Aconfensionalidad del Estado, cohesión social y Educación para la Ciudadanía
La Constitución Española de 1978 establece un modelo de relación Iglesia-Estado marcado por la separación de las respectivas esferas, de modo que el Estado como tal se caracteriza por su aconfesionalidad. Ello no obsta, sin embargo, para que el Estado pueda establecer relaciones de cooperación con las distintas confesiones, empezando por la Iglesia Católica, a la que se nombra en el art. 16.3. Esta mención específica a la Iglesia Católica obedece, sin duda, a razones históricas y a circunstancias coyunturales que cambian con el paso del tiempo. En el momento histórico en que se redactó la Constitución Española el pluralismo religioso en España tenía unas dimensiones reducidas. Hoy, sin embargo, la situación resulta bien diferente. Es innegable que entretanto se ha experimentado un importante proceso de secularización, de modo que el agnosticismo y el ateísmo práctico son opciones abrazadas por una parte cada vez más significativa de la población. Además, otro fenómeno creciente es el de la multitud de cristianos que no se sienten identificados con ninguna iglesia. Y, por otro lado, nuestra sociedad va recibiendo la incorporación cada vez mayor de inmigrantes que reivindican la enseñanza en la escuela de otras religiones, entre ellas la religión islámica. El pluralismo en materia religiosa es un dato fáctico en la sociedad española. De ahí que la situación destacada que la Iglesia Católica aún disfruta en el ámbito público genera incongruencias en el ámbito normativo y disfunciones en lo social.
Valga un ejemplo conocido por todos: tras los terribles atentados terroristas del 11 de marzo se celebraron unos funerales de Estado por las víctimas presididos por las máximas autoridades políticas. Los funerales se celebraron exclusivamente por el rito católico, con independencia del credo o no credo que profesaran las víctimas. Se daba, sin embargo, la circunstancia de que entre las víctimas había además de católicos, ateos y agnósticos, y que a esa pluralidad, a la que ya andamos bastante familiarizados en España, se añadía también musulmanes, protestantes evangélicos y cristianos ortodoxos, algo nada extraño dada la condición de inmigrantes de muchas de las víctimas. ¿Por qué desde las instituciones del Estado no se tuvo más sensibilidad por las personas y por su diversidad cultural y religiosa? Creo que eso va más allá del hecho de que dicho funeral fuera uno de los últimos actos público del gobierno de Aznar. Más bien responde a que existen rutinas en los comportamientos públicos que no se ponen nunca en cuestión y menos en situaciones críticas. Si el Estado tuviera la tradición de observar una estricta separación Iglesia-Estado se hubieran tenido que celebrar otro tipo de funerales de Estado más conforme con la realidad social.
El incremento de la inmigración en España pone encima de la mesa la apremiante necesidad de asegurar la cohesión social. Se está generado una nueva sociedad en la que debemos adaptarnos todos, los autóctonos y los recién llegados. A los recién llegados le podemos pedir honestamente que acepten el marco general de convivencia, que respeten los derechos humanos y el sistema democrático, pero no podemos exigirles que renuncien a sus religiones ni a sus culturas de origen ni, ya en un ámbito quizás más anecdótico, a sus hábitos culinarios y formas de vestir. Pero es más, para conseguir una sociedad integrada nadie duda del papel fundamental que debe desempeñar la educación común. Ahora, que nos hemos convertido por la fuerza de los hechos en una sociedad de inmigración, es más importante que nunca que contemos con un sistema educativo que transmita unos valores mínimos, pero comunes para todos. Fundamentalmente estos sólo pueden ser los derechos humanos y los principios del Estado democrático de derecho. De esto precisamente es de lo que versa la asignatura denominada ‘Educación para la Ciudadanía’ (o como finalmente se acabe llamando).
