ALGUNAS CUENTAS DE EMPLEADO PÚBLICO

Las vacaciones estivales son época propicia para la desconexión de los asuntos cotidianos, para el asueto, para la evasión de la rutina. Aunque no sea así para todos, en estos días las preocupaciones primaverales se toman un descanso y, con suerte, tratamos de disfrutar del estío en lugares distintos. Alejado de la vorágine de muchos ante la bajada de sueldo del empleado público haremos uso de nuestro derecho a la aclaración y la queja en unas líneas, sin querer disturbar el merecido descanso.

El aminoramiento de la nómina mensual de los empleados públicos ha desatado comentarios a favor y en contra. Se ha convertido en motivo de charla común. Parece lógico, teniendo en cuenta la trascendencia que ha tenido la noticia y que la Administración y sus organismos están omnipresentes en la vida cotidiana.

Habría que aclarar que no todo empleado público es funcionario. Parece que esta distinción no se tiene presente, y no es baladí. En las distintas administraciones se encuentran distintos tipos de vinculación laboral, con particularidades propias según se trate de cada una de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos u organismos del  Estado. Y dentro de cada Administración se da una importante dispersión en derechos y retribuciones. El empleado público no tiene un puesto vitalicio ni un convenio ventajoso en muchas ocasiones. El reportaje de El País Radiografía de los funcionarios pone de manifiesto muchos de estos aspectos.

Pero no queremos quejarnos ofendiendo a aquellos que piensan que por tener un trabajo seguro se ha de aceptar sin más la imposición del Gobierno. Carecemos del conocimiento profundo y de los tecnicismos para justificar nuestra queja. También sabemos que la decisión no afecta a todos por igual, con la discriminación que esto puede suponer. En cualquier caso, un ejemplo puede ilustrar cómo pertenecer al conjunto heterogéneo de trabajadores de las administraciones y organismos públicos puede no ser tan rentable. Pondremos un sencillo caso de fácil constatación matemática. Nos serviremos de los datos salariales de un titulado medio sanitario de un ente público (es decir, personal laboral, no funcionario) de la Comunidad de Madrid, al que las medidas de recorte han afectado como a otros trabajadores públicos. Pues bien, desde 2004 hasta 2009, el salario de este empleado ha crecido un 2% anual, y en 2010 un 0,3%. Por tanto, sobre el salario de 2004, su sueldo se ha incrementado un 10,3%. En este periodo, desde enero de 2004 hasta junio de 2010, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó en Madrid un 18,5% (ver datos aquí). La  pérdida de poder adquisitivo es patente, incrementada si tenemos en cuenta que el cálculo de cambio anual se hace sobre la base de cambio previo (el 8´2 % de diferencia es en realidad mayor). Y eso, en periodos de ausencia de crisis. En junio sobreviene la disminución del 5% del salario. En caso de algunos entes públicos este decremento se produce además sobre conceptos que nunca habían aumentado su valor en el salario, es decir, se baja lo que nunca subió.

Hay situaciones que ahondan en el desencanto, si esto no es suficiente, del empleado público. Pero eso no viene al caso. Es cierto que el ejercicio público es, o debe ser, gratificante por el mero hecho del servicio a la sociedad que supone. Y esto es lo que el ciudadano, creemos, demanda: un servicio eficaz.  La asistencia sanitaria, la educación, la investigación, entre otras cosas, serían muy distintas sin un cuerpo de profesionales comprometidos y competentes. Por ello no cabe el regocijo ni la petición gratuita de aquiescencia ante la disminución de sueldo. El objetivo común es la satisfacción de las necesidades de la población y la accesibilidad a servicios básicos en una sociedad avanzada y de bienestar. Y los empleados públicos contribuyen a ello.

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