Transparencia y Eficiencia en la gestión de la I+D, ¿son atributos incompatibles en España?

Autor: Eduardo Zarza-CIEMAT

Los Blogs que he escrito anteriormente dentro del marco del Proyecto ALCCONES han tenido un claro contenido científico o técnico, pero este que escribo ahora es más una reflexión en voz alta sobre la gestión de la I+D que en España se hace actualmente desde la Administración. El actual Gobierno mostró desde su nombramiento una especial atención y compromiso por evitar que en el ámbito de la Administración Pública pudieran darse casos de corrupción o uso indebido de los fondos públicos.

Esta preocupación del actual Gobierno es muy comprensible dada la larga sucesión de casos de uso indebido de fondos públicos que han ido salpicando a múltiples entidades públicas, especialmente ayuntamientos, gobiernos regionales, diputaciones y partidos políticos. Pero la forma en que dicha preocupación se ha plasmado en medidas concretas dentro del ámbito científico español ha sido, en mi opinión, muy desafortunada, pues ha originado situaciones difícilmente entendibles desde la perspectiva de una eficiente gestión de los recursos de I+D en España.

Las medidas implantadas por el actual Gobierno durante los dos últimos años se han cebado especialmente en los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), algo extraño a la vista que los casos de corrupción y uso indebido de medios públicos que han llegado a la opinión pública han ocurrido en otros ámbitos muy diferentes de la esfera pública, como todos sabemos. El afán del actual Gobierno por garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y la aplicación de procedimientos que garanticen un uso correcto de los mismos ha llevado a situaciones que podríamos definir como irracionales si nos ceñimos a la definición de “irracional” dada por el diccionario de la RAE (dícese de lo que es absurdo o que no obedece a la razón). Ningún calificativo mejor que “absurdo” puede emplearse para definir a los procedimientos implantados en los OPIS durante los últimos años. Tan absurdos que son incompatibles en muchos de los casos con la propia naturaleza de las actividades que debe desarrollar el OPI. Como ejemplo, podemos citar el hecho que los proyectos europeos plurianuales con financiación de la Comisión Europea tienen que ser llevados a cabo bajo el marco de las normas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que están diseñadas y pensadas para ejecuciones que no superan el ámbito temporal de un año. Esto provoca situaciones tan absurdas como que los pagos por adelantado que reciben los OPIS de la Comisión Europea para los proyectos plurianulaes, con la finalidad de cubrir sus costes durante aproximadamente los dos primeros años del Proyecto, tienen que ser gastados dentro del mismo año en que son recibidos por el OPI, porque los fondos remanentes a fecha de 31 de diciembre dejan de estar disponibles contablemente el 1 de enero del año siguiente, impidiendo de este modo la continuidad del Proyecto. El resultado de esto es claramente negativo y pernicioso, por las siguientes razones:

  • la financiación plurianual obtenida de la Comisión Europea no puede ser gastada, y por consiguiente se pierde la generación de empleo e inversiones que habría conllevado su gasto,
  • el dinero no gastado no ayuda a reducir el déficit público del Estado Español, pues el dinero no gastado tiene que ser devuelto a Bruselas por el OPI
  • los retrasos, y a veces cancelación del proyecto, originados por no poder disponer de las subvenciones recibidas de la Comisión Europea, merman la credibilidad del OPI frente a los socios del proyecto que se han visto perjudicados por los retrasos, e incluso a veces cancelación, del proyecto.

Hay centros públicos de I+D dependientes de OPIS, como es el caso de la Plataforma Solar de Almería, que se ven imposibilitados para poder realizar las actividades y proyectos que como Instalación Científico Técnica Singular (ICTS) deben llevar a cabo, pues las normas impuestas por el Gobierno son incompatibles con proyectos plurianuales que cuentan con una importante financiación de Bruselas. Como consecuencia de esto se está produciendo un rápido declive en la relevancia internacional de estos centros, perdiendo su excelente posicionamiento en el sector y echando por tierra el gran esfuerzo realizado por sus investigadores durante muchos años.

La irracionalidad de los procedimientos implantados por el actual Gobierno lleva a multitud de circunstancias que resultarían increíbles si no fuera porque están sucediendo. Un ejemplo concreto: se prohíbe que los propios Gabinetes Jurídicos de los OPIS tramiten Acuerdos de poca relevancia, como son los Acuerdos de Cooperación Educativa, mediante los cuales se realizan intercambios de investigadores o cortas estancias de estudiantes e investigadores en otros centros. Este tipo de Acuerdos, que no tiene contenido económico alguno y solo contiene cláusulas donde se define la duración de la estancia, finalidad y el compromiso del estudiante o investigador a mantener, cuando sea necesario, la debida confidencialidad sobre los datos a los que tenga acceso durante su estancia, ya no puede ser tramitado por los Gabinetes Jurídicos de los propios OPIS, teniendo que ser tramitados a través de la Abogacía General del Estado, lo que implica periodos de tramitación y esfuerzos que resultan desproporcionados si se tiene en cuenta la poca relevancia de este tipo de Acuerdos.

Los ejemplos puestos de manifiestos anteriormente son solo una mínima muestra de los procedimientos irracionales implantados por el actual Gobierno en los OPIS, los cuales se ven abocados a la irrelevancia por no poder realizar los proyectos comprometidos, ni hacer frente a sus compromisos.

Todo esto parece poner de manifiesto que las nuevas normas implantadas por el actual Gobierno en los OPIS con el fin de asegurar una gestión transparente ha conducido a una situación altamente ineficiente debido a la torpeza que se ha exhibido a la hora de diseñar e implantar dichas medidas, porque son claramente incompatibles con la propia naturaleza de un OPI que aspire a tener relevancia internacional.

Afortunadamente, ni las Universidades, ni el propio CSIC han sido víctimas de esta torpeza, pues ellos no están sujetos a las normas de los Presupuestos Generales del Estado. Tal vez este sea el principal problema: los actuales OPIS representan una parte pequeña de la Ciencia en España, y esta circunstancia hace que este mal que están padeciendo no sea un tema prioritario para los políticos.

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