Posts etiquetados con ‘Politica sanitaria’

ESPERANZAy3

Un quinquenio parece ser un periodo de tiempo simbólico, un plazo habitual para medir, limitar, evaluar. Hace ya 5 años de un acontecimiento que marca un hito en la Historia reciente de España de una naturaleza y alcance que se verá con más justicia en el futuro. Nosotros estuvimos en la Puerta del Sol de Madrid en 2011. Lo escribimos aquí, y dos años después lo recordamos antes a que la coyuntura política española tuviera cambios más que relevantes.

Por aquel entonces, como ahora, había unas elecciones inminentes. Lo que a priori pudiera plantarse en la calle no tuvo un refrendo en la urnas. Nosotros nos dejamos ver el plumero sin rubor porque entendimos que el movimiento del 15M era eso precisamente, un movimiento desde las bases de la sociedad, informadas, demandantes de mejoras en el plano social y ético. No nos pareció nada instrumentalizado en origen, ni creemos que pecáramos de ingenuos.  Desde una perspectiva socioética, como ciudadano y como profesional sanitario con convicciones, creemos que hay que tomar partido, con respeto y curiosidad hacia lo que opinen otros.

El primigenio 15M era fresco, transversal, ilusionante, imaginativo. Con el tiempo, aún más, es difícil hacer una crítica de la acidez de las que se escucharon por entonces. Han pasado muchas cosas, y de aquel brote han salido distintas ramas. No nos cabe duda de que removieron y aunaron distintas corrientes de indignados. Ahora muchos se arrogan el engendramiento o la participación en el movimiento, se encumbran en un pedestal por unos méritos que son más bien compartidos.  No nos decantaremos por nadie,  ni orientaremos a hacerlo. Esa es la base de proponer un pensamiento crítico, la incitación a llegar a conclusiones propias con el tamiz de razonamiento. Pero sí consideramos necesario cuestionarnos qué supone aquel recuerdo en nuestras vidas y si tiene alguna trascendencia en lo personal y profesional.

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EL ANIVERSARIO…OSCURECIDO

Acabó el verano y nos incorporamos a nuestros puestos de trabajo. En nuestro caso al Hospital Universitario de Fuenlabrada, de cuya plantilla formamos parte desde su apertura. Como en años anteriores este comienzo posestival va acompañado de cambios y proyectos de cara a la actividad asistencial, docente y a la preparación de nuestras jornadas de Fisioterapia. Sin embargo, septiembre también ha venido con otras novedades que ha hecho visible a nuestro hospital por motivos poco deseables.

En pleno agosto, alejados de física y mentalmente de nuestra tarea cotidiana, nos enterábamos por las redes sociales, e incluso por la televisión, de la noticia. Nuestro hospital estaba siendo investigado por supuesta filtración de datos  a centros privados. Los que sabían de dónde nos ganamos el pan nos informaban también de ello.

Los acontecimientos siguieron su curso y en este septiembre de nuevo hemos tenido notoriedad en los medios. Desgraciadamente no por la calidad de nuestra atención, por la profesionalidad de los trabajadores, por algún proyecto de investigación o por el inicio del la actividad docente pre y posgrado. De todo eso hay, pero de nuevo las irregularidades y la dimisión de nuestro gerente nos llevaron a la palestra. Precisamente este año, nuestro décimo aniversario, al que dedicamos una entrada hace unos meses. En ella loábamos al centro, su trayectoria, nos mostrábamos orgullosos de estar en él. Esto no ha cambiado, pero resulta inevitable sentirse contrariado. No se trata de culpar, no es nuestro cometido. Pero como ciudadano y empleado nos preocupa el funcionamiento de lo público, defendemos su carácter, como también hemos hecho en esta plataforma, más cuando se trata de la protección de datos personales en materia de salud. Además, nos sentimos si cabe más agraviados cuando el veleidoso devenir de nuestros pensamientos nos lleva al malpensar.  Resulta inevitable relacionar la situación de las listas de espera, como decíamos en otra ocasión relacionadas con la Fisioterapia pública, con un supuesto interés en buscar soluciones en la iniciativa privada. Táchesenos de suspicaces, pero cuando se derivan pacientes a un centro privado eludiendo mecanismos establecidos para ello y no se buscan alternativas con los medios propios, es eso, inevitable pensar en algún interés espurio.

