Quien haya seguido en los últimos días la polémica escrita entre Rodríguez Ibarra, Víctor Manuel y Muñoz Molina a propósito de la propiedad intelectual, entenderá que la discusión se encuentra atorada en un punto que requiere un poco de ecuanimidad y distancia. Imparcialidad y desapego que proporcionan, por una parte, la lectura de la Ley de Propiedad Intelectual, y la comprensión de la economía de la red, por otra. Me propongo, ni más ni menos, que terciar sin que me llamen en una polémica espuria y artera, sin satisfacer a unos y a otros, me temo.

La Ley de Propiedad Intelectual española dice literalmente en su Título primero, Artículo 2: “La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”. Es decir (sin necesidad de haber estudiado leyes en Salamanca): que es el autor quien dispondrá soberanamente del contenido que haya creado de la manera que le plazca, lo que incluye el deseo legítimo de percibir dinero por ello o el no menos genuino deseo de ponerlo a disposición de los demás, libremente, renunciado a todo derecho patrimonial, que no moral. Si esto es así (y no creo que haya catedrático salmantino que pueda rebatirlo), la elección cae del lado del autor.

El problema, sin embargo, viene por la comprensión sesgada y parcial de la propia ley, por una interpretación apegada a los intereses particulares, y lo que sigue faltando es una pedagogía integral de la propiedad intelectual que explique a todos que ambas posiciones no son solamente legítimas, sino, además, perfectamente compatibles. En el Artículo 2 de la LPI están comprendidos el copyright tradicional y la potencialidad del copyleft estricto. Su aplicación o empleo dependerá, en todo caso, del beneficio esperado que el autor pueda esperar y de la lógica específica de la acumulación del capital en el contexto en que la transacción transcurra (y me explico): es una falacia supuestamente de izquierdas invocar los precedentes históricos de una creación cualquiera para restar originalidad a una obra del presente y pretender, con ello, que debe liberarse como tributo a los antepasados. Claro que no hay obra que pueda reclamarse estrictamente original. Eso lo sabe hasta Pocoyo. Sin embargo, la originalidad existe porque construímos sobre obras antecedentes, negándolas o extendiéndolas, y en ese oficio hay mucha gente que sigue ganándose la vida y pretende seguir haciéndolo. La LPI no amordaza o acerroja la cultura por sí misma. Esa es una argucia supuestamente progresista que suele llamar acceso a lo que no es sino sustracción.

Otra cosa, sin embargo, es nuestra comprensión de la realidad digital esté condicionada por los hábitos del mundo analógico y que eso lastre las conciencias de muchos creadores que no saben que ganarían más liberando sus contenidos y haciéndolos circular sin restricciones. Hablemos, por ejemplo, de la ciencia y de la producción de contenidos científicos: si un investigador supiera que la exposición de sus contenidos a las miradas de millones de personas incrementa su impacto y su visibilidad exponencialmente y que con ello cumple con creces el precepto fundamental del credo científico, seguramente estuviera dispuesto a sacrificar las compensaciones materiales residuales que recibe por la liberación de los contenidos que ha creado. En el ámbito digital, existir es ser percibido, y nada mejor para eso que mostrarse abiertamente. Claro que los científicos son originales, extremadamente originales, aunque construyan su conocimiento sobre los hombros de los gigantes precedentes que les aupan hasta donde están: tanto es así, que Newton tuvo que inventar la gravedad para no morir aplastado por una manzana gigante. Es posible que, de no haberlo hecho él, todavía no lo hubiéramos descubierto.

Podemos poner en duda la manera en que las sociedades de gestión colectiva de derechos ejecutan sus responsabilidades, que dudemos de su transparencia y de sus contabilidades, de los algoritmos de cálculo que utilizan para el reparto, y debemos exigir alto y claro que enmienden su afán desmedido de recaudación. Podemos estar convencidos de que entramos en una nueva era en que la colaboración y la apertura, en que el gobierno de los comunes y la acción colectiva, se potenciarán mediante las herramientas digitales, y yo seré el primero en apostar por ello. Pero aunque una y otra cosa sean ciertas, siempre será legítimo que un autor desee recibir una compensación estrictamente económica por la reproducción y ejecución de sus obras, si así lo desea, o que prefiera todo lo contrario, haciendo un uso consciente e igualmente justificado de la ley que le ampara. Y para comprender esto no hace falta ser ex presidente de la Junta de Extremadura, rancio cantautor o académico de la lengua; basta con ser Pocoyo.

Es posible que si en lugar de a Bruselas, donde se celebró la última conferencia Ludwig Erhard, hubieran invitado a Viviane Reding, la Comisaria europea para las Telecomunicaciones y los Medios Digitales, al último encuentro de los editores en Santander, a más de uno le hubiera dado un amago de infarto. La comisaria europea para los asuntos digitales habla en su conferencia, profética y estratégica, de nuevas formas de regulación de la propiedad intelectual; de la imperiosa necesidad de invitar e incitar a los nativos digitales a que se sumen al trabajo colaborativo en la web, abandonando cualquier forma de represión legal; de un impulso decidido de la digitalización de los libros; de propiciar un acceso más sencillo y atractivo, en suma, a contenidos de alta calidad sobre conexiones de alta velocidad, fijas o móviles, en un nuevo escenario de economía digital que puede propulsar lo que Erhard hiciera en su tiempo, crear una nueva economía social de mercado en la red de la que todos nos beneficiemos. A más de uno, seguro, le hubiera dado un amago de embolia.

