A Google lo que es de Google y ¿a los editores lo que es de Google?

Conocemos ya hace algún tiempo el acuerdo al que Google llegó con los editores norteamericanos para compensar económicamente la supuesta infracción de derechos de autor a resultas de la digitalización de determinados textos practicada en algunas bibliotecas universitarias y públicas. Ahora, al calor de unas más que cuestionables indemnizaciones, CEDRO propone a sus asociados la posibilidades de representarles en la gestión de una reclamación que, por lo menos, es más que dudosa.


Hasta donde yo sé -y estoy, obviamente, dispuesto a retractarme las veces que haga falta-, no puede haber infracción alguna de la Ley de Propiedad Intelectual por el mero hecho de digitalizar un contenido escrito. Otra cosa sería que ese contenido digitalizado se comunicara y reprodujera pública e interactivamente, en cuyo caso sí que hubiera sido necesario recabar estrictamente los permisos -de editores, de autores-, para consumar tal acto. La cuestión, sin embargo, es muy diferente: se digitalizan unos textos que, bajo ningún concepto, son comunicados ni reproducidos pública ni digitalmente, no más allá de lo que la cita permita, no más extensamente de lo que pueda mostrarse en una página de resultados donde se destaque el término buscado en su contexto. Más todavía: en España sería perfectamente legal, tal como establece la Ley de Propiedad Intelectual, que los textos se hubieran digitalizado, con o sin permiso de los editores originales, si su destino hubiera sido mostrarlos en bibliotecas universitarias para cumplir con sus fines de estudio e investigación.

No me parece que interponer una demanda a Google por una actividad perfectamente lícita vaya al fondo del problema. En todo caso se conforma con desagraviar agravios inexistentes con remuneraciones consoladoras. De lo que se trata, más bien, como señalaba Robert Darnton hace pocos día en el New York Review of Books, es de si podemos conformarnos con que el acceso a la cultura y a la memoria cultural de la humanidad pase exclusivamente por las manos de una sola entidad privada que puede sufrir todas las eventualidades a las que una sociedad que cotiza en bolsa está sometida. Sin que los demás -editores, bibliotecarios, autores, autoridades vinculadas a la cultura- asuman responsabilidad de ninguna clase en una cuestión que tiene que ver, sobre todo, con la conservación y el acceso, cuestiones que nada tienen que ver con eventuales y esporádicas recompensas económicas para restañar heridas inexistentes.

El debate, permítaseme ser autorreferencial, es cómo imaginarnos e inventarnos una vida después de Google, en la que dar a Google lo que le pertenece, y los editores y los lectores lo que necesitan y les conviene, sin arreglos y avenencias que cierren en falso un debate mucho más trascendental que el del dadivoso óbolo.

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