Posts etiquetados con ‘retroactividad’

Oligopoly

 

Desde el programa Salvados de Jordi Évole se aborda la actual situación de los oligopolios energéticos en España, tanto del sector eléctrico como el de los combustibles para automoción. Interesantes declaraciones y conclusiones, que algunos ya venimos denunciando desde hace varios años, y que permiten explicar de una forma sencilla y didáctica el por qué de los precios de la energía que consumimos actualmente, y quiénes son los responsables directos de los de los mismos.

http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-noviembre-18-2012111600028.html

 

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LA NUEVA TASA IMPUESTA A LA BIOMASA COMPLICA AÚN MÁS LA SUPERVIVENCIA DEL SECTOR

Comunicado publicado hoy en el que el sector español de las biomasas integrado en PROBIOMASA, en que se muestra su profunda preocupación ante el impuesto del 6% que va a gravar la generación eléctrica de este tipo de instalaciones, que siempre han mantenido unas rentabilidades tremendamente ajustadas, lo que ha impedido el desarrollo del sector, a pesar de tratarse de tecnologías completamente maduras y de existir en España un potencial estratosférico de biomasas: (más…)

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APPA defiende la seguridad jurídica para las inversiones reguladas

Los recortes retroactivos realizados por el anterior Gobierno, fueron duramente criticados por el comisario europeo de Energía, Gunther Oettinger

Las recientes expropiaciones llevadas a cabo por Argentina y Bolivia de compañías españolas son un ejemplo de cómo las medidas que atentan contra la seguridad jurídica ahuyentan las inversiones internacionales.

La seguridad jurídica es necesaria, no solamente para las inversiones realizadas en energías renovables sino también para el resto de costes reconocidos del sistema como el propio déficit tarifario

Madrid, 9 de mayo de 2012.- La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA ha reclamado seguridad para las inversiones realizadas en el sector renovable. “Las energías renovables están amparadas por un paraguas legal, que es el objetivo reconocido en la Ley 54/97, y han sido realizadas según las especificaciones y retribuciones marcadas por el Boletín Oficial del Estado, modificar esas condiciones nos pondría al mismo nivel que aquellos países que criticamos por su arbitrariedad”, ha declarado González Vélez, presidente de APPA.

El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, José María González Vélez, ha criticado duramente las recientes declaraciones de directivos de grandes compañías eléctricas que piden recortes retroactivos a la retribución renovable para atajar el grave problema del déficit tarifario. “Las energías renovables han ahorrado en el mercado eléctrico 9.173 millones de euros más que las primas recibidas en el período 2005-2010. Las renovables, por su evolución de costes comparada con los precios de los combustibles, son parte de la solución al déficit, no parte del problema”, ha declarado González Vélez.

Seguridad jurídica para las inversiones

Existen grandes diferencias entre hacer uso de la flexibilidad, que la regulación permite, para adecuar los costes a la actual situación del sistema eléctrico – como es el caso del ajuste realizado en la retribución a la distribución – y modificar un marco regulatorio a largo plazo, gracias al cual se han tomado decisiones de inversión en energías renovables.

“Si empezamos a pedir ajustes retroactivos para resolver el déficit tarifario, entonces entenderemos como normal las expropiaciones en Argentina o Bolivia y podríamos resolver el déficit tarifario simplemente negando su pago. La seguridad jurídica es necesaria para todas las inversiones y nos permiten tener una reputación internacional que hoy no podemos perder”, ha explicado José María González.

Durante los últimos cinco años, en España se han instalado 14.000 megavatios de centrales de gas cuando el consumo sólo ha aumentado un 5%. Esto ha llevado a nuestro país a tener un sistema eléctrico sobredimensionado. “Algunos empresarios de grandes eléctricas españolas no dudan en cuestionar los objetivos vinculantes comprometidos con Bruselas por nuestro Gobierno o en poner en peligro nuestra credibilidad como país antes de reconocer los graves errores estratégicos – tanto en infraestructuras como en contratos de abastecimiento – cometidos en el desarrollo del mercado de gas en España, que han generado una auténtica burbuja del gas. Precisamente, las políticas europeas e internacionales de desarrollo de las renovables defienden decididamente el interés general y de futuro, sustituyendo el gas y otras energías fósiles, que debemos importar y son contaminantes –contaminación que también debemos pagar–, por fuentes autóctonas y limpias como las renovables”, ha señalado el presidente de APPA.

Ayer mismo, las multinacionales que operan en España han reclamado al Gobierno previsibilidad y ausencia de legislación retroactiva, señalándolos como las principales barreras de inversión de nuestro país, un análisis con el que se identifica plenamente la Asociación. “Es muy difícil que España consiga atraer inversiones extranjeras y se recupere de la actual crisis si no existe una confianza plena en nuestro marco regulatorio”, ha concluido González Vélez.

