historiador diplomático, excelente conocedor de los ricos fondos del archivo del actual Ministerio de Asuntos Exteriores y autor de estudios fundamentales sobre la historia de la política exterior española.

Estamos en el año 2014 y tres ejemplos nos pueden valer para entender que nuestros dirigentes, y especialmente nuestros ministros de Asuntos Exteriores, desconocen la importancia de la Historia a la hora de tomar decisiones que afectan a los fines y objetivos exteriores. En octubre de 2010 el ministro Moratinos consiguió que se aprobara en el Consejo de Ministros un Acuerdo secreto que clasificó como materias reservadas o secretas un amplísimo catálogo de temas, que iban desde la preparación de viajes oficiales hasta las negociaciones con organizaciones internacionales, sin fecha ni limitación alguna.

En diciembre de 2011, el actual ministro de Defensa decidió cerrar a los investigadores la consulta de 10.000 documentos perfectamente catalogados que abarcaban un periodo comprendido entre 1936 y 1968. Por último, en el verano de 2012 el actual ministro de Exteriores, García-Margallo, cerró para siempre el archivo histórico de su ministerio, en el que tanto trabajó Jerónimo Bécker.

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y abiertos

¿Qué es lo que ocurre en España? ¿Qué nos diferencia de nuestros países vecinos? Lo más llamativo es que países democráticos, con una larga historia, que valoran con orgullo su pasado como potencias, cuidan, protegen y hacen públicos sus documentos históricos de carácter internacional. Ya sea para justificar decisiones, dar a conocer periodos “oscuros” (los militares argentinos acaban de publicar en la Red todas las actas de la Junta argentina entre 1976 y 1983) o por exigencia de la ciudadanía en virtud de principios como la transparencia, la libertad y la defensa del interés individual.

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y otros países disponen de archivos públicos y abiertos. Tienen colecciones de documentos diplomáticos elaboradas por diplomáticos, archiveros e historiadores. Organizan exposiciones públicas sobre temas internacionales y muestran sus ricos documentos. Cuentan con historiadores en sus archivos y en los propios ministerios. Qué decir de Estados Unidos, que hasta tiene una Oficina del Historiador en su principal archivo de Estado. Por cierto, gracias a todos estos trabajos (y hasta a Wikileaks) los españoles podemos analizar la política exterior de nuestro país y obtener documentos que nuestro Gobierno nos prohíbe consultar.

Y ¿cuál es el resultado de esta situación para nuestra política exterior? El balance no puede ser más negativo y ahí tenemos los resultados.

Si tuviéramos que caracterizar nuestra política exterior contemporánea podríamos destacar tres rasgos. En primer lugar, la primacía del conflicto interior desde el siglo XIX, el aislamiento franquista y después la concentración de esfuerzos en la construcción del Estado democrático, han hecho que los temas internacionales se hayan relegado siempre a un segundo plano, incluso perteneciendo a la Unión Europea.

Nuestra política exterior es reactiva y no proyectiva. ¿Quién piensa, quién reflexiona sobre nuestros intereses?

En segundo lugar, partidos políticos y fuerzas de diferente signo y en etapas diferentes han asumido este relegamiento de lo internacional, que se transmite a la opinión pública. Para comprobarlo, basta echar un vistazo a los programas de los partidos y a los debates electorales desde 1976, o repasar nuestra lista de presidentes del Gobierno que —con honrosas excepciones— no hablan idiomas y desconocen el entorno internacional, sin que ello les impida presidencializar la política exterior en La Moncloa, relegando a su ministro de Exteriores a un papel de mero ejecutor.

Nuestra política exterior es reactiva y no proyectiva. ¿Quién piensa, quién reflexiona sobre nuestros intereses, sobre perspectivas o tendencias? A diferencia de otros países, no parece que lo haga nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores donde, además, no disponen ya de los documentos históricos que puedan avalar una decisión, aportar argumentos en una negociación, o hacer reivindicaciones. Centros como el Instituto Español de Estudios Estratégicos o el Real Instituto Elcano realizan un gran trabajo, muy atentos a la actualidad, pero, como señalara Carlo Levi, el futuro tiene un corazón antiguo. Esta debería ser la primera lección para quienes dirigen la política exterior de un país que fue potencia mundial y que acumula controversias que se remontan a los siglos XVI y XVII (Ceuta y Melilla), a un tratado de 1714 (Gibraltar), o a políticas coloniales decimonónicas mal cerradas en el siglo XX (Sáhara Occidental).

Para quien no sabe adónde va, escribió Henry Kissinger, todos los caminos llevan a ninguna parte. Pero quien no sabe de dónde viene ni siquiera es capaz de comprender su lugar en el mundo. Sin la profundidad de campo que aporta la visión histórica, la política exterior española está condenada a continuar anclada en los mismos vicios que denunciara Bécker hace casi un siglo.

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Este artículo, firmado por Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, y por mí,  fue publicado como Tribuna en la sección de Opinión de El País el 11 de abril de 2014.

URL: http://elpais.com/elpais/2014/04/10/opinion/1397124314_329952.html

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A vueltas con los papeles de Exteriores (IV): ¿el Congreso aprueba la desclasificación de secretos anteriores a 1968? Algunas precisiones

Posiblemente hayan leído la noticia difundida el lunes 7 de abril: el Congreso de los Diputados, hemos podido leer en varios medios, ha(bría) aprobado la desclasificación de los secretos oficiales (ver por ejemplo El Confidencial o El Día).

Al leer el detalle de las noticias se rebaja un poco el tono inicial: lo que el Congreso ha hecho es instar “al Gobierno a desclasificar todos los documentos oficiales anteriores a 1968 y ponerlos a disposición de investigadores y personas interesadas”.

En este post trataré simplemente de hacer accesibles los documentos que sustentan las informaciones difundidas los últimos días y añadir una valoración de urgencia, muy breve, sobre lo que este anuncio significa.

Fuente: www.eltamiz.com

De entrada cabe resaltar que lo que se debatió y votó en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, en su sesión del 7 de abril de 2014, fue una Proposición No de Ley (PNL) sobre desclasificación de documentos y puesta a disposición de investigadores y personas interesadas. La PNL había sido registrada por el Grupo de la Izquierda Plural y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 18 de noviembre de 2013 (en este enlace puede descargarse el PDF de la PNL y en este otro puede consultarse el Orden del Día de la sesión).