La conferencia, titulada Europe’s Fast Track to Economic Recovery The Ludwig Erhard Lecture 2009, es tanto un decidido alegato por el cambio digital como un mapa que marca la ruta con los principales hitos que deben recorrerse. Según los datos aportados por Reding, los jóvenes de entre 16 y 24 años utilizaron en un 73% -muy por encima de otros segmentos demográficos- servicios avanzados de transmisión de datos en la red, relacionados, sobre todo, con descargas y redes sociales. Sobre ese incuestionable fundamento demográfico de usuarios convencidos, no exclusivamente pero sí prioritariamente, debe concebirse una estrategia para una Europa digital que pasa, según Reding, por cuatro puntos fundamentales, de los cuales me detendré en dos.

En primer lugar, es cardinal “hacer más sencillo y más atractivo el acceso a los contenidos digitales, allí donde se produzcan en Europa”. Y continúa diciendo: “la disponibilidad de contenidos atractivos que atraigan a lectores, oyentes y videntes, será decisiva para que despegue definitivamente la internet de alta velocidad. Es por eso censurable que vivamos un debate tan polarizado sobre esta materia”, y conviene que a partir de aquí se empiece a tomar apuntes: “mientras que los propietarios de los derechos insisten en que toda descarga no autorizada desde Internet es una violación de la propiedad intelectual y, por tanto, ilegal o, incluso, criminal, otros enfatizan que el acceso a Internet es un derecho fundamental”, algo tan familiar entre nosotros que me conmueve esa forma de hermandad en los problemas sin resolver. “Pemítanme ser clara a este respecto: ambos tiene razón. El drama es que después de tantas y tan poco fructíferas batallas, ambos contendientes se hayan enrocado en sus posiciones, sin que exista signo alguno de apertura por ningún lado. Mientras tanto la piratería en Internet aparece como algo cada vez más “sexy”, en particular para los nativos digitales, para la generación de jóvenes usuarios intensivos de Internet. [...] Esta generación debería convertirse en el fundamento de la economía digital”, asegura Reding, y no parece que no tenga razón.

Para evitar esa clase de piratería, “¿existen ofertas en el mercado digital suficientemente atractivas y orientadas al consumidor? ¿Da respuesta nuestro sistema de derechos de la propiedad intelectual a las expectativas de la generación digital? ¿Hemos considerado alguna alternativa a la represión? ¿Hemos encarado estos asuntos a través de los ojos de un joven de 16 años?”. Y la pregunta del millón de euros: ¿O solamente la hemos abordado desde la perspectiva de un profesor de derecho que creció en la era de Gutenberg?”. Juristas como Javier de la Cueva, entre nosotros, lleva mucho tiempo aportando ideas y soluciones a este asunto, tan sencillas de implementar y tan razonables (y acordes con lo que la Comisaria de Telecomunicaciones europea solicita), que es dificil creer que aún no lo haya conseguido. Será necesario, para evitar la tragedia de la exclusión, crear marcos legales de acuerdo con los intereses de los consumidores para acceder a los contenidos digitales en un mercado europeo único que asegure una remuneración equitativa a los autores.

Y Reding no se detiene ahí: “deberíamos facilitar la creación de licencias de la propiedad intelectual para los servicios online con una cobertura que llegara a los 27 Estados miembros”, en contra de la compartimentación y, sobre todo, “deberíamos crear un conjunto de reglas modernas que animaran a la digitalización de los libros” y, en paralelo, la creación de un registro europeo de obras huérfanas, que representan un 90% de los libros que los lectores pueden encontrar en las biblioteca públicas y estatales. “Si no reformamos nuestras reglas europeas de copyright sobre las obras huérfanas y sobre las bibliotecas inmediatamente, la digitalización y el desarrollo de contenidos atractivos no tendrán lugar en Europa, sino en el otro lado del Atlántico”. O traducido: menos sollozos googlelianos y más iniciativas nacionales y europeas.

Y para finalizar, algo que afecta de lleno a los editores, pequeños y medianos: “la economía digital europea debe abrirse a los pequeños negocios” que representan el 99% de todas las empresas del espacio europeo y que, sin embargo, a penas en un 9% de los casos utilizan las tecnologías y medios digitales para promover nuevos modelos de explotación de sus contenidos y sus negocios, servicios basados sobre todo en la web y en la distribución digital.

