Archivo de marzo, 2006

Los «sin papeles» y el debate sobre la nueva ley de inmigración estadounidense

En el pasado mes de diciembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una reforma de la política migratoria, entre cuyas medidas se incluye convertir en un delito la inmigración ilegal y privar de la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. Se estima que en este país residen hoy en día entre 10 y 12 millones de inmigrantes sin la documentación requerida. La posibilidad de que sean declarados delincuentes millones de personas que viven y trabajan pacíficamente en el país, y de que también sean acusados de violar la ley quienes les dan ayuda, ha levantado una ola de protestas, encabezada por organizaciones religiosas, sin precedentes en las últimas dos décadas.

Las posiciones están fuertemente polarizadas entre quienes quieren convertir el tema de la inmigración clandestina en un simple problema de seguridad con el blindaje de la frontera sur y los que pretenden cambiar radicalmente la actual ley para tratar de encontrar una solución permanente e integral al problema, más acorde con la tradición de acogida que ha caracterizado la historia de la democracia estadounidense.

Ante tal reforma de las leyes migratorias, y ante prácticas no muy distintas puestas en marcha en los ricos países de la Unión Europea, reflexiones del siguiente tenor cobran todo su sentido:

“Uno de los conceptos más curiosos que se han creado por el uso represivo de las fronteras y por el control de la migración es el de «personas ilegales», también llamadas «sin papeles». Acostumbrados como estamos a oírlo todos los días, no reparamos en el hecho de que se trata de un profundo sinsentido. ¿Cómo puede ser alguien una persona ilegal? Normalmente, se consideran ilegales las conductas, los bienes (por ejemplo, si son bienes ilícitos, obtenidos por la comisión de delitos), pero no las personas. Situar a las personas como ilegales se debe contar entre las aberraciones más grandes que se hayan cometido en nombre del derecho, y eso a pesar de que la lista de horrores perpetrados aduciendo los mandatos de la ley no es precisamente corta”.

(Miguel Carbonell: “¿Se justifican las fronteras en el siglo XXI?”, en Will Kymlicka, Fronteras territoriales, Trotta, Madrid, 2006, p. 10)

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Participación política de los inmigrantes e integración social

Se reproducen a continuación dos comentarios emitidos por sendos lectores al mensaje El derecho de voto de los inmigrantes que, por las visiones diversas que ofrecen, pero en gran parte complementarias, nos permiten seguir reflexionando sobre la posible relación entre la extensión de los derechos de participación política a los inmigrantes y la profundización de la integración social.

1º) He aquí el comentario de José Luis López de Lizaga (23-03-2006):

Quienes estamos de acuerdo con el último proceso de regularización, también debemos estarlo con la extensión de los derechos de participación política a los inmigrantes. Pero quizás esta ampliación de derechos debería acompañarse de otras medidas, que favorezcan una integración real de estas personas en la cultura (y en la cultura política) del país.

Esta cuestión suscita desde hace tiempo muchas discusiones en Alemania, porque quienes defienden la integración cultural de los inmigrantes parecen hacerlo en nombre de una “cultura predominante” o “cultura conductora” (Leitkultur, la llaman allí) que sería la alemana, y que deja fuera otras tradiciones y formas de vida (y, en particular, aquellas que traen consigo los inmigrantes). Y así, se oculta bastante chauvinismo bajo la aparente preocupación por un acceso real de los inmigrantes a la cultura del país de acogida. Por otro lado, ¿no podrían producirse muchas manipulaciones políticas, si obtuviesen derechos de participación política grupos de población que en muchos casos encuentran barreras que les impiden formar parte realmente de la sociedad civil?

Breve glosa: En primer lugar, hay buenas razones para apoyar la regularización de los inmigrantes indocumentados, pues lejos de ser una amnistía encubierta o una medida incentivadora, trata de reducir la ilegalidad, fomentar el pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social, así como evitar -y esto quizás sea lo más importante- una subcultura de marginados como la de los guetos argelinos en Francia. En segundo lugar, y yendo al núcleo del comentario de José Luis López, la participación en la deliberación política -esencial en cualquier democracia digna de ese nombre- resulta factible en la práctica tan sólo si los participantes se entienden y tienen un mínimo de confianza mutua. Para ello no es imprescindible que se comparta una misma religión, un mismo estilo de vida o una misma ideología política, pero, sin duda, ese entendimiento mínimo se promueve y se facilita enormemente cuando todos comparten una lengua común. En caso contrario, la exclusión social y la manipulación serán práctica corriente (JCV).