El texto aprobado no fue el inicialmente propuesto, sino que se pactó una enmienda transaccional entre el PP y el PSOE que, sometida a votación, contó con el apoyo unánime de los miembros de la comisión. Lo aprobado, pues, es lo siguiente:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

  1. Adoptar las decisiones correspondientes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados, para inventariar y analizar los documentos clasificados anteriores a 1968 por parte de los distintos organismos gubernamentales, como paso previo a seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros.
  2. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los documentos sin clasificación y los que sean desclasificados fruto de este proceso estén a disposición pública para su consulta.
  3. Cumplir los instrumentos internacionales suscritos por España en relación con temas de archivo y documentación adoptados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación de los archivos y el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos del 18 de junio de 2009.

El debate y votación  puede verse en este enlace de la web del Congreso. El vídeo dura 28 min. 22 segundos, pero se puede seleccionar separadamente la intervención cada diputado:

Chesús Yuste Cabello (Grupo de la Izquierda Plural)

Germán Rodríguez Sánchez (Grupo Socialista)

Antonio Cantó García del Moral (UPyD)

Montserrat Surroca i Comas (CiU)

Rocío López González (Grupo Popular)

Chesús Yuste Cabello (Grupo de la Izquierda Plural)

Votaciones

 

Y ahora, algunos aspectos para valorar:

1) Lo aprobado no es la desclasificación de documentos, sino una mera PNL que no es vinculante para el Gobierno. De hecho, la experiencia demuestra que rara vez se cumple lo pedido en una PNL.

2) Abundando en ello, cabe recordar que solo puede desclasificar quien clasificó, en este caso el Consejo de Ministros y, para temas militares, el Jefe del Alto Estado Mayor del Ejército.

3) El  PP se ha sumado a la propuesta votando con los demás grupos, lo que supone un giro en su actitud por primera vez desde que se desencadenó esta polémica en 2012.

4) Este giro del PP en el Congreso tiene, no obstante, un precedente en el Senado, donde el PP no quiso quedarse solo y apoyó una moción que pedía algo muy parecido a lo ahora aprobado. Por si sirve de algo, aquí va el texto de la moción aprobada por unanimidad en la Comisión de Defensa del Senado el 21 de octubre de 2013 y, tras ella, informo del efecto práctico que ha tenido.

La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a:

1. Cumplir los instrumentos internacionales firmados por España en relación con temas de archivo y documentación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las políticas europeas, la comunicación y los archivos (Recomendación nº R (2000), y la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos (18 de junio de 2009). 

2. Proceder, cuando se pueda  contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios, al estudio y revisión en profundidad de los documentos clasificados anteriores a 1968, con el objeto de inventariarlos y seleccionar aquellos que sean susceptibles de ser desclasificados por el Consejo de Ministros.

Efecto práctico a día de hoy: ninguno.

5) La salvedad “teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de los departamentos ministeriales afectados”, introducida en el Congreso, o cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesarios”, introducida en el Senado, termina de descafeinar ambas propuestas. En época de recortes presupuestarios como la actual, es fácil entender que ambas fórmulas permiten al Gobierno desentenderse cómodamente de cualquier obligación, aunque sea moral, de desclasificar, esgrimiendo la falta de dinero.

6) Establecer 1968 como límite para la desclasificación solo puede entenderse por ser de ese año la Ley de Secretos Oficiales, pero no deja de ser un plazo arbitrario que se traza sin recabar el criterio de los expertos (comenzando por los documentalistas)

7) Ese plazo que aquí se propone (1968), aunque pueda parecer un avance, en realidad es un retroceso respecto a la situación anterior a 2010 (para el caso de los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores) y a 2011 (para Defensa), porque abre la vía para extender la  clasificación universal (de manera explícita o implícita) a toda la documentación de menos de 45 años de antigüedad.

Recordemos que en España no hay plazos para la desclasificación marcados por la ley. En el archivo de Exteriores se seguía una norma general de 25 años, con excepciones. ¿Por qué habría de adoptarse ahora un plazo general de 45 años, cuando muchos países desclasifican a los 30, a los 25 o antes (aunque también se mantienen clasificaciones excepcionales hasta los 50 o 75 años)? ¿Por qué habríamos de resignarnos a no investigar la política exterior y de defensa del franquismo tardío, la transición y la democracia, justo cuando los países avanzados con los que nos gusta(ría) compararnos están desclasificando precisamente esos años? ¿Por qué no se debate sobre plazos y criterios con argumentos técnicos? Una vez más, necesitamos a los expertos.

8) Por último, no olvidemos que sigue sin cumplirse el compromiso del ministro García-Margallo de elevar al Consejo de Ministros un nuevo acuerdo sobre clasificación documental, más liberal que el de 2010, una vez aprobada y entrada en vigor la Ley de Transparencia (se aprobó, recordemos, el 9 de diciembre de 2013).

Es cierto que el Título I de dicha ley, que afecta al derecho de acceso a la información pública, entra en vigor un año después de la publicación en el BOE. Pero no se entiende por qué el ministro García-Margallo  no realiza el gesto político de impulsar cuanto antes en el Consejo de Ministros ese nuevo acuerdo menos restrictivo. Nada se lo impide, ni siquiera la entrada escalonada en vigor de la Ley de Transparencia, que en realidad no dice nada sobre la documentación histórica.

García-Margallo podría ser recordado por las generaciones futuras como el ministro que abrió lo que Moratinos cerró bajo siete llaves. Pues bien, por el contrario, parece empeñado en pasar a la historia como un eslabón más en una cadena de oscurantismo ministerial. 

 

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A vueltas con los papeles de Exteriores (II): un debate en el Congreso de los Diputados

La queja de los investigadores por la imposibilidad de consultar la documentación histórica diplomática y determinados expedientes históricos militares se ha debatido el martes 18 de febrero de 2014 en el Congreso de los Diputados.

