Recuerdo una vez un encuentro con el alcalde de Almonacid de Zorita poco después de que cerraran la central nuclear en el 2006. Hablaba de cuando abrieron la central en los años 60, decía que eran otros tiempos, que nadie les había preguntado nada, que habían llegado, habían puesto la central y punto. Pero más importante aún, dijo que ahora, en 2006, tampoco les preguntaron nada, decidieron cerrar la central, la cerraron y punto. Sin un plan de desarrollo para la zona optan ahora al ATC (en Yebra ) y están en su perfecto derecho, visto lo visto que cada uno se busque sus garbanzos. Para que este tipo de cosas no sigan pasando en pleno siglo XXI, se ha pretendido que las decisiones a tomar sobre el tema del ATC tengan en cuenta las opiniones de innumerables estamentos, desde las asociaciones municipales hasta los Ministerios, pasando por comités de expertos o agentes sociales. Se ha intentado que la decisión sobre el emplazamiento del ATC sea un proceso adaptado a la actualidad: “transparente y abierto” como gustan decir los amantes de los circunloquios políticamente correctos. En este post quiero, precisamente, analizar cómo ha sido y será el proceso para seleccionar el municipio que finalmente albergará el ATC. Les ruego un poco de paciencia en el tedioso camino burocrático.

Todo el proceso del ATC comenzó cuando en 2004 ENRESA (recordemos que es la encargada de gestionar los residuos radiactivos) le dijo al Gobierno que la opción idónea para la gestión de esos residuos era la construcción de un ATC. Esto se llevó al Congreso, donde la Comisión de Industria ratificó por unanimidad lo que dijo ENRESA. El Gobierno (mediante el Ministerio de Industria), tomando buena nota de esto, convoca entre noviembre de 2005 y mayo de 2006 la Mesa de Diálogo sobre la Energía Nuclear en España. Para que luego algunos se quejen de la participación democrática, en esta Mesa únicamente faltaba Manolo el del bombo. Participaron las comisiones de Industria del Congreso y el Senado, las comunidades autónomas, cinco ministerios, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional de la Energía, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, ENRESA, expertos en energía, los sindicatos, las organizaciones de consumidores y los grupos ecologistas. Las conclusiones mayoritarias de esa Mesa de Diálogo establecen que el ATC es la opción más adecuada para la gestión de los residuos y que no se debe retrasar más la decisión de su ubicación. Las conclusiones, como digo, se adoptaron por mayoría porque en cualquier proceso donde estén los grupos ecologistas no es posible adoptar algo por unanimidad. Esto lo digo porque sé de buena tinta que los grupos ecologistas acudieron a esa Mesa de Diálogo con la consigna del NO A TODO hasta que hubiera un calendario de cierre de las centrales nucleares. Si hubiera habido un calendario de cierre, los ecologistas hubieran defendido el ATC como una solución óptima también para ellos, pero como no les dieron lo que querían el ATC es entonces maligno para todo el mundo, es peligrosísimo y supone la muerte para la zona en la que se instale…juzguen ustedes mismos la talla moral de estos individuos.

Viendo que todo el mundo estaba de acuerdo (menos los de siempre) el Gobierno se pone manos a la obra y crea una Comisión Interministerial que va a establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento donde se vaya a instalar el ATC. Hablando en plata para que nos entendamos, el Gobierno crea una Comisión para que le entregue, después de hacer lo crea conveniente, una lista ordenada de pueblos donde se puede instalar el ATC. Al Gobierno le correspone, finalmente, tomar la decisión sobre el emplazamiento del mismo. Esta Comisión se crea el 23 de Junio de 2006 mediante el Real Decreto 775/2006 y está compuesta por 7 Ministerios que no cito aquí por lo tedioso del asunto.

Ahora bien, estamos en el verano de 2006. Ya sabemos lo que queremos (un ATC), estamos todos de acuerdo en ello, se ha creado una Comisión que va a cortar el bacalao y únicamente falta decidir cómo va a ser el proceso de selección de los candidatos. Para ello se adoptó una metodología creada por un programa europeo que se denomina COWAM. El objetivo de este programa era encontrar una metodología basada en la participación de múltiples agentes y en la pluralidad de opiniones a la hora de determinar la búsqueda de emplazamiento para instalaciones que puedan tener una difícil aceptación social, como es el caso de cualquier instalación relacionada con la energía nuclear. Las conclusiones del programa COWAN España se publicaron en el documento titulado La gestión democrática de los residuos.

Todo el proceso descrito hasta ahora cristalizó el pasado 29 de Diciembre de 2009 cuando se publicó la resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se efectuaba la convocatoria pública para la selección de municipios candidatos a albergar el ATC. El procedimiento será el siguiente:

1. Los municipios interesados tienen un periodo de un mes para presentar las candidaturas. La condición para presentar candidatura es que la decisión haya sido tomada mediante acuerdo del Pleno Municipal. Este periodo de un mes finalizó el 30 de Enero y se han presentado 11 candidaturas.
2. La Comisión Interministerial publicará en la página web www.emplazamientoatc.es la lista provisional de candidaturas admitidas y excluidas. Ahora mismo estamos a la espera de la publicación de esta lista.
3. Después de dicha publicación habrá un plazo de 10 días para que los municipios excluidos presenten alegaciones.
4. La Comisión Interministerial publicará la lista definitiva de candidaturas admitidas y excluidas.
5. Una vez publicada esta lista se abrirá un plazo de 20 días para que las provincias, las comunidades autónomas y las organizaciones que lo consideren oportuno presenten las alegaciones que tengan por convenientes.
6. La Comisión Interministerial comunicará a los municipios si los terrenos que han presentado son válidos y, si no lo son, se les dará el plazo de un mes para que presenten terrenos alternativos.
7. Por último, la Comisión Interministerial estudiará los terrenos propuestos y se aprobará una propuesta final que se remitirá al Gobierno. Dicha propuesta reflejará las ventajas de los diferentes emplazamientos desde los puntos de vista de la viabilidad, el licenciamiento y el desarrollo del proyecto.

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