El caso de las 25.000 personas llegadas a Italia entre febrero y mayo de 2011,

esto es, desde el comienzo de la revolución democrática en Túnez y el inicio de la guerra civil en Libia, resulta representativo de una forma muy peculiar de abordar estas cuestiones. Ya a fecha de 9 de marzo la portada del diario El País, con foto incluida, titulaba: “Las oleadas migratorias por las revueltas árabes desbordan Italia”. Aunque en el interior de la información se precisaba que “Italia ha recibido desde enero a 8000 refugiados”, se había sucumbido de nuevo al síndrome imperante de mostrar firmeza ante la invasión de inmigrantes ilegales.

Se había optado por este encuadre o framing en lugar de tratar el asunto como un claro caso de migración forzada por motivos políticos y, por ende, atendible bajo la figura del derecho de asilo en virtud del compromiso de toda la UE con la democracia. Y también se había podido poner las cifras en relación con la población y los recursos de un país como Italia y señalar – para acercarse a la descripción de la realidad – que lo que acaso estaba “desbordada” era la minúscula isla de Lampedusa, pero no el país entero. El lenguaje se utilizaba de nuevo, con el mayor descaro y sin la menor responsabilidad, para ocultar la realidad. La sorprendente receptividad de algunas mentiras es un fenómeno en absoluto ajeno a la corrupción del lenguaje.

De manera no querida quizás, se identifican las migraciones con un proceso natural y, por ende, también ingobernable. La asociación más o menos explícita con la noción de catástrofe parece así inevitable, cuando no con un fenómeno bélico, al que aluden términos como desembarco y, sobre todo, invasión, al que además se le añade adjetivos como masiva, incontrolada o desbordante. Conceptos igualmente no analíticos, sino meras expresiones de un sentimiento de inquietud o acaso de un cierto síndrome de saturación, son otras imágenes que se han hecho usuales: «umbral de tolerancia» o «presión migratoria». Se pone así en juego toda una jerga tecnocrática y opaca que pretende reducir y ocultar la complejidad del mundo.

En ello el empleo de determinados recursos expresivos como las métaforas desvela un determinado sustrato ideológico nada neutral. Las metáforas devienen entonces en instrumentos de dominación simbólica. Si las metáforas se reifican y se convierten en lugares comunes, pierden su capacidad evocadora. El empleo del lenguaje metafórico se ve potenciado por el uso de una iconografía selectiva, que en el caso de los países del Sur de Europa está ocupada predominantemente por las imágenes mil veces repetidas de los cayucos, pateras y barcos atiborrados. A ello se le añade la difusión de una numerología estimativa que abona de la idea la migración como un fenómeno de «gran magnitud». Estas representaciones sociales de los migrantes difundidas por los medios de comunicación abonan la idea de una población migrante no deseada ni deseable. Estas representaciones sociales inciden en los discurso políticos y viceversa: ambos se retroalimentan y se condicionan mutuamente.

En una democracia las palabras deben ser objeto de un cuidado exquisito, pues la democracia se caracteriza precisamente por el gobierno mediante la palabra. Las palabras han de ser precisas y claras, de modo que no induzcan a engaño.

Según un estudio realizado en la Universidad de las Islas Baleares (coordinado por Lucrecia Burges), en los presentes tiempos de crisis resulta curioso reparar en que las remesas enviadas por mujeres se mantienen más constantes y elevadas que las remitidas por hombres a sus familias en sus lugares de origen. Además, la marcada perspectiva de género de dicha investigación iluminó la cuestión sobre qué tipo de motivaciones y destinaciones auspiciaban las remesas enviadas por uno u otro género (en el caso que nos ocupa, mujeres y hombres). Según el enfoque filosófico-moral empleado por la mencionada investigadora, las remesas “femeninas”, por así decir, estaban impulsadas en una mayor medida por motivaciones de tipo puramente altruista y no tanto por el cumplimiento de obligaciones contractualistas o por un puro interés personal. Dicho de otro modo: las mujeres mandan más dinero a sus países de origen en tiempos de crisis y lo hacen de un modo más altruista que sus contrapartes masculinas.

Vayamos un poco más al fondo. En general, las remesas económicas enviadas por mujeres migrantes norte-sur suelen destinarse, básicamente, a la (re) producción de la vida cotidiana, a paliar la pobreza inmediata, al consumo… en esencia, a cubrir las necesidades diarias y supervivenciales de las personas de su grupo, a lo que hemos venido considerando durante siglos todo lo referente al “hogar”. Esto es, a esa esfera reproductiva, privada y de cuidado, tan ferozmente segregada, sobre todo desde la generalización del capitalismo, de la esfera productiva y pública.