Una Proposición No de Ley que recogía esta queja y que fue presentada por el grupo de Izquierda Unida-La Izquierda Plural en julio de 2013 se discutió en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja, donde consiguió el apoyo de todos los demás grupos ( PSOE, PNV, CiU y UPyD) a excepción del PP, que lamentablemente utilizó su mayoría absoluta para rechazar la moción.

A continuación se ofrecen los enlaces a: (UNO) la Proposición No de Ley que se debatió; (DOS) el Orden del Día de la sesión; (TRES) el vídeo del debate  en la web del Congreso de los Diputados (interesa del minuto 1:03:10 al 1:35:00); (CUATRO) reflejo en  la prensa y (CINCO) texto de la PNL.

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UNO.- Proposición No de Ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural obre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar (Boletín Oficial del Congreso de los Diputados,  X Legislatura, Serie D, núm. 134, 31 julio 2013, p. 9-11)

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-314.PDF

 

DOS.- Orden del día – sesión del 18.02.2014 – Comisión de AAEE del Congreso

(Texto en PDF)

 

TRES.- Sesión en vídeo (enlace a la web del Congreso)

 

Minutaje de la sesión: (1:03:10-1:35:00) – Debate sobre la Proposición No de Ley sobre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar presentada por el Grupo de La Izquierda Plural:

1:03:10 - Joan Josep Nuet (La Izquierda Plural)

1:08:40 – Gema Conde Martínez (PP)

1:14:55 – Álex Sáez Jubero (PSOE)

1:20:45 – Aitor Estaban Bravo (Grupo Vasco)

1:23:35 – Irene Lozano Domingo (UPyD)

1:28:28 – Jordi Xuclà i Costa (CiU)

1:34:22 – Joan Josep Nuet

1:35:00 – Fin del debate sobre este punto del O.D.

(…)

3:17:43 – Votación: 15 votos a favor, 23 en contra- PNL rechazada.

 

CUATRO.- Información en la prensa:

El Mundo (18.02.2014): “El PP impide abrir a los investigadores archivos históricos diplomáticos y militares”

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/18/5303aba3ca4741e9598b4582.html

 

La Vanguardia (18.02.2014): “Congreso vuelve a rechazar petición acceso a documentos de Guerra y dictadura”

http://www.lavanguardia.com/politica/20140218/54402305056/congreso-vuelve-a-rechazar-peticion-acceso-a-documentos-de-guerra-y-dictadura.html#.UwPviIO2ob8.twitter

 

Eldiario.es (18.02.2014): “El Congreso vuelve a rechazar la petición de acceso a documentos de Guerra y dictadura”

http://www.eldiario.es/politica/Congreso-peticion-documentos-Guerra-dictadura_0_230277549.html

 

CINCO.- Texto de la Proposición No de Ley  debatida:

 

161/001871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la documentación histórica diplomática y militar para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Alrededor de 300 historiadores e investigadores han dirigido una petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para exigir que se desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico, actualmente cerrada a la consulta. Solicitan también que se garantice el acceso a los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968 que el ministro de Defensa, D. Pedro Morenés, ha decidido retener pese a estar listos para su desclasificación desde 2011.

Los investigadores denuncian que desde septiembre de 2011 el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comenzó a denegar la consulta en su Archivo Central de la documentación diplomática de carácter histórico (la que tiene más de 30 años, por regla general). El MAEC esgrimía para ello un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010, por el que el gobierno clasificó como materia «secreta» y «reservada» prácticamente toda la política exterior del Estado (Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010).

Cuando este acuerdo, hasta entonces secreto, fue publicado en la prensa en junio de 2012, el actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel García Margallo, prometió revisarlo, sin que hasta la fecha haya adoptado ninguna decisión.

Los historiadores señalan también su malestar por que la respuesta del Ministerio a sus quejas haya sido el cierre definitivo a la investigación del Archivo de Exteriores y la dispersión de sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, en septiembre de 2012. En ninguno de los dos centros, que cuentan con escasos recursos materiales y humanos, existe fecha alguna prevista para su accesibilidad.

Esta situación constituye una anomalía sin parangón internacional: ningún otro país ha bloqueado el acceso a documentación histórica que data de los siglos XVI al XX, y en ninguna democracia seria se impide a los investigadores, por motivos políticos, la consulta de documentación militar de carácter histórico con informes técnicos plenamente favorables a su desclasificación.

Las consecuencias que se derivan de estas decisiones son múltiples:

— Se están provocando graves problemas en numerosas investigaciones históricas, muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público, y que se han visto paralizadas o abandonadas.

— Se está perjudicando seriamente a la imagen de España en el exterior (denominada «Marca España»), que queda asociada en ámbitos académicos y culturales internacionales a la persecución contra el conocimiento histórico y las trabas a quienes intentan ampliarlo.

— Se está atentando contra los principios de transparencia que se presuponen en la nueva ley, actualmente en trámite, al extender el manto del secreto sobre la historia de la acción exterior del Estado y de su política de defensa.

— Se están denegando derechos ciudadanos básicos como el acceso al patrimonio histórico documental y el derecho a recibir información veraz, al aplicar la Ley de Secretos Oficiales a documentación histórica de contenido no sensible, en lo que constituye una práctica jurídicamente cuestionable, y política y científicamente injustificable.

— Se están incumpliendo por parte del Gobierno español los acuerdos internacionales suscritos en el marco del Consejo de Europa sobre comunicación de archivos y acceso a documentos públicos, como la Recomendación N.° R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009).

Por todo ello presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Rectificar su política actual para amoldarla al cumplimiento de la Recomendación N° R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009).

b) Derogar el Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010.

c) Permitir a los investigadores la consulta de los 10.000 documentos del Ministerio de Defensa, de entre los años 1936 y 1968, cuya desclasificación estaba prevista para 2011 y que el actual ministro retiene desde entonces.

d) Adoptar cuantas previsiones sean precisas para garantizar de manera inmediata el acceso de los investigadores a los documentos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lo que incluye entre otras las siguientes medidas:

— Dotar al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, a los que se está transfiriendo esta documentación, de medios materiales y humanos extraordinarios y dedicados específicamente al tratamiento archivístico de estos fondos.