Ya puedo oir los rumores de apoplejias al fondo…

Hoy aparece en el suplemento El Cultural del diario El Mundo un reportaje titulado “Internet se apodera del libro”, afirmación que yo prefiero incluir entre interrogantes. Daniel Arjona, el periodista encargado de realizar la crónica -un artículo, por otra parte, bastante ecuánime- me pidió que contestara a una serie de preguntas para incluir mi punto de vista. La brevedad y estrechez del formato de la prensa -más aún el de la televisión o el de la radio- recortan, inevitablemente, la extensión con la que uno contesta, y normalmente no ha lugar a enmendar o matizar las afirmaciones vertidas. Solamente es posible contextualizar o ampliar los extractos seleccionados, que suelen perder parte de su significado, cuando uno dispone de su propio medio de comunicación.

1. Afirman desde Google España que la inicial prevención de autores y editores ante su plan de digitalización masiva de libros, ha dado paso al interés, tras el acuerdo firmado en Estados Unidos. ¿Es así, cuál es su visión de la situación actual?

Claro, pero en realidad habría que replantear el enunciado de tu pregunta, porque lo que deberíamos saber, en primer lugar, es si esa compensación es legalmente procedente o es solamente una manera de intentar acallar la algarabía editorial.

Hasta donde yo sé -y estoy, obviamente, dispuesto a retractarme las veces que haga falta-, no puede haber infracción alguna de la Ley de Propiedad Intelectual por el mero hecho de digitalizar un contenido escrito. Otra cosa sería que ese contenido digitalizado se comunicara y reprodujera pública e interactivamente, en cuyo caso sí que hubiera sido necesario recabar estrictamente los permisos -de editores, de autores-, para consumar tal acto. La cuestión, sin embargo, es muy diferente: se digitalizan unos textos que, bajo ningún concepto, son comunicados ni reproducidos pública ni digitalmente, no más allá de lo que la cita permita, no más extensamente de lo que pueda mostrarse en una página de resultados donde se destaque el término buscado en su contexto. Más todavía: en España sería perfectamente legal, tal como establece la Ley de Propiedad Intelectual, que los textos se hubieran digitalizado, con o sin permiso de los editores originales, si su destino hubiera sido mostrarlos en bibliotecas universitarias para cumplir con sus fines de estudio e investigación.

2. ¿Son pertinentes las reclamaciones de CEDRO por la supuesta digitalización de las obras de sus asociados?

No me parece que interponer una demanda a Google por una actividad perfectamente lícita vaya al fondo del problema. En todo caso se conforma con desagraviar agravios inexistentes con remuneraciones consoladoras. De lo que se trata, más bien, como señalaba Robert Darnton hace pocos día en el New York Review of Books, es de si podemos conformarnos con que el acceso a la cultura y a la memoria cultural de la humanidad pase exclusivamente por las manos de una sola entidad privada que puede sufrir todas las eventualidades a las que una sociedad que cotiza en bolsa está sometida. Sin que los demás -editores, bibliotecarios, autores, autoridades vinculadas a la cultura- asuman responsabilidad de ninguna clase en una cuestión que tiene que ver, sobre todo, con la conservación y el acceso, cuestiones que nada tienen que ver con eventuales y esporádicas recompensas económicas para restañar heridas inexistentes.

El debate es, más bien, cómo imaginarnos e inventarnos una vida después de Google, en la que dar a Google lo que le pertenece, y los editores y los lectores lo que necesitan y les conviene, sin arreglos y avenencias que cierren en falso un debate mucho más trascendental que el del dadivoso óbolo.

3. ¿La defensa de los derechos de los autores de libros en el mundo digital podría basarse en este modelo?

No, no creo que se estén defendiendo los derechos de autor cuando Google realiza compensaciones por copias que no se difundirán públicamente. Es más, no creo que tenga nada que ver con los derechos de autor sino, más bien, con el afán legítimo de Google de contentar a los editores y no perder la oportunidad de seguir desarrollando el modelo de explotación en el que su firma está basado: la oferta de servicios gratuitos financiados por la publicidad contextual, la compra de espacios privilegiados de visibilidad y las participaciones porcentuales que pueda extraer de la venta de determinados productos de los que hayan hecho de intermediarios. Lo que están entregando a los editores no son otra cosa que anticipos.

4. ¿Podrá evitar el libro el intercambio y la descarga masiva que han dejado tocadas a las industrias de la música y el cine?

En Google no hay descarga masiva gratuita. Esa es una falacia que, además, conduce a ocultar el verdadero debate, que es, en todo caso, cuál sería el modelo más adecuado de compensación económica por copia privada en el caso que el editor quisiera proteger a ultranza el copyright (cosa absolutamente legítima) o, al contrario, si el modelo de exhibición y descarga libre de contenidos editoriales puede ser un modelo de negocio en sí mismo, como afirman grandes editores norteamericanos como Tim O’Really.

5. ¿Existe el peligro de un sesgo cultural, anglocéntrico, en el proceso de digitalización?