 

2º) A continuación, el comentario remitido por Enrique Gómez (23-03-2006):

No he conseguido llegar a ninguna conclusión. O mejor dicho he conseguido llegar a varias conclusiones contradictorias entre sí dependiendo del lugar en que me posiciono.
Creo que hay que dejar un poco aparte el tema de la integración a la hora de plantearse el del derecho al voto de los inmigrantes. En Europa la integración que preocupa no es exactamente la de los inmigrantes sino la de aquellos que en propia persona o por ser segunda o tercera generación de un inicial inmigrante han conseguido la ciudadanía y tienen por tanto reconocido el derecho a la participación política. Por lo tanto se deduce que la integración no viene de la participación pero si pienso que ésta es necesaria para que aquella se produzca.
A pesar de que en general hay muchos aspectos por los que opino deberían poder votar, hay otros que me inquietan. Distinguiría entre dos tipos de inmigrantes. Aquellos cuyo objetivo es la permanencia estable en el país y aquellos que son ciudadanos coyunturales pero que piensan en breve volver a sus países de origen.
Los primeros, que yo identificaría con los nacionalizados o con aquellos, que no queriendo cambiar de nacionalidad, tienen un permiso de residencia permanente, tendrían para mi un derecho incuestionable a la participación política en todos los ámbitos, municipal, autonómico y estatal e incluso comunitario (UE). ¿Existe objetivamente diferencia entre un derecho y otro?
Los segundos, aquellos con permiso de residencia temporal (esta distinción sería solo por razones prácticas, ¿cómo saber quién tiene verdadera vocación de permanencia?), deberían tener limitados sus derechos por cuanto su interés temporal por el país podría, no solo manipularse, (¿quién no está manipulado?), sino llevar a conclusiones contrarias a la supervivencia futura del país, recogiendo propuestas interesantes por su inmediatez pero posiblemente peligrosas para el futuro.
Ya se que es el miedo y no la certeza de tener razón el que ha destilado esta idea, pero ¿Qué sería de nosotros sin nuestros miedos? o mejor ¿Qué seríamos sin nuestros miedos?

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El derecho de voto de los inmigrantes en las elecciones municipales

La Constitución Española, en su art. 13.2, contempla la posibilidad de que los residentes extranjeros puedan emitir su voto en las elecciones municipales siempre y cuando existan tratados de reciprocidad con los países de origen de tales personas. Esta condición se cumple de entrada con todos los países de la Unión Europea, por lo que todos sus ciudadanos tienen garantizado el derecho de sufragio activo y pasivo (ser no sólo elector sino también candidato elegible) de igual modo que los españoles pueden hacer lo mismo en cada uno de los países miembros de la Unión.

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Por una política común europea de inmigración

Millones de hispanos residentes en los Estados Unidos se movilizaron el 1 de mayo contra una propuesta parlamentaria de origen republicano que criminaliza la inmigración clandestina. En la Unión Europea también la tendencia es al endurecimiento. La segunda ley Sarkozy, en principio adoptada por el Parlamento a primeros de junio, privilegia a los inmigrantes diplomados, hace obligatoria la firma de “un contrato de acogida de integración”, abroga el derecho a la regularización de los clandestinos de más de diez años y restringe el reagrupamiento familiar, los matrimonios mixtos y la nacionalización. Varios países vecinos van en el mismo sentido y su política se afirma en el marco de “modelos” de inmigración y de integración diversa, como este, específico, de Alemania.

En la actualidad, la cuestión de la inmigración se halla en el centro de las preocupaciones políticas de todos los responsables europeos. Siempre que Europa decide abordar este problema se reúnen los ministros del Interior como si la inmigración se considerara un peligro para la seguridad de los ciudadanos, una amenaza de invasión a sus mismas puertas. En este momento ha sido Nicolas Sarkozy, ministro del Interior y candidato a la presidencia francesa, quien acaba de proponer un nuevo arsenal de leyes sobre la inmigración. Habla de acabar con “la inmigración padecida para sustituirla por una inmigración elegida” tratando de atraer a esta política a los ministros del Interior italiano, español y muchos otros.

Por otra parte, estudios solventes a cargo de economistas y sociólogos nos dicen que la Europa del 2012 necesitará diez millones de inmigrados para seguir funcionando y también pagando las pensiones de los jubilados, cuya esperanza de vida no deja de aumentar.