— Agilizar en ambos archivos al máximo, el cotejo, descripción, catalogación y publicación de dicha documentación.

— Reabrir a la investigación el Archivo Central del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la consulta de la documentación todavía conservada en esta institución.

e) Garantizar el acceso de los investigadores a la restante documentación histórica relativa a la política exterior y de defensa, que esté depositada en otros archivos y no tenga carácter sensible.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2013.—Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.—José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

 

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Documentación histórica

Ahora que los historiadores denuncian la decisión del ministro de Defensa de vetar la desclasificación de 10.000 documentos militares de los años 1939 a 1968 que estaban listos para su publicación, conviene recordar que también sobre la documentación histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación pesa el manto de un secretismo más incomprensible aún, si cabe.

En octubre de 2010, siendo ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, el Consejo de Ministros declaró materia clasificada la práctica totalidad de la actividad diplomática del Estado, sin límite temporal alguno. Innumerables investigaciones históricas se han visto interrumpidas desde entonces como resultado de este cerrojazo documental, y muchas han tenido que abandonarse por completo.

Cuando EL PAÍS denunció esta situación, impensable y sin parangón en cualquier otra democracia, el actual titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció de inmediato una corrección. Sin embargo, casi un año después los investigadores seguimos esperando que el ministro cumpla su promesa.

Entre tanto, el señor García-Margallo decidió cerrar de la noche a la mañana el archivo de Exteriores y transferir sus fondos al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, dependientes del Ministerio de Cultura. La escasez de medios materiales y humanos en ambos centros hace temer que no se pueda consultar un solo documento en años, suponiendo que previamente se haya levantado la clasificación de secreto o reservado que todavía pesa sobre todos ellos. Un panorama de pesadilla para la investigación histórica.

Está en la mano de los máximos responsables de Defensa, Exteriores y Cultura acabar con situaciones que no solo nos avergüenzan a los historiadores españoles ante nuestros colegas extranjeros, sino que vulneran el derecho de todos los ciudadanos a acceder a documentación pública de carácter histórico insustituible para la reconstrucción de nuestro pasado.— Carlos Sanz Díaz. Profesor de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid

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Lo que antecede es el texto de la Carta al Director que EL PAÍS publica en su edición de hoy y que puede consultarse en el enlace siguiente:

http://elpais.com/elpais/2013/05/14/opinion/1368553901_384039.html

 

NOTA SOBRE ANTECEDENTES

La situación de los documentos clasificados del Ministerio de Defensa ha sido denunciada recientemente por los historiadores Francisco Espinosa Maestre, Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Dueñas con el respaldo de un centenar de investigadores, entre ellos Ángel Viñas y Paul Preston. Dos periódicos de tirada nacional se han hecho eco:

Eduardo del Campo: “El búnker de la Historia de España”, El Mundo, 6 de mayo de 2013.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/06/cultura/1367824921.html

Tereixa Constenla: “La ley de los secretos para siempre”, El País, 8 de mayo de 2013.

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/08/actualidad/1368039741_142440.html

 

Por otra parte, el periodista Antonio Rodríguez, pionero en tratar esta cuestión, ha publicado recientemente en su blog en la revista Tiempo documentación adicional de gran interés:

http://blogs.tiempodehoy.com/entresijosgubernamentales/2013/05/09/defensa-miente-sobre-los-archivos-militares-parte-i/

http://blogs.tiempodehoy.com/entresijosgubernamentales/2013/05/10/defensa-miente-sobre-los-archivos-militares-y-ii/

 

Sobre la situación de la documentación secreta y reservada de Exteriores:

Miguel González, “Exteriores blinda todos sus documentos”, El País, 3 de junio de 2012.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/03/actualidad/1338750887_077908.html

Miguel González, “Exteriores revisará el acuerdo que declara secretos todos sus documentos”, El País, 5 de junio de 2012.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/05/actualidad/1338903319_488877.html

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Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado

“En los últimos años se vienen repitiendo las quejas y denuncias por parte de investigadores que ven restringido el derecho de acceso a los fondos documentales custodiados en archivos públicos españoles. Declaraciones de asociaciones de historiadores, acuerdos adoptados en congresos profesionales, artículos en revistas científicas y un sinfín de recursos contra resoluciones administrativas coinciden en denunciar un retroceso en la aplicación de las normas que regulan el libre acceso al patrimonio histórico documental. Nadie sería capaz de hacer el inventario de cuántos proyectos de investigación han sido frustrados –muchos financiados con recursos públicos–, cuántas tesis doctorales imposibilitadas, qué cantidad de investigaciones abortadas, y de qué manera se ha limitado el conocimiento de nuestro pasado reciente por las crecientes dificultades de acceso a la documentación de archivo.

Algunas decisiones recientes vuelven a poner de actualidad este tema. Una es la publicación del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso (…), que viene a complicar aún más el problema del acceso a los archivos públicos. Otra es la decisión por Consejo de Ministros de declarar secretas la práctica totalidad de las materias tratadas en la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ambas normas han tenido graves consecuencias sobre el trabajo de los investigadores, y por ello merecen un detallado análisis desde el punto de vista de la investigación histórica. Eso es lo que nos proponemos hacer en este artículo.

Lo más sorprendente es que este giro involucionista viene a contradecir el espíritu aperturista –nunca mejor utilizado este término– que inspiraron las primeras leyes de la democracia sobre la materia. La primera y más importante de ellas, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (…), establecía el principio general de libre acceso a los fondos de los archivos que custodiaran documentación histórica, y además declaraba en el artículo 2.1, que «son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado [...] fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él [Patrimonio Histórico Español]». Por su parte, la Ley de 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (…), también establecía el libre acceso a la documentación de los archivos de gestión, siempre que los expedientes estuvieran concluidos y con determinadas condiciones. En ambos casos no se establecían plazos temporales y el principio de libre acceso sólo se limitaba en casos excepcionales y expresamente tasados por la ley. Fue un gran avance de la democracia reconocer el derecho de los ciudadanos a acceder a la documentación pública, hasta entonces limitado a la discrecionalidad administrativa. Desgraciadamente, como veremos más adelante, las excepciones han acabado convirtiéndose en la norma, y el principio general de libre acceso ha sido relegado progresivamente al olvido“. 

