El acceso a la cultura y el sentido del canon

En un comunicado emitido el día 10 de abril por la Eurocámara, no vinculante pero sí orientativo, se anuncia que se ha aprobado “un informe que señala que la “criminalización” de los consumidores sin ánimo de lucro no es la solución para combatir la piratería. Los diputados apuestan por concienciar a los jóvenes sobre el respeto de los derechos de autor”. El equilibrio entre el acceso a la cultura y el pago compensatorio a los autores, es un tema de máxima importancia en una economía basada en la generación e intercambio de contenidos. La Eurocámara se ha pronunciado en contra, manifiestamente, de las medidas que Sarkozy, en Francia, y Brown, en Inglaterra, han puesto en marcha, exigiendo a  las operadoras que denuncien la descarga de contenidos protegidos y corten el acceso a la red, sin permiso previo de juez alguno, a los supuestos infractores. Queda de nuevo sobre la mesa, en consecuencia, la importancia del canon como mal menor, como solución de compromiso quizás insatisfactoria y algo alevosa, pero infinitamente menos gravosa que la vigilancia y la punición legal.


Según el informe, no vinculante, se deben buscar soluciones “en aras del equilibrio entre las posibilidades de acceso a las actividades y contenidos culturales y la propiedad intelectual que garanticen una remuneración equitativa y real para todos los titulares de derechos, una verdadera libertad de elección para los consumidores, y la diversidad cultural”. Sin embargo, los diputados creen que “la criminalización de los consumidores sin intención de lucro no es una buena solución para luchar contra la piratería”.

Tal como intenté sintetizar en alguna entrada anterior, existe una tensión creciente entre el acceso a la cultura -que no es, jurídicamente, un derecho, sino una limitación al derecho de propiedad-, y la propiedad que el autor desee ejercer sobre las obras que haya creado. En la economía digital esa tirantez es más palpable, porque la comunicación y la reproducción son infinitamente más sencillas y veloces, y es necesario buscar ese punto de equilibrio precario que satisfaga a ambas partes o, al menos, que no incomode excesivamente a ninguna de las dos.

El canon digital es, a día de hoy, la única fórmula no excesivamente gravosa que nos permite adquirir un soporte digital y grabar en él, para uso particular, aquello que hemos descargado de la red sin haber cometido ilícito civil alguno. La única pauta compensatoria que nos libera, a su vez, de vigilancias orwellianas y persecuciones bradburianas. Claro que cabe discutir sobre la transparencia de la recaudación, sobre las modalidades del reparto posterior y sobre sus legítimos receptores, sobre la obligación legal de mostrar la cartera de los autores a los que se representa, sobre el apetito desmedido de las sociedades de gestión colectiva de derechos por la exacción digital. Qué duda cabe que en una sociedad democrática no puede obrarse al margen de la ley, en una especie de semitransparencia legal que solamente exacerba el enfado de quienes se sienten estafados. Y claro, por último, que es necesario realizar una labor pedagógica amplia en la que se explique a los creadores los beneficios que pueden derivarse del uso de licencias abiertas mediante las que sus obras puedan circular con libertad evitando, lateralmente, que las sociedades de gestión ingresen aquello que no les corresponde. Es necesario, en síntesis, demandar más transparencia y explicar, claramente, qué son y para qué sirven los nuevos modelos de propiedad intelectual, tal como reconoce, veladamente, la declaración del Parlamento europeo, que: “estima “vital” una reforma de los derechos sobre la propiedad intelectual, sin olvidar que estos derechos son “indispensables para la supervivencia de las industrias culturales”.

Acceso sí, con canon mientras sea necesario, en un contexto de transparencia administrativa meridiano soportado por una labor pedagógica que aboque a un uso masivo de licencias de nuevo cuño.

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Comentarios

A mí modo de ver creo que convertir a los ciudadanos en criminales no es la solución para acabar con la piratería. Los gobiernos y asociaciones deben ir más allá y buscar las causas de ese hecho, el por qué la piratería es cada vez mayor. Deberían preguntarse sí los precios de sus productos (véase discos, DVD, las entradas de cine…) son los que verdaderamente corresponden a lo que están ofertando; si no son desmedidos para una economía, que en la actualidad está en crisis.

Creo que si hubiera más conciencia cultural, respecto algunos productos, y los precios fuesen más asequibles, seguramente la piratería disminuyese. El problema de todo esto radica en que gran parte de la sociedad se siente estafada y engañada por las grandes monopolios (observamos como el precio de fabricación así como los sueldos que pagan a gran parte de sus empleados es ínfimo…) así como por las medidas que los diferentes gobiernos pretenden implantar (puede que en cierto modo alguna puedan dar resultado pero han de ser conscientes de sus actos y de lo que población es consciente); y es ante todo esto frente a lo que se debe tomar medidas y no culpar a los ciudadanos (aunque les resulte la salida más fácil).

Es pues, un círculo constante de errores que no se evita con culpabilizar a la población sino con tomar medidas racionales y acordes con los ciudadanos y su situación.

Creo que el fondo del problema, por mucho que nos queramos percibir como rehenes o como delincuentes potenciales, permanece: el derecho sobre la propiedad intelectual es inalienable y merece, según establecen las leyes, una compensación dineraria determinada, a no ser, claro, que el autor renuncie a ella. Mientras no lo haga, y nada hay que pueda obligarle, al menos en un sistema democrático, habrá que buscar una fórmula medianamente satisfactoria que financie esa compensación. Al producirse en la red la circulación y copia masiva de contenidos, algo que es intrínsecamente inevitable, existen, que se sepa, dos maneras de que ese derecho se vea económicamente compensado: estableciendo una compensación por copia privada sobre los soportes que almacenarán esos contenidos, de manera indiscriminada, o estableciendo un sistema de control tecnológico perfecto en la red que vigilara cada uno de nuestros movimientos (extremo al que todavía no hemos llegado y que aboca, por el momento, a que algunos gobiernos, como el francés, exija a las compañías que dan acceso a la red que delaten y corten el servicio sin en consentimiento previo de un juez). Digan lo que digan, por ahora nadie ha imaginado una modalidad de compensanción alternativa, y mientras no la haya (y a mí no se me ocurre, a no ser que pongamos una tasa general sobre el acceso a Internet), deberemos pagar un canon; eso sí: exigiendo la máxima transparencia sobre su gestión y reparto.

Preguntaba Poncio: "¿Qué es la verdad?"

Efectivamente, ha de respetarse el derecho de propiedad y ha de castigarse el no hacerlo. PERO, ANTES QUE EL DERECHO DE PROPIEDAD, EXISTE MI DERECHO PERSONAL SAGRADO A SER INOCENTE, MIENTRAS NO SE ME PRUEBE CULPABLE. Es un derecho anterior, que ha de primar. NUNCA HE BAJADO NADA DE LA RED y sin embargo, utilizo medios informáticos. ¿Por qué se me castiga con ese canon? Es absolutamente abusivo e injusto. Por eso no creo en la justicia y me cisco en casi todos los políticos. No solo por malos, sino por tontos (y van aquí las tontas y malas, claro).

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