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CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PRIORIDADES EN TIEMPOS DE CRISIS

No creo exagerado afirmar que es difícil encontrar avances significativos de nuestro sistema científico que hayan tenido lugar en la legislatura 2008-2011. Las cifras de inversión global en I+D, de las que ya disponemos, nos situaban en el 1,39% del PIB en 2010, muy lejos de la media europea. Es predecible además que haya un descenso en el balance de 2011. Además, la inversión empresarial en esta tarea sigue muy desfasada, ya que nuestras empresas lejos de aportar los dos tercios de la inversión, como ocurre en los países más avanzados, se quedan en menos de la mitad y con un descenso claro en los últimos años.

En esta situación algunos invocan la aprobación de la Ley de la Ciencia, por amplísima mayoría parlamentaria, como el paso decisivo que aportará el impulso que añoramos en nuestra tarea de creación de conocimiento y su proyección en el desarrollo económico y social. Pero, sigue sin llegar lo que se ha llamado el segundo despegue, el que consolidaría los avances que tuvieron lugar desde 1980 hasta principios de este siglo, en que España triplicó su aportación a la producción científica mundial. Hay que recordar que la Ley de la Ciencia de 1986 fue igualmente suscrita mayoritariamente por gobierno y oposición. La pregunta de si será suficiente con ponerse de acuerdo sobre los textos legislativos tiene obviamente una respuesta negativa, hace falta mucho más. Ni siquiera la retórica que acompaña a expresiones como “Pacto de Estado”, aplicada a los más variados asuntos, supone demasiado en este caso.

Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en I+D y proyectar todo esto en la innovación pero, corresponde a los responsables políticos de cada momento la iniciativa principal. La que aporte los impulsos necesarios, identifique las prioridades, asigne los recursos de manera sensata y lleve a cabo la gestión con suficiente trasparencia y sin sectarismos. Hace falta esa determinación y la necesaria fuerza política para hacer valer las razones para potenciar la Ciencia y la Tecnología como una prioridad para la acción de Gobierno. Nunca he pensado que el nuevo texto legal aportara demasiado; está plagado de intenciones más que de disposiciones que obliguen a impulsar las políticas que España necesita en I+D, es decir aumento decidido de la inversión y mejora de la calidad y de la rentabilidad de la investigación. Por ejemplo, la ley proclama que potenciará la movilidad del profesorado universitario, algo tan fundamental para que las universidades –el eje principal del sistema de ciencia y tecnología- configuren las plantillas académicas que necesitan. Pero nadie se puede creer que eso vaya a ocurrir, sin otros cambios legales se queda en una proclama retórica más. Parecido escepticismo expresaba hace poco el Presidente del CSIC afirmando que la Ley de la Ciencia “regula minuciosamente lo accesorio, merma la imprescindible autonomía de los organismos de investigación y plantea un modelo único de gestión para todos los centros públicos”.

Hemos de afrontar un período difícil para el impulso que la tarea científico-técnica de nuestro país necesita. Se anticipa ya una necesaria reducción de los recursos para I+D, porque las obligadas medidas de austeridad así lo exigen. Pero, no hay que olvidar que llevamos ya varios ejercicios anuales de recorte del gasto, con la consiguiente acumulación de déficits en las instituciones de I+D. Afrontar esta situación exige una fuerte determinación por parte de la autoridades, ahora en especial las del Ministerio de Economía y Competitividad, el departamento al que se ha adscrito la responsabilidad principal. Los gobernantes que la apliquen necesitarán del asesoramiento experto, al margen de orientaciones partidistas. Será fundamental una gestión eficaz de los recursos, rechazando la tentación de la propaganda, cuando comprobamos que es tan fácil caer en ella. Aspectos esenciales son: (i) Asegurar la continuidad de los grupos científicos productivos, los que convocatoria tras convocatoria, en las que han logrado la aprobación de sus proyectos, siguen mostrando una calidad investigadora creciente. Estos grupos, que operan en universidades y OPIs, representan la mejor base para construir la excelencia en el país. (ii) Prestar atención a la formación de nuevos científicos y facilitar el acceso de los que ya se han formado a una carrera razonable, no rígida, sino flexible, para renovar nuestras plantillas de la forma necesaria. (iii) Desarrollar una acción inteligente, coordinada y enérgica para reforzar nuestras capacidades de influir en los programas europeos, como forma de aumentar nuestra participación. No conocemos oficialmente las cifras de retornos que obtenemos de los programas científicos de la UE, pero me temo que no estamos retornando lo que aportamos, excluido naturalmente lo que recibimos en forma de fondos de cohesión. (iv) Sustanciar bien las iniciativas para rentabilizar los avances de la investigación, lo que sigue siendo una asignatura pendiente. La nueva ley incide como otras anteriores en facilitar la participación de los investigadores académicos en empresas, con permisos temporales y medidas similares. Pero, hacen falta las estructuras de interfase entre el mundo académico y las empresas, que articulen estos procesos de transferencia de conocimiento.

Nuestro sistema científico-técnico afronta una coyuntura difícil. Sin embargo, soy de los que creen que cabe una confianza en nuestras posibilidades, no un optimismo ilusorio, sino la convicción de que podemos seguir dando pasos adelante. También necesitamos la energía para exigir de nuestros gestores políticos y administrativos, el acierto en la gestión que hace falta para lograrlo.

César Nombela

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