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Nanoindustrias culturales

De acuerdo con los datos aportados recentísimamente por la Panorámica de la edición  española 2010, publicada por el extinto Ministerio de Cultura, el 98.3% de las empresas editoriales españolas era de carácter privado, el 89.3% de las cuales produjo menos de 10 libros a lo largo del año reseñado. Desde el año 2000 el censo editorial, por otra parte, no registra irrupción de ninguna empresa que cupiera denominar de gran agente (productor de entre 1000 a 10000 títulos anuales). Este tejido empresarial compuesto primordialmente de Pymes y Micropymes, por otra parte, es lo habitual de todos los sectores empresariales españoles, nada fuera de lo común. La polarización de esa estructura empresarial editorial es, sin embargo, grande: 19 editoriales privadas superan la cota de 700 libros al año mientras que 1617 agentes producen menos de 4 títulos y otros 1066 producen menos de 10, es decir: 2683 agentes de entre los censados (3473 en total), son pequeños agentes con una actividad muchas veces residual y apurada, no por eso menos necesaria.

Si nos fijamos en los parámetros de “inactividad y cese de actividades” podremos comprobar que en el censo 1035 agentes no declararon actividad alguna y que, en todo caso, “el abandono de la actividad”, cito textualmente, “fue muy superior a a las nuevas incorporaciones”. La editoriales que de hecho cesaron su actividad fueron un 84% de editoriales privadas, 82,1% de las cuales procedían del grupo de los pequeños y atribulados agentes editoriales.

No hace falta insistir demasiado, a la vista de los datos apuntados, que la amenaza de la parálisis y el cese de actividades afecta, sobre todo, a los pequeños, a los microempresarios culturales, que suman, siempre según los datos del Ministerio, cerca del 70% del tejido editorial español (frente al 11,4% de medianos y al 3.3% de grandes).


Ver Recortes en servicios bibliotecarios en un mapa más grande

Mientras esta hemorragia sucede, la nueva Secretaría de Estado de Cultura ha anunciado, entre otras medidas, la supresión de las compras públicas para las bibliotecas de titularidad estatal a pequeños editores pertenecientes, entre otras asociaciones, a ARCE. Decenas de pequeños editores dejarán de publicar porque el único sostén de la tripleta tradicional que quedaba en pie (publicidad, suscripciones  y venta directa, compra pública), ha desaparecido. El movimiento bibliotecario de No al préstamo de pago en bibliotecas ha generado, entre tanto, un mapa interactivo en el que ir dejando registro de “los puntos geográficos afectados por la política de recortes en los servicios bibliotecarios públicos: cierres, disminución de presupuestos, despidos de personal, subcontratación, restricción de horarios, suspensión de actividades”.

La nueva Secretaría de Estado de Cultura, mientras tanto, ha suprimido la antigua Dirección General del Libro para enmarcarla dentro de una Dirección General de Industrias Culturales separada de bibliotecas y archivos. Berlanga, el mítico director de cine, decía siempre que su disciplina debería estasr enmarcada dentro del Ministerio de Industria, porque era, evidentemente, una actividad empresarial que requería de cuantiosas inversiones. No me espeluzna ni me asusta, por eso, que los editores quieran ser grandes industriales, pero no parece que los datos respalden demasiado esa aspiración. Y tampoco parece que la supresión de las compras públicas (5 millones de euros frente a los 5.168 millones de euros concedidos a la industria del automóvil, como delata Manuel Gil en Sin subvenciones no hay paraíso) sea muy conveniente si de lo que se trata es de intentar fortalecer un sector enfrentado a mil problemas estructurales irresueltos. En todo caso cabría discutir, claro, el objeto de esas ayudas mediante compra pública ligadas a distintos parámetros e indicadores, entre ellos los de la calidad del producto y contenido propuesto; su regularidad; el impacto generado; el grado de consolidación de la empresa y la posible creación de empleo cualificado y estable, etc.

Si nos encuadramos en industrias culturales es legítimo demandar ayudas públicas, como tantos otros sectores sobrados de músculo financiero. De no recibir ninguna y padecer en silencio los recortes, seremos, en todo caso, nanoindustrias culturales.

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