NOTA DE PRENSA

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Moratoria Renovable en el sector de la bioenergía

El pasado 27 de enero de 2012, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hizo público el Real Decreto-ley 1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Con el nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 aun en caliente, la mencionada Ley 1/2012 viene a resultar una MORATORIA contra todas aquellas tecnologías incluidas en el régimen especial de producción de energía eléctrica, que observan como una vez más, los intereses de las grandes eléctricas ponderan sobre los datos objetivos y el sentido común de un sector que no deja de aportar cifras positivas al ya debilitado sistema económico nacional.

Multitud de patronales, plataformas y empresas del sector privado se han pronunciado sobre las repercusiones negativas que supondrá la aplicación de la legislación en el desarrollo de las energías renovables, a corto y medio plazo.

Todo sea dicho, que la moratoria para el cobro de las primas es de carácter temporal, y no afecta a aquellas instalaciones inscritas en el registro de preasignación antes de la entrada en vigor del Real Decreto, ni a aquellos proyectos que se encuentren en situación de silencio administrativo, es decir, que aun habiendo solicitado la autorización en plazo, no han recibido contestación por demora atribuible al ministerio. Al resto de proyectos en promoción, les serán devueltos los avales que depositaron en las Cajas de Depósitos correspondientes de cada comunidad.

Habrá que esperar para saber de cuanto es la temporalidad a la que se hace alusión en la normativa, y si esta podría afectar de forma retroactiva o no a los proyectos que no han llegado a ser incluidos en el registro de preasignación.

 

Déficit de tarifa.

La finalidad del Real Decreto-ley contempla reducir, según el ministro José Manuel Soria, el injusto y cada vez más impopular “Déficit de Tarifa” (no confundir con Déficit público, al que se hace alusión desde el gobierno central y que puede llegar a equívocos, tal y como le ocurrió al mencionado ministro). Esta deuda contraída por los usuarios con las empresas eléctricas, se genera por la diferencia entre el coste de venta la energía eléctrica que consumimos y su coste de producción, y que actualmente se cifra en más de 24.000 M€.

Aunque argumentar que el déficit de tarifa se debe en gran parte a las primas adjudicadas al régimen especial, tal y como se ha querido hacer ver desde el lobby eléctrico, y que además, su reducción pasa por una moratoria renovable, es mucho decir.

Para poder avalar la viabilidad de las renovables, podríamos citar una inmensidad de beneficios inherentes a su uso, que actualmente no son internalizados y que permitirían una reducción considerable de sus costes de producción, evitando así la necesidad de percibir primas. Por citar algunos de los más relevantes:

  • Disminuyen la dependencia energética exterior, actualmente cifrada en más del 85% y  basada en la importación de combustibles de origen fósil, cuyo mercado posee una serie de problemas ligados a la volatilidad de sus precios y a la inestabilidad política de los países de procedencia.
  • Reducen las emisiones de CO2 a la atmosfera.
  • Las renovables son una fuente de energía autóctona, inagotable, sostenible y de beneficios nacionales, tanto a nivel socio-económico como ambiental.
  • Generan por megavatio entre 8 y 60 veces más puestos de trabajo que las fuentes de energía fósiles, teniendo además en cuenta que es un sector donde la investigación y la innovación tecnológica tienen un peso muy importante. Según el nuevo PER 2011-2020, se estima que para 2.020 la cifra de puestos de trabajo podrían rondar los 300.000.
  • Es un sector que actualmente aporta más al PIB que sectores de gran importancia histórica como la pesca o el textil.

A todas estas razones, habría que sumarle una de gran importancia, y es que España ha de cumplir de forma vinculante con los objetivos marcados por la Unión Europea incluidos en la Directiva 2009/28/CE, en la que se establece que el 20% de la energía producida debe ser de origen renovable en el año 2.020. Esta normativa europea también plantea medidas concretas que fomenten el desarrollo de las renovables y que pretendan eliminar la inestabilidad regulatoria, las trabas administrativas y los obstáculos para su conexión a red.

A todas luces se puede observar que la Moratoria aprobada por el ministerio, poco o nada tiene de positivo para la concreción de dichos objetivos europeos a 2.020.

 

Repercusión en la Bioenergía

Con toda seguridad, el sector de la bioenergía (biomasa, biogás y residuos), haya sido el tipo de renovable más afectada por la nueva Ley. Y es que se ha de tener en cuenta que los objetivos marcados en el antiguo PER 2005-2010 no fueron cubiertos, quedándose en valores del 40%. Por tanto, la moratoria aprobada no hará más que poner nuevos problemas a los ya existentes, que actualmente están relacionados con la complejidad administrativa y la ajustada retribución vigente.

