Migraciones y pluralismo religioso en las escuelas
En España se ha ido configurando un sistema educativo dual, público y privado, siendo éste último básicamente confesional católico. El anclaje jurídico para este sistema educativo privado-católico ha sido el art. 27 de la Constitución de 1978 (y en conexión con el art. 16). Por su parte, el destacado papel otorgado a la educación católica en el marco de la escuela pública se ha hecho al amparo de un marco normativo extraconstitucional: casi en paralelo con la elaboración de la Constitución Española se pactaron unos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede por los cuales se garantizaba la enseñanza confesional de la religión católica en los centros públicos. Es bastante posible que que en el momento de la firma de dichos acuerdos, éstos constituyeran una salida airosa para superar un conflicto que había lastrado anteriores experiencias democráticas en España, pero hoy en día tales acuerdos plantea problemas nada sencillos de solucionar.
Por un lado, el país ha experimentado en las últimas décadas un importante proceso de secularización, de modo que el agnosticismo y el ateísmo práctico son opciones en crecimiento para una parte importantísima de la población. Además, otro fenómeno creciente es el de la multitud de cristianos que no se sienten identificados con ninguna iglesia. Y, por otro lado, nuestra sociedad va recibiendo la incorporación cada vez mayor de inmigrantes que reivindican la enseñanza en la escuela de otras religiones, entre ellas la religión islámica.
En este terreno progresivamente plural y multiconfesional, donde la religión católica se presenta como una opción más no sólo frente a concepciones agnósticas y ateas, sino también frente a otras confesiones cristianas y otras religiones monoteístas, ¿cuál es el camino que debe elegirse en el sistema educativo? Existen al menos dos posibilidades: a) promocionar la enseñanza no confesional del hecho religioso, en sus distintas manifestaciones y versiones; b) abrir el ámbito educativo a las distintas confesiones religiosas.
Pero dado que la opción a) no es elegible en exclusiva porque están vigentes los mencionados acuerdos con la Santa Sede, parece que estamos abocados a la opción b), con lo que aumentaría el Babel en las escuelas y se renunciaría a dar unas bases comunes, por mínima que sea, para la convivencia. Entre las posibilidades abiertas, el único camino inconstitucional sería el de marcar discriminaciones, que sería el caso, por ejemplo, de que se facilitase la enseñanza de la confesión católica en la escuelas, pero no de otras religiones. Pues, ¿con qué legitimidad se puede permitir la enseñanza de una determinada confesión religiosa en las escuelas y negar ese mismo derecho al resto de las confesiones que lo soliciten? Y en caso de que se acepte extender este derecho a todas las confesiones, ¿quién seleccionaría, contrataría y despediría a los profesores encargados de impartir dicha asignatura?, ¿las propias comunidades religiosas como se hace en el caso de los profesores católicos?
¿No sería más deseable que la escuela, como el conjunto de la vida social, se asentase sobre valores comunes como, por ejemplo, los principios básicos del Estado democrático y los derechos humanos, y no sobre valores religiosos particulares, aunque sean los de la mayoría? Hoy, en una España cada vez más plural en términos culturales, religiosos e ideológicos, es sumamente importante educar para la convivencia. Educar en los derechos humanos es educar en valores prosociales, imprescindibles en una sociedad de ciudadanos libres, conscientes y responsables.
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Para completar lo expuesto aquí con una perspectiva teórica diferente, aunque no necesariamente enfrentada, véanse algunos argumentos filosóficos contra la enseñanza de la religión en las escuelas.
La sentencia del Tribunal Constitucional legitimando el despido de una profesora de religión por no seguir las normas de su credo (estar divorciada), han desencadenado un debate público sobre derechos que, en mi opinión, soslaya el fondo del asunto. El problema no es quién contrata, quién paga o quién elige, sino la propia existencia de una asignatura confesional de religión, carente de sentido en un sistema público de enseñanza.
Cabría preguntarse si el Tribunal Constitucional cambiaría de criterio si se tratase de otra religión, por ejemplo, de la musulmana: ¿Seguiría pensando entonces que debe ser la jerarquía religiosa quien ejerza el control tanto sobre lo que se propaga como sobre quién lo hace? ¿Se admitiría que los imanes seleccionasen el profesorado de su religión en función del tipo de vida que llevasen, y que el Estado pagase sin abrir la boca? ¿Estaría dispuesto a dejar en sus manos estas decisiones, o lo que vale para una religión no vale para otra?
