En nuestro caso las circunstancias son delicadas, lo vienen siendo, no lo olvidemos, desde que el propio Ministerio de Ciencia e Innovación comenzó ya en 2008 una sistemática reducción de los presupuestos de I+D. Tal vez, cabe decir que fue incapaz de mantener una tendencia al crecimiento que se había iniciado y mantenido por lo menos dos legislaturas antes. En estas dos legislaturas, se había producido un crecimiento constante de la inversión en I+D, como se puede constatar por la cifras consolidadas año tras año por el INE. Conviene examinar estas cifras, así lo he venido haciendo, y dejar aparte los pronunciamientos de la administración de turno, que casi siempre tiende a la propaganda. Porque la gestión pública y los recursos que se ponen al servicio de la I+D ha de valorarse con rigor: no es lo mismo lo que se presupuesta que lo que se ejecuta; no es lo mismo lo que aparece como activos financieros (préstamos que no computan como déficit, ni necesariamente se utilizan) que las transferencias para I+D en gastos corrientes o de inversión. La conclusión es que, en el presente siglo y hasta 2008, en España tuvimos un crecimiento global de nuestra I+D (pública + privada) del orden del 11-15% anual, significativo pero también insuficiente para tan siquiera acercarnos a ese mínimo imprescindible del 2% del PIB, ya ampliamente superado por muchos países, pero que representa la cifra a la que ya se acerca la media de la UE.

Conocido ya el montante de la inversión pública en I+D para este ejercicio, así como las previsiones para el próximo, es la hora de plantear a qué podemos aspirar con todo ello, cómo podemos superar estas carencias y hacia dónde va nuestro sistema científico. El titular de Economía y Competitividad, departamento actualmente responsable de I+D, ha mostrado escepticismo sobre la contribución de “nuestra” I+D, es decir tal como la hacemos en España, a la competitividad. Todo un reto será el responder, con datos y con hechos, para tantos científicos que llevamos años en el esfuerzo español por la I+D, y que hemos visto llegar resultados importantes, al tiempo que hemos reclamado mayores apoyos y esfuerzos y reconocido –claro que sí- una necesidad perentoria de mejorar, en producción, en calidad y en rentabilidad. Podríamos plantearnos, en primer lugar, qué ocurre si la investigación actual que llevamos a cabo, en universidades, OPIs, instituciones sanitarias, empresas, etc. desaparece. Hagamos ese ejercicio de simulación para adivinar el lugar al que nos veríamos desplazados. 

De las nuevas cifras queda claro que se resienten especialmente los capítulos de inversión en proyectos competitivos. Pero, también disminuyen notablemente los fondos para personal, afectando a las becas predoctorales y recortando drásticamente programas posgraduados, como los contratos Ramón y Cajal, verdadera puerta de entrada para las nuevas generaciones, tanto de científicos, como de profesores universitarios bien formados para la investigación. Ante todo ello, sí que cabe reclamar qué políticas se pondrán en marcha en esta etapa. Cifrarlas en la mera creación de una Agencia Española de Ciencia y Tecnología, como prevé la recién aprobada Ley de la Ciencia, no supone nada, hay que señalar qué nuevas políticas se encargará de aplicar, con qué recursos, etc. Indicar que se volverá a convocar el Programa Severo Ochoa, para poner marchamo de excelencia a cinco centros, representa muy poco ya que como es sabido este es un programa económicamente muy limitado. Y luego está el retorno europeo, algo fundamental. El programa marco de la UE, al que España como los otros países contribuye se según su PIB, supone más de lo que se suele pensar. Cierto es que de todo el esfuerzo comunitario en I+D no pasa de ser un 6-7% aproximadamente; sin embargo, del dinero para proyectos, al que podemos optar los investigadores europeos significa del orden del 20% o más. En definitiva, una buena parte de nuestras oportunidades de lograr financiación competitiva pasa por el programa marco de la UE. Actualmente se diseña el marco que regirá en el período 2014-2020, con un montante que podría suponer del orden de 80.000 millones de euros. Habremos de aportar lo que nos corresponde, pero con las actuales cifras de retorno que tenemos no cabe esperar muchos resultados. Téngase en cuenta que cada vez es más difícil competir en este ámbito sin una eficaz estrategia nacional; España retorna un 80% de lo que aporta mientras que el Reino Unido u Holanda logran el 140% de lo que cada uno de ellos aporta. Eso lo dice todo, somos contribuyentes netos a la I+D de países más ricos, además de que competir, invirtiendo menos aquí, será casi imposible. Es preciso diseñar una estrategia adecuada, desde para influir en la formulación del programa, hasta para hacer valer nuestras posibilidades.