Hace treinta años no se hablaba de inmigración y aún menos del islam. Actualmente, y sobre todo desde el 11-S, suelen amalgamarse ambos como si el mal proviniera de esta población escasa o nada integrada. Tal amalgama ha sido tan enconada que se ha hablado de inmigración a propósito de la revuelta de los jóvenes de las barriadas francesas en el pasado mes de noviembre. Se trata de jóvenes franceses que se rebelaron porque su país -Francia- los ignoraba. El hecho de que sus padres sean inmigrados no los convierte en inmigrados. A ello se debe -más que nunca- que Europa tenga que tomar conciencia de este problema sin mezclar ni confundir con sus padres a los hijos nacidos en su suelo, que poseen la nacionalidad europea. Es hora, tratándose de estos padres desamparados y desengañados y de los futuros inmigrados, de que Europa -toda Europa- diseñe una nueva política, una política común para la inmigración susceptible de añadirse a una política de cooperación entre el Norte y el Sur. ¡Piadosos deseos! Constatamos día a día la tendencia hacia los conflictos y el enfrentamiento entre culturas.

Es menester que responsables políticos y sociales con una visión del futuro basada en el respeto y la dignidad tracen urgentemente las líneas de esta nueva política. Se tendrán que entablar negociaciones entre los países europeos y los que poseen población candidata a la inmigración, barriendo de su ánimo y disposición todo aquello que recuerde los hábitos coloniales y los prejuicios que esconde un racismo sutil. Se quiera o no, los europeos no vivirán en una isla; habrán de mezclarse y conocer otras culturas, otras maneras de vivir y abrigar esperanzas.

Se tratará de aprender a convivir, de aceptar al otro para que pueda, a su vez, aceptar las leyes y costumbres de estos países. Sin esta pedagogía cotidiana, humilde y sincera, sin esta voluntad de igualdad en el trato y de respeto a los derechos y los deberes, sin esta determinación a acabar con la herencia colonial, Europa cometerá un grave error si sigue improvisando las políticas de inmigración, basadas todas ellas en la preocupación por la seguridad, la rentabilidad y el egoísmo. Circunstancia que no puede menos que favorecer el extremismo religioso, convertido en refugio identitario.

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HOLANDA: Un modelo de integración en crisis

ISABEL FERRER  -  La Haya

EL PAÍS  -  Internacional – 05-03-2006

La creciente brecha social entre la población autóctona e inmigrante en Holanda pone en duda las políticas multiculturales

Ninguno de los partidos políticos holandeses que acudirá a las elecciones municipales, el próximo 7 de marzo, menciona en sus programas para las 30 ciudades más grandes del país el elevado índice de paro de la comunidad inmigrante. Y ello a pesar de que la Oficina Central de Estadística alertó a finales de enero de que un 40% de estos jóvenes, entre 18 y 23 años, está desempleado. El departamento añadía que la población autóctona tiene cada vez menos trato con sus vecinos de origen turco y marroquí. Una brecha social que, según el Consejo para el Desarrollo Social, no podrán cerrar las iniciativas multiculturales que suelen resaltar los aspectos étnicos de cada grupo. Sólo la inversión en planes educativos y de empleo recobrarían algo la situación actual.

“Conocido no es sinónimo de apreciado”, concluyó el Consejo para el Desarrollo Social en un informe recién remitido al Ministerio de Inmigración e Integración. La promoción de almuerzos en la calle, fiestas cívicas o partidos de fútbol no mejora la imagen que los ciudadanos autóctonos tienen de los inmigrantes. O viceversa. “La convivencia es efectiva siempre que lo étnico no sea el punto de partida. Hay que buscar intereses comunes entre los ciudadanos. Además de reducir distancias económicas y sociales”, señala el trabajo.

Poco antes de recibirlo, Rita Verdonk, titular de Inmigración, señaló que el Ejecutivo (una coalición de centro-derecha formada por la democracia cristiana y dos partidos liberales) ya añadió a finales del pasado año 75 millones de euros a la recuperación de alumnos fracasados -en su mayoría de origen inmigrante- en la formación profesional. No harían falta, por tanto, nuevos desembolsos para reducir el paro de este grupo.

Verdonk reconoce que los primeros en sufrir discriminaciones son los aspirantes no autóctonos. Pero prefiere favorecer la integración a través del idioma y la asunción de las normas y valores holandeses. Sus exámenes de lengua, cultura y sociedad pensados para los solicitantes de un permiso de residencia son un claro ejemplo. A punto de entrar en vigor el próximo 15 de marzo, serán efectuados en las embajadas de Holanda en el extranjero. Equipadas con un sistema cibernético de reconocimiento de la voz para la prueba oral, y de ordenadores corrientes para el escrito, allí deberán acudir los inmigrantes que busquen un futuro en los Países Bajos.