Según la reciente sentencia del Tribunal Constitucional a la que alude el Sr. Madrigal, los docentes de religión deben destacar "por el testimonio de vida cristiana"; de este modo, estos profesores quedan a expensas del obispado de turno, quien decidirá su futuro en base a unas condiciones, normas y reglas que nada tienen que ver con el Estatuto de los Trabajadores, y por lo tanto serán discriminados, al ser vigilados bajo el prisma de una religión que puede no ser la suya. ¿O es que, por ejemplo, todos los profesores de Medio Ambiente tienen que ser ecologistas practicantes y no pueden tener coche porque contamina, salvo amenaza de despido?
Realmente, flaco favor le hace el Tribunal Constitucional a la sociedad a la que debe amparar y defender si da cobertura de ley a una religión de las muchas que hay, cuando nuestro texto constitucional dice claramente que España es un Estado no confesional. Dejar a un trabajador en la calle porque su forma de vivir en lo privado no respeta las normas de la materia religiosa que imparte, habrá que respetarla como todas, pero es inconstitucional para los seres humanos y para la sociedad democrática en la que vivimos, además de un insulto a la justicia y al sentido común.
La Conferencia Episcopal Española ha hecho pública recientemente su negativa a que la educación para la ciudadanía se imparta en los centros religiosos, pero no sólo eso, incluso ha hecho un llamamiento a la desobediencia civil. He de reconocer que la noticia me ha producido una inmensa indignación.
Alegando razones ideológicas, los obispos se niegan a que se imparta una asignatura que ofrece al conjunto de la población una reflexión sobre los valores constitucionales mínimos sobre que se asientan nuestra convivencia. Mientras obligan al conjunto de la escuela pública a dar cabida a sus fabulaciones infantiles, al tiempo que obligan al conjunto del alumnado y profesorado a quedar rehenes de su intransigencia.
Ya sería hora de desterrar de los centros públicos el adoctrinamiento religioso. Es cierto que tienen derecho, en sus centros, a establecer una enseñanza acorde con su ideario, pero para ello es imprescindible que sean sus centros, es decir, que no estén subvencionados con fondos públicos. A ver cuándo las administraciones optan por la vía de denuncia de los conciertos con los centros educativos privados. Y que nos dejen en paz.
En España lo que hay es un Estado aconfesional. Así se establece en la Constitución. Y quiero seguir pensando que, como la Constitución es una declaración solemne por la que el pueblo español constituye el Estado y afirma que ninguna confesión religiosa es estatal, estos obispos deberían dejar de inflamar el ambiente con afirmaciones como las que han hecho. Más aún, en un tiempo en el que existen movimientos para dividir a esta sociedad.
La movilización social a la que se está llegando acutalmente en España sólo conduce a la confusión y al enfrentamiento. Un mal ejemplo, al que no son ajenos unos obispos que ponen el grito en el cielo por mantener unos privilegios y que, en cambio, callan ante aptitudes que pueden llevar al enfrentamiento social. Gritos, provocaciones y silencios que califican a algunos dirigentes, sean políticos o sean religiosos, y no van a lograr otra cosa que acentuar sus frustraciones y sus nostalgias.
Me parece estupendo la idea implantar en el sistema educativo una asignatura obligatoria para enseñar la justicia y el respeto a todas las persona e ideas, el valor de la amistad, del orden, de los buenos modales y la conveniencia de ser buenos ciudadanos (no corderos). Fue algo que eché de menos cuando en la enseñanza no universitaria prevaleció la instrucción sobre la educación. No sería tan buena idea si la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’ se convirtiera en una excusa para instruir en una ideología, como la de género, por ejemplo. Entonces sería un abuso inadmisible que los padres deberían rechazar con rotundidad. Una asignatura así sería una muestra de totalitarismo de la peor calaña. La ideología de género, ¿impregnará las ideas que se transmitan a los niños sobre la esencia de la familia y estilos de vida de la mujer y del varón? ¿Se dirá que no se nace varón o mujer, sino que el sexo es una opción y que el matrimonio del uno con la otra no es sino una creación cultural, de la misma categoría que una relación homosexual? ¿Se pretende imbuir en la mente y en el corazón de los niños ideas que tratan de destruir no sólo nuestra cultura sino de contradecir la naturaleza y el sentido común? Quienes buscaran eso, aunque dijeran de sí mismos que son tolerantes, ni serían tolerantes, ni rectos, ni sabios, ni buenos, sino farsantes y aprovechados, totalitarios y corruptores; ni siquiera malos, sino perversos.