Necesitamos saber cómo vamos a mantener a los grupos productivos de tantas universidades y centros de investigación, que han venido obteniendo lo básico de los programas nacionales y vienen produciendo investigación a buen nivel; es preciso formular una estrategia para seguir renovando el personal, tanto en formación como el que se incorpora a puestos más estables, porque no es aceptable que se pierdan varias promociones de nuevos científicos y tecnólogos; necesitamos, igualmente, que se articulen nuevas plataformas de transferencia de conocimiento, en un eficaz esfuerzo público-privado, del que tantos ejemplos encontramos en países desarrollados. España ha avanzado notablemente en producción científica y visibilidad internacional en los últimos 30 años. De nosotros y, en especial, de los nuevos responsables políticos depende el mantener lo fundamental y seguir avanzando. Necesitamos primero la Ciencia, como dice Nurse, la Política debe servir para atender más y mejor a la creación de conocimiento.

En esta situación algunos invocan la aprobación de la Ley de la Ciencia, por amplísima mayoría parlamentaria, como el paso decisivo que aportará el impulso que añoramos en nuestra tarea de creación de conocimiento y su proyección en el desarrollo económico y social. Pero, sigue sin llegar lo que se ha llamado el segundo despegue, el que consolidaría los avances que tuvieron lugar desde 1980 hasta principios de este siglo, en que España triplicó su aportación a la producción científica mundial. Hay que recordar que la Ley de la Ciencia de 1986 fue igualmente suscrita mayoritariamente por gobierno y oposición. La pregunta de si será suficiente con ponerse de acuerdo sobre los textos legislativos tiene obviamente una respuesta negativa, hace falta mucho más. Ni siquiera la retórica que acompaña a expresiones como “Pacto de Estado”, aplicada a los más variados asuntos, supone demasiado en este caso.

Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en I+D y proyectar todo esto en la innovación pero, corresponde a los responsables políticos de cada momento la iniciativa principal. La que aporte los impulsos necesarios, identifique las prioridades, asigne los recursos de manera sensata y lleve a cabo la gestión con suficiente trasparencia y sin sectarismos. Hace falta esa determinación y la necesaria fuerza política para hacer valer las razones para potenciar la Ciencia y la Tecnología como una prioridad para la acción de Gobierno. Nunca he pensado que el nuevo texto legal aportara demasiado; está plagado de intenciones más que de disposiciones que obliguen a impulsar las políticas que España necesita en I+D, es decir aumento decidido de la inversión y mejora de la calidad y de la rentabilidad de la investigación. Por ejemplo, la ley proclama que potenciará la movilidad del profesorado universitario, algo tan fundamental para que las universidades –el eje principal del sistema de ciencia y tecnología- configuren las plantillas académicas que necesitan. Pero nadie se puede creer que eso vaya a ocurrir, sin otros cambios legales se queda en una proclama retórica más. Parecido escepticismo expresaba hace poco el Presidente del CSIC afirmando que la Ley de la Ciencia “regula minuciosamente lo accesorio, merma la imprescindible autonomía de los organismos de investigación y plantea un modelo único de gestión para todos los centros públicos”.

Hemos de afrontar un período difícil para el impulso que la tarea científico-técnica de nuestro país necesita. Se anticipa ya una necesaria reducción de los recursos para I+D, porque las obligadas medidas de austeridad así lo exigen. Pero, no hay que olvidar que llevamos ya varios ejercicios anuales de recorte del gasto, con la consiguiente acumulación de déficits en las instituciones de I+D. Afrontar esta situación exige una fuerte determinación por parte de la autoridades, ahora en especial las del Ministerio de Economía y Competitividad, el departamento al que se ha adscrito la responsabilidad principal. Los gobernantes que la apliquen necesitarán del asesoramiento experto, al margen de orientaciones partidistas. Será fundamental una gestión eficaz de los recursos, rechazando la tentación de la propaganda, cuando comprobamos que es tan fácil caer en ella. Aspectos esenciales son: (i) Asegurar la continuidad de los grupos científicos productivos, los que convocatoria tras convocatoria, en las que han logrado la aprobación de sus proyectos, siguen mostrando una calidad investigadora creciente. Estos grupos, que operan en universidades y OPIs, representan la mejor base para construir la excelencia en el país. (ii) Prestar atención a la formación de nuevos científicos y facilitar el acceso de los que ya se han formado a una carrera razonable, no rígida, sino flexible, para renovar nuestras plantillas de la forma necesaria. (iii) Desarrollar una acción inteligente, coordinada y enérgica para reforzar nuestras capacidades de influir en los programas europeos, como forma de aumentar nuestra participación. No conocemos oficialmente las cifras de retornos que obtenemos de los programas científicos de la UE, pero me temo que no estamos retornando lo que aportamos, excluido naturalmente lo que recibimos en forma de fondos de cohesión. (iv) Sustanciar bien las iniciativas para rentabilizar los avances de la investigación, lo que sigue siendo una asignatura pendiente. La nueva ley incide como otras anteriores en facilitar la participación de los investigadores académicos en empresas, con permisos temporales y medidas similares. Pero, hacen falta las estructuras de interfase entre el mundo académico y las empresas, que articulen estos procesos de transferencia de conocimiento.