Claro, aunque yo no lo llamaría peligro sino riesgo de que escasa representación del resto de las culturas escritas. En los estudios cibermétricos de varios especialistas puede verse que Google tiene sesgos en sus indexaciones y que, además, es obvio y patente que el grueso de su digitalización es en lengua inglesa, pero esa no es la culpa de Google, no culpemos a la firma norteamericana por hacer bien lo que le parezca oportuno. En todo caso tendríamos que preguntarnos por qué no existen más que escasas iniciativas (la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, por ejemplo) de digitalización masiva de nuestro patrimonio cultural y escrito.

6. ¿Le preocupa que Google pueda convertirse en el futuro en el único intermediario global entre el autor y el lector? ¿No parece que se está creando una situación “monopolística” global de imposible vuelta a atrás? O en otras palabras, ¿podemos confiar en que Google “no haga el mal”?

Sin duda, pero insisto en que Google no es responsable de la inoperancia o de la desidia de las autoridades públicas europeas o de la falta de visión de futuro de la empresas editoriales y de sus representantes gremiales. ¿De qué vale quejarse de que Google acabe convirtiéndose en el intermediario por antonomasia cuando no conseguimos, entre nosotros, crear una plataforma conjunta digital donde los editores puedan depositar sus contenidos para que sean distribuidos y comercializados digitalmente, sin que existan ya agotados ni descatalogados y sin que se desperdicie conocimiento ni dinero. Google es una empresa que cotiza en el Nasdaq así que hará lo que tenga que hacer para que sus accionistas ganen lo que pretenden y para que sus cocineros sigan dándoles de comer tan bien, como nos enseñan todos los reportajes, pero no son ellos los responsables, insisto, sino aquellos otros que solamente critican una actuación sin contrarrestarla. Google se puede efectivamente convertir el intermediario global si los editores no se dan cuenta que ellos siempre han sido intermediarios, pero que ahora no son los únicos, ni siquiera lo más atendidos o cualificados, y que tiene que contraatacar en el mismo terreno y con las mismas herramientas.

El pasado 31 de marzo tuve la ocasión de intervenir en un curso de formación interna del Gremio de Editores de Madrid, promovido o auspiciado por la Comisión de Pequeños Editores, todos naturalmente preocupados por las incertidumbres que las transformaciones digitales traen consigo. Intenté, en la medida en que dos horas dan de sí, abarcar cuestiones relacionadas con la naturaleza del nuevo ecosistema informacional y la manera en que afecta a los editores; con los modelos de explotación de nuestros contenidos editoriales, en función de la naturaleza de ese contenido, del uso que se le vaya a dar y del tipo de usuario que vaya a utilizarlo; con la guerra de los formatos abierta en todo periodo de transición, en el distintos fabricantes o desarrolladores batallan por el monopolio; con la equívoca escaramuza sobre los derechos de autor en el nuevo entorno digital, mucho más sencilla de entender de lo que a priori puedan dar a entender quienes se empeñan en presentar la Ley de Propiedad Intelectual desde un sólo punto de vista; con los costes de la digitalización retrospectiva y de la impresión digital de nuestros contenidos. Faltó tiempo para hablar de las estrategias de comunicación en la red, de la inevitable sustitución de las maneras tradicionales de comunicarnos con nuestros potenciales lectores, pero otra vez será.

El esqueleto de la exposición, sin la retórica que la acompañaba ni las ocurrencias e ingeniosidades del ponente, puede consultarse aquí:

Gremio de Editores_Futurosdellibro

Conocemos ya hace algún tiempo el acuerdo al que Google llegó con los editores norteamericanos para compensar económicamente la supuesta infracción de derechos de autor a resultas de la digitalización de determinados textos practicada en algunas bibliotecas universitarias y públicas. Ahora, al calor de unas más que cuestionables indemnizaciones, CEDRO propone a sus asociados la posibilidades de representarles en la gestión de una reclamación que, por lo menos, es más que dudosa.

Hasta donde yo sé -y estoy, obviamente, dispuesto a retractarme las veces que haga falta-, no puede haber infracción alguna de la Ley de Propiedad Intelectual por el mero hecho de digitalizar un contenido escrito. Otra cosa sería que ese contenido digitalizado se comunicara y reprodujera pública e interactivamente, en cuyo caso sí que hubiera sido necesario recabar estrictamente los permisos -de editores, de autores-, para consumar tal acto. La cuestión, sin embargo, es muy diferente: se digitalizan unos textos que, bajo ningún concepto, son comunicados ni reproducidos pública ni digitalmente, no más allá de lo que la cita permita, no más extensamente de lo que pueda mostrarse en una página de resultados donde se destaque el término buscado en su contexto. Más todavía: en España sería perfectamente legal, tal como establece la Ley de Propiedad Intelectual, que los textos se hubieran digitalizado, con o sin permiso de los editores originales, si su destino hubiera sido mostrarlos en bibliotecas universitarias para cumplir con sus fines de estudio e investigación.

