Por una política común europea de inmigración
Millones de hispanos residentes en los Estados Unidos se movilizaron el 1 de mayo contra una propuesta parlamentaria de origen republicano que criminaliza la inmigración clandestina. En la Unión Europea también la tendencia es al endurecimiento. La segunda ley Sarkozy, en principio adoptada por el Parlamento a primeros de junio, privilegia a los inmigrantes diplomados, hace obligatoria la firma de “un contrato de acogida de integración”, abroga el derecho a la regularización de los clandestinos de más de diez años y restringe el reagrupamiento familiar, los matrimonios mixtos y la nacionalización. Varios países vecinos van en el mismo sentido y su política se afirma en el marco de “modelos” de inmigración y de integración diversa, como este, específico, de Alemania.
En la actualidad, la cuestión de la inmigración se halla en el centro de las preocupaciones políticas de todos los responsables europeos. Siempre que Europa decide abordar este problema se reúnen los ministros del Interior como si la inmigración se considerara un peligro para la seguridad de los ciudadanos, una amenaza de invasión a sus mismas puertas. En este momento ha sido Nicolas Sarkozy, ministro del Interior y candidato a la presidencia francesa, quien acaba de proponer un nuevo arsenal de leyes sobre la inmigración. Habla de acabar con «la inmigración padecida para sustituirla por una inmigración elegida» tratando de atraer a esta política a los ministros del Interior italiano, español y muchos otros.
Por otra parte, estudios solventes a cargo de economistas y sociólogos nos dicen que la Europa del 2012 necesitará diez millones de inmigrados para seguir funcionando y también pagando las pensiones de los jubilados, cuya esperanza de vida no deja de aumentar.
Hace treinta años no se hablaba de inmigración y aún menos del islam. Actualmente, y sobre todo desde el 11-S, suelen amalgamarse ambos como si el mal proviniera de esta población escasa o nada integrada. Tal amalgama ha sido tan enconada que se ha hablado de inmigración a propósito de la revuelta de los jóvenes de las barriadas francesas en el pasado mes de noviembre. Se trata de jóvenes franceses que se rebelaron porque su país -Francia- los ignoraba. El hecho de que sus padres sean inmigrados no los convierte en inmigrados. A ello se debe -más que nunca- que Europa tenga que tomar conciencia de este problema sin mezclar ni confundir con sus padres a los hijos nacidos en su suelo, que poseen la nacionalidad europea. Es hora, tratándose de estos padres desamparados y desengañados y de los futuros inmigrados, de que Europa -toda Europa- diseñe una nueva política, una política común para la inmigración susceptible de añadirse a una política de cooperación entre el Norte y el Sur. ¡Piadosos deseos! Constatamos día a día la tendencia hacia los conflictos y el enfrentamiento entre culturas.
Es menester que responsables políticos y sociales con una visión del futuro basada en el respeto y la dignidad tracen urgentemente las líneas de esta nueva política. Se tendrán que entablar negociaciones entre los países europeos y los que poseen población candidata a la inmigración, barriendo de su ánimo y disposición todo aquello que recuerde los hábitos coloniales y los prejuicios que esconde un racismo sutil. Se quiera o no, los europeos no vivirán en una isla; habrán de mezclarse y conocer otras culturas, otras maneras de vivir y abrigar esperanzas.
Se tratará de aprender a convivir, de aceptar al otro para que pueda, a su vez, aceptar las leyes y costumbres de estos países. Sin esta pedagogía cotidiana, humilde y sincera, sin esta voluntad de igualdad en el trato y de respeto a los derechos y los deberes, sin esta determinación a acabar con la herencia colonial, Europa cometerá un grave error si sigue improvisando las políticas de inmigración, basadas todas ellas en la preocupación por la seguridad, la rentabilidad y el egoísmo. Circunstancia que no puede menos que favorecer el extremismo religioso, convertido en refugio identitario.