Nuestro sistema científico-técnico afronta una coyuntura difícil. Sin embargo, soy de los que creen que cabe una confianza en nuestras posibilidades, no un optimismo ilusorio, sino la convicción de que podemos seguir dando pasos adelante. También necesitamos la energía para exigir de nuestros gestores políticos y administrativos, el acierto en la gestión que hace falta para lograrlo.

César Nombela

Los resultados del 2009 muestran que el conjunto del esfuerzo en I+D española (pública y privada) alcanzó los 14.582 millones de euros, decreciendo un 0,8% con respecto a 2008. Por primera vez en quince años se reduce la inversión en I+D en España, cuando aun estamos lejos de la media europea y no digamos de la de los países más avanzados en este capítulo. Sólo el hecho de el que Producto Interior Bruto lleve dos años contrayéndose determina el que el indicador de I+D con respecto al PIB muestre un leve, además de engañoso, aumento ya que estamos en el 1,38% y la cifra deseable del 2% se sigue alejando de nuestro horizonte. Las razones de la contracción son igualmente indeseables, en especial porque las empresas redujeron su gasto en I+D más de un 6%. Pese al incremento de la aportación pública el retroceso resulta evidente. La política científica que España necesita debe procurar que la inversión pública contribuya a generar un mayor esfuerzo privado, pues todavía estamos lejos de esa relación propia de los países más avanzados, en la que la empresas suponen dos tercios del esfuerzo en I+D. Como señala el referido informe del INE, en España seguimos con un reparto en torno al 50% público y 50% privado y, este año, en retroceso por parte de este último. En conclusión, con lo ocurrido en 2009 y a la vista de los presupuestos de 2010, así como los que están a punto de aprobarse para 2011, la presente legislatura va camino de dejar el peor balance para la I+D en muchos años.

El crecimiento del esfuerzo en I+D durante la legislatura 2004-2008 fue bastante menor del proclamado oficialmente. Como hemos señalado reiteradamente en estas páginas, el INE desmentía año tras año que se hubieran duplicado las inversiones. Comenzábamos la legislatura con un 1,07% del PIB de esfuerzo en I+D en 2004 y la terminábamos con el 1,35% en 2008, muy lejos del 2% prometido para ese año. No obstante, nuestro sistema científico-técnico creció claramente por encima del 10% anual (en algún ejercicio incluso alcanzó el 15%) en el referido período, algo parecido al incremento experimentado de 2000 a 2004. Se puede decir que, con mayor escasez de la deseada, prosiguió nuestra tendencia a converger con los países avanzados en creación de conocimiento y tecnología.

Se podrá alegar que la crisis económica en la que estamos inmersos, la necesidad de embridar el gasto público con criterios de austeridad y las demás circunstancias por las que atravesamos obligan a establecer otras prioridades. Pero no deja de ser un error el pensar que los avances en la convergencia en I+D+i se pueden aplazar para retomarlos en años posteriores, cuando la bonanza económica nos favorezca, circunstancia que, por otro lado, no aparece en nuestro horizonte con la prontitud que sería deseable. Hace falta otra forma de priorizar, como hacen otros países que no contraen la inversión en I+D por causa de la crisis, sino más bien lo contrario.

Lejos de articular políticas que compensen la reducción del esfuerzo en I+D, incrementando la eficacia y la eficiencia en el empleo de los medios disponibles, se acentúan las carencias y limitaciones de la gestión pública de la I+D. El Ministerio de Ciencia e Innovación fue sometido a una profunda reducción de sus competencias apenas un año después de su creación, que aun está por explicar. Se sigue sin articular una reforma universitaria que potencie la creación de conocimiento en nuestras instituciones de educación superior –de donde sale más del 65% de nuestra producción científica- sin apenas avanzar, por ejemplo, en un estatuto de su personal que pudiera favorecer el desarrollo de la actividad investigadora del profesorado universitario. Tampoco el máximo organismo público de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, responsable del 20% de nuestra producción investigadora, recibe el apoyo y la atención que merece, tanto por su potencial para la investigación fundamental como por sus posibilidades de colaboración con el sistema productivo. Además, se incrementa la territorialización de los recursos para I+D –en función de criterios fundamentalmente políticos- en detrimento de su asignación competitiva, como corresponde a una política científica rigurosa que se vino aplicando durante muchos años, con gobiernos de distinto signo.