No me parece que interponer una demanda a Google por una actividad perfectamente lícita vaya al fondo del problema. En todo caso se conforma con desagraviar agravios inexistentes con remuneraciones consoladoras. De lo que se trata, más bien, como señalaba Robert Darnton hace pocos día en el New York Review of Books, es de si podemos conformarnos con que el acceso a la cultura y a la memoria cultural de la humanidad pase exclusivamente por las manos de una sola entidad privada que puede sufrir todas las eventualidades a las que una sociedad que cotiza en bolsa está sometida. Sin que los demás -editores, bibliotecarios, autores, autoridades vinculadas a la cultura- asuman responsabilidad de ninguna clase en una cuestión que tiene que ver, sobre todo, con la conservación y el acceso, cuestiones que nada tienen que ver con eventuales y esporádicas recompensas económicas para restañar heridas inexistentes.

El debate, permítaseme ser autorreferencial, es cómo imaginarnos e inventarnos una vida después de Google, en la que dar a Google lo que le pertenece, y los editores y los lectores lo que necesitan y les conviene, sin arreglos y avenencias que cierren en falso un debate mucho más trascendental que el del dadivoso óbolo.

No se ha discutido todavía demasiado sobre la aplicabilidad o no del precio fijo de los libros (o del semifijo, como establece embaucadoramente la Ley española) a sus trasuntos digitales. Sin embargo, el desarrollo de los modelos de negocio futuro dependen, en buena medida, de la permisividad o no respecto a una materia extremadamente escurridiza, tanto desde el punto de vista jurídico como del económico. ¿Debemos apostar los editores por un precio fijo para los libros digitales, o conviene, por el contrario, que nos pleguemos a la Lex Amazon?

La cuestión más resbaladiza es, qué duda cabe, la jurídica: según los expertos (hablo en primera persona para no poner en boca de otros errores que hubiera podido cometer en la interpretación), los bienes digitales son distintos al resto porque, al no agotarse, no pueden tener el carácter ni la consideración jurídica de mercancía, así de sencillo. Si no son una mercadería o un artículo, porque son inagotables, ¿pueden o deben estar sujetos a una ley predigital que regular el precio de las existencias perecederas y agotables?

Cabría contravenir la suposición arguyendo que en la propia Ley del Libro se establece la igualdad jurídica y nominativa entre cualquiera de los soportes, siendo libro tanto el electrónico como el de papel, de manera que en esa extensión queden todos los libros amparados bajo la misma ley del precio (semi) fijo. Pero claro: si la propia ley española liberaliza el precio de los libros de texto, ¿por qué deberíamos sostenerlo en el ámbito digital? ¿No cabrían toda clase de descuentos y excepciones para las bibliotecas, centros escolares o universidades que adquirieran el derecho a acceder a colecciones educativas según la modalidad de acceso que se pactara? Y,  ¿quién se atreve a precisar qué contenidos editoriales pueden o no llevar la etiqueta de educativos?

La Börsenverein des Deutschen Buchhandels (la confederación de los libreros alemanes, una institución de mucho peso en la industria editorial centroeuropea), discute acaloradamente estas últimas semanas sobre la aplicabilidad o no del precio fijo al floreciente comercio electrónico de contenidos editoriales: hay quienes alegan (como el Presidente de la editorial académica Campus), que no sería sostenible el precio fijo en los puntos de venta tradicionales si no se mantuviera parejo su precio electrónico, con las consecuencias que su hipotética liberalización pudiera tener sobre la tupida y rica red de librerías alemanas. A propósito: en Suiza, al mismo tiempo -el verano da para leer muchos periódicos-, la Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV) (la confederación de editores y libreros suizos), ha elevado al Parlamento del Estado la requisitoria del Precio fijo para los libros porque, desde mayo de 2007 en que se liberalizó, los precios han crecido un 6.8% por razones no atribuibles a la inflación, una cantidad inferior al 30.3% calculado en Inglaterra tras su abolición, pero no menos dañino.

Otros, sin embargo, como el director de la Editorial George Thieme -especializada, también, en libro científico y profesional-, abogan por la apertura y la liberalización en un mercado en el que deben ensayarse nuevos modelos de negocio sobre un conjunto de materiales y contenidos que no se dejan etiquetar todos, fácilmente, bajo la especie de “libros electrónicos”. Si el precio fijo del libro en papel tiene sentido porque permite que sobrevivan las librerías y, con ellas, las editoriales que ofertan libros de consumo no necesariamente masivo, en el entorno electrónico -dice Spencker- carecería de sentido, porque la distribución no se realiza a través de ningún punto de venta, sino que es permanente e intangible.

Algunos más -he oído en más de una ocasión-, piensan que la razón por la que Amazon no aterriza en España es, precisamente, por la imposibilidad de aplicar el mismo descuento que aplica a los textos electrónicos en Estados Unidos -todos a 9.99 $ a través del Kindle-, y que esa cortapisa merma el desarrollo del libre mercado y de las libertades de los consumidores (quizás tenga algo que ver, también, la irrisoria cifra de lectura y venta de libros en España, ¿o no?).

Solamente hay una cosa clara en este debate, y esa es que nadie parece tenerlo todo completamente claro.

