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El sector renovable se siente estafado por Industria

 

Nota de prensa de emitida por las asociaciones de EERR (ANPIER-PROTERMOSOLAR-UNEF y APPA) tras la rueda de prensa que se ha organizado a raíz de la publicación del RD-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero:

  • El Real Decreto-ley 2/2013 empeora de nuevo, retroactivamente, las condiciones iniciales de inversión de las instalaciones.
  • El ministro Soria desinforma intencionadamente sobre el sector de las energías renovables tratando de culparlo del déficit tarifario.
  • Se recortan 500 millones de euros a las renovables mientras que, discriminatoriamente, se aumenta la retribución de otras actividades reguladas en 1.000 millones.
  • El sector recurrirá ante todos los organismos, nacionales y europeos, los últimos cambios legislativos.

Madrid, 7 de febrero de 2013.- Las principales asociaciones nacionales de las energías renovables (ANPIER, APPA, PROTERMOSOLAR y UNEF) se oponen frontalmente al Real Decreto-ley 2/2013 y harán oír su voz ante todos los organismos nacionales e internacionales para denunciar la falta de seguridad jurídica de las inversiones renovables en España. Este RD-L es una muestra de la grave discriminación con la que actúa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) en contra de las energías renovables, que ven reducida su retribución en casi 500 millones de euros mientras el resto del sistema eléctrico experimenta un incremento de ingresos superior a los 1.000 millones. El RD-L supone un nuevo ataque a las energías renovables, puesto que destruye todos los parámetros que permitían prever la retribución de las instalaciones. La actualización de las tarifas mediante un indicador arbitrario, en el que no se reflejan los propios costes de la energía, y la abolición de la modalidad de mercado más prima, constituyen los últimos pasos en una política energética de ataque al sector renovable.

El RD-L 2/2013 constituye una buena muestra de la política energética del Gobierno. La norma, como viene siendo habitual, no ha sido consensuada ni comunicada al sector. El ministro Soria introduce modificaciones retroactivas a la regulación del sector renovable sin ningún tipo de respeto por las condiciones fijadas en el Boletín Oficial del Estado.

Modificación arbitraria de la retribución

El sector de las energías renovables está sufriendo una campaña de acoso y derribo mediante modificaciones legislativas: limitación horaria a las plantas existentes (RD 1614/2010 y RD-L 14/2010), moratoria (RD-L 1/2012) o establecimiento de nuevos impuestos (Ley 15/2012), constituyen una buena muestra. Todas estas medidas a las que se suma ahora el RD-L 2/2013 han ido modificando las condiciones iniciales de inversión en estas tecnologías.
El Real Decreto-ley 2/2013 saca, en la práctica, a las energías renovables del mercado y las obliga a recibir la tarifa regulada. Una tarifa regulada que ya no se actualizará según el IPC, sino según un indicador elaborado casi ex profeso y, vistos los antecedentes, nadie garantiza que la retribución no vaya a ser modificada a discreción del regulador en el futuro para despejar la siguiente urgencia que aparezca en la mesa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR). Hoy los inversores en energías renovables carecen de parámetros que les permitan predecir cuál será su retribución.

Los impuestos recientemente establecidos por la Ley 15/2012, del 7% sobre la generación de electricidad, están siendo repercutidos al mercado por parte de las empresas en el régimen ordinario, una oportunidad que, con el nuevo RD-L, se les niega a las energías renovables. El sector renovable nacional se siente engañado y estafado por el Gobierno de España y emprenderá todas las medidas legales, a nivel nacional y europeo, para defenderse.

Difamación de un sector productivo y rentable para el país

El ministro Soria, en sus declaraciones públicas, difama a un sector que debe ser un pilar básico para la recuperación económica de nuestro país. La confusión interesada entre régimen especial y renovables, la extrapolación de costes a diez años sin mencionar ni uno solo de los beneficios, como la creación de empleo, o el reiterado interés en culpabilizar a las renovables del déficit tarifario, constituyen formas claras de manipular a la opinión pública en contra del sector. Una opinión pública que, en España, apoya en un 81% a las energías renovables como la mejor opción energética para los próximos treinta años, según el último Eurobarómetro.