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NUESTRO DÉCIMO CUMPLEAÑOS

 

Celebramos nuestro cumpleaños, el de nuestros deudos, el de otros allegados y amigos. Lo hacemos con más o menos regocijo. No es tan común la celebración que motiva esta entrada.  Se cumplen diez años desde que el Hospital Universitario de Fuenlabrada, el que consideramos nuestra casa, inició su actividad asistencial. En este mes, hace diez años, recibimos a nuestros primeros pacientes en la Unidad de Fisioterapia. 

No es fácil que en el devenir de nuestra vida profesional seamos testigos partícipes del inicio de la andadura de un centro hospitalario. Es cierto que ha habido momentos de aperturas paralelas de hospitales en el pasado reciente, pero no deja de ser extraordinario ser parte de ello. A la incertidumbre y la ilusión de cualquier incorporación a una empresa se añade que este proceso fue colectivo de un numeroso grupo de profesionales, sanitarios y no sanitarios. Además, el camino fue largo, con distintas fases que se iban superando esperando la evaluación final. Los aspirantes, en general, éramos jóvenes, más o menos, pero con cierta experiencia y formación. Como aquella frase que se acuñó en los 90, nos considerábamos JASP, Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados.

Se ponía en marcha un hospital con una forma de gestión distinta, como Ente público. Para muchos, aún hoy día, esa figura no aclaraba que somos un centro administrativa y económicamente por entero de carácter público, pero con posibilidades de funcionamento, en algunas cuestiones,  más flexibles y autónomas.

Hospital Universitario de Fuenlabrada

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AJUSTE DE RECURSOS POR LIMITACIÓN

La utilización de los recursos es un tema actual. Entendemos que el interés creciente, a veces impetuoso, por la gestión se debe al momento de estrechez dineraria de estos tiempos. El uso eficiente y adecuado no debería ligarse a este contexto aunque, aprovechando la coyuntura, sí se debería hacer un esfuerzo para consagrarlo como una de las máximas del sistema sanitario público.

No abogamos por la restricción indiscriminada en materia sanitaria. Es más, habría que reconsiderar el gasto en otras partidas dependientes de las Administraciones mucho antes de abordarlo en este asunto. Sin embargo, la falta de diligencia en la gestión de los fondos destinados a sanidad bien podría, como en otros ámbitos, haber participado en el desencadenamiento de la situación actual. Por ello, y puestos a recortar, lo que ha de hacerse primero es conocer si, con los recursos diponibles, se hace una distribución basada en criterios de eficacia y eficiencia. Sin olvidar que estamos hablando de salud, donde los aspectos sociales y psicológicos, humanos en general, juegan un papel junto con los puramente económicos.

La fisioterapia es un apéndice minúsculo en relación con las dimensiones del sistema sanitario público. Su gestión no tendría entonces unas repercusiones relevantes en términos de gasto y ahorro. Sin embargo, sí que padece, como el resto, los envites de la  nueva política económica (disminución de recursos materiales, disminución o eliminación de nuevas contrataciones, cierre de unidades y servicios, abandono de nuevas iniciativas de asistencia y/o investigación, etc.). En todo caso, todas las ideas que promuevan la mejora en el uso de los recursos disponibles habrían de ser consideradas. La pena es que, como dijimos, no sea esta la norma en ausencia de crisis.

En línea con lo anterior rescatamos otra vez un concepto presente muy a menudo en el ámbito de los cuidados paliativos: la limitación del esfuerzo terapéutico (LET). Esta se puede definir como la exclusión explícita o la retirada de medidas terapéuticas al constatarse que no producen un beneficio para el paciente. Muy relacionada está entonces la futilidad de una intervención, tando desde el punto de vista objetivo como subjetivo (en relación con las expectativas y valoraciones del propio paciente). Así pues, cabe interrogarse sobre si, para mejorar la utilización de la fisioterapia, no sería más útil la renuncia a la misma, al menos en los términos en los que fue propuesta inicialmente. Cualquier fisioterapia debiera responder con cierta claridad a estas cuestiones: ¿cual es el objetivo de la intervención?, ¿es este factible? y ¿son proporcionados los medios empleados (en cuanto al coste, requerimientos al paciente y/o familia, etc.)? Es fácilmente constatable, al menos para los ejercientes de la fisioterapia pública, que mucha de la práctica cotidiana no da respuesta, o ni siquiera lo intenta, a esas cuestiones. La aceptación de la ausencia de progresión, de la posibilidad de secuelas, de la escasa o nula eficacia de ciertas técnicas o del coste desproporcionado (en términos económicos, laborales, sociales) que supone la asistencia a sesiones de fisioterapia deberían llevar a corregir estas situaciones. Ello implica que los gestores cercanos y distantes de la fisioterapia deberían conocer este estado de cosas y que los fisioterapeutas deberían responsabilizarse más en la detección y comunicación de estos casos. Pero, la cuestión central es que, dadas esas condiciones previas, los fisioterapeutas, como responsables de su tratamiento, vean reconocido su criterio y competencia en la decisión de instaurar su intervención o cesar la misma , en pacto con el paciente y/o familia. Ello contribuiría, a nuestro entender, a un empleo más adecuado de la fisioterapia, tanto en crisis como en ausencia de ella.