Los gastos corren de su cuenta, y la idea de Verdonk es doble. Por un lado, espera que los viajeros comprendan mejor la tierra a la que acuden y respeten sus costumbres. El manejo del holandés les ayudará a integrarse. El otro objetivo tal vez sea menos digno de alabanza, aunque igualmente legítimo. La ministra supone que esta primera barrera puede desanimar a muchos a intentar la aventura holandesa.

Han Noten, senador socialdemócrata holandés, prefiere centrarse en realidades tangibles. De la lectura del informe de Estadística ha subrayado un dato que le parece muy duro. Apunta que las segundas generaciones de inmigrantes, nacidas y criadas en Holanda, se sienten menos en casa aquí que sus padres. “Cuanto más saben, más se irritan. No ascienden, ni en los estudios ni en el trabajo. Por eso es fundamental mejorar sus expectativas laborales”, ha dicho.

En su opinión, se habla mucho más del velo femenino, o bien de medidas antiterroristas, que de la integración de los inmigrantes. Abdelhale Adlj, un techador de 35 años, lo sabe bien. En paro desde 2003, acabó firmando una de sus múltiples solicitudes de empleo con el nombre ficticio de Erik. “Me llamaron a la primera”, asegura.

En Inmigración admiten que muchos patrones son reticentes a la hora de contratar jóvenes con apellidos que suenen árabes. “Puede que hayan tenido una mala experiencia en el pasado y teman correr riesgos inexistente”, señalan dichas fuentes. En círculos diplomáticos turcos se añade otro testimonio. “Nuestros inmigrantes y los de Marruecos llevan en Holanda 40 años. Pero sólo ahora se habla de integración”.

Es cierto que los prejuicios políticos se impusieron en el pasado a la lógica de la presencia de trabajadores temporeros. Aunque traían a sus familias en lugar de regresar a su tierra, integración era casi sinónimo de racismo. El vacío dejado por la falta de planes oficiales, y del diálogo intercultural ahora tan en boga convirtió el asunto en uno de los más incómodos de la política nacional. La famosa tolerancia holandesa acabó en indiferencia.

Por eso ministras como Rita Verdonk, que presenta proyectos muy concretos sobre la repatriación de los sin papeles son muy populares. Aunque a veces también se escalda. Como ahora, con Taïda Pasic, una joven kosovar de 18 años, que desea terminar la secundaria en Holanda, a pesar de que regresó en su día a su tierra con su familia al rechazarse su demanda de asilo. A su vuelta en solitario a Winterswijk (este del país), la ministra la sacó del colegio y la internó en un centro para inmigrantes a punto de devolución. Los tribunales ordenaron su puesta en libertad.

El Parlamento y la calle se preguntaron si tanta rudeza era necesaria. La chica había pedido regresar en dos ocasiones anteriores. Sin éxito. Entonces recurrió a un visado francés de turista. Un fraude, según la ministra. Pasic tiene 28 días para abandonar Holanda sin su título escolar, pero ha apelado dicha orden. El Parlamento ha vuelto a preguntar si cabe una solución, y la ciudadanía está dividida. La mitad de los holandeses cree que debe marchar. El resto, que acabe el colegio en paz.

En otras ocasiones, sin embargo, no es la imagen del Gobierno la que sale malparada. El centenar largo de adolescentes de origen marroquí que alborotan en algunos barrios de Amsterdam invalidan sus demandas de integración. El alcalde, Job Cohen, prefiere subrayar los esfuerzos de su propia comunidad por ayudarles. El primer ministro, Jan Peter Balkenende, le ha dado un toque más político al asunto. Tras alabar “la mesura de las organizaciones musulmanas ante la polémica de las caricaturas de Mahoma”, ha pedido su voto en los próximos comicios locales.

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INMIGRACIÓN Y ENTORNO URBANO

Como señalaba El Roto en una viñeta aparecida en el ‘El País’ (11-11-2005): se trataría de impedir que los barrios dormitorios acaben convirtiéndose en barrios water.

- evitar situaciones de hacinamiento (el 19% de los inmigrantes vive en menos de 10 m2); casi la mitad vive en régimen de subarriendo. En algunos casos, se registra el fenómeno de las ‘camas calientes’.

