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No data, Big Data, Small Data, Another data

No data

Pongamos que un encuestador ha sido encargado con la tarea de consultar a una muestra de ciudadanos sobre sus gustos y prácticas lectoras. Pongamos que esa muestra está bien dimensionada y estructurada y que las respuestas, por tanto, representarán por igual a todos los géneros y segmentos socioculturales de esa sociedad. Pongamos que plantea una de las preguntas clave en toda encuesta sobre hábitos y prácticas culturales: ¿lee usted libros? ¿con qué frecuencia lo hace? Esta pregunta, aparentemente tan sencilla y sin tacha, esconde un aplastante efecto de imposición que fuerza a los encuestados, sobre todo a quienes no leen, a expresar su buena voluntad cultural, a esconder lo que en una situación comunicativa como la de una encuesta pudiera parecer vergonzante o bochornoso. Habrá, aún así, muchos que respondan que no, que no tienen ningún interés por la lectura, y el encuestador se conformará con registrar esa negativa, sin reparar que en ese no data se encuentra quizás la dimensión más importante de la encuesta; habrá algunos otros que afirmen leer algunos libros al trimestre o en regularidades mensuales, y el encuestador se conformará con registrar esa reticencia o falta de interés real como una manifestación de un interés medio, cuando en buena medida estén expresando el efecto de imposición que aflora cuando se pregunta bajo determinadas circunstancias sobre hábitos culturales; y habrá quien conteste que sí, que muchos y regularmente, y se constatará en muchos casos sin reflejar cuáles son las correlaciones que hacen posible que exista un grupo de personas para quienes los libros (o determinadas prácticas culturales correlativas) forman parte de su espacio cultural y vital cotidianos, a los que dediquen buena parte de su tiempo y su dinero.

Lo más paradójico es que son precisamente quienes no disponen de las competencias culturales necesarias para responder afirmativamente a las preguntas que plantea la encuesta —porque sus condiciones socioculturales de partida han mermado sus posibilidades objetivas de convertir la lectura en un objetivo cultural deseable— quienes tienden a reconocer con más ahínco y tesón la pertinencia de esa pregunta y de lo que entraña: el valor de la lectura y del canon de obras que la sustenta. La entrega de sí casi incondicional que se produce en una situación de encuesta está inscrita e implicada en el sentimiento de incompetencia cultural, de ahí que los más desprovistos culturalmente suelan reconocer los cánones establecidos como indiscutibles, porque en cuestiones de orden simbólico tienden a reconocer sin crítica alguna lo que ha sido preestablecido por los críticos culturales y los detentadores del capital simbólico necesario como digno de ser leído o consultado. Son también los más desprovistos de títulos escolares, por eso, quienes, de manera aparentemente contradictoria, tienden a reconocer sin fisuras que el esfuerzo y la meritocracia escolar deberían arrojar sus frutos si uno hiciera los esfuerzos necesarios para alcanzar la recompensa prometida por los títulos escolares, algo del todo quimérico, porque son los hijos de los padres sin títulos escolares los que tienden sistemáticamente al fracaso y al abandono escolar y, en consecuencia, a la incompetencia cultural.

Pero regresemos al caso hipotético de encuesta: plantear una pregunta del tipo ¿usted lee y, en caso de hacerlo, cuánto lee?, presupone, al menos, tres cosas: primera, que todo el mundo puede tener una opinión o que cualquiera está en condiciones de emitir una opinión sobre el hecho de la lectura (sobre una práctica cultura, valdría generalizar); que todas las opiniones tienen el mismo peso independientemente del origen social de quien las emita, como si no existieran valores implícitos fuertemente asociados a la posición de clase de cada uno de los encuestados; que existe un acuerdo o consenso global sobre el tipo de pregunta que se plantea y, por tanto, sobre el problema que pretende escrutarse. Si se suman estas tres presuposiciones sobre las que se sustenta toda situación de encuesta, en general, y cultural, en particular, no es difícil caer en la cuenta que una gran mayoría de los encuestados calle, porque no sepa cómo contestar ante una situación imprevista y fuera de su alcance (no leen en absoluto); que otra buena parte de los encuestados, por aprensión, escrúpulo o reparo, contesten algo que, sin ser del todo verdad, tampoco es del todo mentira, en un esfuerzo por reconocer el valor de la pregunta y de mostrarse culturalmente ufanos (leen algunos pocos libros al año, al trimestre, o casi nunca); que algunos otros se sientan sinceramente apelados por la pregunta planteada, porque les gustaría parecerse a la imagen virtuosa que se han formado de la excelencia cultural, pero no llegan (leen una o dos veces a la semana); que unos pocos, muy pocos, una verdadera élite, practiquen una forma de lectura intensiva y extensiva que denota y refuerza su origen y su formación (lee todos o casi todos los días).

Si reparamos en las cifras, por ejemplo, del último Barómetro de hábitos culturales del CIS, de septiembre de 2016, uno se encuentra con los siguientes datos:

Nunca o casi nunca, suman un 36,1% de la población; alguna vez al trimestre o, quizás, al mes, un 20,6%, que sumado a la cifra anterior, resulta en un 56,7% del total de los encuestados. Entre los lectores regulares que leen semanalmente o diariamente, se encontraría, teóricamente, el 43,2% de la población.