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¿HASTA DÓNDE VAMOS A LLEGAR?

“La política está presenta en todas las facetas de nuestra vida”, se dice. Frase manida donde las haya pero igualmente cierta. Estamos en época convulsa en la política y la economía. Para muchos una se supedita a la otra, con diferente sentido según quién hable. Pero tal conexión existe. Y la política sanitaria se ve influida por los acontecimientos y tendencias de ambas ciencias.

Como profesional sanitario, y como ciudadano, nos interesa la política. Está presente en nuestras conversaciones y pensamientos, más o menos según el tiempo y las prioridades de cada momento. Pero, como hemos dicho, lo indudable es que nos afecta. Y ahora mismo, para mal, nos genera incertidumbre. Hemos hablado y etiquetado agunos de las entradas de esta bitácora como “política sanitaria”  fruto de la reflexión que como fisioterapeuta, docente y ciudadano nos provocan estos temas (1-6). Ahora volvemos a hacerlo espoleados por algunas noticias que han saltado a la palestra en los últimos días.

El Conseller de Salut Boi Ruiz afirmó el pasado martes que “seríamos partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta”, según recoge el períódico El País (7). Parece ser que estas declaraciones fueron después matizadas pero dejan bien claro las preferencias del consejero. También abogaba por una mayor colaboración del sector privado con la sanidad pública. Se colige que lo que se desearía desde el ejecutivo catalán es una mayor participación de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios, desde la colaboración, con la financiación desde fondos públicos y, tal vez, con la contribución de los usuarios según su nivel de renta. En todo caso, se proponen cambios en el actual sistema asegurador español.

Dicho así, y ante la actual situación financiera, parece lógico no quedarse quieto y buscar soluciones. La cuestión es cómo afectan estas propuestas a los ciudadanos. Ahora existe una cobertura sanitaria prácticamente universal con supuesta igualdad de derecho a la misma. La introducción de tramos de renta para determinar el nivel de cobertura rompería la igualdad, conquista asumida, creemos, por nuestra sociedad. A pesar de la existencia de un seguro básico para todos se estaría dificultando el acceso a prestaciones sujetas a un seguro suplementario. Si se propone un pago por servicio o copago se condiciona la solicitud de asistencia, aún en el caso de necesitarla realmente (suponiendo que haya personas que demanden los servicios de salud por motivaciones varias ajenas a la necesidad), rompiendo igualmente la equidad de acceso. Si se pretende la colaboración del sector privado habrá que justificar por qué los servicios públicos son tan  ineficientes como para suponer que los privados lo harán mejor y, además, obtendrán beneficios con la financiación por el erario público.

La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y la preceptiva tutela y organización de los poderes públicos en materia sanitaria. La indefinición de la norma favorece que este derecho se pueda afrontar de distintas maneras. Así  se contemplan iniciativas que critican y promueven cambios en el actual sistema de seguridad social. De hecho, pensamos, la discusión es saludable si contribuye al  desarrollo efectivo del derecho. En todo caso, la ley 14/1986, General de Sanidad (8) afirma en su artículo 79 la financiación pública. También recoge esta ley, sin embargo, la posibilidad de tasas por determinados servicios. Ante esto, se da cabida a la posibilidad de que la asistencia sanitaria requiera contraprestación, como las iniciativas de copago.