Javier Lluch nos contó hace unos días, en una conferencia titulada “El respeto a la voluntad última del autor“, lo difícil, incluso lo iluso que resulta para un filólogo intentar fijar la versión definitiva de un texto, no solamente porque un escritor corrija, reforme, añada y recorte la primera de las ediciones de su original, sino, sobre todo, porque hay quienes reinterpretan por exceso o por defecto la última voluntad de un autor, exponiendo más de lo que hubiera deseado el creador o, al contrario, restringiendo arbitrariamente el acceso a un legado que el artista hubiera autorizado. En general, aunque no siempre, esa figura excesiva o censora es la de una viuda, que ejerce el derecho legítimo a la explotación de la propiedad heredada, pero que en su afán recaudador suele extralimitarse y chocar contra el limite del derecho a la propiedad, que linda con el del acceso a la información.

En el fondo del discurso de Lluch, al menos tal como yo lo interpreto, está una de las discusiones fundamentales entre el derecho a la propiedad y el acceso a la cultura y la información. Según establecen los juristas, el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, regulado en todas las Constituciones y en la misma Declaración de los Derechos Humanos. El acceso a la cultura y la información, sin embargo, no está contemplado ni comprendido como derecho fundamental sino que es, meramente, una facultad o una prerrogativa que los Estados se encargarán o no de facilitar limitando en algunas ocasiones el derecho a la propiedad en beneficio, precisamente, del disfrute colectivo de un bien singular que puede beneficiar a  la sociedad civil.

Pero, ¿quién pone el límite entre lo que es propiedad legítima y abuso de la propiedad? ¿quién dice cuándo debe limitarse el derecho a la propiedad en beneficio del acceso público a un bien cultural de interés superior? ¿quién determina cuándo deja de ser legítimo apego a la herencia y se convierte en perjuicio para la comunidad?

Es obvio que el contenido de las preguntas formuladas no es una cuestión mera y simplemente jurídica. Excede el restringido ámbito de la jerga judicial para implicar pareceres y posturas políticas seguramente enfrentadas, porque de lo que se trata es, en suma, de saber cuándo es más importante que el legado de un autor sea colectivamente disfrutado que individualmente usufructuado (cosa que se agrava aún más cuando se trata de obras huérfanas). Y eso es demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de los abogados… y de las viudas.

El pasado mes de junio, entre los días 17 y 18, se celebró en Corea del Sur la cumbre mundial sobre el futuro de la economía en Internet. Ahora que se publican las actas de la reunión, un mes después, podemos valorar las conclusiones no vinculantes a las que la comisión de la OCDE ha llegado, conclusiones que cada Estado deberá implementar, dotar y desarrollar a discreción.

Me parece que uno de los asuntos más interesantes, al menos para las industrias de contenidos y, por extensión, para la industria editorial, es la definición que puede encontrarse en en el Anexo E  “Guía de políticas para los contenidos digitales” del documento Shaping policies for the future of the economy of Internet:

“El contenido digital se ha converitdo en un factor progresivamente más importante y dominante para el desarrollo económico y social. Las comunicaciones de alta velocidad, los anchos de banda incrementados para la subida y bajada de contenidos, los precios de acceso decrecientes, la convergencia entre redes previamente diferenciadas, la innovación en nuevos dispositivos y aplicaciones y la rebaja en las barreras de entrada, traerán consigo nuevas maneras de crear, distribuir, preservar y acceder a los contenidos digitales“. Esta definición entraña aquella que hace ya bastante tiempo proporcionara Roger Chartier, lo que él denominara la transformación de los tres órdenes o, lo que es lo mismo, la metamorfosis simultánea e irreversible en la manera en que generamos los contenidos y los entendemos; la forma en que los hacemos circular y los encadenamos a una madeja cada vez más grande de contenidos precedenes o coetáneos; las posibilidades inéditas que se abren al consumo y entendimiento de esos nuevos conglomerados de contenidos generados por adición y concatenación.

El comunicado, en su Anexo E, continúa diciendo: “a medida que las economías se mueven hacia modelos más intensivos en la explotación del conocimiento, más ricos informacionalmente, el contenido que se crea, recoge, gestiona, procesa, almacena, distribuye y al que se accede está extendiéndose hasta formar un conjunto de industrias que contribuyen al incremento de la innovación, el crecimiento y el empleo. El contenido digital está convirtiéndose en una parte fundamental de la investigación en ciencias de la salud, en la educación y los servicios sociales, en los servicios relacionados con el conocimiento, la cultura y la governanza. Estimula, igualmente, la participación y la creatividad de los usuarios”. Es decir, las cadenas de valor no son, y ya no lo serán nunca, las mismas que en la era predigital de creación y distribución de contenidos, y los nitermediarios, los editores en nuestro caso, deberán aprender a convivir con una realidad que estimula la participación y la convierte en parte esencial de la generación de ese valor.

“ESTAMOS DETERMINADOS -puede leerse en The Seoul declaration for the future of internet economy- a trabajar juntos para promover el acceso ubicuo a las redes y servicios de información permitiendo la extensión de la participación en la economía de internet. La expansión subsiguiente de la economía de internet reforzará la circulación libre de la información, la libertad de expresión, y la protección de las libertades individuales como componentes críticos de las sociedades democráticas y de la diversidad cultural”.