El ministro Soria olvida mencionar que, en el año 2008 las primas eran una parte insignificante de los costes del sistema y el déficit tarifario ya superaba los 13.900 millones. En el período 2005-2011 las energías renovables abarataron el mercado eléctrico en 7.607 millones de euros más que las primas recibidas. Las renovables abaratan la electricidad y disminuyen un déficit tarifario del que no son responsables.

Igualmente, tampoco es cierto que se haya desviado la previsión del coste de las energías renovables en 2012, puesto que la desviación cuantificada por la Comisión Nacional de Energía ha sido inferior al 1%.

Acabar con las renovables sin revisar el sistema

En los costes del sistema eléctrico previstos para 2013 aumentan los ingresos del transporte (+13,5%), la distribución (+11,1%) y los servicios de interrumpibilidad (+54,4%) mientras que, en clara discriminación, se recorta de nuevo la retribución a las energías renovables.

Se sigue dinamitando sistemáticamente al sector renovable nacional sin acometer una reforma profunda y necesaria de nuestro sistema eléctrico. Si tuviéramos que juzgar por la regulación, las energías renovables son el único problema de un país que necesita importar más del 80% de su energía y donde las importaciones de combustibles fósiles representan el 86% de su negativa balanza comercial.

A nivel internacional, las energías renovables han visto como aumentaban sus inversiones un 32% en 2010 y un 17% en 2011. Durante este año, el 70% de la nueva potencia instalada en la Unión Europea fue renovable. Sin embargo, el MINETUR prefiere acabar con un sector en el que éramos líderes a nivel mundial, en vez de aprovechar la oportunidad que el mercado internacional brinda a nuestras empresas.

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Energía solar fotovoltaica. Presente y futuro…

Corren tiempos difíciles para las renovables y en particular para el sector fotovoltaico, que ha visto como en apenas 4 años, los diferentes cambios del marco legislativo han sido una tónica constante, que han terminado por cercenar el desarrollo de una fuente de energía, autóctona, social, sostenible y con una serie de ventajas estratégicas, que hacen disminuir la dependencia energética del exterior, al evitar en parte las importaciones de fuentes de origen fósil y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Dentro de la Directiva Europea de Energías Renovables (2009/28/CE), se establecen los objetivos vinculantes para la próxima década en materia de renovables, por los que se deberán reducir las emisiones de GEI en un 20% (en relación a los niveles de 1990), se deberá incrementar la eficiencia energética en un 20% y se deberá producir un 20% del total de la energía primaria a partir de fuentes renovables. Este será el marco legal que reafirmará el grado de importancia que las renovables tendrán en el conjunto del mix energético y que ratifica la apuesta europea por el uso sostenible de los recursos naturales.

Se puede decir que la energía solar fotovoltaica es la forma antropogénica de producir energía a partir del sol, en comparación con el proceso natural de la fotosíntesis. En ambos casos, una corriente de electrones inducidos por los fotones solares, producirán diferentes tipos de energía. Este interesante hallazgo, basado en la inducción eléctrica de determinados materiales semiconductores, ha permitido el desarrollo de una gran industria internacional, en la que España se encontraba entre los más importantes. Y digo se encontraba, porque la situación a día de hoy es una quimera de aquel estratosférico crecimiento  que vivimos en 2007.

Iniciamos nuestro viaje con la salida del RD 2818/1998, que fue el origen del mercado fotovoltaico retribuido, aunque ya existían experiencias previas en viviendas aisladas. Posteriormente se aprobó el RD 436/2004, por el que se estableció la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica.

