¿HASTA DÓNDE VAMOS A LLEGAR?

“La política está presenta en todas las facetas de nuestra vida”, se dice. Frase manida donde las haya pero igualmente cierta. Estamos en época convulsa en la política y la economía. Para muchos una se supedita a la otra, con diferente sentido según quién hable. Pero tal conexión existe. Y la política sanitaria se ve influida por los acontecimientos y tendencias de ambas ciencias.

Como profesional sanitario, y como ciudadano, nos interesa la política. Está presente en nuestras conversaciones y pensamientos, más o menos según el tiempo y las prioridades de cada momento. Pero, como hemos dicho, lo indudable es que nos afecta. Y ahora mismo, para mal, nos genera incertidumbre. Hemos hablado y etiquetado agunos de las entradas de esta bitácora como “política sanitaria”  fruto de la reflexión que como fisioterapeuta, docente y ciudadano nos provocan estos temas (1-6). Ahora volvemos a hacerlo espoleados por algunas noticias que han saltado a la palestra en los últimos días.

El Conseller de Salut Boi Ruiz afirmó el pasado martes que “seríamos partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta”, según recoge el períódico El País (7). Parece ser que estas declaraciones fueron después matizadas pero dejan bien claro las preferencias del consejero. También abogaba por una mayor colaboración del sector privado con la sanidad pública. Se colige que lo que se desearía desde el ejecutivo catalán es una mayor participación de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios, desde la colaboración, con la financiación desde fondos públicos y, tal vez, con la contribución de los usuarios según su nivel de renta. En todo caso, se proponen cambios en el actual sistema asegurador español.

Dicho así, y ante la actual situación financiera, parece lógico no quedarse quieto y buscar soluciones. La cuestión es cómo afectan estas propuestas a los ciudadanos. Ahora existe una cobertura sanitaria prácticamente universal con supuesta igualdad de derecho a la misma. La introducción de tramos de renta para determinar el nivel de cobertura rompería la igualdad, conquista asumida, creemos, por nuestra sociedad. A pesar de la existencia de un seguro básico para todos se estaría dificultando el acceso a prestaciones sujetas a un seguro suplementario. Si se propone un pago por servicio o copago se condiciona la solicitud de asistencia, aún en el caso de necesitarla realmente (suponiendo que haya personas que demanden los servicios de salud por motivaciones varias ajenas a la necesidad), rompiendo igualmente la equidad de acceso. Si se pretende la colaboración del sector privado habrá que justificar por qué los servicios públicos son tan  ineficientes como para suponer que los privados lo harán mejor y, además, obtendrán beneficios con la financiación por el erario público.

La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y la preceptiva tutela y organización de los poderes públicos en materia sanitaria. La indefinición de la norma favorece que este derecho se pueda afrontar de distintas maneras. Así  se contemplan iniciativas que critican y promueven cambios en el actual sistema de seguridad social. De hecho, pensamos, la discusión es saludable si contribuye al  desarrollo efectivo del derecho. En todo caso, la ley 14/1986, General de Sanidad (8) afirma en su artículo 79 la financiación pública. También recoge esta ley, sin embargo, la posibilidad de tasas por determinados servicios. Ante esto, se da cabida a la posibilidad de que la asistencia sanitaria requiera contraprestación, como las iniciativas de copago.

En todo caso, nuestra postura ha quedado clara en las entradas antes aludidas y ahora. La equidad en el acceso y uso de las instalaciones y servicios sanitarios públicos era una asunción hasta ahora no cuestionada. Aún así es difícil que sea efectiva por completo por motivos de distinta índole (proximidad geográfica, desequilibrios presupuestarios, diferentes carteras de servicios, etc.). La introducción adicional de criterios económicos y tasas alteraría las condiciones actuales. La modificación de los regímenes de gestión de los centros y de personal supondría introducir desigualdades en los mismos afectando al desarrollo del trabajo de los profesionales que bien pueden ver perjudicada su situacion. Las diferencias no vendrían sólo de la fragmentación de los modos de gestión o de la titularidad de los centros sino de las ya existentes fruto de la atribución de las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas. Objetivos, prioridades, proyectos, no estarían bajo unas directrices unificadas, por no insistir en la necesidad de lucro económico connatural a la empresa privada, cuando sea esta la encargada de la prestación sanitaria.

En definitiva, en el actual marco de contención y reestructuación emprendido por las Administraciones, transmitido como inevitable, como inevitables serían sus consecuencias para el usuario, el camino emprendido puede condicionar  acceso y prestación de la asistencia sanitaria. Tememos que para peor. Además, se difunde la idea que lo presente no puede continuar, que es inviable, cuando no hace tanto se presumía de ello. Nos cuestionamos además si, superada  la crisis en un futuro esperamos que no muy lejano, las medidas que perjudiquen la sanidad pública y a sus trabajadores serán reversibles. O si servirá de justificación para afianzar la presencia de la iniciativa privada, la segregación de organismos, la diversidad de prestaciones y condiciones, el aminoramiento de salarios o la desaparición de incentivos, la despreocupación por cuestiones “menores” como la investigación o el crecimiento y mejora de las prestaciones.

Para finalizar y por si no queda claro nos decantamos por la cobertura universal a todos los ciudadanos, sin discriminación por razones económicas, sin que medie lucro, financiada por las Adminitraciones públicas, con exigencia de calidad, con gestores responsables y atrevidos que asuman que su labor es un servicio de primer orden a la sociedad que los paga y capaces de exigir la implicación y el compromiso de los trabajadores, no sometidos a intereses particulares o empresariales. Porque la salud es importante, ¿verdad?

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Referencias

1. González García, JA. La sanidad en crisis. En Fisioterapia, 18/11/2008. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2008/11/18/la-sanidad-en-crisis/.

2. González García, JA. Sobre lo público y lo privado (I). En Fisioterapia, 23/11/2010. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2010/11/23/sobre-lo-publico-y-lo-privado-i/.

3. González García, JA. Sobre lo público y lo privado (II). Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2010/11/23/sobre-lo-publico-y-lo-privado/.

4. González García, JA. ¿Alguien dijo copago?. En Fisioterapia, 8/4/2011. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2011/04/08/%c2%bfalguien-dijo-copago/.

5. González García, JA. ¿Inequidad del sistema?. En Fisioterapia, 27/4/2011. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2011/04/27/%c2%bfinequidad-del-sistema/.

6. González García, JA.  Se cobra por “ser” malo. En Fisioterapia. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2011/11/11/se-cobra-por-ser-malo/.

7. AGENCIAS / FERRAN BALSELLS - El País, Barcelona – 29/11/2011. Acceso el 2 de diciembre de 2011. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Boi/Ruiz/plantea/seguro/privado/funcion/renta/luego/retracta/elpepuespcat/20111129elpepusoc_10/Tes

8.Ley General de Sanidad. Acceso 4 de diciembre en http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/29/pdfs/A15207-15224.pdf

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