Los inmigrantes «irregulares»

Como si se tratase de una auténtica carrera de obstáculos, en el largo camino que un inmigrante recorre usualmente hasta lograr incorporarse plenamente a la nueva sociedad en la que ha decidido empezar una nueva vida debe superar al menos tres barreras: en primer lugar, ha de conseguir acceder al territorio del país elegido; en segundo lugar, adquirir el permiso de residencia permanente (no sometida a revisión por decisión arbitraria de las autoridades administrativas), es decir, un status que le permitirá disfrutar de una cierta panoplia de derechos, como contraprestación de obligaciones previamente contraidas; y, finalmente, acceder a la plena ciudadanía del país de acogida. Tras superar cada una de las dos primeras barreras, el inmigrante no dispone, en general, de garantías de acceso a una posición mejor. Sin embargo, no todos los inmigrantes disfrutan de iguales oportunidades para acceder a una posición más protegida. De este modo se produce un fenómeno de estratificación dentro del colectivo de inmigrantes.

El acceso a la ciudadanía es un sueño que algunos albergan, pero que en muchos lugares realmente no está al alcance de todos los que lo desean. En España, en particular, llegar a naturalizarse (excepto para quienes proceden de la Unión Europea o de países latinoamericanos, que lo tienen más fácil), es algo arduo y laborioso de conseguir, aunque no imposible. En muchos países lo cierto es que, con discursos a veces no del todo explícitos, se dificultan severamente el acceso a la ciudadanía bajo el pretexto de asegurar la supuesta integridad cultural o la lealtad política del país.

 

Tras acceder al territorio de un determinado el país, y ante la dificultad de superar las dos subsiguientes barreras antes mencionadas, muchos son los inmigrantes que se mantienen en situación administrativamente irregular. Según diversos expertos, el número de inmigrantes en España en situación irregular oscila entre 600.000 y 800.000 personas. Muchos deben su situación a los cambios constantes en la legislación española sobre inmigración y a los diversos procesos de regulación. Sin embargo, la mayoría suelen entrar legalmente: un 80% de los inmigrantes en situación irregular en España ha entrado con visado de turista.

 

Entre las principales causas que permiten que en España haya tantos inmigrantes sin papeles, pueden señalarse las tres siguientes:

a) el retraso burocrático y la pérdida del lugar de trabajo en el momento de solicitar los papeles, acentuado por el contexto socioeconómico;

b) las dificultades para obtener el visado en el lugar de origen; y  

c) la economía sumergida, que fomenta la situación irregular de los inmigrantes.

 

Estas situaciones irregulares y de ambigüedad no favorecen, por supuesto, a los inmigrantes que la padecen, sino más bien a determinados empresarios que se benefician de la misma. No debe olvidarse que la economía sumergida no es el resultado de la inmigración irregular, sino su causa fundamental.

 

La inmigración se mostrado en los últimos tiempos como indispensable para sostener el estado de bienestar de los países más desarrollados. Al respecto, es contundente la opinión de uno de los mayores expertos mundiales en políticas migratorias:

 

“Resulta sorprendente el escaso éxito que cosechan los guardianes del orden moral en su defensa de la cultura mayoritaria y en contra de las intrusiones extranjeras. Su debilidad a largo plazo se debe a la supremacía en la mayor parte de las sociedades capitalistas de los intereses económicos que insisten en mantener las puertas abiertas para asegurar un suministro regular de mano de obra excepto en momentos de depresión económica” (Aristide Zolberg).

 

La inmigración ha de ser regular y eso favorecerá tanto a los inmigrantes particulares como al conjunto de la sociedad. Esto, en realidad, no es más que una obviedad. Pero más que regularizaciones extraordinarias y de carácter masivo (que cuando se ha acumulado abultados stocks resultan un mal menor, pues lo peor de todo es una situación masiva y permanente de irregularidad), lo que hay que establecer es una vía permanente de regulación individual, sobre todo para aquellos que tienen un trabajo como método para llegar a la plena regulación. Este el sentido que tiene la vía del arraigo social como procedimiento ordinario de regularización de los inmigrantes, que está vigente actualmente en España. Se elija este camino u otro similar, en todo caso siempre ha de tenerse presente que el inmigrante, en cuanto persona, nunca es ilegal, lo que puede serlo es la situación en la que se encuentra.

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