Por eso resulta realmente preocupante que un sector importante de la Iglesia Católica, con la Conferencia Episcopal a la cabeza, intente boicotear esta asignatura. No es toda la Iglesia, pues gran número de órdenes religiosas que regentan la mayoría de las escuelas confesionales han mostrado, en términos generales, su conformidad con los planes ministeriales. Se puede –y se debe- discutir determinados contenidos de dicha asignatura y sería bueno que se llevasen la discusión a la esfera pública. Pero lo que no parece de recibo es que la Iglesia Católica se oponga frontalmente a la idea de dicha asignatura, porque de esta manera se cargando llana y simplemente la posibilidad de encontrar unas bases comunes sobre las que asentar la convivencia entre todos los españoles, que cada vez más, como digo, son más plurales en sus inclinaciones y preferencias religiosas, ideológicas y cosmovisionales.
En unos tiempos en los que el pluralismo y la diversidad han crecido en las escuelas, la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía pretende condensar lo que se entiende por patrimonio común de valores, compartido y asumido por todos, desde las primeras etapas de la formación. Como cualquier materia escolar puede ser objeto de adoctrinamiento, pero eso depende como siempre del docente y de las orientaciones del centro, pero no de la materia en sí. Lejos del adoctrinamiento, con esta materia busca todo lo contrario: generar en los alumnos la capacidad crítica para evitar la recepción irreflexiva de ideas.
La verdad es que no sé muy bien por qué desde ciertos sectores católicos se impugna la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Me resulta difícil de adivinar los motivos cuando examino los contenidos de la misma. Veámoslo:
Tal como afirma, José Antonio Marina, Premio Nacional de Ensayo y autor de unos de los manuales de la materia que se pondrán en circulación el próximo año, se trata de “recuperar la conciencia de que vivimos en una sociedad en la que tenemos que interactuar y de la que no podemos prescindir".
Con este fin se abordan en el temario cuestiones como la lucha por la democracia y por la igualdad entre hombres y mujeres, el problema de las drogas y las herramientas necesarias disfrutar de una buena convivencia con otros jóvenes, profesores, o los padres.
Ante el incremento de la violencia en las aulas, esta materia ofrece la buena educación, la ética y el derecho como las tres pautas claves para afrontar este problema. Se aborda también la democracia, no como mera organización del poder, sino como un proyecto ético para mejorar la convivencia. Incluye también una aproximación a la Constitución, la división de poderes e incluso a problemas como la corrupción, el poder de los medios, el poder de la publicidad, aportando pautas para devolver el poder al ciudadano.
La asignatura pretende preparar a los jóvenes escolares para ejercer y afrontar unos derechos que les confiere la legislación española, como que a los 14 años pueden casarse, con el consentimiento de los padres, y tener hijos, y a los 16 pueden trabajar y pagar impuestos.
Los ateos también tienen derechos
El propio John Locke, considerado uno de los padres del laicismo, decía que "aquellos que por su ateísmo socavan y destruyen toda religión no pueden pretender que la religión les conceda privilegio de tolerancia". Y es que los ateos han sido probablemente el colectivo más discriminado a lo largo de la historia. Hace menos de 300 años era común, en casi toda Europa, que el derecho a voto se concediese sólo a miembros de una determinada religión. En Inglaterra, por ejemplo, católicos y judíos carecían de ese derecho. Cada país discriminaba según sus propios caprichos. Pero si eras un escéptico daba igual dónde estuvieses: era mejor que mantuvieses la boca cerrada.
En respuesta a la polémica que se inició el año pasado tras la publicación de las famosas "caricaturas de Mahoma" en un periódico danés, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de aprobar una resolución que insta a no difamar públicamente sobre creencias religiosas. El texto "expresa la profunda preocupación por el intento de identificar el islam con terrorismo, violencia y violaciones a los Derechos Humanos". No se dice nada, sin embargo, de las acusaciones que Ratzinger viene incorporando sistemáticamente a todos sus discursos. Según él, sin Dios, todo vale, todo es relativo. Pese a que son pocos los ateos que se identifican con tal suerte de relativismo, el catolicismo basa constantemente sus discursos en esta idea, de manera que puede llegar con facilidad a la conclusión de que "el mundo está como está porque ya nadie cree en nada".
Si bien recibimos con gusto toda resolución cuya finalidad sea la tolerancia y un acercamiento a la comprensión mutua, somos muchos los ateos que creemos que no estaría de más que dichas resoluciones no sean discriminatorias con nuestro colectivo (si es que se nos puede llamar colectivo). El hecho de que reaccionemos a las críticas y difamaciones con razón y sosiego no significa que nuestros argumentos merezcan ser menos escuchados, más bien debería de ser al contrario. ¿Acaso no es discriminación que se pueda culpar al ateísmo de los males de este mundo? Eso sí que es difamar, y en mayúsculas.