El despegue de la investigación española nos llevó en un cuarto de siglo, en tiempos recientes, a triplicar el porcentaje de nuestra participación en la creación de conocimiento en el mundo. El único camino razonable era proseguir en el esfuerzo, acentuar la búsqueda de mayor calidad, impacto y transferencia de conocimiento al sector productivo, sobre la base de un sistema de Ciencia y Tecnología que ha alcanzado ya una masa crítica razonable. El decrecimiento de los esfuerzos, junto con la ausencia de las políticas adecuadas, traerá consecuencias inevitables. Una de ellas, sin duda, será la merma de nuestra influencia y participación en los programas de investigación de la Unión Europea. A finales del pasado siglo retornábamos la totalidad de nuestra aportación a los programas europeos, concurriendo –organismos públicos y empresas- a convocatorias competitivas. En la actualidad, retornamos menos de lo que supone nuestra aportación a los presupuestos del programa marco, pero la situación puede agravarse. Tenemos que seguir debatiendo la forma de priorizar nuestros esfuerzos en investigación y desarrollo, así como la manera de proyectarlos en la empresa y en la sociedad en general. Pero, no podemos abdicar de la actitud de seguir incrementando nuestra I+D, en cantidad y calidad. Ante los cambios políticos que podrían producirse en los próximos tiempos, es urgente plantear -seguir planteando podemos decir- que la creación de conocimiento debe ser parte esencial del proyecto de futuro de nuestra sociedad .

César Nombela

La elaboración de una nueva ley de la Ciencia debe ser una oportunidad más para el avance de nuestro sistema de Ciencia y Tecnología, así como de su proyección en el sistema productivo y en la sociedad. Hace mucha falta esa mejora, las grandes cifras que cuantifican nuestro esfuerzo en este terreno siguen siendo altamente insatisfactorias. A no ser que alguien piense que estar en el 1,2% del PIB en inversión en I+D, con una aportación a partes iguales del sector público y el privado, se puede valorar como una situación adecuada. Aparte de las cifras globales, creo que cabría hablar de otros muchos aspectos cualitativos necesitados –más, si cabe- de una mejora.

Habrá tiempo de valorar los borradores y las propuestas que se presenten, pero sí caben algunos comentarios de urgencia. En mi caso, vengo abogando por una actualización de la vigente Ley de Fomento y coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, aprobada en 1986 con un amplio consenso, de gobierno y oposición, y que ha sido, a mi juicio, uno de los mejores textos legales de la democracia. Ya en agosto de 2001, en una Tercera que publiqué en ABC, afirmaba:

……… es muy oportuno plantear la posible modificación de esta ley [la de 1986], no sólo para corregir las deficiencias observadas sino principalmente para configurar el marco legal que el momento demanda. Los últimos veinte años han supuesto un incremento notable de nuestra actividad investigadora. La proporción de la investigación mundial que España produce se ha multiplicado casi por tres, al tiempo que la visibilidad de nuestra ciencia se incrementaba notablemente cobrando una significativa dimensión europea.

A pesar de todo, sigue pendiente para nuestro país el logro de metas importantes, como un mayor impacto científico (calidad) y una mayor rentabilidad de nuestra investigación (transferencia de resultados para la innovación industrial). Sólo las sociedades que apuestan por el avance de la ciencia y la tecnología pueden aspirar a ser dueñas de sus destinos, en un mundo integrado en el conocimiento representa el principal activo. Para nosotros conquistar las metas deseables en I+D sigue siendo un problema de ambición. Los logros pendientes, se nos seguirán escapando si el conjunto de la sociedad española no aumenta el esfuerzo en recursos invertidos en I+D, para alcanzar ese 2% del PIB desde menos del 1% en que todavía estamos. Es muy importante que el compromiso que supone la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología se materialice pronto en indicaciones de que estamos en esa línea.

Son varios los aspectos que a mi juicio demandan el abordaje de una nueva ley que encauce la actividad de I+D en España. Igualmente esencial es su articulación con otros ámbitos legislativos como el la ley de universidades o las normas sobre función pública. De lo contrario será preciso recurrir cada año a pequeñas reformas a través de la ley anual de medidas de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado. Pero ningún aspecto es de tanta relevancia como el que concierne a los recursos humanos y al desarrollo de la carrera científica, que es por donde se han manifestado con mayor crudeza las insuficiencias del sistema.

Debe quedar claro que sin unas políticas adecuadas, de poco servirá cualquier ley que se apruebe, pero ésta debe propiciarlas y hacerlas eficaces. La Ley de 1986 fue buena porque aportó avances sustanciales en la organización de nuestro sistema científico, planteando su organización de acuerdo con las previsiones de la Constitución de 1978. Nuestra Carta Magna establece claramente que la Ciencia es una “cuestión de Estado” consagrando el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica como una competencia estatal exclusiva. Pero sin excluir que las comunidades autónomas puedan tomar iniciativas de investigación, en concurrencia con las nacionales de lo que puede derivar una eficaz cooperación. Al establecer el Plan Nacional, y su articulación, la Ley de la Ciencia propició una organización adecuada de diversas tareas esenciales en la política científica de cualquier país. Desde el establecimiento de prioridades, hasta la evaluación científica. Con esta Ley nuestro sistema científico ha vivido una expansión y una consolidación, un significativo avance que, a día de hoy, nos permite entre otras cosas constatar qué es lo que nos falta para llegar a una satisfacción satisfactoria.

También la Ley del 86 también supuso una mejora notable de los sistemas de gestión –organizativa y económica- de la investigación. Bastaría con analizar, por ejemplo, lo que supuso para el CSIC la posibilidad de gestionar, el presupuesto específico de proyectos, con una flexibilidad y adecuación a los objetivos investigadores inédita hasta entonces. 