La bioenergía cuenta con un gran número de promociones para la construcción de plantas de producción de energía eléctrica (unos 38 de biomasa y 34 de biogás), cuya viabilidad económica se verá retrasada en el mejor de los casos, o desechadas en otros muchos, contabilizándose unos 765 MW afectados en diferentes estados de tramitación administrativa, que permitirían la generación de 9.000 puestos de trabajo y una inversión de más de 2.600 M€.

La devolución de los avales no será suficiente para aquellas empresas que hayan invertido una cantidad importante de medios, tanto económicos como humanos. Por citar un ejemplo, de los proyectos de biogás afectados, unos 25 habrían realizado una inversión mínima de 100.000 euros por proyecto, y 200.000 en aquellos casos que ya tenían adjudicado el punto de conexión a red. Para estos proyectos, se podría hablar claramente de retroactividad.

No apostar por la bioenergía, repercutirá en la pérdida de una serie oportunidades de ámbitos sociales, económicos y ambientales, relacionados con la valorización energética de residuos (agrícolas, forestales, ganaderos e industriales), con el desarrollo rural y agrícola, el control de incendios y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Al sector no le quedará más remedio que mantenerse a la espera de las posibles aplicaciones específicas que se indican en el artículo 3.3 de la Ley 1/2007. Este artículo es la gran esperanza de la bioenergía, ya que deja la puerta abierta a su desarrollo, al poderse incluir algunas excepciones a plantas eficientes, incluso las que tengan más de 50 MW, que conllevaría la creación de un sistema de regímenes económicos específicos, que se fijarían en función de criterios tales como potencia instalada, tensión de entrega a red, ahorro energético, eficiencia y contribución a la mejora ambiental, entre otros aspectos.

Ante tales expectativas, diferentes Comunidades Autónomas han expresado su malestar por la aplicación de la moratoria, en la que destaca principalmente Extremadura, que se vería especialmente perjudicada debido a su clara apuesta por las centrales de biomasa para la generación de energía eléctrica, y que han hecho un especial énfasis en la importancia de esta fuente de energía renovable en la reconversión de zonas agrarias y en la generación de nuevos empleos.

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Publicado el Real Decreto 1565/2010 sobre la producción de energía eléctrica en régimen especial.

Hoy martes, 23 de noviembre, se ha publicado por fin el nuevo Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, en el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Empieza así:

“El crecimiento del número de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, englobados dentro del régimen especial, ha sido muy importante en los últimos años. Así, España se ha convertido en uno de los países a la cabeza en el desarrollo de estas tecnologías.

Se trata de un sector muy dinámico y con un ritmo de evolución tecnológica muy rápido. En la actualidad, aproximadamente el 25 por ciento de la energía eléctrica producida proviene de energías renovables. Estos hechos, unidos a las características estructurales de nuestro sistema eléctrico, obligan al establecimiento de requisitos técnicos adicionales para garantizar el funcionamiento del sistema y posibilitar el crecimiento de estas tecnologías”

Manda narices…


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Energía solar fotovoltaica. Presente y futuro…

Corren tiempos difíciles para las renovables y en particular para el sector fotovoltaico, que ha visto como en apenas 4 años, los diferentes cambios del marco legislativo han sido una tónica constante, que han terminado por cercenar el desarrollo de una fuente de energía, autóctona, social, sostenible y con una serie de ventajas estratégicas, que hacen disminuir la dependencia energética del exterior, al evitar en parte las importaciones de fuentes de origen fósil y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Dentro de la Directiva Europea de Energías Renovables (2009/28/CE), se establecen los objetivos vinculantes para la próxima década en materia de renovables, por los que se deberán reducir las emisiones de GEI en un 20% (en relación a los niveles de 1990), se deberá incrementar la eficiencia energética en un 20% y se deberá producir un 20% del total de la energía primaria a partir de fuentes renovables. Este será el marco legal que reafirmará el grado de importancia que las renovables tendrán en el conjunto del mix energético y que ratifica la apuesta europea por el uso sostenible de los recursos naturales.

Se puede decir que la energía solar fotovoltaica es la forma antropogénica de producir energía a partir del sol, en comparación con el proceso natural de la fotosíntesis. En ambos casos, una corriente de electrones inducidos por los fotones solares, producirán diferentes tipos de energía. Este interesante hallazgo, basado en la inducción eléctrica de determinados materiales semiconductores, ha permitido el desarrollo de una gran industria internacional, en la que España se encontraba entre los más importantes. Y digo se encontraba, porque la situación a día de hoy es una quimera de aquel estratosférico crecimiento  que vivimos en 2007.

