Ciencia y sociedad Remix

En el recientemente publicado borrador del anteproyecto de la Ley de Ciencia y Tecnología emerge una cláusula llamada a cambiar, definitivamente, la práctica de la ciencia. El único obstáculo que no había podido derribar todavía la circulación digital de contenidos científicos era, claro, el del propio reconocimiento de quienes deben sancionar su pertinencia y calidad, la comunidad científica, pero cuando es el propio Ministerio en el que se encuadran sus prácticas el que dictamina y  legisla sobre las reglas obligatorias de su diseminación en abierto, no parece que quede excusa alguna que contraponer para que contenidos y conocimientos discurran y fluyan de una manera completamente distinta a la tradicional.


El borrador del anteproyecto, en su capítulo III dedicado a la “Difusión de resultados y cultura científica y tecnológica”, en su artículo 33 “Publicación en acceso abierto”, dispone lo siguiente:

1. Los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación.
2. Los investigadores cuya actividad investigadora esté financiada con fondos de los Presupuestos Generales del Estado harán pública una versión digital de la versión final de los contenidos que les hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de seis meses después de la fecha oficial de publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en la que se ha desarrollado la
investigación o en repositorios de acceso abierto institucionales.
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas, en sus procesos de evaluación.



Es decir: cualquier investigación financiada con fondos públicos y con un embargo en ningún caso superior a los seis meses deberá ser puesto a disposición pública en los repositorios institucionales de referencia que cada grupo de investigación decida (y recordemos que Recolecta, el metabuscador de ciencia abierta que lleva funcionando ya cerca de un año, nos hace más sencilla la tarea de la localización de contenidos científicos allí donde hayan sido publicados). ¿Cabe ahora que las Universidades españolas no se atrevan a convenir y estipular la normativa necesaria para que su personal académico adopte un modelo de difusión del conocimiento en las antípodas del que se ha venido practicando hasta la fecha, modelo estrictamente endogámico, para uso y consumo privativo de la comunidad científica? ¿Cómo hará la ANECA, a partir de ahora, para tener en cuenta un conjunto de publicaciones en abierto que no reciben evaluación ni calificación alguna, por ser ajenos a los sistemas de contabilización predigitales mantenidos todavía por el ISI? ¿Quién trasladará a la comunidad científica que las prácticas de comunicación tradicionales, en la nueva economía de la web, abocan a la oscuridad y la bruma de las bibliotecas especializadas?

El artículo 34 del anteproyecto, el inmediatamente posterior, alude en realidad al fundamento del dictamen previo, a la necesidad de que ciencia y sociedad no sean términos antagónicos, sino entidades semejantes que deben procurar un único fin compartido, el del bien público: “Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación y  reconocerán adecuadamente las actividades de los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología en este ámbito”. Nada mejor sin duda, para que eso sea posible, que aprovechar en toda su potencialidad lo que las plataformas digitales de edición y difusión de contenidos nos ofrecen.



Durante mucho tiempo ciencia y sociedad parecieron conceptos incompatibles, siendo la ciencia una especie de universo alternativo e independiente sin relación ninguna con la sociedad en la que se engarzaba. Durante un tiempo posterior, al contrario, seguramente como reacción, pareció que la sociedad debía imponer la agenda de los investigadores, ignorando que la ciencia sí es en buena medida un campo independiente con un lenguaje propio. Hoy sabemos que ciencia y sociedad deben formar un remix de intereses, una mixtura en la que la ciencia debe andar su propio camino con la conciencia permanente de que debe servir a la sociedad que la hace posible, en la que la sociedad se empeñe en tener la mejor ciencia demandándole que su objetivo final es el bien común. Y la nueva ley da, por fin, un paso de gigante en ese sentido…

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