Si se intenta precisar cuál es la cantidad de libros que leen quienes dicen que leen, porque siempre conviene replantear la misma pregunta de varias maneras posibles para matizar el énfasis inicial de las respuestas, los resultados nos dicen que, en realidad, el 69,7% lee anualmente, como máximo, 8 libros, y de ahí habría que descontar aquella cifra que se deriva de la expresión de la buena voluntad cultural del encuestado. Es decir: el 30,11% de la población total alcanza la cifra máxima de 8 libros anuales si no restamos los que, seguramente, se hayan añadido por el efecto de coacción de la encuesta. Quienes dicen leer anualmente entre 9 y 13 libros o más, representa un 30,3% de los que leen o un 13,09% del total de la población. Siendo optimistas, por tanto, un 43,2% de la población total muestra alguna clase de apetencia cultural por la lectura, algún interés más o menos deliberado por los libros. El 56,8%, sin embargo, es un gigantesco agujero negro del que no puede escapar la luz.

La información más relevante, aunque pudiera parecer a primera vista lo contrario, reside precisamente ahí donde ningún ingeniero de software puede bucear, en las no-respuestas o en las respuestas vagas y voluntariosas, en la indisposición o negativa a responder, porque esa tasa de no-contestaciones o de contestaciones titubeantes, es la medida de la posibilidad objetiva de producir una respuesta característica de una categoría sociocultural concreta. En el espacio social de los posibles suele suceder que, aquellos cuyo capital cultural y educativo se encuentra más depauperado, estén objetivamente incapacitados para producir una respuesta positiva a la pregunta sobre sus prácticas culturales y lectoras. O dicho de otra manera: la probabilidad de generar o elaborar una respuesta define la competencia (cultural en este caso) socialmente atribuida a los agentes concernidos, en este caso agentes culturalmente devaluados como no-lectores irrecuperables.

Cuando se interroga a los no-lectores sobre las razones de su desinterés, sus explicaciones dicen, en la mayoría de los casos (un 42,3%), que “no les gusta o no les interesa”, y esa razón parece bastarles a los encuestadores y a quienes encargan esas encuestas, incapaces de entender que es precisamente ahí donde deberían hurgar: ¿cómo es posible que para ese gran subconjunto de la población la lectura y los libros no formen parte, de ninguna manera, de su horizonte de realización cultural? ¿cómo es posible que una buena parte de la población no desarrolle ninguna clase de interés por la práctica de la lectura y sus supuestos beneficios culturales?

La materia oscura que representan esa clase de respuestas escapa por completo a las artes de investigación habituales, que se conforman con uno no como respuesta obvia y suficiente. Para entender esa respuesta y ese vacío, sin embargo, habría que analizar las condiciones económicas y sociales que la determinan y los efectos que produce en una vida cultural basada y fundada en la ignorancia (activa o pasiva) de esa desigualdad original.


Si estás interesado en continuar leyendo, este artículo “No data, big data, small data, another data”, está incluido en el último número, el 31, de la revista Texturas. Fue escrito a raíz de la polémica suscitada en el IV Congreso del Libro electrónico de Barbastro.

 

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Big data, big brother, big deal

En el año 2014 Maximiliam Schrems interpuso una denuncia en la corte irlandesa al considerar que Facebook no garantizaba la privacidad de sus datos personales y los ponía a disposición de la NSA norteamericana, contraviniendo con eso la defensa del derecho fundamental al respeto de la vida privada que la UE ampara. El juez de la audiencia irlandesa, Desmond Hogan, argumentó que existía evidencia de que los datos personales depositados en Facebook eran rutinariamente accedidos de manera “masiva e indiferenciada” por las autoridades de seguridad norteamericanas. El 18 de junio de 2014 el mismo juez ordenó que la denuncia fuera elevada a la Corte Europea de Justicia. El 6 de octubre de 2015 llegó el veredicto inapelable: “los compromisos adquiridos por los Estados Unidos pasan por alto, sin limitación alguna, las directrices de protección establecidas por el esquema legal del Safe harbor“, una norma que dejaba en manos de las compañías privadas norteamericanas la autorregulación en lo que atañe a la seguridad de los datos de los usuarios.

Teóricamente al menos, los principios internacionales Safe harbor en materia de privacidad hacen referencia a un acuerdo de cooperación por el que las organizaciones y empresas de Estados Unidos cumplen con la Directiva 95/46/CE de la Unión Europea relativa a la protección de datos personales. La artimaña legal, no obstante, permite que esa certificación, renovable anualmente, se realice mediante un proceso de autocertificación o, en contados casos, mediante la verificación de auditores externos. Esa celada legal por la que se cuelan los datos es la que pretendía cauterizar el veredicto: “el esquema (safe harbor) facilita la interferencia por parte de las autoridades públicas norteamericanas con los derechos fundamentales de las personas”. Y prosigue con la evidencia: “las autoridades de los Estados Unidos tuvieron acceso a los datos personales transferidos por los Estados miembros a los Estados Unidos y los procesaron de una manera incompatible con el propósito para el que fueron transferidos, más allá de lo que era estrictamente necesario y proporcional con la protección de la seguridad nacional”. En consecuencia, y para que no quede lugar a dudas, “por todas estas razones la Corte declara el acuerdo del Safe harbor invalid” al “comprometer la esencia del derecho fundamental a la protección jurídica efectiva”. No hacía falta rememorar a Snowden para saber que el Big Brother estaba acechando y que no quedaban lugares donde esconderse.

