Ante el debate de la nueva Ley de la Ciencia: importancia de la investigación universitaria

La elaboración de una nueva ley de la Ciencia debe ser una oportunidad más para el avance de nuestro sistema de Ciencia y Tecnología, así como de su proyección en el sistema productivo y en la sociedad. Hace mucha falta esa mejora, las grandes cifras que cuantifican nuestro esfuerzo en este terreno siguen siendo altamente insatisfactorias. A no ser que alguien piense que estar en el 1,2% del PIB en inversión en I+D, con una aportación a partes iguales del sector público y el privado, se puede valorar como una situación adecuada. Aparte de las cifras globales, creo que cabría hablar de otros muchos aspectos cualitativos necesitados –más, si cabe- de una mejora.

 

Habrá tiempo de valorar los borradores y las propuestas que se presenten, pero sí caben algunos comentarios de urgencia. En mi caso, vengo abogando por una actualización de la vigente Ley de Fomento y coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, aprobada en 1986 con un amplio consenso, de gobierno y oposición, y que ha sido, a mi juicio, uno de los mejores textos legales de la democracia. Ya en agosto de 2001, en una Tercera que publiqué en ABC, afirmaba:

 

……… es muy oportuno plantear la posible modificación de esta ley [la de 1986], no sólo para corregir las deficiencias observadas sino principalmente para configurar el marco legal que el momento demanda. Los últimos veinte años han supuesto un incremento notable de nuestra actividad investigadora. La proporción de la investigación mundial que España produce se ha multiplicado casi por tres, al tiempo que la visibilidad de nuestra ciencia se incrementaba notablemente cobrando una significativa dimensión europea.

 

A pesar de todo, sigue pendiente para nuestro país el logro de metas importantes, como un mayor impacto científico (calidad) y una mayor rentabilidad de nuestra investigación (transferencia de resultados para la innovación industrial). Sólo las sociedades que apuestan por el avance de la ciencia y la tecnología pueden aspirar a ser dueñas de sus destinos, en un mundo integrado en el conocimiento representa el principal activo. Para nosotros conquistar las metas deseables en I+D sigue siendo un problema de ambición. Los logros pendientes, se nos seguirán escapando si el conjunto de la sociedad española no aumenta el esfuerzo en recursos invertidos en I+D, para alcanzar ese 2% del PIB desde menos del 1% en que todavía estamos. Es muy importante que el compromiso que supone la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología se materialice pronto en indicaciones de que estamos en esa línea.

 

Son varios los aspectos que a mi juicio demandan el abordaje de una nueva ley que encauce la actividad de I+D en España. Igualmente esencial es su articulación con otros ámbitos legislativos como el la ley de universidades o las normas sobre función pública. De lo contrario será preciso recurrir cada año a pequeñas reformas a través de la ley anual de medidas de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado. Pero ningún aspecto es de tanta relevancia como el que concierne a los recursos humanos y al desarrollo de la carrera científica, que es por donde se han manifestado con mayor crudeza las insuficiencias del sistema.

 

Debe quedar claro que sin unas políticas adecuadas, de poco servirá cualquier ley que se apruebe, pero ésta debe propiciarlas y hacerlas eficaces. La Ley de 1986 fue buena porque aportó avances sustanciales en la organización de nuestro sistema científico, planteando su organización de acuerdo con las previsiones de la Constitución de 1978. Nuestra Carta Magna establece claramente que la Ciencia es una “cuestión de Estado” consagrando el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica como una competencia estatal exclusiva. Pero sin excluir que las comunidades autónomas puedan tomar iniciativas de investigación, en concurrencia con las nacionales de lo que puede derivar una eficaz cooperación. Al establecer el Plan Nacional, y su articulación, la Ley de la Ciencia propició una organización adecuada de diversas tareas esenciales en la política científica de cualquier país. Desde el establecimiento de prioridades, hasta la evaluación científica. Con esta Ley nuestro sistema científico ha vivido una expansión y una consolidación, un significativo avance que, a día de hoy, nos permite entre otras cosas constatar qué es lo que nos falta para llegar a una satisfacción satisfactoria.