En todo caso, nuestra postura ha quedado clara en las entradas antes aludidas y ahora. La equidad en el acceso y uso de las instalaciones y servicios sanitarios públicos era una asunción hasta ahora no cuestionada. Aún así es difícil que sea efectiva por completo por motivos de distinta índole (proximidad geográfica, desequilibrios presupuestarios, diferentes carteras de servicios, etc.). La introducción adicional de criterios económicos y tasas alteraría las condiciones actuales. La modificación de los regímenes de gestión de los centros y de personal supondría introducir desigualdades en los mismos afectando al desarrollo del trabajo de los profesionales que bien pueden ver perjudicada su situacion. Las diferencias no vendrían sólo de la fragmentación de los modos de gestión o de la titularidad de los centros sino de las ya existentes fruto de la atribución de las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas. Objetivos, prioridades, proyectos, no estarían bajo unas directrices unificadas, por no insistir en la necesidad de lucro económico connatural a la empresa privada, cuando sea esta la encargada de la prestación sanitaria.

En definitiva, en el actual marco de contención y reestructuación emprendido por las Administraciones, transmitido como inevitable, como inevitables serían sus consecuencias para el usuario, el camino emprendido puede condicionar  acceso y prestación de la asistencia sanitaria. Tememos que para peor. Además, se difunde la idea que lo presente no puede continuar, que es inviable, cuando no hace tanto se presumía de ello. Nos cuestionamos además si, superada  la crisis en un futuro esperamos que no muy lejano, las medidas que perjudiquen la sanidad pública y a sus trabajadores serán reversibles. O si servirá de justificación para afianzar la presencia de la iniciativa privada, la segregación de organismos, la diversidad de prestaciones y condiciones, el aminoramiento de salarios o la desaparición de incentivos, la despreocupación por cuestiones “menores” como la investigación o el crecimiento y mejora de las prestaciones.

Para finalizar y por si no queda claro nos decantamos por la cobertura universal a todos los ciudadanos, sin discriminación por razones económicas, sin que medie lucro, financiada por las Adminitraciones públicas, con exigencia de calidad, con gestores responsables y atrevidos que asuman que su labor es un servicio de primer orden a la sociedad que los paga y capaces de exigir la implicación y el compromiso de los trabajadores, no sometidos a intereses particulares o empresariales. Porque la salud es importante, ¿verdad?

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Referencias

1. González García, JA. La sanidad en crisis. En Fisioterapia, 18/11/2008. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2008/11/18/la-sanidad-en-crisis/.

2. González García, JA. Sobre lo público y lo privado (I). En Fisioterapia, 23/11/2010. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2010/11/23/sobre-lo-publico-y-lo-privado-i/.

3. González García, JA. Sobre lo público y lo privado (II). Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2010/11/23/sobre-lo-publico-y-lo-privado/.

4. González García, JA. ¿Alguien dijo copago?. En Fisioterapia, 8/4/2011. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2011/04/08/%c2%bfalguien-dijo-copago/.

5. González García, JA. ¿Inequidad del sistema?. En Fisioterapia, 27/4/2011. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2011/04/27/%c2%bfinequidad-del-sistema/.

6. González García, JA.  Se cobra por “ser” malo. En Fisioterapia. Acceso el 3 de diciembre de 2011 en http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/2011/11/11/se-cobra-por-ser-malo/.

7. AGENCIAS / FERRAN BALSELLS - El País, Barcelona – 29/11/2011. Acceso el 2 de diciembre de 2011. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Boi/Ruiz/plantea/seguro/privado/funcion/renta/luego/retracta/elpepuespcat/20111129elpepusoc_10/Tes

8.Ley General de Sanidad. Acceso 4 de diciembre en http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/29/pdfs/A15207-15224.pdf

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SE COBRA POR “SER” MALO

El Diario Médico del 10 de noviembre de 2011 recoge una noticia bajo el titular “Galicia cobrará en uso irresponsable de la sanidad” (1). Tal intención parece razonable e incluso loable en los difíciles momentos de financiación de los servicios públicos. Sin entrar en diatribas políticas entendemos que esas intenciones deben observarse con detenimiento, analizando la forma en que se concretan para comprobar si su repercusión afecta al derecho a la asistencia y a la calidad de los servicios sanitarios.

Hiperfrecuentación, fraude, falta a citas, incumplimiento terapéutico, prácticas de riesgo, consumo de sustancias nocivas,…Los posibles criterios para cobrar el uso de los servicios sanitarios públicos no están delimitados, pero muchos verían con buenos ojos que algo se hiciera en esta línea. Parece lógico buscar un uso eficiente de los recursos, lo hemos dicho en esta bitácora en más de una ocasión. Lo que no lo es tanto, como en otros ámbitos, es que hayamos esperado a esta crisis para intentar escudriñar en los balances de cuentas  y encontrar de dónde se puede recortar. La apuesta por la eficiencia, por el uso adecuado de unos recursos que son de todos debería ser una constante en los gestores y una autoexigencia en los que usamos esos recursos, profesionales y usuarios.

