El derecho de voto de los inmigrantes en las elecciones municipales

La Constitución Española, en su art. 13.2, contempla la posibilidad de que los residentes extranjeros puedan emitir su voto en las elecciones municipales siempre y cuando existan tratados de reciprocidad con los países de origen de tales personas. Esta condición se cumple de entrada con todos los países de la Unión Europea, por lo que todos sus ciudadanos tienen garantizado el derecho de sufragio activo y pasivo (ser no sólo elector sino también candidato elegible) de igual modo que los españoles pueden hacer lo mismo en cada uno de los países miembros de la Unión.

En la Constitución Española se admite la posibilidad -aunque de modo implícito, obviamente, pues en el momento de la proclamación España ni siquiera era miembro de la Unión Europea- de que también los residentes extracomunitarios puedan participar en las elecciones municipales, algo que ahora mismo está sometido a debate en el horizonte de las elecciones de mayo de 2007. Actualmente, España tiene firmados tratados bilaterales de este tipo con Noruega, Argentina y Chile. Ninguno de estos países son precisamente los de origen de los mayores grupos de inmigrantes actualmente sentados en España. Como es sabido, los grupos mayoritarios son, entre otros, los ecuatorianos, colombianos, marroquíes, rumanos, etc. En el caso particular de los rumanos y búlgaros la situación puede verse solucionada en breve, una vez que estos dos Estados ingresen en la Unión Europea.

Para el resto de inmigrantes, que, insisto, conforma el grueso de la población inmigrante, la solución podría venir por dos vías. La primera consistiría en cambiar el citado artículo de la Constitución y derogar la exigencia de acuerdos bilaterales como condición para ejercer el derecho de voto. El otro procedimiento, que seguramente sea el que finalmente se use, consiste en firmar acuerdos bilaterales con los países de procedencia de los inmigrantes.

Los distintos partidos políticos españoles ya se han posicionado sobre el asunto, en la mayoría de los casos a favor de propiciar de los inmigrantes en los próximos comicios. A ninguno se le escapa el enorme filón de votos que representan estos potenciales votantes, sobre todo cuando las posiciones tienden al empate técnico. Sólo en el marco de la Comunidad de Madrid se calcula que hay unos 400.000 nuevos votantes potenciales. Ya en febrero de 2006 el Congreso de los Diputados votó por unanimidad una proposición no de ley para promover el voto de los inmigrantes en las elecciones municipales (BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-345 de 02/03/2006 Pág. 14).

Sea cual fuere la opción finalmente elegida para solucionar este asunto, quedará fuera del debate una importante cuestión: la relativa al posible nexo existente entre el disfrute del derecho del voto y el proceso de integración social. En cualquier caso, los procesos de regularización, que hasta la fecha han permitido sacar a cientos de miles de personas de una situación administrativa irregular, y la extensión de derechos a los inmigrantes constituyen condiciones mínimas, aunque no suficientes, para la configuración de una sociedad integrada.

Sobre este mismo tema, véase información actualizada: De nuevo con el voto de los inmigrantes

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