 

También la Ley del 86 también supuso una mejora notable de los sistemas de gestión –organizativa y económica- de la investigación. Bastaría con analizar, por ejemplo, lo que supuso para el CSIC la posibilidad de gestionar, el presupuesto específico de proyectos, con una flexibilidad y adecuación a los objetivos investigadores inédita hasta entonces. 

 

Superada esa etapa, con un sistema científico que aporta el 3% de la producción mundial, pero con todas las escaseces y deficiencias que lo caracterizan, confiemos en que el debate que acaba de abrir el Ministerio de Ciencia e Innovación permita producir un buen texto legal. No dudo de que una nueva Ley de la Ciencia deba tener impacto en todo el sistema científico; como las universidades producen más del 60% de la investigación española, es imprescindible fomentar la excelencia investigadora de la Universidad. No soy el único que piensa que la última reforma universitaria, de la anterior legislatura, no supuso ningún avance. Por ello, la posibilidad de que los criterios y exigencias sobre la investigación supongan una directriz fundamental para la gobierno de la Universidad debe ser uno de los objetivos de la Ley. Está en juego la mayor apuesta de futuro que tiene nuestra sociedad: producir conocimiento para bien de los ciudadanos, entendiendo ese bien en toda la extensión de la palabra.

 

César Nombela     

 

Etiquetas:

Si te gustó esta entrada anímate a escribir un comentario o suscribirte al feed y obtener los artículos futuros en tu lector de feeds.

Comentarios

Estmado Cesar.

No creo que nadie esté en desacuerdo con tu afirmación: "A pesar de todo, sigue pendiente para nuestro país el logro de metas importantes, como un mayor impacto científico (calidad) y una mayor rentabilidad de nuestra investigación (transferencia de resultados para la innovación industrial). " A esto le falta la pata de la divulgación para que la sociedad y los políticos apoyen esta tarea.

¿Y esto como se hace?

Se me ocurre lo siguiente, sin agotar las posibilidades.

Reduciendo el número de publicaciones para mejorar su calidad. Para eso los curriculum deberían ser evalaudos en base a su calidad y no a su número.

Esto nos lleva a analizar quién es el que evalúa. ¿Como es posible que, a veces, los evaluadores tengan peor curriculum que aquellos a los que evalúan?

Por otra parte el personal investigador no en plantilla, sabe que los curriculums se evalúan muchas veces a peso y no en contenidos y presionan a sus tutores para publicar más. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola.

Con respecto a la transferencia a la empresa. ¿Cuantas personas integran la Oficina de Transferencia del CSIC? ¿Y de cada Universidad?

Se supone que esas oficinas son las que actúan de puente entre la empresa y la Universidad o el CSIC. ¿Tal vez los investigadores tienen que dirigir la investigación, llevarla a cabo, formar al nuevo personal investigador, dar clase (en el caso de la universidad), pasar el conocimiento a la empresa y divulgar para que la sociedad valore la ciencia?

Para mi la raíz de todo está en que la gestión de la Ciencia en España, además de ser una rtículo de lujo del que se puede prescindir sin muchas preocupaciones (¿os acordáis del año 1992 y el impacto de los fastos en la Ciencia?) es llevada a cabo por personas no profesionales con mucha ilusión y pocos conocimientos y así nos va.

Otra ley, una más, que será atacada por los que están bajo unas siglas y defendida a muerte por los otros.

De acuerdo con lo del pacto de Estado por la Ciencia. Se lo oí a Josep Piqué, hace ya tantos años…

Por desgracia todos sabemos que ese Pacto no va a suceder.

El presupuesto tendría que ser intocable ya que es la garantía de bienestar y avance de la sociedad. Siempre y cuando esta la sociedad lo entienda y para eso está la divulgación. ¿Qué porcentaje de investigadores realiza tareas de divulgación en España?

¿Por qué no hablamos de la gran dependencia de la investigación pública de las subvenciones estatales, mal llamadas proyectos de investigación?

Este año el recorte del Ministerio de Ciencia es de un 5.1%, veremos el año que viene…

La esperanza es lo último que se pierde.

Escribe un comentario

(requerido)

(requerido)


*