Un contrato para la exclusión de los inmigrantes

Con el intenso ritmo de crecimiento de la población extranjera en España se han ido registrando problemas de integración, que nadie de manera sensata puede negar. La carencia de un modelo adecuado de acogida y la amplitud de los procesos de llegada dan lugar a que muchos inmigrantes se vean abocados a procesos de precarización y exclusión social que en un futuro podrían cristalizar en bolsas de marginalidad. Con independencia de cómo se desarrolle esta cuestión, es una realidad que ya no es posible desconocer. De ahí que, conscientes de que la inmigración se ha convertido en una de las principales cuestiones sociales, en períodos electorales algunos partidos políticos creen encontrar en este tema un auténtico filón de votos.

 

Entre las propuestas sobre políticas migratorias formuladas durante esta larga campaña electoral, sin duda la que mayor eco ha encontrado en la opinión pública sea la presentada por el PP. Y en ello está quizás su mayor mérito: en la capacidad para poner el tema sobre la mesa. Me refiero obviamente a la idea de exigir un contrato de integración a los inmigrantes que deseen adquirir un permiso de residencia de más de un año o renovar el permiso de residencia inicial, por el que se comprometerían a cumplir las leyes, respetar las costumbres españolas, aprender la lengua, pagar los impuestos, trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y regresar a su país si durante un tiempo no encuentran trabajo.

 

Lo primero que llama la atención de la propuesta del PP es la elección de la terminología empleada. A la hora de afrontar la compleja cuestión de la integración social de la inmigración, no se propone un conjunto de medidas más o menos articuladas de intervención ni tampoco se anuncian una previsión de gastos con los que poner en marcha determinadas políticas, sino que se pone todas las bazas en el establecimiento de un compromiso jurídico entre los inmigrantes y el Estado bajo la cobertura de un contrato. A nadie se le oculta que en esa figura jurídica se dan cita de una manera sumamente confusa las concepciones contractualistas de la filosofía política clásica, por una parte, y las obligaciones entre particulares contempladas en el Código Civil, por otra. No ésta la única consideración que cabe formular. Veamos algunas otras:

 

a)      El fundamento del deber general de sometimiento a la ley no es, ni puede ser, un contrato privado. Y menos aún por obra y gracia de un contrato privado puede instaurarse un nuevo status social, diferente al común de los ciudadanos. Por eso no se comprende muy bien porque se denomina a ese contrato de inclusión, cuando en realidad se trata de un contrato pensado para diferenciar y, por ende, para excluir. En todo caso, será por ley, y no por un contrato privado, por lo que se podrá expulsar del país a un extranjero. Ha de saberse además que para expatriar a cualquier persona se ha de contar con el acuerdo del país de origen.

b)      Un contrato de ese tipo consagraría dos raseros normativos diferenciados y separados: un régimen jurídico para españoles y otro para extranjeros. Por un lado, los españoles, estarían sometidos a las leyes generales; por el otro, los extranjeros estarían sujetos no sólo a esas mismas leyes, sino que además se verían obligados a seguir unas costumbres, aunque éstas por definición sean siempre indeterminadas y cambiantes. Y la distinción entre ley y costumbre no es banal: los españoles tenemos, p.ej., la obligación legal de pagar impuestos, pero no puede decir que tengamos siempre la costumbre de hacerlo (por lo menos, a nadie se le niega la condición de español por eludir esta obligación).

c)      El contenido del contrato propuesto por el PP es o bien redundante, pues ya está recogido en las leyes vigentes, o bien discriminatorio, pues impone nuevas obligaciones a un grupo particular.

d)      La propuesta del PP da a entender que la integración social se puede promover a golpe de contrato. Olvida que la integración es un proceso dinámico que, como mínimo, es bilateral, de doble vía, pero nunca unilateral, que comprende la acomodación recíproca por parte tanto de los inmigrantes como de los nacionales. Sin embargo, ese contrato impone obligaciones de adaptación tan sólo a una de las partes, que además es la más débil.