- evitar la creación de guetos: aunque ésta no es hasta el momento la tendencia en España, se ha de estar atentos, pues conocemos las negativas experiencias en otros países con una trayectoria más larga como países de inmigración (v.gr. los banlieu en las afueras de muchas ciudades francesas). 

-         Nuestros centros abigarrados, a veces tan denostados, puede ser en estos casos un factor positivo, pues, en principio, el urbanismo vertical favorece la integración. En otros lugares, se tiende excesivamente a crecer a lo ancho y los que llegan de fuera se instalan en zonas alejadas del centro de la ciudad (no como aquí, véase Lavapiés y Tetuán). 

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Los inmigrantes en las escuelas

Hubo un tiempo no muy lejano en que las escuelas argentinas estaban llenas de niños españoles e italianos cuyos padres emigrantes jamás habían pisado una, lo que no impidió el desarrollo del país. Antes al contrario, esos padres -y después sus descendientes- contribuyeron al enriquecimiento de una de las sociedades intelectualmente mejor formadas de toda América Latina.

El mestizaje nunca fue una rémora para el progreso, cuyo avance sólo se ve impedido por el egoísmo grupal, la desconfianza, la incomprensión y la carencia o insuficiencia de políticas sociales y educativas que garanticen la integración de los niños inmigrantes en las aulas, sin perjuicios para los que no lo son. Curiosamente, las polémicas acerca de estas cuestiones, casi siempre artificiales, no las crean los niños. Pero no hay que ignorar que si crecen las necesidades en los centros escolares por la llegada de más niños, también tendrán que aumentar los recursos públicos destinados a satisfacerlas. Posiblemente no haya otra inversión más rentable.

Las aportaciones económicas que se hagan han de servir para mejorar la calidad y la equidad en la educación. Ya va siendo hora de acabar con las reticencias de tantas familias que creen que el principal criterio de calidad consiste en la ausencia de inmigrantes en las aulas de sus hijos.

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DATOS BÁSICOS DE LA INMIGRACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL.  Alrededor de 500.000 chicos y chicas de origen extranjero están escolarizados en alguno de los distintos niveles del sistema educativo español. Una cifra que continuamente se revisa al alza. La escuela pública acoge a más del 80% de los mismos. El compromiso de la escuela concertada -financiada con el erario público- con la población inmigrante no está a la altura de su peso en el sistema educativo.

MIGRACIÓN Y NIVEL EDUCATIVO. Según datos extraídos del Informe España 2006. Una interpretación de su realidad social, elaborado por la Fundación Encuentro, la población inmigrante muestra unos niveles educativos muy similares al de los españoles, aunque “las altas características formativas no están, ni mucho menos, de acuerdo con la calidad de los puestos de trabajo que estas personas ocupan”, ya que la mayor parte de ellos declara desempeñar trabajos no cualificados. Por sectores, en el caso de los hombres la construcción y la agricultura se erigen como las actividades con más extranjeros empleados, papel que en el de las mujeres desempeñan la hostelería y el servicio doméstico.

Para profundizar sobre el tema, véase Javier Blázquez: Inmigración, educación, integración. Este artículo incide en la función de mediación que puede ejercer la escuela como lugar de encuentro entre la identidad cultural de los inmigrantes y la identidad del país de acogida (tan sólo habría que objetar que en uno y otro caso la identidad no es una referencia monolítica, sino múltiple y cambiante).

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La ciudadanía, ¿instrumento de integración social?

La utilización de la nacionalidad -o del status de ciudadanía- como mecanismo de cohesión social constituye una cuestión abierta a debate. La tesis de que conceder la ciudadanía equivale a integrar no siempre está convalidada por la práctica social, por más que sea recomendable en términos ideales y normativos. Es cierto que la puesta en marcha de políticas de inclusión cívica dirigidas a extender el estatuto de ciudadanía a los inmigrantes ya establecidos tiene una indudable ventaja en aras de su integración social y política: impide o al menos obstaculiza que se consolide una categoría social, perpetuada de padres a hijos, de residentes no ciudadanos, de metecos.

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LAS MIGRACIONES, FACTOR DE MULTICULTURALIDAD

Aunque el tema de la diversidad cultural no es nuevo, ha sido relanzado en las sociedades occidentales más pujantes, sin duda como consecuencia de los fenómenos inmigratorios, que las tienen como principales destinatarios. El de los países miembros de la Unión Europea quizá sea el caso más evidente, a cuyas tierras, diariamente, intentan arribar desplazados del creciente Tercer Mundo -jugándose las más de las veces la vida en ello- y millones más aspiran con conseguirlo algún día.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

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