La fisioterapia es causa y víctima de una utilización distorsionada por parte de los responsables de derivar pacientes  (médicos de familia, rehabilitadores, traumatólogos, etc.) y por los propios pacientes. La obstinación terapéutica, las prácticas con poca o nula justificación científica, la reiteración de tratamientos manifiestamente ineficaces, la hipersolicitación de asistencia fisioterápica, son circunstancias presentes en el trabajo cotidiano del fisioterapeuta que contribuyen a un gasto sin  repercusión efectiva en la salud . Su corrección ayudaría a aliviar un poco las cuentas de los centros asistenciales por disminución de gasto directa e indirecta, al facilitar la fisioterapia de pacientes con posibilidades de mejora.

Esta reflexión necesaria, y de la que tendrían que surgir iniciativas de acción para enmendar la situación, no ha de suponer una amenaza, en nuestra opinión, para la accesibilidad a los servicios sanitarios, para la equidad en el  Sistema Nacional de Salud ni para la prestación de una atención de calidad científica. Con la excusa de un empleo impropio de los medios e instalaciones  asistenciales no ha de venir una remodelación que trabe la dispensación de medidas de diagnóstico, tratamiento o prevención. Por ello creemos que es necesario concretar los criterios y las reglas para establecer mecanimos de exacción  sanitaria, sin intenciones ocultas ni afán recaudatorio. En definitiva, punir la inadecuación en el usufructo de los servicios públicos de salud, cobrar cuando se “es” malo,  y promover y proporcionar asistencia de calidad cuando se “está” malo.

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Referencia

1. Lagoa M. R. , Diario Médico. Sanidad. 10 de noviembre de 2001. Acceso 11/11/11 en http://www.diariomedico.com/2011/11/10/area-profesional/sanidad/galicia-cobrara-uso-irresponsable-sanidad .

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ESPERANZA

Ha pasado ya el suficiente tiempo y han ocurrido suficientes acontecimientos para observar con la distancia y la serenidad necesarias los actos de reivindicación y protesta de la semana pasada. Los ánimos exacerbados, la euforia o el ímpetu dejan paso a una reflexión más objetiva sobre lo que pudo o puede suponer la materalización de los pensamientos, sentimientos y emociones en un movimiento que parece mitigarse.

Hace justo una semana empezó a ser materia de conversación omnipresente, noticia constante en muchos  medios de comunicación nacionales y foráneos, objeto de controversias encendidas y a veces descarriadas. Nosotros, ajenos muchas veces a lo inmediato, empezamos a escuchar e indagar sobre lo que significaba aquello de “democracia real ya”. Mientras, la dimensión de la protesta iba creciendo, azuzada quizás por la demanda de abandono por parte de la autoridades electorales. La Puerta del Sol, lugar emblemático para los madrileños, escenario de hitos en la historia de España, admirada y adorada por muchos, se convertía en en centro de las reclamaciones de cambios en el sistema.

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¿INEQUIDAD DEL SISTEMA?

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es el conjunto coordinado de los servicios de salud dependientes del Estado y los de las comunidades autónomas. Parece que esa coordinación es dudosa en base al informe anual del Defensor del Pueblo, donde se cuestiona la igualdad de acceso y prestaciones de las distintas administraciones.

Así lo podemos leer en  un Diario Médico reciente (1). Esta es una cuestión que se ha venido planteando desde hace años. Cada Comunidad Autónoma decide qué prestaciones y en qué condiciones presta los servicios sanitarios. El Consejo Interterritorial del SNS es el órgano de coordinación entre las administraciones públicas sanitarias central y autonómicas y  ha de  promover la cohesión del SNS a través de la garantía  de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado. Por otro lado,  la asunción de competencia sanitaria por cada Comunidad Autónoma garantiza el acceso a las prestaciones y el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad en todo el territorio y  la libre circulación de todos los ciudadanos.

Sin embargo,  en este momento en que todo derecho aparentemente consolidado parece poder cuestionarse, son muchas las situaciones cotidianas en las que el ciudadano se enfrenta a desigualdades flagrantes en el acceso a la sanidad. No parece propio de un país el que unos usuarios tengan cubiertas unas prestaciones y,  por pasar un limite jurisdiccional (que no una frontera) esas prestaciones se vean acrecentadas o aminoradas. Más cuando en el Estado español las distancias son tan cortas y la movilidad de los ciudadanos algo tan cotidiano.