Pero el verdadero boom vino con la salida del RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y por el que la retribución de  energía solar fotovoltaica alcanza valores de hasta 426 euros por MW/h. Tanto fue el éxito, que mientras el Plan Energías Renovables vigente (PER 2005-2010) establece un objetivo de potencia instalada de 400 MW, a día de hoy se contabilizan unos 3.500 MW, es decir, casi un 900% más de lo fijado inicialmente. La cuantía total de las primas recibidas por las energías renovables asciende a 4.509 millones de euros, un valor que supera en más de 500 millones la partida presupuestaria que se había fijado hasta agosto de 2010 (3.977 millones), donde la fotovoltaica  ha sido uno de los sectores más beneficiados.

Y es aquí donde se inicia el conflicto.

Determinados lobbies eléctricos han utilizado de forma partidista y desleal el hecho de que las energías renovables y más concretamente la fotovoltaica, dependa del sistema de primas establecido por el RD 661/2007 para su supervivencia, atribuyéndoles, entre otras cosas, la subida del precio de la luz y del famoso Déficit de Tarifa (que asciende a 15.000 millones de euros y que sigue creciendo un 20% más de lo previsto).

Pero, ¿cómo es posible que este sector sea el responsable de un problema, que es anterior a la entrada del RD 661/2007?

El déficit de tarifa es aquella deuda ficticia contraída con las compañías eléctricas,  generada por defectos del mercado eléctrico, que debe ser avalada por nosotros (el estado) y cargar además con los intereses de demora.

Dicha deuda se inició hace 10 años, cuando el gobierno de turno congeló las tarifas de venta de electricidad frente a los cambios producidos por la inflación y otros componentes económicos, mientras que los costes de generación y de acceso iban en aumento. Entonces vino la mejor de las ideas. Se crearon los Costes de Transición a la Competencia (CTC), que servirían para resarcir a las compañías eléctricas ante una “posible bajada del Mercado Mayorista” (que ellas mismas previeron) debido a la congelación de las tarifas. Esta iniciativa ascendió a la suma de 12.000 millones de euros, muy por encima de los 8.600 millones de euros estipulados, mientras que además, los precios del mercado lejos de disminuir tal y como habían previsto, se vieron incrementados. (THE BIG BUISSNESS)

Poco a poco, la deuda ha ido generando una gran bola de nieve que ha terminado por estamparse a las puertas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ha visto en las renovables, y en la fotovoltaica principalmente, su gran chivo expiatorio.

¿Y son en realidad las primas que reciben las energías renovables parte del problema del déficit de tarifa?

Es cierto que el sistema retributivo de primas es substancial, pero es un valor de menor envergadura si los comparamos con los beneficios  inherentes de las renovables, que actualmente no son externalizados. Por ejemplo, en 2008 las energías renovables recibieron 2.605 millones de euros en primas, mientras que el ahorro de combustibles fósiles fue por valor de 2.725 millones de euros. También se evitaron emisiones por valor de 499 millones de euros y el precio en el mercado mayorista eléctrico, gracias a la presencia de las renovables, se redujo en 4.919 millones de euros (desde la entrada de las renovables al sistema eléctrico el precio de generación ha ido disminuyendo. Ya en 2009 el precio bajó de 66 a 38 €/MW, sin que esto se haya visto reflejado en la factura de la luz).

A pesar de todos estos datos, el gobierno decide que la retribución de las energías renovables que producen electricidad es demasiado elevada, por lo que plantea cambios en dicho sistema tarifario. Este hecho, a todas luces ilegal, es lo que se viene gestando desde hace unos meses.

Hay que recordar que la forma más habitual de financiación de proyectos relacionados con las energías renovables es el PROJECT FINANCE, en el que la misma instalación sirve como garantía del préstamo. Pues bien, si cambiamos las reglas del juego en mitad del partido, las estrategias iniciales no sirven de nada, por lo que tienes que reconfigurar toda la alineación.

