Archivo de octubre, 2012

Suecia en guerra cibernética

A raíz de la acusación de violación por parte de la fiscalía sueca de Julian Assange, factotum de Wikileaks, comenzaron una serie de ataques ciberneticos contra distintas instituciones del país escandinavo que se han recrudecido en el último mes.  Así, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y el Banco Nacional, entre otros,  han tenido sus webs caídas durante horas. La razón del encarnizamiento es que Suecia ha pedido la extradición del polémico personaje.

Casi instantaneamente a la petición de extradición, Anonymous lanzó un video amenzando de posibles represalias que se han convertido en realidad. Anonymous también aludía como motivo de los ataques a una redada de la polícia sueca en PRQ, la empresa de servidores de Wikileaks en Suecia.

No era la primera vez que la polícia sueca había actuado así. Su primera gran actuación fue la caída de la web “The pirate bay” aunque la website lo achacaba a un fallo electrico.

Sea como sea, lo cierto es que las autoridades suecas han decidido plantar cara a la piratería por internet. De momento, ha ampliado el ámbito de actuación de la Comisión contra la Piratería para que endurezca las penas por robo de datos y los ataques agran escala a los sistemas de información.  Estas nuevas sanciones se incluirán en un documento que será entregado al Parlamento el 3 de junio del año que viene.

Vista la situación, no cabe duda que en los próximos meses habrá una escalada en la violencia virtual entre autoridades y piratas.

 

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Participación legislativa: sí pero no.

Aunque la Constitución española de 1978 incluye en casi todos sus artículos la palabra “participación”, lo cierto es que este último concepto brilla por su ausencia en la historia legislativa de nuestra democracia. Al menos en lo que se refiere a la parte ciudadana donde quitando las elecciones periódicas y la convocatoria de dos referendum por parte del gobierno, los ciudadanos han tenido poco peso en las decisiones tomadas.

Es hora entonces de pensar que la Iniciativa Legislativa Popular, recogida en el artículo 87.3 del texto constitucional, es poco menos que una coartada para limpiar la conciencia de la clase política, ofreciendo un camino imposible de transitar a aquellos ciudadanos que pretenden elevar una propuesta para que se apruebe en nuestro parlamento. Esta idea se refuerza viendo que ninguna de las 66 propuestas que se han hecho llegar a la Mesa del Congreso ha sido aprobada. La mayoría caen ante los trámites de entrada ante la Mesa que es quien determina que iniciativa puede llegar hasta la discusión entre los diputados. tanto es así que solamente 9 han pasado este corte de las cuáles 8 cayeron fulminadas en el Congreso y solamente una pasó la prueba pero porque fue incluída en una iniciativa de un partido político y se refería a la Ley de Propiedad Horizontal.

¿Por que caen? Por la laboriosidad y complejidad que requiere el procedimiento. En primer lugar, un proyecto de ley completamente ajustado a derecho junto a una exposición de motivos. Curiosamente, suele ser esta última parte la que más iniciativas ha hecho caer. Más tarde y si la Mesa lo aprueba, 6 meses, prorrogables 3 meses mas para conseguir 500.000 firmas.  Si alguna vez alguien ha intentado recabar firmas por cualquier causa, sabrá lo complicado de la cuestión. Y mucho más si son 500.000. Para paliar este problema,  ya están surgiendo asociaciones que intentan recabar esas firmas digitalmente como Mi Firma aunque de momento, no hay mucho éxito.

Pero además, ambién el propio texto pone límites sobre las cuestiones que se pueden tocar a través de la Iniciativa Legislativa Popular. Ni asuntos regulados por Leyes orgánicas (Código Penal, Estatutos de Autonomía, etc), Leyes internacionales, Sistema tributario…   Osea que nos quedamos con las migajas.

En un artículo del diario digital El Confidencial se abunda en el tema. Ciertamente, la participación de todos los ciudadanos se ve recortada ante todas estas barreras.

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