La ‘funcionalidad’ de la inmigración irregular

El imparable crecimiento de la inmigración clandestina –los millones de extranjeros que viven y trabajan en los países de inmigración, sin la documentación legalmente requerida para ello– no es un fenómeno extraño a la racionalidad económica. Desprovista de derechos socio-laborales básicos, esa mano de obra ocupa un lugar funcional indispensable para el funcionamiento del sistema económico. Esa mano de obra es crecientemente demandada por los agentes económicos y sociales, pues se ha incrustado profundamente en la estructura productiva. Cabe afirmar, sin exagerar un ápice, que la demanda de mano de obra inmigrante irregular ha adquirido un carácter estructural.

Los representantes más inteligentes de los intereses patronales prefieren reglamentar y canalizar los flujos de mano de obra barata, que empuja los salarios hacia abajo, antes que deportar a los indocumentados. Reflexiones de este tipo se encuentran -con bastante seguridad- detrás de la decisión de George W. Bush (representante en estas cuestiones migratorias no del ala más extremista del partido republicano, sino del ala patronal y neoliberal) de legalizar de forma gradual a la mayoría de los inmigrantes irregulares, siempre que paguen impuestos, dispongan de trabajo estable y aprendan inglés. La capacidad de arrastre del gigante estadounidense no tardará mucho en dejarse sentir en otros países de inmigración. Al tiempo.