Iniciamos nuestro viaje con la salida del RD 2818/1998, que fue el origen del mercado fotovoltaico retribuido, aunque ya existían experiencias previas en viviendas aisladas. Posteriormente se aprobó el RD 436/2004, por el que se estableció la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica.

Pero el verdadero boom vino con la salida del RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y por el que la retribución de  energía solar fotovoltaica alcanza valores de hasta 426 euros por MW/h. Tanto fue el éxito, que mientras el Plan Energías Renovables vigente (PER 2005-2010) establece un objetivo de potencia instalada de 400 MW, a día de hoy se contabilizan unos 3.500 MW, es decir, casi un 900% más de lo fijado inicialmente. La cuantía total de las primas recibidas por las energías renovables asciende a 4.509 millones de euros, un valor que supera en más de 500 millones la partida presupuestaria que se había fijado hasta agosto de 2010 (3.977 millones), donde la fotovoltaica  ha sido uno de los sectores más beneficiados.

Y es aquí donde se inicia el conflicto.

Determinados lobbies eléctricos han utilizado de forma partidista y desleal el hecho de que las energías renovables y más concretamente la fotovoltaica, dependa del sistema de primas establecido por el RD 661/2007 para su supervivencia, atribuyéndoles, entre otras cosas, la subida del precio de la luz y del famoso Déficit de Tarifa (que asciende a 15.000 millones de euros y que sigue creciendo un 20% más de lo previsto).

Pero, ¿cómo es posible que este sector sea el responsable de un problema, que es anterior a la entrada del RD 661/2007?

El déficit de tarifa es aquella deuda ficticia contraída con las compañías eléctricas,  generada por defectos del mercado eléctrico, que debe ser avalada por nosotros (el estado) y cargar además con los intereses de demora.

Dicha deuda se inició hace 10 años, cuando el gobierno de turno congeló las tarifas de venta de electricidad frente a los cambios producidos por la inflación y otros componentes económicos, mientras que los costes de generación y de acceso iban en aumento. Entonces vino la mejor de las ideas. Se crearon los Costes de Transición a la Competencia (CTC), que servirían para resarcir a las compañías eléctricas ante una “posible bajada del Mercado Mayorista” (que ellas mismas previeron) debido a la congelación de las tarifas. Esta iniciativa ascendió a la suma de 12.000 millones de euros, muy por encima de los 8.600 millones de euros estipulados, mientras que además, los precios del mercado lejos de disminuir tal y como habían previsto, se vieron incrementados. (THE BIG BUISSNESS)

Poco a poco, la deuda ha ido generando una gran bola de nieve que ha terminado por estamparse a las puertas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ha visto en las renovables, y en la fotovoltaica principalmente, su gran chivo expiatorio.

¿Y son en realidad las primas que reciben las energías renovables parte del problema del déficit de tarifa?

Es cierto que el sistema retributivo de primas es substancial, pero es un valor de menor envergadura si los comparamos con los beneficios  inherentes de las renovables, que actualmente no son externalizados. Por ejemplo, en 2008 las energías renovables recibieron 2.605 millones de euros en primas, mientras que el ahorro de combustibles fósiles fue por valor de 2.725 millones de euros. También se evitaron emisiones por valor de 499 millones de euros y el precio en el mercado mayorista eléctrico, gracias a la presencia de las renovables, se redujo en 4.919 millones de euros (desde la entrada de las renovables al sistema eléctrico el precio de generación ha ido disminuyendo. Ya en 2009 el precio bajó de 66 a 38 €/MW, sin que esto se haya visto reflejado en la factura de la luz).

A pesar de todos estos datos, el gobierno decide que la retribución de las energías renovables que producen electricidad es demasiado elevada, por lo que plantea cambios en dicho sistema tarifario. Este hecho, a todas luces ilegal, es lo que se viene gestando desde hace unos meses.

Hay que recordar que la forma más habitual de financiación de proyectos relacionados con las energías renovables es el PROJECT FINANCE, en el que la misma instalación sirve como garantía del préstamo. Pues bien, si cambiamos las reglas del juego en mitad del partido, las estrategias iniciales no sirven de nada, por lo que tienes que reconfigurar toda la alineación.