Superada esa etapa, con un sistema científico que aporta el 3% de la producción mundial, pero con todas las escaseces y deficiencias que lo caracterizan, confiemos en que el debate que acaba de abrir el Ministerio de Ciencia e Innovación permita producir un buen texto legal. No dudo de que una nueva Ley de la Ciencia deba tener impacto en todo el sistema científico; como las universidades producen más del 60% de la investigación española, es imprescindible fomentar la excelencia investigadora de la Universidad. No soy el único que piensa que la última reforma universitaria, de la anterior legislatura, no supuso ningún avance. Por ello, la posibilidad de que los criterios y exigencias sobre la investigación supongan una directriz fundamental para la gobierno de la Universidad debe ser uno de los objetivos de la Ley. Está en juego la mayor apuesta de futuro que tiene nuestra sociedad: producir conocimiento para bien de los ciudadanos, entendiendo ese bien en toda la extensión de la palabra.

César Nombela     

A pesar de la intensa promoción de la cultura científica, que se lleva a cabo en las sociedades desarrolladas, creo que no podemos estar satisfechos, ni en España, ni en otros países europeos, de la forma en que se está produciendo el acceso a la Universidad, en carreras de Ciencias. Festivales científicos recientes celebrados en Nueva York, Génova, Barcelona, etc. ilustran el compromiso de administraciones, sociedades científicas e instituciones educativas por acercar la Ciencia a la Sociedad. De hecho, todos los programas científicos gestionados por las administraciones tienen su subprograma que incluye recursos importantes para este propósito. En Madrid, tenemos dos acontecimientos anuales de verdadero lujo, en primavera, la Feria Madrid por la Ciencia, en otoño, la Semana de la Ciencia (que dura más de dos).

Sin embargo, los resultados de esta promoción científica inducen al pesimismo cuando uno constata, por ejemplo, el acceso a la Universidad en las carreras científicas y técnicas. Si analizamos la preferencia de los estudiantes o las notas requeridas para la admisión en distintas facultades y escuelas, año tras año, podemos constatar que la elección ni es la más favorable para el despegue científico al que aspiramos en España, ni parece estar basada en una auténtica orientación vocacional, ni influida por el desarrollo de las capacidades propias.

Los datos más recientes, ya de este año 2008, son particularmente preocupantes, pero más preocupante es la inacción de los responsables educativos de los gobiernos para corregir este problema. Veamos lo que ocurre. Para ingresar en facultades de Ciencias, tan esenciales para el progreso de un país, como las Matemáticas, la Química, la Física o la Geología, ha bastado la nota mínima de 5 habiendo quedado vacantes un buen número de plazas. Procede constatar que en muchas de estas facultades, especialmente en universidades bien consolidadas, como la Complutense, las autónomas de Madrid o Barcelona, las de Barcelona, Zaragoza, Valladolid, Oviedo, Valencia, Granada, Sevilla, Santiago de Compostela, Alcalá y otras muchas, enseñan e investigan profesores y grupos de científicos con notable liderazgo y proyección internacional en estos campos. El potencial que ofrecen todos estos grupos españoles, para el progreso científico que tanto necesitamos en España, como base de la prosperidad económica y social, será en parte desaprovechado. Muchas plazas en Ciencias básicas quedan libres, mientras que las carreras no atraen a un grupo importante de los mejores candidatos.

La Biología, como carrera, en algunos casos ha precisado nota más alta que la mínima, pero no faltan ejemplos en que también se pudo acceder con la calificación más baja de las otorgadas en la selectividad.

Se podría pensar que hay una preferencia por las carreras técnicas, en aquellos que se orientan por las Ciencias. Sin embargo, tampoco es nada brillante la situación. Excluyendo el caso de la Arquitectura, que ha tenido demanda elevada, y, en parte la Ingeniería Industrial, muchas ingenierías –incluida la otrora altamente demandada de Telecomunicación- también han tenido un acceso con nota mínima. Además, vuelve a constatarse la paradoja de que, a veces, en algunas universidades, el acceso a la ingeniería técnica ha requerido puntuación más alta que a la ingeniería superior. Constatemos igualmente que algunas diplomaturas, como la de Nutrición y Dietética o las más especializadas en campos de Educación, han requerido mayor nota que licenciaturas relacionadas, otra paradoja.