"Amarás al prójimo como a ti mismo", "si te abofetean una mejilla, pon la otra", "ama a tus enemigos", "no matarás"… Éstos son algunos de los mensajes trascendentales que Jesucristo regaló a la humanidad. Sin embargo, un considerable colectivo hace caso omiso de ellos. Los católicos que se reconocen practicantes de su doctrina están obligados a seguirlos si son consecuentes con su credo: tienen la obligación moral de asumirlos y transmitirlos.
Los obispos españoles, con su emisora llena de odio, y muchos miembros de la cúpula del PP que se declaran católicos, apostólicos y romanos no parecen estar por la labor. Odian a muerte, quieren venganza a cualquier precio y no dudan en dejar morir si viene al caso. Todo para derrocar al maligno, al que rompe España. Cada día demuestran que el fin justifica los medios, y no desaprovechan ni uno solo para hostigar al enemigo. José Luis Rodríguez Zapatero, que no es precisamente militante de la fe en Jesucristo (lo desconozco en su intimidad), está aplicando con fervor y valentía los principios de un cristianismo genuino que dista bastante del de los que se definen católicos. ¿No parece todo ello un grotesco contrasentido? Si no fuese trágico, sería cómico.
Muestra del pluralismo religioso al que me refería en mi mensaje inicial es la formidable progresión de las comunidades evangélicas en Cataluña (por poner sólo un ejemplo), conformadas la mayoría de ellas por personas de origen inmigrante. Esta progresión sería a su vez el reflejo del extraordinario florecimiento que están protagonizando en Latinoamérica las corrientes de origen evangélico y pentecostal.
Aunque sobre esta cuestión habría mucho que hablar, no creo que sea atrevido pensar que el sentimiento de orfandad que el constante torbellino del mundo contemporáneo provoca impulsa a muchas personas a buscar en estas comunidades el refugio y el calor que no encuentran en la iglesia institucionalizada.
No sólo en las escuelas, sino en la sociedad entera crece el pluralismo religioso, como denota el aumento de los lugares de culto de otras religiones.
En pocos años la llegada de inmigrantes de otras confesiones diferentes a la católica ha producido un cambio que modifica el panorama religioso en España.
La diversidad de cultos se traduce en un crecimiento espectacular de los lugares de encuentro de los creyentes: 4 veces más entidades islámicas, casi el doble de entidades ortodoxas, y el doble de evangelistas (teniendo en cuenta que a su vez cada templo evangelista puede tener otros adscritos). Las entidades religiosas judías sólo han experimentado un 28% de creciemiento debido en gran parte a la corriente de inmigración latinoamericana.
El culto se desarrolla en lugares que surgen en los sitios más inesperados, naves, bares u otros templos, financiados por sus fieles, porque las entidades públicas sólo dan soporte a algunas actividades educativas o culturales.
SOBRE EL VELO ISLÁMICO
Como profesor de un Instituto de Secundaria, se me ha planteado recientemente el caso de una alumna musulmana que quería cubrir su cabeza con un velo islámico (el hiyab ). El asunto del velo no es un problema que quede dentro de las paredes de un centro educativo. Es un problema que nos afecta a todos. Nos plantea, ni más ni menos, cómo quiere la sociedad occidental integrar a la cultura musulmana.
Para el islam llamado moderado la utilización del velo, según los hechos ocurridos, puede saltarse una normativa legal. Podemos pensar que nada grave pasa por ceder en este caso, pero siempre que subimos un escalón en el incumplimiento de una normativa, es mucho más fácil subir el segundo. ¿Cuál podría ser ese segundo escalón? Lograr, por motivos religiosos, eximirse de la asignatura de Educación Física, de tocar un instrumento musical, de leer textos como los romances en que se habla de moros y cristianos de la Reconquista…
Por supuesto que, por precaución, debemos preguntarnos si atenta a la dignidad de estas alumnas prohibirles llevar la cabeza cubierta en el centro. No hay una ley precisa para este caso, pero podríamos hacer una jurisprudencia de sentido común, que suele ser un buen juez. En Europa, en el marco de la vida pública, lo religioso debe atenerse a ciertas normas, aun cuando éstas trastoquen la continuidad de ciertos símbolos.