La modificación de las tarifas de carácter RETROACTIVO, viene a generar una  incertidumbre en el sector financiero y crea una gran inseguridad jurídica que está provocando el desmoronamiento de la fotovoltaica. Y es que este tipo de energía, lejos de ser una energía de grandes capitales (un 96%  de las instalaciones de hasta 100 KW pertenecen a pequeños inversores, familias, PYME), es la renovable que más ha sido atacada con hasta un 94% del total de la reducción. A partir de aquí se abren los frentes entre el Ministerio y los diferentes actores del sector fotovoltaico, tales como patronales (ASIF, AEF, APPA), inversores, promotores…

A pesar de todos los esfuerzos realizados por el sector, el gobierno saca a la luz el RD 1578/2008 por el que se modifica el RD 661/2007 y por el que se retribuye de forma específica a la solar fotovoltaica. Este nuevo decreto, con una disminución significativa de las primas, o de las horas de sol retribuidas, supone el punto y final del crecimiento del sector, el cual ha pasado de instalar  2.700 MW en 2008 a tan sólo 100 MW en los últimos dos años. Según la patronal ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica), “España está perdiendo el tren fotovoltaico: mientras la regulación y la incertidumbre paralizan el mercado nacional, los países de nuestro entorno directo apuestan con fuerza por sus mercados interiores. España está abandonando una fuente de energía cuyas tarifas han disminuido más del 40% en tres años”.

Cuando la nueva ley de régimen retributivo RD 1578/2008 aún estaba en el horno, muchos fueron los que agilizaron los trámites de gestión de licencias y construcción de las instalaciones, para poder acogerse de esta manera a las primas del RD 661/2007, lo que según el gobierno y la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha incurrido en un hecho de fraude de un total de 1.000 MW, que a fecha de 30 de septiembre no estaban conectadas a red. Industria, como intento para luchar contra el fraude, promueve el RD 1003/2010, para la detección de instalaciones fotovoltaicas fraudulentas, dando de plazo hasta el 7 de octubre de 2010 (fecha de entrada en vigor del nuevo decreto) para que, aquellas instalaciones anómalas que así lo decidiesen, pudieran salir a luz, siendo de esta manera amnistiadas e integradas de forma inmediata al RD 1578/2008, menos retribuido. Las plantas fotovoltaicas que, una vez finalizado el plazo de “amnistía”, no hayan confesado las irregularidades, se exponen al riesgo de perder todo tipo de prima, ser expulsadas al mercado libre,  devolver lo cobrado hasta el momento y esperar un nuevo turno en el registro de preasignación, donde la espera actual es de 3 años.

El sector fotovoltaico se enroca.

Las plantas fotovoltaicas que han decidido salir a la luz y aceptar la amnistía propuesta por el gobierno, suman la cifra de 5MW, de un total de 1.000MW que se encuentran bajo sospecha (casi un tercio del total de la potencia instalada en nuestro país). Es decir, las empresas han preferido impugnar una posible retirada de las primas antes que el indulto.

Y es que, aún no se conoce cuál será el criterio que establezca qué instalaciones son fraudulentas y cuáles no. Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aquellas plantas que no estuvieran inscritas y produciendo electricidad al 100% de sus posibilidades, serán consideradas como fraudulentas. Mientras que el sector y las patronales aducen, que según lo indicado en el RD 661/2007, no es necesario estar produciendo, si no tan sólo estar en condiciones de producir.

Veremos a ver qué ocurre…

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La Verdad sobre el Mercado Eléctrico

Me hago eco de un buen artículo de Jumanji Solar, dirigido como campaña de conocimiento al ciudadano. Espero que os guste:

La Verdad sobre el Mercado Eléctrico

Los constantes llamamientos sobre la necesidad de aplicar subidas estratosféricas a los precios de la electricidad nos están ayudando a digerir los incrementos que nos aplican cada semestre. Supuestamente, estamos pagando la luz por debajo de su valor por culpa del “déficit tarifario”, o de las Energías Renovables. Pero… ¿qué hay de cierto en esto? Un estudio más en profundidad de los acontecimientos nos lleva a conclusiones bien distintas, y cuanto menos preocupantes.

Esta exposición resume la situación que estamos padeciendo los ciudadanos y empresas consumidores de electricidad. La demostración de todos los hechos puede consultarse en los artículos referenciados al final.

En los albores del siglo XXI, el Gobierno que por aquel entonces presidía la Nación tomó una medida dirigida a mejorar la competitividad de las empresas españolas, a contener la inflación para cumplir con los parámetros exigidos por la incorporación a la Moneda Única, y también, por qué no decirlo, con un claro trasfondo electoralista: congelar las tarifas de venta de la electricidad a los consumidores durante años. Cuán desafortunada fue esa política…

Las tarifas de venta reguladas congeladas, y los costes de generación y los peajes de acceso en aumento, superiores incluso a los precios de venta, empezaron a gestar una gran bola de nieve que se fue retroalimentando año tras año generando una deuda que hoy conocemos como “déficit de tarifa”, que fuimos contrayendo los consumidores con las Compañías Eléctricas, y que no deja de crecer, intereses de demora incluidos.