Sólo puedo tener palabras de gratulación con respeto a la nueva asignatura de ‘Educación para la Ciudadanía’. Con ella se pretende poner las bases de un futuro comportamiento cívico, democrático, patriótico de verdad, informado, responsable y participativo.
Promueve el respeto y la ampliación de todos los dere-chos humanos y de toda minoría social; presenta el diálogo como única solución de los conflictos, la igualdad de géneros, la solidaridad sin fronteras, la paz en la justicia; combate la xenofobia y el racismo; describe objetivamente y ensalza la pluralidad política sin autoritarismos, así como la nacional, cultural y lingüística de los españoles; la laicidad del Estado y el valor de la religión, las reglas éticas entre partidos, el análisis científico de las ideologías y los deberes ecológicos; todo ello sin sectarismo ni dogmas doctrinales impuestos a los alumnos.
Por eso es pura calumnia interesada alegar, como alega la jerarquía eclesiástica, que se trata de un totalitarismo moral contrario a la fe cristiana, al que incita a rebelarse por objeción de conciencia.
El gran problema de la Iglesia en nuestro país es su forma de entender la democracia. Tras cientos de años de gran influencia pública, y tras compartir sus doctrinas ideológicas y condenatorias con todas las manifestaciones históricas de poder que se negaron al progreso, seguimos observando cómo se niegan a aceptar el papel social que la sociedad española decidió que ocupara la Iglesia Católica.
El problema es que el derecho a intervenir y decidir en las cuestiones públicas, adquirido y mantenido como un poder irrenunciable a lo largo de los años, donde la capacidad política para tomar decisiones les correspondía por ley, no puede ser ejercido en nuestros días. La verdadera separación Iglesia-Estado, además de ser aún una asignatura pendiente en nuestro país, es uno de los principios irrenunciables de una auténtica democracia, donde las instituciones políticas y no las religiosas tienen la capacidad de tomar decisiones políticas. Esto es así no por capricho, sino porque garantiza que los mecanismos de actuación política actúen en función de las decisiones de los representantes elegidos por sufragio universal, pilar fundamental de un Estado de derecho.
"Las religiones, como las luciérnagas, necesitan oscuridad para brillar", decía Schopenhauer. En un país tan crispado políticamente como el nuestro, la Iglesia debería brillar menos en la vida política. Así obtendrá más y mejor luz nuestra democracia.
Resulta difícil enfocar el tema de la asignatura de Educación para la Ciudadanía sin caer del lado de un punto de vista exclusivo. No obstante, la postura de la Iglesia y las instituciones educativas a que da cobijo no debiera extrañarnos; la Iglesia ha procurado siempre hacer fieles a la doctrina, no ciudadanos autónomos y responsables; la Iglesia, al menos históricamente, ha utilizado el miedo para extender el dogma, no la razón y el espíritu crítico; la Iglesia, en fin, ha defendido la ortodoxia, condenando las voces disidentes o heterodoxas a la hoguera.
Lo que resulta en este caso curioso es que la jerarquía eclesiástica apele al concepto del adoctrinamiento, cuando ése ha sido tradicionalmente su seña de identidad; la Iglesia, en efecto, ha adoctrinado por los menos hasta la Ilustración para defender el dogma y asegurarse el poder, ¿cómo ahora, cuando la historia ha puesto a cada cual en su sitito, recurre, en un alarde de perversión del discurso, a que la asignatura adoctrina y no enseña?, ¿qué ha hecho la Iglesia sino adoctrinar y nunca educar?
En cualquier caso, los docentes, o al menos ése debería ser nuestro propósito, debieran, desde cualquier asignatura, educar para la ciudadanía; poco importa saber raíces cuadradas, sintaxis o la tabla periódica si no sabemos lo que vertebra todo eso: que vivimos en la medida en que somos ciudadanos y nuestra finalidad es ser, precisamente, buenos ciudadanos.