Los campos de Ciencias de la Salud (Medicina, Veterinaria, Farmacia, Enfermería) siguen acaparando la máxima atención, muy en especial la carrera de Medicina, que, a pesar de una mayor oferta de plazas en el país, ha elevado de manera notable su nota de corte en la presente convocatoria ¿Cabe pensar que en conjunto los estudiantes de mayor rendimiento tienen una vocación decidida por la Medicina? Ciertamente no, se trata de un aspecto más de la distorsión, que ningún beneficio produce al futuro de nuestra sociedad. Otro aspecto nada halagüeño es la evolución de las nuevas titulaciones introducidas en tiempos recientes; casi todas surgen como una novedad atractiva, para declinar en poco tiempo. Para diversas modalidades de la Ingeniería Informática o para la licenciatura en Ciencias Ambientales, ha bastado la nota mínima en todas partes. Por otro lado, la licenciatura en Biotecnología, de implantación reciente y limitada hasta ahora a pocas universidades, ha supuesto niveles de nota próximos o más altos que los de Medicina. Las ofertas de esta carrera vienen de facultades que imparten otra titulación, normalmente Biología, que comparten el mismo profesorado, por lo que la exigencia elevada no cabe atribuirla sino a la novedad, es de suponer que no se mantenga en breve plazo.

El acceso a las carreras científicas y técnicas en España está necesitado de una profunda revisión, que debería comenzar por una orientación basada en la capacidades de cada cual. No todos están dotados igualmente para las Ciencias, las Letras o las Ingenierías. De poco va a servir elegir por modas o por otros motivos que no sean la mejor capacitación y motivación. Las causas de las elevadas tasas de fracaso y abandono hay que buscarlas, en parte, en esta elección distorsionada. Difícilmente llegará el despegue científico  técnico que España necesita con esta estructura del acceso a los estudios superiores. Cuando afrontamos una crisis económica, que a todos preocupa, tal vez es el momento de asentar las bases de un progreso auténtico: comienza en la educación.

César Nombela    

La mayor parte de los medios se ha hecho eco del décimo aniversario del vertido de la mina de Aznalcóllar en Andalucía. La emergencia ponía al entorno del Parque Nacional de Doñana en el punto de mira de todo el mundo; la riada, que arrastró millones de toneladas de lodos de color negro, cubrió kilómetros de cauce del río Guadiamar, así como los terrenos circundantes, incluyendo tierras de cultivos agrícolas, que se cubrieron igualmente de materiales de color negro. Muchas de las imágenes que hoy se han reproducido (se pueden consultar en la página de CSIC, www.csic.es) dieron la vuelta al mundo, lo que no contribuía precisamente al prestigio de nuestro país. Todo ello es ya historia, en muchos casos bien documentada a través de publicaciones científicas producto del seguimiento que muchos investigadores llevaron a cabo. La revista internacional Science of the Total Environment llegó incluso a dedicar un número monográfico a estas investigaciones, con lo que todo el mundo puede tener acceso a datos fiables acerca del vertido.

La transformación química de los materiales almacenados en la balsa siniestrada, en donde se acumulaban como residuos de una actividad minera que implicaba su molienda y pulverización, determinaba ese aspecto negro, de unos lodos mineros tan abundantes en sulfuros metálicos. Con ello, el accidente adquiría unos tintes verdaderamente dramáticos, a pesar de que lo que se había derramado eran materiales autóctonos, propios del mineral abundante en la zona. Eran muchas las preguntas que suscitaban los lodos desparramados a lo largo de muchos kilómetros cuadrados. Cuál era su composición química y su previsible evolución en las tierras y aguas en las que se esparcieron. Qué consecuencias podía tener el vertido para los ambientes a los que accedió, así como para los seres vivos de un entorno natural protegido y para la salud de la población. Cómo abordar la limpieza y, en su caso, la restauración de los lugares afectados. Eran interrogantes que podían tener una respuesta científica, por lo que urgía ponerse a trabajar en los organismos que podía dar respuesta.

También era grande la tentación de opinar acerca de las consecuencias de todo ello y no faltó quien lo hizo sin mucho conocimiento de causa. Además, tal como ocurre siempre una y otra vez, los responsables políticos, presionados para dar cuenta de lo que ocurre, se encuentran ante múltiples tentaciones. Entre ellas: minimizar la importancia de lo ocurrido, pero evitar que les puedan acusar de ocultación de peligros; señalar los riesgos, pero controlar las alarmas excesivas; asegurar que en su ámbito de responsabilidades todo se hizo correctamente, pero acusar a otros cargos o administraciones de negligencia, sobre todo si estos son de distinto signo político.

Así son las cosas. En aquellos momentos, en el CSIC decidimos abordar la respuesta al interrogante fundamental, cuál era la realidad del vertido tal como lo podíamos estudiar desde el punto de vista científico. Como Presidente del CSIC en aquellos momentos, tenía muy presentes otras situaciones anteriores –como la del síndrome del aceite tóxico, de la primavera de 1981- en las que la voz de los científicos quedó oscurecida por una pugna política extraordinariamente radicalizada. Lo primero era conocer la valoración de los científicos expertos, lo que nos llevó a reunir a un comité de científicos del organismo, basado en los expertos de la Estación Biológica de Doñana. Pronto se disponía de otras muchas colaboraciones de fuera de la institución, para hacer un seguimiento de la emergencia e informar a la opinión pública y a las administraciones de qué ocurría, y de las medidas correctoras más aconsejables.