Si como hemos visto, existe la intención de salvaguardar la homogeneidad de las prestaciones sanitarias, aunque quepan diferencias, no se entiende las divergencias entre administraciones a no ser que lo que se pretenda sea la diferenciación, que lleva, a nuestro entender, a la frustración y la falta de comprensión por parte de los potenciales agraviados con esas desigualdades.

Difícil de comprender es que en una Comunidad Autónoma las prestaciones en salud bucodental estén dentro de su catálogo de prestaciones y en otra no. O que el calendario vacunal sea distinto y acarree gastos para unas familias y otras no. O que el traslado de un ascendiente al lugar de residencia de sus hijos impida el acceso a los servicios sociales si no se tramitan desde la comunidad de origen (a la que el contribuyente no puede acudir por la dependencia de sus hijos). No sería descabellado pensar que no se acceda a la fisioterapia de igual manera entre comunidades.

Si además se añaden las diferencias en cuanto a tipo de gestión o prioridades según la orientación política de las administraciones el panorama se acerca al de un sistema de sistemas variopintos e inconexos. En definitiva, se establecen diferencias que tienden a la inequidad en el acceso a los servicios sanitarios y sociosanitarios.

No conocemos la solución pero lo que está claro es que esta realidad no es la pretendida por las diposiciones de más alto nivel. Como en otras cuestiones cabe exigir a los administradores que simplementen cumplan con las reglas del juego.

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Referencia

1.  Laura G. Ibañes . El Defensor del Pueblo constata inequidad en las prestaciones. En Diario Médico, 8 de abril de 2011. http://www.diariomedico.com/2011/04/08/area-profesional/sanidad/defensor-pueblo-constata-inequidad-en-prestaciones. Acceso 8 de abril de 2011.

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¿ALGUIEN DIJO COPAGO?

Si situamos los derechos ciudadanos en materia de servicios públicos  en un sistema de coordenadas estos parecen seguir una curva descendente, lineal a veces, espasmódica otras, sin poder precisar desde cuando ocurre así.

Hasta el comienzo de la actual crisis económicofinanciera este hecho se pudo ver amortiguado o frenado por la falta de necesidad de contención o restricción.  Ahora, todo aminoramiento del gasto a costa de derechos consolidados parece justificada y justificable ante los ojos de gran parte de la problación. Esta se muestra aquiescente e incluso condescendiente con los recortes. Pero se olvida que sin esos derechos su vulnerabilidad aumenta y corre riesgo de ver afectada sustancialmente su forma de vida.  Así, la pérdida de una educación de calidad y accesible en igualdad de condiciones tendrá consecuencias personales y societales futuras. Y, en nuestro ámbito, la falta de una sanidad universal condicionaría el desarrollo vital ante eventuales enfermedades de mayor o menor gravedad.

Nos resulta difícil imaginar un Estado en el que el acceso a la asistencia sanitaria dependa de la capacidad económica. Hemos escuchado argumentos a favor de esta situación pero nuestra cultura la rechaza explícitamente en sus normas reguladoras. Sin embargo, esos pilares ideológicos parecen agrietarse y las creencias, dada su cualidad de mutables, parecen evolucionar hacia la aceptación de un acceso diferenciado a los cuidados de salud en base al nivel adquisitivo. Muchos ciudadanos empiezan a ver natural la suscripción de seguros privados paralelos al público. Y dentro de los sistemas públicos se oyen rumores de formas de financiación adicionales a las tributarias, como el pago directo por la asistencia o copago. Independientemente de la bondad o idoneidad de esta propuesta lo que atisbamos  en el trasfondo es una amenaza larvada a la equidad. Esta amenaza la situamos en la misma dirección de posiciones insolidarias alejadas de nuestra cultura y sistema de valores. Cultura que surgió de movimientos sociales impulsados por las generaciones pasadas y asimiladas por posturas ideológicas de muy distinto signo político.

Deberíamos estar tranquilos ante cualquier tentación de financiamiento directo por el usuario de la sanidad, pues ninguna opción política parece apoyarla. Sin embargo, la situación descrita de asunción incontestada de muchas de las medidas de reducción del gasto público podrían dejar cabida a nuevas propuestas que hagan depender la recepción del  servicio del pago individual. Ante esto, en nuestra opinión, urge demandar una mejor gestión de los recursos y una política de adecuación de la demanda que haría innecesaria cualquier medida suplementaria de financiación de una sanidad pública de calidad.