Ojalá sea así, cuanto antes mejor.

En el Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2006, se aprobó, según consta en el resumen del acta, la creación del “Observatorio de la Lectura y del Libro, que tendrá como objetivo el análisis permanente de la situación del libro, la lectura y las bibliotecas”. Ayer, 9 de junio de 2008, se convocó formalmente al pleno que constituirá ese organismo y se nombró al Patronato que lo conducirá. El Observatorio de la Lectura y del Libro es, a mi juicio, la entidad que deberá abordar alguno de los temas más cruciales que, por esenciales y nucleares, siempre se han postergado o arrinconado, para mejor ocasión.

Me permito enunciar y enumerar alguno de los principales asuntos que, a mi entender, serían temás cruciales que convendría investigar con la enjundia que el tema requiere, asuntos todos que, de una u otra manera, han ido apareciendo en las entradas dedicadas a la lectura:

1. Las encuestas que el Gremio de Editores encargas sufren de serias carestías que lastran el valor de las conclusiones: se nos dice que el 57% de la población lee y se celebra triunfalmente que entre ese porcentaje de supuestos lectores haya un 30% de lectores reticentes, irregulares y escasamente interesados en los libros. Peor aún es que el 43% restante es, simplemente, invisible. Nadie se ha preguntado nunca por qué les resulta impensable a esos millones de personas convertir a los libros en un esparcimiento (al menos) deseable.
2. Cuando algunos trabajos de campo demuestran, además, de manera fehaciente e incontestable, una ferrea relación estadística entre capital cultural y educativo heredado y éxito escolar, entre consecución académica y hábitos de lectura adquiridos en el contexto familiar, y se encarna esa correlación sobre el territorio, arrojando un mapa de diferencias sociológicas irrebatible, nadie parece caer en la cuenta de que los planes de fomento de la lectura no pueden ser indiscriminados, sino que necesitan aplicaciones contextualizadas;
3. Las encuestas de lectura regocijadas del Gremio apuntan que el 91% de los jóvenes lee (sin aclararnos qué se debe a la prescripción y qué al hábito familiar adquirido). En todo caso, nadie quiere reparar en una paradoja lacerante: puede que lea esa cantidad de jóvenes, que lo haga mecánica y forzadamente, pero como PISA se empeña en demostrarnos, existe un trecho casi infranqueable entre la lectura maquinal y la comprensión lectora;
4. Se presume que la enseñanza de la lectura se hace de una vez para siempre, sin matices y de una sola vez, cuando los estudios más avanzados demuestran que es precisamente esa dejadez la que convierte a muchos alumnos de secundaria en analfabetos funcionales que decodifican dificultosamente los textos y nunca alcanzan la fluidez suficiente para comprender lo que leen. La pedagogía de la lectura exige, por tanto, dos niveles o dos velocidades, al menos, con atenciones específicas para cada edad;
5. Existen proyectos europeos de gran calado (Adore-Project) que pretenden desentrañar las causas de la dificultad lectora de muchos de nuestros jóvenes para practicar políticas capaces de rectificar esa propensión. España apenas está representada…

6. Es urgente que comprendamos qué está ocurriendo con los jóvenes lectores que, en gran medida, leen casi exclusivamente en pantalla, fragmentariamente, siguiendo rastros dispersos y desconyuntados. ¿A qué tipo de cerebro y de compresión, de capacidades cognitivas, está dando lugar ese tipo de lectura?;
7. Las bibliotecas escolares siguen siendo un desierto inculto, un espacio desvinculado del resto de las áreas de conocimiento y de la actividad docente. La Ley de la Calidad de la Educación no hizo nada para remediarlo, y en lugar de convertirse en el corazón de un eje transversal que la atravesara desde todas las asignaturas para convertirse en el espacio privilegiado de trabajo e indagación, siguen siendo lo que son, páramos marchitos;
8. Los profesores (sobre todo de secundaria), no tienen una formación específica para la enseñanza de la lectura porque se presupone que la fluidez y las competencias necesarias se adquieren en la educación primaria en bloque, sin resquicios. Todas las evidencias apuntan, sin embargo, a que los diferentes ámbitos de conocimiento troncales requieren de diferentes pericias lectoras -no es lo mismo un texto literario que un enunciado matemático, simplificando-, y los profesores deberían ser sistemáticamente asesorados y preparados para que practicaran esa formación continuada;
9. En el año 2004 la National Endowment of the Arts Survey de los Estados Unidos, realizó una encuesta a nivel nacional sobre las prácticas lectoras de sus ciudadanos, y las conclusiones fueron sintetizadas en un título conciso y extraordinariamente significativo: “La lectura en peligro“. Por nuestros pagos no parece que a nadie inquiete demasiado esta posibilidad;
10. Algunos países occidentales con mejores resultados en los balances de PISA, han puesto en marcha este año campañas nacionales de fomento de la lectura de gran calado, con medidas de largo aliento. Inglaterra y Alemania ya lo han hecho, y yo espero que aquí no tardemos demasiado.