Hace pocos días resumí mis impresiones de todo esto en el artículo “El sistema periódico derramado”, anexo a este blog. No repetiré esas valoraciones, pero sí creo necesario insistir en la necesidad de una información científica fiable en situaciones de emergencia. Es seguro que habrá debate y cruce de argumentos sobre la responsabilidad política. Pero sólo una presentación científica de los hechos reales –los demostrados y los probables- puede serenar los conflictos, además de ofrecer una referencia fiable para la opinión pública. Desde la tragedia que supuso el aceite de colza adulterado, con sus consecuencias mortales o gravemente patológicas para muchas personas (no hay parangón por su gravedad), pasando por Aznalcóllar, las vacas locas y el Prestige, han sido muchas las situaciones. Pero, la conclusión sigue siendo clara: los datos fiables, explicados por expertos son la clave. Sin ellos, los políticos pueden ser creíbles para sus partidarios, mientras que sus detractores suelen encontrar más razones para combatirlos. A día de hoy, en relación con lo que parece una crisis menor, seguimos sin saber lo primero que ha debido ser determinado, es decir, la naturaleza del hidrocarburo que adultera algunas partidas de aceite de girasol. Sólo desde esa información, cuya determinación está al alcance de tantos laboratorios en España, cabe construir un mensaje sobre el alcance de la emergencia y las medidas que cabe tomar para atajarla.   

César Nombela 

La I+D, un objetivo nacional, sin necesidad de citar sin conocimiento de causa

Apenas estrenado el blog, me preguntan si en conciencia es rentable investigar en España. Naturalmente que lo es. Ningún país puede renunciar a crear conocimiento en el mundo actual, eso es obvio. Pero, la polémica sobre la Ciencia en España tiene raíces muy profundas, que se hunden en el pasado precisamente en situaciones de análisis y reflexión sobre nuestro propio ser nacional, en todos los aspectos. No cabe aquí un análisis exhaustivo, pero sí que quisiera hacer referencia a alguna cuestión no demasiado lejana en el tiempo. Me refiero a la famosa frase atribuida a Unamuno “que inventen ellos”, tan citada por muchos con poco conocimiento de causa. Es frecuente referirse al aserto del pensador vasco como si fuera una proclama que en España prendió y fue asumida a modo de mandato de cumplimiento inexcusable. Nada hay de eso. En uno de los ensayos unamunianos (El pórtico del templo. Salamanca 1906), algo parecido a esa propuesta forma parte de un supuesto diálogo entre dos personajes, Román y Sabino, que representan dos posturas, incluso dos visiones que pueden pugnar en uno mismo sobre el valor de las cosas tangibles y la importancia de las cuestiones del espíritu:

 ROMÁN – ¿Que nada hemos inventado? Y eso, ¿que le hace? Así nos hemos ahorrado el esfuerzo y ahínco de tener que inventar, y nos queda más lozano y más fresco el espíritu …

SABINO – Al contrario. Es el constante esfuerzo lo que nos mantiene la lozanía y la frescura espirituales. Se ablanda, languidece y desmirria el ingenio que no se emplea …

ROMAN – ¿Que no se emplea en inventar esas cosas?

SABINO – U otras cualesquiera …

ROMAN – ¡Ah! ¿Y quién te dice que no hemos inventado otras cosas?

SABINO – ¡Cosas inútiles!

ROMÁN – ¿Y quien es juez de su utilidad? Desengáñate: cuando no nos ponemos a inventar cosas de esas, es que no sentimos la necesidad de ellas.

SABINO – Pero así que otros las inventan, las tomamos de ellos, nos las apropiamos y de ellas nos servimos; ¡eso sí!

ROMAN – Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó.

SABINO – Acaso mejor.

ROMÁN – No me atrevía a decir yo tanto…

SABINO – Pero ellos, ejercitando su inventiva en inventar cosas tales, se ponen en disposición y facultad de seguir inventando, mientras nosotros…

ROMAN – Mientras nosotros ahorramos nuestro esfuerzo.

SABINO – ¿Para que?

ROMÁN – Para ir viviendo, y no es poco.

Unamuno volvería sobre el asunto en su correspondencia con Ortega y en el libro “Del sentimiento trágico de la vida”, en donde se formula la pregunta ¿Se hizo el hombre para la ciencia o se hizo la ciencia para el hombre? Todo ello después de haber abogado también por una auténtica apertura a Europa como la opción para España. Así de paradójico podía resultar el que fuera rector salmantino. Cabe naturalmente mucho debate sobre sus ideas y sus aportaciones a las preguntas básicas que el hombre puede hacerse sobre su propia existencia; de hecho entre los dos interlocutores hay también propuestas del valor de la invención que aquí podríamos extender a toda la práctica científica. Pero, yo me atrevo a proponer que se deje la cita de marras como arranque de cualquier discurso, intervención o comentario sobre la I+D en España. Nuestro análisis debe dar para bastante más.