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SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO (y II)

Como hemos manifestado en la primera parte de esta entrada, nuestra postura es clara en la defensa de la provisión de servicios, y especialmente hacemos referencia a los sanitarios, desde el ámbito de la Administraciones públicas. La cuestión es si tenemos argumentos para mantener tal posición en tiempos como los actuales, en los que escasean recursos y se achaca parte de la situación al gasto provocado en la prestación de esos servicios.

Los gestores y dirigentes de las organizaciones beneficiadas por la privatización hacen suyos los argumentos de idoneidad de dar más peso al sector privado en la prestación de determinados servicios. En esta línea se han manifestado recientemente representantes de la sanidad privada (1). Según estos “la sanidad pública tiene mucho que perder si la privada disminuye su peso en el mercado”, dado el efecto amortiguador y distribuidor de las presiones asistenciales. Reclaman además la utilización de sus recursos integrándolos en el sistema sanitario.

Dada la toma de posición a la que aludimos anteriormente partimos del convencimiento de que los servicios básicos, como la sanidad (o la educación, la justicia y la seguridad ciudadana), han de ser accesibles a toda la población, en igualdad y sin discriminación por razón económica. La legislación apunta en el mismo sentido. Pero además lo consideramos como una inversión sin rendimiento crematístico, y con ventajas no tangibles de forma inmediata , y muchas veces difusas. En el caso de la prestación sanitaria su oferta en condiciones de justicia se considera en los códigos deontológicos de forma tradicional. Para nosotros, por tanto, la asistencia no sólo debe realizarse en condiciones accesibles, sino que deber ser de calidad. Los males que pueden identificarse con la sanidad pública, como la demora en la atención o una menor calidad hotelera, no deben considerarse inherentes a la misma ni deberían servir de reclamo para la sanidad privada. Es decir, la atención sanitaria pública debe asumir un compromiso constante con la calidad de tal forma que la opción por otro tipo de sistema se haga en función de consideraciones ajenas a la misma.

Otra discusión es si los prestadores del servicio han de ser dependientes de las Administraciones públicas o si estas pueden delegar mediante su financiación en instituciones o empresas privadas. Creemos que, idealmente, el receptor o usuario puede sentirse atendido satisfactoriamente. Sin embargo, la naturaleza empresarial enfoca a los prestadores hacia el lícito lucro económico, lo que puede derivar en prácticas de gestión que traten de aminorar gastos o incrementar ingresos, que pueden afectar a la calidad del servicio. Este puede ser el caso de la investigación, cuyo grado de prioridad en instituciones  sanitarias privadas, salvo excepciones, será escaso o nulo si no hay rédito de la misma. Por otro lado, la delegación en instituciones privadas distintas para la prestación del servicio contribuirá a la heterogeneidad del mismo, sin una unidad de objetivos, de criterios de proyectos o de preferencias. Y algo quizás no observable directamente, intangible, pero de consecuencias poco saludables, como la ausencia de un sentimiento de pertenencia a una organización común. Esto último se manifiesta con mayor intensidad en centros donde se combina personal de distintas empresas, publicas y privadas, que conviven con distintos intereses, preocupaciones y condiciones laborales.

Son presisamente las condiciones laborales el empleado público las que han originado recelo y suspicacia, y se han esgrimido como crítica en las condiciones económicas del momento para propiciar una disminución de sus salarios. Tales condiciones no son tan ventajosas como pudiera parecer, al menos para la gran mayoría de los empleados (hemos hablado de ello en esta entrada). Pero sí que hay  que reconocer que muchas de las críticas vertidas, como las que comenta Santos Guerra (2) y exponemos al principio de la primera parte de esta entrada, tienen su base en comportamientos poco comprometidos, nada edificantes o abiertamente reprensibles de muchos empleados públicos. En cualquier caso, esto no es un mal inevitable ni connatural a los organismos o empresas públicas. Pretender o inculcar que sí lo es es un ataque directo e interesado contra la los mismos. Congratularse con ello también. Y los ciudadanos deben saber que es responsabilidad inherente a los cargos que gestionan ese patrimonio, del que el conjunto se beneficia, hacer que los servicios públicos funcionen y lo hagan bien, aunque haya que modificar actitudes y propiciar aptitudes.