e)      Si no se desea consolidar una sociedad injusta, debe apoyarse, en primer lugar, el principio básico de que a las mismas obligaciones, los mismos derechos; y, en segundo lugar, que todos los individuos han de tener los mismos derechos y obligaciones. El derecho de voto es el mejor de los antídotos contra la exclusión. Si los inmigrantes votasen, determinadas propuestas no se formularían.

f)        Sin legalidad no hay integración posible. La situación de irregularidad en la que trabajan muchos inmigrantes, al margen de la legalidad laboral y sin poder disfrutar con plenitud de los derechos ciudadanos, pero también exentos de  obligaciones, constituyen un factor cierto de exclusión social.

g)      La propuesta olvida también que la inserción real de los inmigrantes no es posible sin incrementar los gastos sociales de acuerdo a las cuantiosas contribuciones fiscales que ellos mismos realizan, de modo que no caiga sobre ellos la responsabilidad de un sistema de protección pública cada vez más debilitado. Sin inversión de recursos no es posible promover realmente la integración. Resulta en todo caso crucial asegurar a los inmigrantes un adecuado acceso a la red de bienes y servicios públicos.

h)      Las políticas de integración no buscan privilegiar a los inmigrantes, detrayendo recursos para la población autóctona más desfavorecida, sino garantizar la igualdad de todos en el acceso a políticas y bienes colectivos, lo que en determinadas situaciones implica actuaciones singulares dirigidas hacia el colectivo inmigrante. Han de perseguir el acceso igual de todos a los derechos de ciudadanía.

i)        El aprendizaje de la lengua del país de acogida es, en todo caso, algo esencial para los inmigrantes a la hora de que puedan establecer lazos personales interculturales o disfrutar en igualdad de condiciones de las oportunidades del mercado laboral. Debe, por tanto, articularse programas especiales de enseñanza que posibilite el aprendizaje de la lengua. Quedaría abierta, no obstante, la cuestión de si la lengua que se ofrece sería el castellano o la propia de la Comunidad Autónoma donde los inmigrantes se instalen.

 

En suma, se trata de una ocurrencia de ingeniería social revestida con traje jurídico; en realidad, no pasa de ser más que una propuesta disparata, que, en lugar de estar destinada a integrar, como su nombre indicaría, busca la exclusión de los inmigrantes. Incurre en una clara irresponsabilidad política ante una cuestión tan multidimensional y angulosa como es el fenómeno de la inmigración.

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Comentarios

No es ésta la primera vez que el PP utiliza la inmigración como argumento electoral. En el año 2000, cuando aún no tenían mayoría absoluta, los gobernantes del PP rompieron el consenso en materia de inmigración que ellos mismos habían asumido previamente, se deshicieron del ministro Pimentel, y lanzaron una campaña electoral en la que se comprometían a reformar la Ley de Extranjería para privar de derechos fundamentales a los extranjeros que carecían de permiso de residencia. Lo cumplieron nada más obtener la mayoría absoluta, y hemos tenido que esperar hasta finales del pasado año 2007 para que el Tribunal Constitucional emitiera una serie de sentencias en las que declara inconstitucional esa privación de derechos.

Ahora el PP, con argumentos xenófobos, pretende someter a los inmigrantes a un contrato de adhesión que quiebra el principio básico de igualdad ante la ley. Si ganaran, no hay duda de que cumplirían su compromiso: porque, de toda nuestra larga Constitución, parece interesarles más el breve artículo que proclama los colores de la bandera que los muchos dedicados a garantizar los derechos de las personas.

La inmigración ilegal es también tema de campaña en Estados Unidos, porque es un problema para la Administración, para los ciudadanos y para los propios inmigrantes. Hablaron, por su puesto, de exigir a los que entraron sin papeles que se pongan a la cola, que paguen los impuestos que tienen pendientes y que aprendan inglés. No dudan en apelar a la expulsión de los delincuentes.

