La nueva ley de financiación de RTVE desata la polémica

La aprobación del proyecto de Ley de Financiación de la Corporación RTVE por el Consejo de Ministros ha suscitado un intenso debate acerca de las posibles consecuencias en el sector de la producción y el consumo. El Ejecutivo ha solicitado que la tramitación parlamentaria se haga por la vía de urgencia para eliminar de forma “definitiva e inmediata” la publicidad en RTVE.

El citado proyecto renuncia a la inclusión de publicidad como forma de financiar al grupo público. De esta forma se prevén aportaciones vía Presupuestos Generales –como venían produciéndose hasta el momento-, una tasa del 3% de los ingresos anuales de los operadores de televisión privada y otra del 0,9% de los ingresos comerciales de los operadores de telecomunicaciones. Asimismo, la financiación de la televisión pública nacional se completará a través del 80% de la tasa sobre la reserva de dominio público del espectro radioeléctrico y de los ingresos derivados de la comercialización de sus productos y servicios.

Las primeras críticas contra este modelo de financiación no se han hecho esperar. Ante ellas, el Gobierno ha declarado que este sistema está inspirado en el modelo de la BBC (Gran Bretaña) para conseguir una mejor televisión y una televisión de mayorías“. Al mismo tiempo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha anunciado que se limitará al 10% la adquisición de derechos de emisión de eventos deportivos, excluyendo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Según ha explicado, RTVE también tendrá que aumentar un 20% su obligación de inversión en cine español.

Por su parte, la Asociación Española de Operadoras de Telecomunicaciones (Redtel) ha denunciado que la tasa que les impone el Gobierno para  financiar a TVE es “ilegal” y considerará “todas las opciones de defensa jurídica de sus intereses, tanto en España como en Bruselas”.

Esteban Mayoral, presidente del sindicato de medios de comunicación APLI (Asociación Profesional Libre e Independiente), ha manifestado su preocupación por la aprobación del proyecto y la posible repercusión en la situación actual de los profesionales de los medios. Esta agrupación independiente, que representa a entidades como RTVE, Telecinco, ONO, ABERTIS TELECOM o EFE, considera que las nuevas medidas adoptadas no satisfacen a nadie.

Otras dieciséis asociaciones del sector se han sumando a las protestas, reuniéndose a principios de esta semana en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La agrupación de damnificados, compuesta por representantes de asociaciones de consumidores, fabricantes y de la industria de la publicidad, ha emitido un manifiesto contra el proyecto bajo el lema “Sin publicidad en TVE perdemos todos”. Este texto critica que el proyecto Ley no recoja las recomendaciones del Consejo de Estado ni de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).

Eliminar la totalidad de la publicidad en TVE supone disminuir en un 24% la publicidad en televisión. Estas asociaciones temen que serán los ciudadanos los que al final pagarán los 550 millones de euros del presupuesto de RTVE, que hasta ahora provenía de las empresas en forma de ingresos publicitarios. Además, denuncian que 4.637 empresas se verán afectadas en su productividad, una situación que se traducirá en una pérdida de 18.000 puestos de trabajo. Se prevé que las empresas más perjudicadas serán aquellas cuyos productos se dirigen al público infantil de 4 a 12 años y adultos mayores de 55 años, que concentran un 40% de su inversión en TVE.

Es evidente la necesidad de una reforma en el sistema de financiación de la nueva Corporación como así se reclamaba desde el “Comité de Sabios”. Pero, ¿no sería necesario definir en primer lugar qué modelo de televisión pública queremos?

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