Referencias

1. Fernández R, Mate X. La convivencia del sistema sanitario público y el privado. En Diario Médico, sección Sanidad, página 6. 17 de noviembre de 2010.

2. Santos Guerra MA. El buscador de manantiales. Perfil del tutor de medicina. En Cabero Roura L. Manual para tutores MIR. Editorial Médica Panamericana. Madrid (2007). Pag 49-72.

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SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO (I)

De lo que queremos hablar bajo el título de esta entrada es de la percepción que tenemos sobre las tendencias privatizadoras de los servicios públicos, y en especial de los sanitarios, que parecen tener aceptación en el actual marco de limitación de recursos para su sostenimiento. Estas tensiones parecen permear incluso entre grupos consuetudinariamente defensores de lo público.

Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de la Universidad de Málaga, enumera una serie de rasgos de nuestra sociedad en referencia a la influencia que pueden tener en la actividad docente para la formación de especialistas sanitarios (1). Entre estos rasgos habla de la privatización de bienes y servicios y dice textualmente que “se argumenta que la privatización hace funcionar mejor los servicios, que la empresa pública es ruinosa y que los funcionarios públicos son perezosos y malversadores de los bienes de todos” (página 57). Esas palabras, surgidas en un contexto económico muy diferente al actual, serían rubricadas hoy por muchos ciudadanos y gestores de lo público como una manera de revitalizar las diezmadas arcas de las diferentes Administraciones.

Para nosotros ese discurso es superficial, simple, fácil y posiblemente demagógico. Plantear que la solución de un posible mal funcionamiento de un organismo o empresa públicos es su privatización supone un atajo poco meditado y quizás basado en intereses ajenos a las miras por la eficiencia. Parece lógico plantearse alternativas antes de manifestar o pretender soluciones radicales. Como dice el mismo autor citado “resulta imprescindible plantearse qué efectos tiene la privatización sobre la diversidad de grupos y personas”.

Conviene tener en cuenta que las empresas privadas, por su propia idiosincrasia, pretenden la obtención de ganancias, mientras que el interés público se ve involucrado en fines diversos, en los que el beneficio económico no cabe. En una economía de libre mercado, y bajo el paraguas de la ideología del liberalismo económico, la oferta de servicios viene a satisfacer una demanda y se produce una regulación automática entre las mismas, oferta y demanda, con compensación del prestador de servicios y de los usuarios, que verían satisfechas sus necesidades a un precio adecuado.  Así sería en el mercado perfecto. Pero la realidad es bien distinta y las consecuencias son perjudiciales para la mayoría del complejo social. Como dice, de nuevo, Santos Guerra “la privatización juega en beneficio particular de los que la manejan. La finalidad del los privatizadores no es el bien público, sino los intereses particulares” (1).

Ahora bien, no se trata de denostar, al menos por nuestra parte, la iniciativa privada. Forma parte imprescindible de nuestro sistema económico y social. Se trata más bien de manifestar una toma de posición, fundamentada en una ideología que muchas veces carece de una estructura formal. Sería una “forma de ver la vida”, imbuida de creencias, convencimientos, constataciones. Esta toma de posición puede, como no, cuestionarse, ser discutida y derrotada con herramientas dialécticas. Las corrientes vienen y van, se imponen o se rechazan. Y por esto pensamos que es de importancia capital declarar nuestra resistencia a creer que el camino que se nos muestra es el óptimo, el inevitable y el deseable para nuestra sociedad en unos momentos críticos como los actuales.

Continúa en SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO (y II): http://www.madrimasd.org/blogs/fisioterapia/?p=131806

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Referencias

1. Santos Guerra MA. El buscador de manantiales. Perfil del tutor de medicina. En Cabero Roura L. Manual para tutores MIR. Editorial Médica Panamericana. Madrid (2007). Pag 49-72.


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LA SANIDAD EN CRISIS

Estamos en tiempos de crisis. Sólo los más pudientes tentarían dudar ante ello. Por si acaso, nos lo recuerdan constantemente. No hace mucho leímos que esta vociferada crisis no afectaría al sistema sanitario. La implicación personal de nuestros más altos mandatarios en el compromiso con el gasto  (o inversión) social sería garantía para que las prestaciones sanitarias no se afectaran. Pero no olvidemos que la gestión de la sanidad pública es competencia de las Autonomías. Y, ¿qué pasa entonces?.

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