Imagen del Archivo Histórico de la Policía Nacional, Guatemala (Fuente: http://www.crl.edu/focus/article/7499)

 

Estas son las líneas iniciales del artículo “Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado” que firmamos el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Antonio Niño y yo mismo, y que se publica en el último número de Cuadernos de Historia Contemporánea, 2012, vol. 34, pp. 309-342.

Como quiera que en el artículo se hace referencia a la documentación diplomática custodiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a cuya problemática nos hemos referido en entradas anteriores (concretamente estaestaesta otra y finalmente esta), considero que su contenido puede ser de interés para los lectores de este blog.

El artículo completo puede leerse aquí:

http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/40096/38522

Resumen:

El artículo repasa la normativa española sobre el derecho de acceso a la documentación pública, su aplicación en los archivos y las consecuencias para la investigación histórica. Aunque las primeras leyes promulgadas en el periodo democrático fueron muy aperturistas, el desarrollo de la legislación sobre protección de datos personales ha restringido de forma severa el acceso a la documentación histórica. La indefinición y las contradicciones de las sucesivas normas, junto con las malas prácticas persistentes en la administración de los archivos públicos, están ocasionando trabas injustificadas para acceder a la documentación. A estos problemas se ha sumado recientemente la decisión gubernativa de extender la protección que proporcionada la Ley de Secretos Oficiales a múltiples materias relacionadas con la política exterior. Con todo ello, los historiadores encuentran graves dificultades para estudiar los periodos más recientes de la historia española.

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Exteriores anuncia una revisión del acuerdo que blinda toda su documentación

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha anunciado que su departamento revisará el acuerdo de 2010 que clasifica la práctica totalidad de la documentación del ministerio sin ningún límite temporal, según informa el periodista de El País Miguel González.

Exteriores revisará el acuerdo que declara secretos todos sus documentos

  • La medida provoca que los investigadores no tengan acceso a documentos de interés histórico

El Gobierno tiene intención de revisar el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, bajo el mandato de Zapatero, que clasifica como secretos o reservados todos los documentos del departamento de Asuntos Exteriores, incluso los más inocuos, y sin límite temporal, según ha declarado el ministro José Manuel García Margallo.

Este acuerdo, que EL PAÍS difundió el pasado lunes, ha provocado que desde hace unos meses el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores niegue a historiadores e investigadores documentos de interés histórico a los que hasta ahora tenían acceso. Se da la circunstancia de que este acuerdo, del que nunca se informó, también estaba clasificado como secreto, por lo que Exteriores ha tenido que desclasificarlo para poder comunicar su contenido al profesor de la Universidad Complutense Carlos Sanz Díaz, quien recibió una transcripción del mismo en mayo, según Margallo. El Gobierno también se ha visto en la tesitura de tener que desclasificar documentos relativos al contubernio de Munich, el encuentro que representantes de la oposición antifranquista del interior y del exilio mantuvieron en la ciudad alemana en 1962 invitados por el Movimiento Europeo, del que Exteriores está celebrando el 50 aniversario con exposiciones y mesas redondas.

Según Margallo, el nuevo acuerdo, que se está negociando con otros departamentos, será acorde con el espíritu de la Ley de Transparencia y determinará con mayor precisión las materias que afectan a la seguridad y defensa nacional, según lo previsto en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada una década después. La intención es evitar la generalización del secreto y fijar un plazo temporal, transcurrido el cual los documentos serían desclasificados, salvo excepciones, como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/05/actualidad/1338903319_488877.html

Se trata de una buena noticia que hace esperar que desaparezcan pronto las obstáculos que historiadores e investigadores estamos encontrando para consultar la documentación del Ministerio desde hace casi un año.

No obstante, quedan por despejar algunas incógnitas. Hasta que llegue el nuevo acuerdo que se está negociando, ¿cuál va a ser el criterio de la Secretaria General Técnica sobre el acceso a la documentación del archivo del MAEC? ¿Se van a desbloquear inmediatamente todas las solicitudes de acceso que están paralizadas? ¿Se van a rectificar las negativas cursadas a los investigadores en los últimos meses? ¿Se avisará a los solicitantes, algunos de ellos regresados a sus países de origen sin haber podido ver un solo papel, de cuándo podrán consultar la documentación histórica?

Reales cédulas sobre la provisión de obispados y abadías. 1668-1680, Santa Sede, 122. (c) Archivo MAEC

Por otra parte, persisten no ya las dudas, sino la preocupación por la situación del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, uno de los archivos diplomáticos más ricos del mundo, con fondos que se remontan al siglo XVI, y que década tras década ha sufrido la tradicional dejadez de los máximos responsables del Ministerio. El archivo necesita urgentemente mejores instalaciones y que se le garanticen los medios humanos y materiales imprescindibles para que sus excelentes profesionales puedan desarrollar adecuadamente su labor y para que todos los ciudadanos, y no solo los investigadores, puedan conocer su valioso patrimonio documental. Esto es algo más laborioso que enmendar un acuerdo o dictar una nueva norma, pero la importancia de sus fondos, el interés de la historia de la política exterior española -todavía en gran parte desconocida-, y el deber de garantizar el acceso de todos al patrimonio histórico y a la documentación pública, bien merecen un esfuerzo.

"Corona borbonica reynante en España, Franzia y Nápoles...", 1734, Ms. 1 (c) Archivo MAEC

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Primera plana para el secretismo de Asuntos Exteriores

El diario El País destaca hoy en su primera página el secretismo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, que está impidiendo el acceso a la documentación histórica y a informaciones sobre todo tipo de cuestiones actuales, como hemos denunciado anteriormente en este blog.