Los puntos de referencia de la cuestión, a día de hoy, ni siquiera son los mismos que hace diez años. El sistema de I+D en todo el mundo ha ido evolucionando, aumentando en su envergadura y modificando sus prioridades; lo que hoy tenemos que hacer, para llegar al nivel que nos corresponde es distinto. De hecho hace falta más esfuerzo, porque los demás no se paran. De lo que no cabe duda es de que seguimos sin interpretar bien qué significa rentabilidad de la investigación, ni de que muchos siguen pensando que sólo vale la pena el esfuerzo si la rentabilidad –rendimiento económico se entiende- está garantizada. Pues bien, creo que se mire como se mire, hay todo tipo de razones para postular que es rentable, desde todos los puntos de vista. Si queremos aterrizar en lo económico, no podemos perder de vista nuestro déficit exterior que se agrava a medida que avanza la crisis económica que ya tenemos encima. El aumento de la productividad y el avance competitivo no pueden venir de otra cosa que del conocimiento (educación + investigación). Como tantos investigadores creo que es preciso diseñar bien las prioridades científicas, pero que la primera prioridad es la Ciencia como tal. Víctor, en este blog, insiste también en la necesidad de un apoyo social, que cristalizara en demandas por parte de la propia opinión pública de un esfuerzo mayor por nuestra parte. Así es a mi juicio. Ahora, en pleno proceso electoral, conviene que la demanda se plantee nítidamente a quienes aspiran a gobernar. Como en la investigación lo fundamental es hacer bien las cosas, conviene desterrar la forma desenfocada y tópica en que se presenta la cita unamuniana aquí comentada. Pero, igualmente necesario es evitar proclamas sobre supuestas medidas de apoyo a la investigación que no van más allá de planteamientos propagandísticos.

César Nombela    

Pero la tarea científica, aquí y ahora, en España y en el mundo, tiene también una vertiente absolutamente tangible, que hace referencia a nuestro día a día en la investigación, y en lo que ésta representa para nuestra sociedad. Es imposible sustraerse a considerar el estado real de nuestro sistema de Ciencia y Tecnología. Todo ello nos conduce a una enorme cantidad de facetas: desde las circunstancias en las que se puede desarrollar una carrera de científico o de tecnólogo, en nuestro ambiente, hasta la organización de los programas de la investigación o la gestión de las políticas científicas. Son temáticas que requieren una valoración continua, por lo que demandan un debate mantenido, como única forma de favorecer las acciones que realmente necesita nuestro sistema de Ciencia y Tecnología.

Descendiendo, por tanto, a las cuestiones más tangibles, me parece esencial formular algunos planteamientos como base para una valoración profunda, libre y constructiva de nuestro sistema científico:

-          Nuestra actividad de I+D está aun lejos de los niveles de esfuerzo que requiere un país como el nuestro. No cabe duda de que ha habido un despegue claro en los últimos treinta años, con un crecimiento sostenido aunque irregular. Pero, no es menos cierto que nos falta un segundo despegue que no acaba de llegar. La legislatura actual acabará, en poco más del 1,25% de inversión en I+D como porcentaje del PIB a finales de 2007. Muy lejos del 2% prometido por el Gobierno, y a años-luz del 3% que era el objetivo de 2010. Nuestro déficit tecnológico no deja de crecer. En conclusión, hace falta mucho más esfuerzo y otra gestión. Reformas importantes en universidades, OPIs, etc.

-          Como en tantas otras cuestiones, en la valoración y la crítica de todo lo relacionado con la I+D, estamos excesivamente condicionados por la “corrección política”. Lo políticamente correcto puede ir cambiando, pero no deja de ser siempre un intento de imponer un pensamiento único. Hay demasiadas cosas que parecen intocables.

-          Necesitamos profundizar más en el marco de referencias éticas para la investigación. La Bioética está de actualidad porque abarca muchos de los nuevos dilemas éticos y, sobre todo, porque las intervenciones sobre la vida humana son cada vez más factibles en la tarea actual. Pero, hace falta plantear con amplitud un marco de valores en los que encajar la tarea científica. La Ética científica, y en concreto la Bioética, son con frecuencia terrenos de debate, también de discrepancias y de cruce de argumentos enfrentados. Entiendo, no obstante, que las propuestas se han de formular con claridad. Y considero que el mayor sesgo, con frecuencia, se produce en lo que es el propio origen de las cuestiones sobre las que hay que discernir, es decir, en una valoración poco rigurosa de los hechos científicos objeto de análisis. El punto de partida –esa creo que es la aportación fundamental de los científicos- debe ser, precisamente, un planteamiento riguroso de las hipótesis científicas y de su viabilidad, para después analizar su validez desde el marco ético. Se trata un largo camino para nuestra sociedad actual; yo creo que puede ser productivo y que, además, la ética no debe entenderse como una lista de prohibiciones, sino como un marco fundamental para que la dignidad humana sea la referencia esencial.

Trabajar por y para la Ciencia es una tarea muy seria, algo que sólo cabe hacerlo a conciencia. Trataremos de servir a ese objetivo, desde este rincón de la red.     

César Nombela