La modificación de las tarifas de carácter RETROACTIVO, viene a generar una  incertidumbre en el sector financiero y crea una gran inseguridad jurídica que está provocando el desmoronamiento de la fotovoltaica. Y es que este tipo de energía, lejos de ser una energía de grandes capitales (un 96%  de las instalaciones de hasta 100 KW pertenecen a pequeños inversores, familias, PYME), es la renovable que más ha sido atacada con hasta un 94% del total de la reducción. A partir de aquí se abren los frentes entre el Ministerio y los diferentes actores del sector fotovoltaico, tales como patronales (ASIF, AEF, APPA), inversores, promotores…

A pesar de todos los esfuerzos realizados por el sector, el gobierno saca a la luz el RD 1578/2008 por el que se modifica el RD 661/2007 y por el que se retribuye de forma específica a la solar fotovoltaica. Este nuevo decreto, con una disminución significativa de las primas, o de las horas de sol retribuidas, supone el punto y final del crecimiento del sector, el cual ha pasado de instalar  2.700 MW en 2008 a tan sólo 100 MW en los últimos dos años. Según la patronal ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica), “España está perdiendo el tren fotovoltaico: mientras la regulación y la incertidumbre paralizan el mercado nacional, los países de nuestro entorno directo apuestan con fuerza por sus mercados interiores. España está abandonando una fuente de energía cuyas tarifas han disminuido más del 40% en tres años”.

Cuando la nueva ley de régimen retributivo RD 1578/2008 aún estaba en el horno, muchos fueron los que agilizaron los trámites de gestión de licencias y construcción de las instalaciones, para poder acogerse de esta manera a las primas del RD 661/2007, lo que según el gobierno y la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha incurrido en un hecho de fraude de un total de 1.000 MW, que a fecha de 30 de septiembre no estaban conectadas a red. Industria, como intento para luchar contra el fraude, promueve el RD 1003/2010, para la detección de instalaciones fotovoltaicas fraudulentas, dando de plazo hasta el 7 de octubre de 2010 (fecha de entrada en vigor del nuevo decreto) para que, aquellas instalaciones anómalas que así lo decidiesen, pudieran salir a luz, siendo de esta manera amnistiadas e integradas de forma inmediata al RD 1578/2008, menos retribuido. Las plantas fotovoltaicas que, una vez finalizado el plazo de “amnistía”, no hayan confesado las irregularidades, se exponen al riesgo de perder todo tipo de prima, ser expulsadas al mercado libre,  devolver lo cobrado hasta el momento y esperar un nuevo turno en el registro de preasignación, donde la espera actual es de 3 años.

El sector fotovoltaico se enroca.

Las plantas fotovoltaicas que han decidido salir a la luz y aceptar la amnistía propuesta por el gobierno, suman la cifra de 5MW, de un total de 1.000MW que se encuentran bajo sospecha (casi un tercio del total de la potencia instalada en nuestro país). Es decir, las empresas han preferido impugnar una posible retirada de las primas antes que el indulto.

Y es que, aún no se conoce cuál será el criterio que establezca qué instalaciones son fraudulentas y cuáles no. Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aquellas plantas que no estuvieran inscritas y produciendo electricidad al 100% de sus posibilidades, serán consideradas como fraudulentas. Mientras que el sector y las patronales aducen, que según lo indicado en el RD 661/2007, no es necesario estar produciendo, si no tan sólo estar en condiciones de producir.

Veremos a ver qué ocurre…

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Manifiesto pro‐biomasa.

El sector de la biomasa en pleno: los productores agrícolas y ganaderos, los productores forestales y los productores de energía de la biomasa, se une ante la crítica situación a la que se enfrentan dados los objetivos para 2020 fijados en el PANER: 591 MW de biomasa y 156 MW de biogás, lo que representa el 2,6% del total en el mix renovable en 2020.

Este injusto castigo a la biomasa reflejado en el PANER ha generado el pánico generalizado en el sector, al descender el objetivo de las biomasas un 45,2% respecto al establecido en el PER 2005‐2010.