Antes incluso de todo esto, se publicó en España la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997) atendiendo a un proceso de liberalización que venía impuesto desde Bruselas. Las Empresas Generadoras de Electricidad con fuentes energéticas convencionales (nuclear, hidroeléctrica y carbón) convencieron al regulador de que los precios de venta en el Mercado Mayorista bajarían imposibilitando la recuperación del capital inicial invertido.

El Gobierno creó  entonces una partida de costes que se incluyó en la tarifa eléctrica de venta con el fin de dar estabilidad financiera a estas grandes corporaciones y resarcirlas de las posibles pérdidas que generarían las centrales eléctricas construidas antes de 1997. Los Costes de Transición a la Competencia (CTC) permitirían amortizar completamente todas las inversiones realizadas, estableciéndose un pago máximo total de 8.600 Millones de Euros. Pero lejos de bajar, los precios de mercado se incrementaron. Esto llevó al Gobierno a cancelar anticipadamente en 2006 esta medida, con un importe total pagado por este concepto cercano a los 12.000 Millones de Euros, muy por encima del máximo estipulado.

El negocio fue redondo para las Eléctricas, amortizaron aceleradamente todos estos activos, y además se beneficiaron de un superávit que incomprensiblemente jamás nos fue restituido a los consumidores.

Mientras todo esto acontecía, lo que erróneamente se viene denominando “déficit tarifario” seguía creciendo y creciendo. El volumen alcanzado es tal, unos 15.000 Millones de Euros acumulados en 2009, que estas Compañías lo han utilizado con fuerza para presionar al Gobierno de turno, beneficiándose de “favores” en forma por ejemplo de concesiones de prórrogas de explotación de centrales hidroeléctricas y nucleares. Estas instalaciones intensivas en capital, y que están completamente amortizadas de forma acelerada con el importe recaudado por los CTC, se convirtieron en el negocio del siglo. Los costes de generación se limitan a su partida variable imputable, esto es, 3 €/MWh para la electricidad hidráulica, y 18 €/MWh para la nuclear, cuando deberían ser de 39 €/MWh y 44 €/MWh respectivamente considerando sus costes de amortización.

¿Cómo pueden entonces decirnos que existe un “déficit de tarifa” cuando en nuestras facturas de la luz pagamos el MWh a más de 110 €? Claro que soportamos los peajes de acceso además de los costes de generación, pero… ¿tan elevada es la diferencia? Y aquí es realmente donde empieza el festival de beneficios caídos del cielo que obtienen las Compañías Eléctricas amparadas por el nefasto diseño de un Mercado monopolizado oculto bajo el paraguas de una falsa liberalización.

Para hacer más comprensible la exposición, comparemos el Mercado Eléctrico con el de la fruta. Un agricultor cultiva patatas en Galicia, y otro mangos en Granada. Ambos envían su producción a un mercado mayorista, Mercamadrid por ejemplo, donde se subasta el género entre los distribuidores, que se encargan de suministrarlo a las tiendas que lo venden al por menor para que podamos consumirlo los clientes finales. El Mercado Eléctrico funciona de forma similar, las Empresas Generadoras venden su producción eléctrica en el Mercado Mayorista (denominado “pool”) a las Distribuidoras, que hacen llegar a su vez el producto a las Comercializadoras para venderlo al usuario final.

No obstante, existe una salvedad… No es lo mismo una patata que un mango, pero la electricidad es un producto idéntico independientemente de la tecnología que se haya utilizado para su generación. Para que esta ejemplificación tenga lógica, deberemos considerar que a los consumidores nos es indiferente consumir patatas que mangos. De producirse este hecho, por lógica empezaríamos por adquirir las patatas que son mucho más baratas, y cubriríamos la demanda sobrante con mangos.

Pero… ¿qué sucedería si el precio de venta de todos los productos intercambiados en Mercamadrid lo estableciese el último vendido (el más caro de entre los más baratos)? Pues que estaríamos pagando las patatas a precios de mango, con el consiguiente aporte de beneficios sobrevenidos al agricultor gallego. Esto en principio no tiene sentido en un mercado competitivo, pero es precisamente lo que sucede actualmente en el Mercado Eléctrico.