Pero, aunque en el fondo se digan cosas muy parecidas, suena tan distinto ese discurso al que hemos escuchado aquí. En España el mensaje es que no caben todos, que hay más acuerdos que nunca para la repatriación, que las cárceles rebosan de extranjeros, que los camareros ecuatorianos no dan la talla. El de Estados Unidos suena a mensaje integrador y realista: la inmigración es imparable y necesaria en un mundo tan desigual. Claro que hay que poner orden, pero el de aquí suena temeroso y demagógico. Sobra ruido de fondo.

Si se trata de asegurar que los inmigrantes dispongan de un mínimo de conocimiento del español y de las instituciones españolas, no se trata de una mala cosa porque esto ayuda a su integración. Si se trata de asegurar que compartan algunos valores básicos con los españoles, tampoco se trata de algo reprensible: España sólo se entiende como una nación hecha de gente que quiere vivir junta. Son precisos pues valores comunes. La única pregunta que me hago es de índole práctico: ¿cómo poner en marcha todo eso? ¿Cómo verificar lo que hay en el corazón y en la cabeza de la gente?

El compromiso que tienen que asumir los que vienen de fuera es el mismo que los de aquí: cumplir las leyes.

No estoy de acuerdo con la firma de un contrato, ni con hacer cambiar de costumbres a los inmigrantes ni por supuesto con el tinte xenófobo-fascista-populista que destilan ciertas medidas. Estoy de acuerdo en que se cumpla la LEY (con mayúsculas), pero que se cumpla de verdad.

Que se respeten las horas de sueño de los vecinos y que el llamar a la policía a las cuatro de la madrugada sirva para algo, además de para que se rían de tí al día siguiente, que se atiendan las denuncias de hacinamientos insalubres, de escándalos familiares, de hablar a gritos como si fueran sordos, de tener que dormir con tapones en los oídos, para no despertarte cada dos por tres con los ruidos del cuarto de baño, de un piso para cuatro, donde viven doce.

En fin, algo habrá que hacer; es un problema de convivencia que obviamente está deteriorando la calidad de vida de los que ya estábamos aquí y provocando brotes de xenofobia. Tenemos legislación suficiente, entre ordenanzas municipales, Código Civil Y Código Penal, como para cortar este problema. Si además se hace una campaña de información a estos colectivos de inmigrnantes, sobre el respeto mutuo y nuestras habituales normas de convivencia, creo que sería suficiente.

Y basta ya de intoxicaciones sobre delincuencia; yo vivo hace años en un barrio de inmigrantes y todavía no he sufrido el menor percance. Por el contrario, me gusta el ambiente multirracial que ya conocía de París y Londres, cuando eso aquí era impensable y lo que hay que conseguir es que nos enriquezca culturalmente, como ya ocurrió en esas otras ciudades europeas.

La aprobación por el Senado italiano, por 156 votos a favor y 132 en contra, de la ley que anula la norma por la cual los médicos no debían denunciar a los extranjeros que recurran a la red sanitaria pública, las manifestaciones xenófobas del Reino Unido y las medidas de restricción al empleo y a las prestaciones sociales en numerosos países de Europa ponen de relieve, una vez más, la desigualdad de un sistema capitalista desfasado.

Numerosas personas en situación administrativa irregular trabajan. Léase, por ejemplo, en el servicio doméstico, en los invernaderos, en la construcción. ¿No sería interesante contabilizar las horas de trabajo de esas personas, sin derecho a la protección social, y sumarles las cotizaciones que los empresarios dejan de aportar al sistema? Ya se demostró que la regularización suponía un superávit en las arcas de la Seguridad Social.

Es hora de que se deje de estigmatizar a la víctima y exigir a quienes se enriquecen que cumplan con sus obligaciones ciudadanas. ¿No sería prudente castigar al que incumple sus obligaciones tributarias y paralelamente se enriquece de la desgracia ajena?

¿Para cuándo un sistema de inspección de trabajo eficiente? ¿Cuándo dejaremos de construir el bienestar de algunos con el malestar de muchos.

(requerido)

(requerido)


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