El precio de la edición del conocimiento

En las últimas semanas el debate sobre el libre acceso a los productos del conocimiento y, en consecuencia, a los productos editoriales que lo comunican y difunden, ha arreciado, aunque los medios escritos españoles no se hayan hecho eco. La discusión afecta, muy profundamente, a la manera en que concebimos la generación, difusión, uso y explotación del conocimiento y los contenidos editoriales. Entran también en liza, claro, los grandes grupos editoriales supuestamente afectados, por un lado, y los gobiernos que deben promover, por otro, el acceso igualitario a los resultados de lo que previamente han financiado con fondos públicos. Parte del futuro de la edición y de la forma que asuma se debate aquí. Así lo entienden, incluso, los grandes semanarios editoriales internacionales como The Bookseller.

Science Commons

Durante los días 15 y 16 de febrero se celebra en Bruselas la conferencia Scientific Publishing in the European Research Area Access, Dissemination and Preservation in the Digital Age. El hecho mismo de que lo que hasta hace poco parecía un debate subversivo haya sido elevado a categoría de discusión paneuropea, con la participación de expertos de diferentes gobiernos comunitarios, nos avisa de la importancia del reto. En el fondo lo que se debate es sencillo, y así lo ha puesto de nuevo de manifiesto el National Institute of Health en Estados Unidos: todos aquellos resultados de investigaciones que hayan sido financiados con fondos publicos administrados por el instituto deberán pasar a formar parte de un repositorio online gratuito del que los investigadores puedan abastecerse, protegido legalmente bajo licencia Science Commons, una de las nuevas modalidades legales de reexplotación y difusión de contenidos en la web amparadas por la aceptación de los propios autores. Algunos políticos han ido todavía un poco más lejos (afortundamente, con visión editorial de futuro): la obligación debería hacerse extensible, de manera progresiva, tal como cuenta el Washington Post a todas las agencias estatales que publican contenidos previamente sufragados con dinero estatal.

El camino no parece sin embargo sencillo, por mucho que el bien común, el procomún, parezca una apelación legítima y fundamentada al sentido común, porque las resistencias son, al menos, de dos tipos: por una parte una industria editorial que no quiere perder la cuota de mercado que detenta, para lo que, según cuenta The Guardian, han contratado a expertos publicistas, en la esperanza de que la contrapropaganda tenga su efecto amilanante; en segundo lugar, los científicos mismos, más preocupados por la carrera académica y sus prebendas que por su contribución al patrimonio de conocimentos de la humanidad (sólo el 3,8% de los artículos publicados en PubMed, de todos los que hubieran debido ser publicados, provienen del NIH, por ejemplo).

El movimiento por el libre acceso al conocimiento y por la inversión del proceso editorial -pagan los que publican, no los que leen- parece, sin embargo, irreversible: véase, si no, lo que están haciendo PLOS, HighWire Press, Scielo, E-revistas o institutos punteros como el Fraunhof alemán.

Para los curiosos o lectores impenitentes, quizás valga la pena continuar la lectura… o ir todavía más allá… o mucho más lejos

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