Resulta vital para los sectores firmantes del manifiesto que el Gobierno de España retome su compromiso por la biomasa, una energía estratégica para España al ser la energía que más empleo y riqueza genera en el medio rural, la que más impuestos paga, la que más residuos valoriza, la que más emisiones de CO2 evita y la que aporta una mayor estabilidad al sistema eléctrico al ser 100% gestionable.

Las biomasas no pueden situarse en el cajón de sastre de las energías renovables, compartiendo grupo con tecnologías noveles y otros. Tampoco tiene sentido adjudicar a España, tercer país europeo en potencial de biomasa, unos objetivos de 591 MW + 156 MW para 2020. Esto implicaría la DESAPARICIÓN DEL SECTOR.

Recorte drástico del objetivo 2020 = GRAVÍSIMA AMENAZA para la supervivencia del sector.

Peso de las biomasas en el mix renovable:

  • PER 2005‐2010 = 47,78%
  • PANER 2011‐2020 =  2,6%

¿Se merece el sector español de la biomasa este recorte? ¿Se puede permitir la sociedad española el lujo de prescindir de una energía que proporciona enormes beneficios energéticos, medioambientales y socioeconómicos para el conjunto de España?:

  • Es la energía renovable que más aporta para reducir las emisiones de CO2. Puede reducir 24 Mt CO2/año, la mitad de las exigencias para toda España en 2020.
  • Es 100% gestionable, imprescindible para complementar a las renovables que no lo son.
  • Competitiva a medio plazo sin distorsionar el coste de la energía en el mercado, siempre que el objetivo de potencia fijado a 2020 permita desarrollar las mejoras tecnológicas y las economías de escala previsibles, tal como ha sucedido en otras tecnologías renovables.
  • Si se posiciona a las biomasas en lugar que les corresponde en la planificación energética (2011‐2020), los beneficios indirectos derivados (CRUCIALES en esta época de CRISIS) serán:
  1. Importante generación de empleo y dinamización económica del medio rural.
  2. Valorización de residuos agroforestales + ganaderos.
  3. Inversión en industria y tecnología nacional.
  4. Pago de impuestos asociados a la actividad y manejo del combustible biomásico.

APOYO + FOMENTO de las biomasas = múltiples BENEFICIOS para ESPAÑA, para TODAS las CC.AA.

El objetivo de potencia a 2020 debe ser muy superior:

  • BIOMASA = 2.146 MW
  • BIOGÁS = 400 MW
  • FORSU = 234 MW

Igualmente para la vertiente térmica de la biomasa, puesto que el incremento planteado en el PANER es un 35% superior al objetivo 2010 (se pasaría de 3.550 ktep a 4.850 ktep en 2020), cifra muy inferior a las expectativas del sector especialmente en función del aumento progresivo de existencias y crecimiento de las masas forestales.

Es la ÚLTIMA OPORTUNIDAD para adecuar el marco retributivo a la realidad, con el fin de lograr su desarrollo y la consecuente generación de beneficios tanto para el sector energético como para el agroforestal y ganadero en el medio rural, generación de empleo, gestionabilidad del mix renovable y medioambientales asociados al mismo, y conseguir que en el mínimo plazo, la retribución pueda ascender a los niveles equivalentes a los de otras energías renovables que ya han logrado su madurez.

Además la producción de energía con biomasa no debe de limitarse a un objetivo para cumplir los compromisos de España en materia de energías renovables; debido al gran número de agentes que agrupa esta energía: productores agrícolas, ganaderos, forestales y energéticos, el desarrollo de la biomasa debe considerarse como una importante medida anticrisis que estimule a todos los sectores involucrados (algunos en profunda crisis), estableciendo para ello un objetivo acorde al potencial y un marco regulatorio actualizado.

Solicitamos que en el documento PANER, que España debe enviar a la Comisión Europea el 30 de junio, se considere a las biomasas en la medida que les corresponde dada su entidad, tanto en objetivos como en políticas serias de apoyo al sector en forma de normativa y de mejora de las condiciones retributivas que permitan el ansiado desarrollo del mismo de una vez por todas.

Fte: APPA

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