Los consumidores demandamos electricidad de un sistema que no la acumula (se produce en cada momento en función de la cantidad demandada). Las primeras tecnologías en entrar en el “pool” (Mercado Mayorista donde se venden y compran los kWh producidos) son la nuclear e hidroeléctrica, que no se pueden parar, y las Renovables por Ley. En la mayoría de los casos la producción de estas centrales no alcanza a cubrir íntegramente la demanda, y se completa la oferta con electricidad proveniente de centrales basadas en otras tecnologías de generación, priorizando las más asequibles. Y es el último kWh vendido el que fija el precio de venta en el Mercado Mayorista para toda la electricidad comercializada. Es decir, la electricidad hidráulica y nuclear, cuyos costes fueron reducidos artificialmente con los CTC, se está vendiendo a precios de la generada con Gas Natural, mucho más cara, que incorpora además en su escandallo de costes partidas como los Derechos de Emisión de CO2 de las que se benefician las dos primeras tecnologías no emisoras.

Regresemos nuevamente a Mercamadrid. Supongamos ahora que las patatas al por mayor realmente cuestan 30 c€/Kg y los mangos 150 c€/Kg, la distribución de ambos 20 c€/Kg, a lo que habría que añadir otros 10 c€/Kg en concepto de gastos varios.

  • PVP Total patatas = 30+20+10 = 60 c€/Kg.
  • PVP Total mangos = 150+20+10 = 180 c€/Kg.

Supongamos además que el Precio de Venta al Público de estos productos está regulado y fijado en 160 c€/Kg (130 c€/Kg de coste del producto más distribución y gastos varios) en lugar de los 180 c€/kWh que deberían costar las frutas tropicales. Puesto que el precio en Mercamadrid lo fija el último producto vendido, es decir el mango, los productores granadinos están perdiendo 20 c€ por cada kilogramo vendido. Pero el gallego, que es muy listo, argumenta que puesto que a Él también se le imputan unos costes de 150 c€/Kg pero vende a 130 c€/Kg, se le está creando un déficit generado por la tarifa regulada de 20 c€/Kg, cuando la lógica nos dice que en realidad está ganando 100 c€/Kg.

El regulador no obstante se apiada nuevamente del pobre gallego y acepta que se le adeuden esos 20 c€/Kg. Cuantas más patatas vende este agricultor más gana, además de incrementar el importe de lo que se le adeuda. ¿Y quién le debe esos 20 c€ que se generan con cada kilogramo que vende? Pues la pobre señora pensionista que compra las patatas en el supermercado de la esquina. Cada vez que Mercamadrid abre sus puertas, esta señora le debe más dinero a un agricultor que no conoce de nada y que vive a 700 Km de distancia. A esta señora el regulador le carga además los intereses de demora olvidando que en el pasado le obligó a pagar de su propio bolsillo los tractores utilizados para labrar la tierra, con el agravante que una falta de previsión generó un excedente de tesorería que permitió al agricultor comprarse un Mercedes Clase S negro con asientos de cuero.

Y ahora llega la crisis. Toca apretarse el cinturón y a la señora le imponen muchos esfuerzos incluida la congelación de su pensión. Pero el agricultor del norte se desentiende completamente, esto de la crisis no se ajusta a su raciocinio. Se ha acostumbrado a su nivel de vida, y a base de lloros, amenazas y coacciones, transmite al Gobierno de turno que es la verdadera víctima del sistema. La señora pensionista tiene que soportar además la tremenda losa que supone la deuda que en realidad no ha contraído, pero al desconocer los mecanismos del mercado, es engañada, no quedándole otra alternativa que dar credibilidad a esta situación y acatar sus consecuencias. Lástima que tampoco sepa que esta deuda artificial que ha contraído equivale en términos monetarios al sacrificio que la situación financiera exige a la sociedad al completo.

Pero esto no es lo único que se le escapa a la pobre señora. Resulta que el agricultor granadino, el gallego, todas las empresas distribuidoras que compran el género en Mercamadrid y que tienen una completa flota de camiones, y la tienda que vende la fruta pertenecen a un mismo Cártel que acapara la cadena de valor al completo.

En un determinado momento entra en escena un agricultor de Almería ofertando un producto mucho más sabroso, pero con el único inconveniente de ser más caro. Por supuesto el precio supone un problema, pero este nuevo actor está demostrando que tiene una gran capacidad para reducir sus costes muy rápidamente. Sin la menor dilación, el Gran Jefe del Cártel que controla el mercado con mano de hierro ve peligrar su oligopolio, y le entran las prisas por recuperar ese “déficit” regulatorio generado artificialmente, y culpa al recién llegado de todos sus males, achacándole incluso situaciones creadas antes de su irrupción en el sector. Y el Gobierno de turno, por enésima vez, vuelve a creerse todo lo que el Gran Jefe del Cártel le cuenta, y decide atacar con todas sus fuerzas a este señor de Almería que amenaza con desplazar una oligarquía montada sobre unas bases regulatorias cuya finalidad era la liberalización del mercado.