Link a la portada de El País de 4 de junio de 2012 - http://srv00.epimg.net/pdf/elpais/1aPagina/2012/06/ep-20120604.pdf

Reportaje de Miguel González “Exteriores blindó todos sus documentos” - http://politica.elpais.com/politica/2012/06/03/actualidad/1338750887_077908.html

“Para saber historia de España, váyase a Alemania” - http://politica.elpais.com/politica/2012/06/03/actualidad/1338753280_626632.html

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Ningún avance y algunos retrocesos en el derecho de acceso a la documentación sobre política exterior

En las dos últimas semanas se han difundido algunas noticias muy preocupantes sobre el acceso a la documentación pública relativa a política exterior, de seguridad y defensa en España. Por una parte, el Ministerio de  Defensa ha decidido paralizar la desclasificación de 10.000 documentos secretos de entre 1936 y 1968 anunciada por la ministra  Carme Chacón en 2011. Por otra parte, el anteproyecto de Ley de Transparencia aprobado por el Gobierno excluye del derecho ciudadano de acceso a la información pública todo lo que “perjudique a la seguridad nacional, la defensa [y] las relaciones exteriores”, estableciendo de hecho la opacidad como norma en lo relativo a la acción exterior del Estado. Mientras tanto, continúan las restricciones en el acceso a la documentación histórica que custodia el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los perjudicados no son solo los historiadores e investigadores, sino todos los ciudadanos a los que se impide el acceso a información que es pública y debe ser tratada como tal.

1.- Defensa. La que iba a ser la mayor desclasificación de documentos de la historia de España ha quedado bloqueada. En 2011 la ministra Carme Chacón anunció la próxima desclasificación de 10.000 documentos generados por los tres ejércitos (Tierra, Aire y Armada) entre 1936 y 1968, cuya difusión ya no planteaba riesgo alguno para la seguridad y los intereses nacionales. En el catálogo de documentos que elaboró la Secretaría de Estado se incluían, según informaba la Cadena Ser,

expedientes sobre desertores y desterrados, documentos sobre la actividad de la censura y recoge material relacionado con los antiguos “batallones de trabajo” y campos de concentración.

El listado comprende también documentos relativos a la actividad del espionaje español en ese periodo, los planes de respuesta ante invasiones extranjeras e información sobre la política española durante el protectorado de Marruecos o sobre la cesión de material bélico por parte de EEUU.

Sin embargo, el ministro Pedro Morenés anunció a finales de mayo que la desclasificación de esta documentación quedaba aparcada por considerar

“que la difusión de determinada información (contenida en el listado) podría perjudicar las relaciones diplomáticas de nuestro país y dañar a terceros”.

Es una afirmación para releer detenidamente. Los documentos que se iban a desclasificar tienen 44 años de antigüedad los más recientes y 76 los más viejos, nada menos. Fueron producidos por la burocracia militar del franquismo entre los días de la guerra civil y los años sesenta. Por lo que se desprende de la sucinta descripción de su contenido que conocemos, versan sobre cuestiones nada sensacionales y bastante corrientes, esperables de una dictadura como la española en el contexto internacional en el que se desenvolvió, además de contener datos sobre la represión. Es inevitable preguntarse, ¿en serio puede afirmarse que las relaciones diplomáticas de la España de 2012 “podrían” verse perjudicadas por la difusión de estos documentos? ¿Las relaciones con qué “terceros” exactamente? ¿O los perjudicados serían determinados españoles servidores del Estado, en caso de que salieran a la luz sus actividades durante la dictadura? ¿Cómo se explica que el anterior equipo ministerial considerara desclasificable esta documentación porque ya no planteaba riesgo alguno para la seguridad y la defensa nacional, y el actual equipo sí vea riesgos?

Todos los países democráticos desclasifican regularmente, año tras año, miles de documentos diplomáticos y militares mucho más recientes que los que el Ministerio de Defensa trata de esconder. (Para quienes no estén familiarizados con el tema, apuntaremos que la regla general es la del libre acceso a la documentación pública pasados unos treinta años desde su producción, con plazos mayores para cuestiones sensibles, y posibilidad de acortar los plazos a 20, 10, 5 o menos años si el interés del acceso está motivado). Algunos de esos documentos que otros gobiernos sí desclasifican con toda normalidad, por cierto, revelan datos sobre las relaciones de esos países con España, bien conocidos desde hace ya décadas. Resulta entre ridículo y descorazonador tener que recurrir a la documentación de otros países para reconstruir la historia del propio, cuando los documentos se han conservado y deberían ser de acceso público. Los historiadores españoles han tenido que recurrir a este método con bastante frecuencia, por desgracia.

2.- Ley de Transparencia. Por lo que respecta al acceso a la documentación pública sobre la acción exterior del Estado, el anteproyecto de Ley de Transparencia difundido por el gobierno presenta todos los mecanismos para funcionar como una Ley de Opacidad. No vamos a repetir aquí todas las críticas que ha recibido el texto, muchas de ellas expresadas por la propia comisión de expertos nombrada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (dependiente del Ministerio de la Presidencia) que el propio gobierno ha obviado. Simplemente la redacción de dos artículos ya debería ser motivo de preocupación: el art. 8 afirma el derecho general de acceso a la información pública, pero inmediatamente el art. 9 excluye de este derecho “la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores”.

Artículo 8. Derecho de acceso a la información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en esta Ley.

Artículo 9. Información Pública

Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre y cuando no perjudique  a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Un problema no menor es que el concepto de “relaciones exteriores” del Estado se ha ampliado enormemente en las últimas décadas. En la actualidad no hay prácticamente una sola dependencia de la Administración cuya actividad no conlleve una vertiente exterior -y que pueda quedar excluida, por tanto, del derecho de acceso a la información-. Paralelamente se han difuminado los límites entre seguridad interior y exterior, y se ha dilatado el concepto de “seguridad nacional” hasta abarcar cuestiones como tan amplias como la “inseguridad económica y financiera”, por ejemplo –que también quedaría al margen de la obligada transparencia, junto con otras muchas materias-. (Véase la Estrategia Española de Seguridad aprobada por el Gobierno en 2011).