Observar la lectura es uno de los trabajos más interesantes que nos aguardan, y solamente esperamos, impacientes, a que conozcamos las primeras iniciativas.

No sé lo que costará una coliflor en origen, lo que el esforzado agricultor recibirá por las horas y cuidados invertidos en su cultivo pero lo que sí sé es que su precio, una vez llegado al mercado, al supermercado, puede quintuplicarse, porque toda la cadena de valor que va de la tierra de cultivo hasta los lineales de una superficie comercial son repercutidos, y somos los usuarios, los consumidores, quienes lo pagamos, sin rechistar, sin manifestaciones en su contra, sin arengas que conciten a su supresión. Tampoco decimos una palabra, al menos yo no las oigo, cuando en el recibo de la luz aparece un asiento que corresponde a la cuota que todos abonamos por la moratoria nuclear. No me parece que el asunto del canon -ahora que tan en boca está de todo el mundo, casi en un mundo al revés- esté muy lejos de las coliflores.

Seguramente nadie sepa, o haya querido enterarse, que más de la mitad de lo que pagamos por la compensación económica que nos concede el derecho a realizar copias privadas proviene de la patente que Philips tiene, por ejemplo, sobre los CDs, de la misma manera que el distribuidor nos repercutirá un tanto por ciento determinado sobre una coliflor. Eso quiere decir que, en realidad, de un CD, unos 0,10-0,12 €, son abonados a la compañía que detenta la patente, y el resto van a parar a las arcas, esta vez sí, de las entidades de gestión colectiva que son las que, en principio, redistribuirán equitativamente esas cantidades entre quienes las reclamen.

A mí, personalmente, no me parece excesivo abonar 0,10 € a un autor (o a un colectivo que los representa), si eso me concede el derecho colateral de realizar copias privadas, porque convendría recordar que aunque el derecho de propiedad tenga un límite endógeno, que es el de su uso o proyección social, no por eso deberemos dejar de abonar a su legítimo propietario el dinero que corresponda. Igual, insisto, que pago una coliflor sin pensarlo dos veces.

Me parece falaz y desinformada la discusión en torno a la tensión entre la propiedad y el acceso a la información, porque la repercusión económica que tiene sobre los soportes, unitariamente, es despreciable, y en absoluto disuasoria. Es más: no cabría eliminar el canon -que es una directriz europea, no lo olvidemos-, como algún partido politico esgrime y abandera, sin eliminar el derecho conexo, que es el de copia privada.

En realidad la discusión debería enfocarse de otra manera y poner de relieve asuntos normalmente ocultos, interesadamente ocultos: la compensación por copia privada es legítima pero lo esencial sería comunicar a los autores y aspirantes a autores, que apenas un 5% de los agremiados pueden decir que viven de lo que recaudan y que, por tanto, en la economía de la atención que vivimos, es objetivamente más productivo, económicamente más racional, utilizar un tipo de licencias que permitan la copia y la circulación. Si un buen número de las personas que viven con la falsa expectativa del éxito económico utilizaran esa potencialidad inscrita en la propiedad intelectual, la recaudación de las entidades de gestión colectiva sería inferior y puede que su papel dejara de ser tan central en esta discusión. Porque es verdad que a quien interesa que esta falacia antinómica se mantenga -entre el copyright y su supuesto antagonisa, el copyleft-, es a las entidades de gestión y determinados grupos editoriales o de producción audiovisual que verían peligrar sus recaudaciones y sus sabrosos repartos. Me consta -tengo una denuncia delante de mí-, que determinadas entidades de gestión colectiva de derechos están ya denunciando a particulares que han comprado paquetes de diez CDs interrogándoles sobre su uso y destino, en un alarde tributario indefendible.

El canon me parece legítimo, no tengo, en contra de las sonadas alaracas generales, nada contra él, ni tampoco me siento reo de sospechas, pero sí creo que uno puede ganar más liberando sus contenidos que cerrándolos, renunciando, en consecuencia, a los supuestos beneficios que se derivarían de ese canon (de hecho es muy posible, más que probable, que este post sea el más comentado de la historia de este blog, a la contra, pero ya dijo alguien siniestro hace tiempo que es mejor que hablen de ti, aunque sea mal, más que nunca en la economía de los diez minutos actual).

Cabría utilizar otras medidas que evitaran el pago del canon, pero no estoy muy seguro que fueran de nuestro gusto, porque se basan en la vigilancia y el control tecnológico estrictos de la circulación de los contenidos en la web. De hecho en Francia Sarkozy ya ha aprobado la directiva que obliga a las empresas de telecomunicaciones a suspender el servicio, automáticamente, cuando exista la sospecha fundamentada de que se está cometiendo una ilegalidad, sin intervención ni permiso del juez, y a mí, qué queréis que os diga, me parece infinitamente mejor pagar 0,25 € por cada coliflor, digo por cada CD, que alentar la vigilancia del gran hermano.