Se trata tan solo de un ejemplo. Que no se enfaden los agricultores, ni los gallegos cuya sangre circula por mis venas, ni mis paisanos granadinos. Sólo he pretendido ilustrar y simplificar al máximo lo que actualmente está sucediendo en el Sector Eléctrico.

Los consumidores de electricidad tenemos que soportar una deuda ficticia con las Compañías Eléctricas generada por defectos en el diseño del Mercado, avalarla con nuestro patrimonio (el Estado), y hacernos cargo de sus intereses de demora. El llamado “déficit tarifario”, que no es más que un déficit regulatorio creado artificialmente, asciende a día de hoy a 15.000 Millones de Euros, que es precisamente el importe que el Gobierno pretende recortar de los gastos con su Plan de Ajuste estos dos próximos años. Este endeudamiento además va a seguir creciendo como mínimo hasta 2013, por un valor estimado en otros 9.500 Millones de Euros.

Y por si fuera poco, las Compañías Eléctricas, con todos sus tractores pagados por nosotros en exceso, siguen vendiendo las patatas a precio de mangos, obteniendo unos enormes beneficios caídos del cielo (Windfall Profits en inglés, beneficios sobrevenidos en castellano) por valor de más de 3.500 Millones de Euros anuales.

Nos han inculcado que “hay que pagar por la electricidad lo que realmente cuesta” y que “las Energías Renovables disparan su precio”, todo ello para justificar incesantes y escabrosas subidas de la luz. Comparto la primera afirmación, pero una correcta estimación de los costes de generación implica necesariamente un rediseño del Mercado Eléctrico, puesto que en la actualidad la subida de tarifas perjudica enormemente a los consumidores, genera beneficios sobrevenidos a las Eléctricas, y no refleja el auténtico precio que tendría este bien en un mercado competitivo.

En cuanto al importe pagado en concepto de primas a la actividad de generación en Régimen Especial (Renovables excepto las grandes Centrales Hidroeléctricas, Cogeneración, y tratamiento, reducción y utilización de Residuos), no es más que un incentivo a la producción eléctrica independientemente de la tecnología utilizada. Pero nuevamente el erróneo diseño del mercado no traslada sus efectos al consumidor final.

La falta de preocupación y un deficiente control del Sector Financiero desembocaron en la penosa situación que estamos viviendo. Tarde y mal, ya se están tomando medidas. Pero existe aún un sector que campa alegremente favorecido por la regulación, al que no afectan las crisis, ni las variaciones en la demanda del producto que comercializa, y que se mantiene al margen de los esfuerzos y compromisos que obligan los Planes de Ajuste llevados a cabo por los diferentes Estados. Se trata del Sector Eléctrico, mimado hasta el extremo por todos los Gobiernos,  con independencia de su color.

Se está produciendo una transferencia de renta encubierta de los consumidores a las grandes Compañías Eléctricas por valor de decenas de miles de millones de Euros. Esto nunca debió de ser así, y no puede prolongarse por más tiempo. Ha quedado sobradamente demostrado que “correr un tupido velo” no desemboca en nada bueno.

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El Blues de la fotovoltaica

Próximamente realizaré para Madri+D un especial del sector fotovoltaico. Investigando por la red, me he topado con una serie de videos que explican con suma claridad la situación en el que se encuentran las renovables en general y más concretamente la fotovoltaica. Os dejo un par de ellos. Saludos

La verdad del sector eléctrico

El blues de la FV

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Resumen de la política energética renovable II

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Fuente: www.jumanjisolar.com

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Guerra abierta por las renovables

Abiertos dos nuevos frentes en el sector de las energías renovables, estamos siendo testigos de una ida y venida de borradores, propuestas, artículos, etc., con los que se espera llegar a un punto común, en el que promotores, gobierno y diferentes sectores energéticos implicados, queden lo más satisfechos posible.

  • Por un lado tenemos el último borrador del PANER 2011-2020 (Plan de Acción Nacional de Energías Renovables), que es el tercer documento propuesto por el gobierno para estructurar un sistema energético mixto, en el que se cifran los objetivos de producción para 2020 y donde las renovables pierden una importancia significativa.
  • Por el otro flanco, existe la posibilidad de que el gobierno recorte las primas a las renovables para los próximos años y lo que es más grave, que dicho recorte se haga con carácter retroactivo, es decir, que las plantas de producción de energías eléctricas de origen renovable ya en funcionamiento o cuyos proyectos estén incluidos en el Registro de pre-asignación de Régimen Especial, puedan también verse afectadas.

Guerra_de_Irak

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