El 15 de enero de 2011, cuatro años antes, la Comisión Europea de Justicia lanzó una Consultation on the Commission’s comprehensive approach on personal data protection in the European Union, y entre los contribuyentes a la encuesta se encontraba Facebook. Por entonces la compañía norteamericana argumentaba que se amparaba en la legislación del Safe harbor para el procesamiento de datos de los usuarios europeos y “creía que el esquema [...] jugaba un papel muy valioso al respecto” y que constituía “un método efectivo para permitir a una compañía de servicios de internet basada en los Estados Unidos para ofrecer una alto grado de protección a los ciudadanos en la Unión Europea”.

Opiniones dispares, sin duda.

Jaron Lanier, uno de los activistas proveniente de la industria más prominente en los últimos años (obtuvo el Premio de la Paz de los libreros alemanes), argumentaba en Who Owns the Future? sin sombra de cinismo, que ya que nuestros datos son los que propulsan la economía del siglo XXI y estamos irremediablemente expuestos a que hagan uso de ellos, al menos deberíamos cobrar por ello. La plusvalia que se produce en el intercambio de datos por servicios debería ser compensada, en su opinión, mediante la percepción de un salario o un estipendio que, si no sirve para proteger nuestra privacidad, sirve, al menos, para garantizarnos el sustento. El Big data es parte, obviamente, del Big deal contemporáneo, del gran negocio del tráfico y uso más o menos legal, más o menos fraudulento, de nuestros datos.

De acuerdo con un informe de IBM existen 18.9 billones de dispositivos conectados a la red a escala mundial, lo que conllevaría que el tráfico global de datos móviles alcanzará próximamente los 10.8 Exabytes mensuales o los 130 Exabytes anuales, progresión que se incrementará si pensamos en los datos que intercambian las máquinas mismas de manera automatizada, un ecosistema universal creciente donde cada cosa se conectará a Internet para intercambiar datos. Este volumen de tráfico previsto para 2016 equivale a 33 billones de DVDs anuales o 813 cuatrillones de mensajes de texto. Una revolución, seguramente, que cambiará nuestra manera de vivir, trabajar y pensar, como argumenta uno de los más famosos libros al respecto.

Lo paradójico del Big data no es solamente que sirva a múltiples propósitos, todos ellos dispares, desde husmear lo que leemos y generar recomendaciones personalizadas o textos supuestamente adecuados a nuestros gustos a agregar los patrones de desplazamiento por carretera de millones de pesonas con el supuesto fin de mejorar la movilidad, sino que es tan intrínsecamente difícil descifrar cuál es su propósito real, que han surgido por doquier iniciativas que se autodenominan Big data for good, donde las iniciativas que se ponen en marcha tienen como fin la mejora de la vida de sus usuarios. Desde Ushaidi como plataforma para acopiar datos sobre catástrofes naturales y recabar la ayuda necesaria (Haiti, Nepal) hasta la prevención del crimen en las calles de Chicago mediante la agregación de los datos proporcionados por los ciudadanos, muchos se esfuerzan por hacer de la acumulación e interpretación de los patrones significativos que pueden arrojar los datos una nueva fórmula de conocimiento capaz de actuar poderosamente sobre la realidad. Algunos, de manera epistemológicamente ingenua y disparatada, como Chris Anderson, suponen que esas constelaciones masivas de datos acabarán generando sus propios patrones de conocimiento sin necesidad de teorías que los interpreten.

En una larga e interesante entrevista a Eugeny Morozov en la New Left Review de abril del 2015, titulada “¡Socializad los centros de datos!“, argumentaba: “Creo que solamente hay tres opciones. Podemos mantener las cosas tal y como están, con Google y Facebook centralizando todo y recogiendo todos los datos, sobre la base de que ellos tienen los mejores algoritmos y generan las mejores predicciones, etcétera. Podemos cambiar el estatus de los datos para permitir que los ciudadanos sean sus dueños y los vendan. O los ciudadanos pueden ser los dueños de sus datos, pero no pueden venderlos, para permitir una planificación más comunal de sus vidas. Esa es la opción que prefiero”.

Big data, big brother, big deal o, por el contrario, Big data para el incremento del bien común, dos caras de una misma moneda.

[Sobre este mismo asunto debatiré el próximo viernes 27 de mayo junto a Mario Tascón y Antonio Delgado en la sexta edición de #Nethinking16. En streaming en directo a las 17,00 h.]

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