En cualquier caso, lo que es objetable ante todo es que la gestión pública de las relaciones exteriores del Estado deba quedar menos sometida al escrutinio de la ciudadanía que otros ámbitos de actuación estatal. Cabe el riesgo de que, con la excusa de no perjudicar la política exterior o los intereses de otros países, la acción exterior del Estado se consagre como un ámbito autónomo y regido por reglas propias, lejos del control democrático, como advirtieron los teóricos del “poder exterior” (Ernst Wolgast, «Le Diplomatc el ses fonctions. Déduits de la nature de I’organisation internationale publique du pouvoir externe de l’Etat», 1937)

Se dirá que lo que limita la norma es el acceso a información “que perjudique” estos ámbitos de la acción estatal, pero según el artículo de María Fabra que publica El País, “el criterio para autorizar o no el acceso es bastante arbitrario”. La Administración podrá negar el acceso a la información por silencio negativo cuando “exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación”. Se supone que quien decidirá si hay interés superior o no, si existe riesgo o no, y cómo se entiende el posible perjuicio a las “relaciones exteriores”, es una Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Esta AETEPPCS de tan dilatada denominación no será un organismo independiente, sino que dependerá del gobierno, juez y parte por tanto en el proceso.

¿En qué medida afecta esto a la investigación histórica? La Ley de Transparencia se refiere a todos los ámbitos de la actividad pública, lo que cubre muchos aspectos de la actividad cotidiana de los historiadores como solicitantes de información y documentación. Esto es especialmente cierto en el caso de quienes investigan los procesos históricos más cercanos en el tiempo o que incluso están desarrollo, los fenómenos históricos aún no cerrados y aquellos de los que quedan testigos vivos – la Historia del Presente, en suma. Por otra parte, algunos sostienen la tesis de que en política exterior los expedientes no se cierran nunca y no pueden contemplarse bajo la óptica del patrimonio histórico, en cuyo caso se aplicaría lo previsto en la Ley de Transparencia… es decir, el principio de no acceso (véase por ejemplo el caso de Gibraltar, de cuya cesión se  cumplirán 300 años en 2013 y que aún colea). La exclusión de la Casa Real del ámbito previsto en esta Ley es otra limitación importante, dadas las funciones que según la Constitución de 1978 ejerce el Rey en materia de política exterior (art. 63) y su asunción de “la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales” (art. 56).

Esperemos que en los siguientes trámites que seguirá este anteproyecto de ley, incluyendo el trámite parlamentario, se corrijan estos y otros aspectos para que el deber de transparencia en la acción de las Administraciones públicas se extienda también a la acción exterior.

3. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Las restricciones a la consulta de la documentación histórica en el Archivo General de este ministerio que comentábamos en un post anterior no parecen haberse reducido en los últimos tiempos. Un cambio significativo que hay que consignar es que desde hace unos días, en el portal web del Ministerio se ha insertado el siguiente aviso:

AVISO IMPORTANTE PARA INVESTIGADORES:

En adelante las instancias solicitando autorización para acceder al Archivo deberán presentarse y ser resueltas antes de acudir a la Sala de Consulta. Los investigadores que ya han sido autorizados en los últimos tres años, deberán solicitar de nuevo autorización y no podrán volver a trabajar hasta que esta haya sido resuelta positivamente.

Madrid, 17 de mayo de 2012.

Con ello debería evitarse el problema generado a muchos investigadores que no podían consultar la documentación tras trasladarse a Madrid desde otras ciudades o desde el extranjero: se supone que solo irán al archivo si consiguen previamente una autorización. En contrapartida, todas las autorizaciones de consulta concedidas desde mayo de 2009, que según el reglamento del archivo deberían estar vigentes hasta hoy (plazo de tres años), pasan a estar en suspenso, y pueden verse confirmadas o bien denegadas tras la nueva solicitud. Documentos antes accesibles pueden ser ahora vetados, por consiguiente.

Dado que entre tanto continúa en vigor el acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 que clasifica como secreto y reservado un abanico enorme de materias relativas a la política exterior, y que no hay noticias de que se hayan liberalizado los criterios de interpretación de esta y otras normas por parte de la Secretaría General Técnica de Exteriores, el panorama relativo al acceso ciudadano a la información pública sobre la política exterior del Estado continúa siendo muy preocupante.

 

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El archivo más secreto del mundo y las trabas a la investigación histórica

Desde hace algunos meses, los investigadores estamos encontrando enormes problemas para realizar nuestra labor en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Alegando la existencia de un acuerdo del Consejo de Ministros, la Secretaria General Técnica, de quien depende el archivo, está denegando a los usuarios la consulta de documentación diplomática del franquismo, la transición y la democracia, e incluso de periodos anteriores.

Esta decisión tiene efectos catastróficos para la investigación histórica y está perjudicando especialmente a investigadores pre- y postdoctorales que no podrán cumplir con los proyectos y plazos de trabajo para los que obtuvieron sus becas, a investigadores extranjeros que tras desplazarse a Madrid, a veces desde el otro extremo del mundo, no pueden acceder a la documentación, y a todos quienes de una u otra forma investigamos sobre la historia de la política exterior y las relaciones internacionales de España y que no podemos realizar nuestro trabajo, como ya se ha comenzado a denunciar en los medios de comunicación (J.C. Pereira, “Más trabas a la investigación”, El País, 8 de mayo de 2012, Cartas al Director).

El Acuerdo que el Consejo de Ministros aprobó el 15 de octubre de 2010 (siendo Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos) no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ni tampoco se ha hecho público en la página web de La Moncloa. Dado su interés y su carácter público, se reproduce a continuación. Como se verá, extiende la clasificación de “secreto” y “reservado” a prácticamente todos los aspectos de las relaciones internacionales y la política exterior de España, sin limitación temporal alguna, de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, todavía vigente, (Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por lal Ley 48/1978, de 7 de octubre).

La aplicación de este acuerdo por la Secretaría General Técnica del MAEC ha conseguido que nuestro país posea un nuevo récord mundial que seguramente contribuirá a difundir extraordinariamente el prestigio de la “marca España” en el exterior: ahora podemos presumir de poseer el archivo diplomático más secreto del mundo.

 

TEXTO DEL ACUERDO:

“Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales.

El artículo 105 b) de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a los archivos y registros informáticos. No obstante, este principio encuentra ciertos límites, como reconoce el propio Artículo 105 b) de la Constitución, “en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado”.

En esa misma línea, el Artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, después de reconocer los distintos supuestos de acceso a los registros y archivos administrativos, excluye ese derecho, no obstante, cuando “contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado”.

La Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, establece el sometimiento de la actividad de los órganos del Estado al principio de publicidad, al tiempo que reconoce, en el artículo 2, la posibilidad de declarar como materias clasificadas a aquellos asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado.

El artículo tercero del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, sobre Secretos Oficiales, contempla la clasificación de asuntos como secretos o reservados para aquellos cuya revelación no autorizada por la autoridad competente para ello, pudiera dar lugar a riesgos o perjuicios de la seguridad del Estado, o pudiera comprometer los intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional.

Teniendo en cuenta dichos preceptos, y con objeto de evitar que asuntos que afectan a la política exterior de España se vean desprotegidos, se hace necesario determinar con mayor precisión las materias que, en el ámbito de la seguridad exterior del Estado y sus relaciones diplomáticas, requieren protección y amparo para la mejor defensa de los intereses de España y de sus aliados y amigos.

Junto a esta necesidad de precisar las materias que pueden ser clasificadas como de carácter secreto o reservado, según la clasificación establecida en el artículo 3 de la citada Ley 9/1968, es preciso igualmente tener en cuenta los compromisos adquiridos por España, tanto a nivel bilateral como multilateral, mediante la suscripción de tratados sobre protección mutua de información clasificada, que requieren de una clara definición de esta materia por nuestro ordenamiento jurídico.

En todo caso, la competencia para declarar materias clasificadas, según el grado de protección que requieran, corresponde, además de a la Junta de Jefes de Estado Mayor, al Consejo de Ministros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 9/1968, modificado por la Ley 48/1978.

Por todo ello, en su reunión del 15 de octubre de 2010, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, acuerda lo siguiente:

Primero.- Se otorga con carácter genérico la clasificación de secreto a las materias que se relacionan a continuación, así como a los actos, documentos, informaciones, datos y objetos sobre las mismas, cuya revelación no autorizada puede dañar o poner gravemente en riesgo la seguridad y defensa de España o de sus aliados o amigos así como los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales y las relaciones diplomáticas con terceros países.

1.- Posiciones básicas de España y estrategias en negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales que conciernan a los intereses esenciales del Estado tanto en el ámbito bilateral como en la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el sistema de Naciones Unidas, la Conferencia Iberoamericana u otras Organizaciones y Conferencias Internacionales.

2.- Información sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos de naturaleza política, social, económica o comercial que puedan comprometer los intereses españoles o su capacidad de interlocución con terceros países.

3.- Información relativa a la actualización de grupos terroristas y movimientos a ellos asociados, delincuencia organizada y tráfico de drogas, personas y armas con implicaciones o ramificaciones en España o en los países con los que España haya suscrito acuerdos sobre dichas materias o mantenga relaciones de amistad.

4.- Información relativa al despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas y aliadas tanto en España como en misiones internacionales.

5.- Negociaciones y buenos oficios sobre secuestros y liberación de ciudadanos españoles o extranjeros así como la información relativa a las extradiciones o traslado de personas condenables.

6.- Contactos de mediación o buenos oficios llevados a cabo por España con terceros países y con grupos y líderes de oposición para facilitar procesos de paz y la promoción o defensa de los derechos humanos.

7.- Protección de Derechos Humanos, con especial incidencia en casos humanitarios especialmente sensibles y las gestiones con terceros países en este ámbito.

8.- Cuestiones de asilo y refugio.

9.- Tramitación de beneplácitos de Jefes de Misión españoles y extranjeros.

10.- Información relativa a las cuestiones que afecten a la soberanía, independencia y a la integridad de España o de países amigos y a las posiciones de España sobre contenciosos de índole territorial inter-estatales o intra-estatales.

11.- Informaciones relativas a la aplicación de Acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asuntos de seguridad y defensa suscritos por España, incluidas aquellas relacionadas con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves.

12.- Asuntos relacionados con los crímenes más graves de trascendencia internacional sobre los que pueda tener jurisdicción la Corte Penal internacional u otros Tribunales Internacionales y aquellos sometidos ante Tribunales españoles.

13.- La información relativa a los preparativos de los viajes de SS.MM. los Reyes y del Presidente del Gobierno y, cuando las circunstancias lo aconsejen, de los Ministros y otras autoridades del Estado.

14.-Las claves y material criptográfico.

Segundo.- A las materias antes reseñadas, así como a los actos, documentos, informaciones, datos y objetos sobre las mismas, se les otorgará el carácter genérico de reservadas cuando su revelación no autorizada pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa de España o sus aliados y amigos, los intereses, políticos, sociales, económicos y comerciales y las relaciones diplomáticas con terceros países. Se les otorgará igualmente la clasificación de reservado a las siguientes materias:

1.- Entrevistas con mandatarios o diplomáticos extranjeros con implicaciones para los intereses del Estado o las relaciones internacionales.

2.- Gestiones de apoyo en las licitaciones de empresas españolas en el exterior y en contenciosos de especial gravedad que les afecten.

3.- Candidaturas españolas a puestos en organismos internacionales.

Tercero.- Tendrá la misma clasificación genérica de secreto o reservado, según corresponda, todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a que se refieren los apartados anteriores así como la documentación que los remita, comente o evoque.

Cuarto.- Dichos asuntos y materias podrán tener partes destacadas, informaciones o datos a los que corresponda una clasificación de seguridad inferior a la que se ha otorgado con carácter genérico. Este extremo se hará constar así en el documento que atribuya la calificación, de acuerdo con el requisito c) del artículo once del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley de Secretos Oficiales.

Quinto.- Las informaciones, asuntos y materias clasificados por Organizaciones Internacionales o por terceros Estados, así como la documentación que los remita, comente o evoque, recibirán una clasificación que asegure un grado de protección equivalente al que recibe la información en su lugar de origen.

Sexto.- El intercambio de información clasificada con organizaciones internacionales o países extranjeros tendrá el tratamiento, protección y limitaciones establecidas en los convenios bilaterales o multilaterales en los que España sea parte y a cuyo amparo haya sido intercambiada dicha información, sin que en ningún caso ésta reciba una protección inferior a la establecida por este Acuerdo y la Ley 9/1968, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, reguladora de los Secretos Oficiales.

Séptimo.- Esta relación de materias clasificadas será objeto de actualización periódica.”

 

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