Un sacerdote médico, por ejemplo, no puede ir con sotana negra por el quirófano. Un bombero no puede ir con velo, sino con casco. Y por cierto, yo, docente, quiero ver a mis alumnos las orejas en los exámenes, porque con la técnica, como todo, las chuletas también han avanzado y hoy es posible escuchar las respuestas de un examen a través de un MP3.
Dejar la enseñanza de la Religión fuera de la escuela es un punto esencial de la necesaria y urgente separación que debe existir entre la Iglesia y el Estado. La enseñanza de las distintas religiones, al hacer niños distintos según su confesionalidad, conculca la labor integradora de la escuela.
La libertad religiosa e ideológica consiste en admitir que la gente piense y crea incluso algo que no nos tiene porque gustar y no permitir que esa gente sea discriminada por ello. Eso es uno de los grandes logros de la civilizacion europea, conseguido a base de cansancio por los baños de sangre en las guerras religiosas del siglo XVII. A ver si lo aplicamos y dejamos respirar a las personas que práctican el Islam, aunque no tengamos porque compartir sus elecciones. Mucha gente parece la inquisicion laica, algo que me produce mucha tristeza (dado que yo también soy laica).
En este curso que comienza, el número de alumnos inmigrantes se ha incrementado hasta superar el 12% del total. El 80% de los mismos asisten a centros públicos y el resto a los privados concertados, principalmente.
Dado que la escuela pública escolariza aproximadamente al 62% del total de escolares españoles, podría deducirse que los centros concertados discriminan a los inmigrantes. Y no es así. Hay otras razones que explican esta desproporción. Una, es que en la mayoría de pueblos del ámbito rural sólo existen centros públicos, y sólo a ellos pueden acceder los inmigrantes que viven en los mismos, y que, según zonas, son bastantes. Otro motivo es la acumulación de familias de inmigrantes en "guetos" en los barrios marginales, que tienden a llevar a sus hijos al centro público que tienen más cercano. Ello explica el que este desequilibrio también se produzca entre los centros públicos del centro de las ciudades y los de zonas periféricas. Y también influye el que la mayoría de familias musulmanas no quieren llevar a sus hijos a centros de inspiración católica, como son la mayoría de los concertados.
Conviene tenerlo en cuenta para no acusar a estos centros de discriminar a los inmigrantes, pues puedo asegurar que no lo hacen. Pero, sobre todo, para buscar soluciones, que dadas las razones expuestas ya se ve que no serán fáciles.
Además de lo que dices, Josep, que parece muy razonable, creo que la normativa de algunos de estos colegios (corrígeme si me equivoco) privilegia el acceso de los hijos o hermanos de antiguos alumnos. Si ello es así, provoca inevitablemente un sesgo étnico (y quizás de clase hasta cierto punto) en el alumnado, al contribuir generación tras generación a la reproducción de una situación de partida. Por cierto, esta diferencia en la composición o su percepción social, al menos en las grandes ciudades, impulsa a algunos "españoles" el preferir estos colegios para evitar los "peligros" del contacto interétnico o la mayor presencia de marginados sociales, contribuyendo a reproducir la diferencia. Cabe pensar si estas normativas incurren en lo que jurídicamente se denomina como "discriminación indirecta" (lo que no tiene por qué implicar una "intención" de discriminar), en caso de que la eventual justificación de la diferencia de trato (que parece aludir a la transmisión genealógica de difusos sentimientos de pertenencia a una institución) no se considerara proporcionada respecto al impacto que provoca.
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Sobre el velo, en mi opinión, si es algo de sus culturas y costumbres, lo pueden llevar perfectamente en sus casas o por la calle, pero no en las escuelas, locales públicos, etc.
Para mi forma de ver las cosas, es de mala educación, pues mis abuelos, padres – y ahora yo a mis hijas – siempre hemos enseñado que se tienen que descubrir si llevan algo en la cabeza al entrar en algún sitio ajeno a tu casa, ya sean escuelas, hospitales, ayuntamientos, farmacias, panaderías y muchos sitios más (esto es educación y ha sido siempre en España), pero lo que quieren conseguir con el velo es revocar los principios de la educación e integración. Un saludo al foro