Aquí, sin embargo, con este afortunado ejemplo, contemplamos cómo tales barreras se desdibujan como tinta dudosa mojada por una lluvia de realidad. Las mujeres continúan ejerciendo su rol de cuidadoras pero en la distancia, en un espacio transnacional, de modo que salen abruptamente del supuesto hogar, del supuesto “privado”, ejerciendo una intensa y novísima (¿o no tan novísima?) agencia de poder, a veces incluso a través del trabajo sexual por ejemplo (bien vale recordar las investigaciones al respecto de Carmen Gregorio sobre migrantes dominicanas trabajadoras del sexo en Madrid, y cómo revolucionaban asunciones clásicas sobre la dominación de género, la emancipación, lo público o la libertad de la mujer y el control social).

Así, estas remesas “femeninas” en tiempos de crisis nos permiten desdibujar las fronteras entre esferas productivas y reproductivas, entre lo público y lo privado, o entre los bienes considerados monetarios y de consumo o intangibles e inmateriales, tales como el cuidado diario de las criaturas: lavar a tu bebé, alimentarlo, etc., ¿es un trabajo productivo? ¿Lo es mantenerlo, de alguna manera? ¿Y si lo mantienes a miles de kilómetros de distancia, enviando un objeto –dinero– de intercambio? ¿Qué es y qué no es re-producir, generar riqueza?  ¿Continúa la mujer ejerciendo un rol “tradicional” de cuidadora cuando lo hace a través de la distancia transnacional, cuando envía dinero –un bien monetario, un bien tradicionalmente productivo, masculino, etc.- destinado  principalmente al cuidado de lo inmediato, de lo inaplazable en la vida cotidiana de su prole, por ejemplo?

Una vez más, los hábitats transnacionales por donde transita la migración suponen un privilegiado escenario para repensar los qués y cómos de la vida social, y para desafiar asunciones bien arraigadas en nuestro sistema occidental de pensamiento.

Sobre el derecho de migración en un mundo globalizado.-

El exilio, entendido ampliamente, siempre ha sido considerado en un sentido doble y antagónico: como experiencia traumática y pérdida del lugar (tanto geográfico como simbólico) al que uno pertenece, y como experiencia positiva que permite la posibilidad de un nuevo comienzo. De alguna forma ambas miradas sobre la realidad del desplazamiento se tiñen de tonos distintos según se aspire a la tranquilidad y la seguridad del hogar o a la universalidad y novedad del cosmos.

Esta mirada bifronte sobre el desplazamiento exige que una reflexión equilibrada sobre éste deba tener en cuenta tanto el deseo de las personas concretas a abandonar su lugar de origen como su deseo a preservar ese lugar y a protegerse de las circunstancias que le impelen a abandonarlo. El derecho de migración debería recoger ambos deseos a la hora de exponer y defender el derecho de todos los seres humanos a desplazarse libremente y a pertenecer a una comunidad política. Ese derecho a pertenecer a una comunidad política, es decir, a ser un sujeto de derecho en todo lugar se dispone como estrato superior jerárquico capaz de legitimar ambas concreciones de sí mismo. De esa forma sería compatible reivindicar tanto el derecho a desplazarse libremente como el derecho a permanecer en la comunidad política de origen al colocarse ambos derechos como instancias de ese derecho a pertenecer a una comunidad política o derecho de membresía.

Este planteamiento coloca a la noción de condición humana como fundamento de la reflexión sobre el derecho de migración, en tanto que derivado, del derecho de pertenencia. De este modo esta propuesta intenta sustraerse de la dicotomía entre ser humano y ciudadanía e intentar así zafarse del alcance de la noción se soberanía. Hago mío en este punto el razonamiento de Ermanno Vitale según el cual en lugar de mantener en vigor la noción de ciudadanía y abogar por la flexibilización de las condiciones de acceso a ella, sería preferible trabajar con la intención de asumir de un modo radical la convicción según la cual la mera condición humana, tomada como fundamento, es capaz de legitimar el derecho a tener derechos de cualquier ser humano se encuentre donde se encuentre. La institución de la ciudadanía presupone necesariamente la distinción entre aquellos que son ciudadanos y quedan incluidos en el régimen jurídico de la comunidad política y aquellos otros que son excluidos del mismo. Una distinción que parte de una concepción de la realidad dividida territorialmente en distintos regímenes de sentido, la visión de un planeta en el que encontramos distintos mundos.

A día de hoy esa visión territorializada de esa forma parece carecer de correlato real. No es posible pensar en nuestros días las divisiones territoriales según los términos binarios de la relación dentro-fuera. Ya no hay un afuera genéricamente distinto puesto que lo excluido de la realidad, lo otro respecto del orden del sentido a quedado englobado en el seno de nuestras categoría para concebir el mundo una vez que el proceso de globalización ha hecho coincidir los confines del mundo y el sentido con los confines del planeta. En ese contexto la idea de una ciudadanía, derivada de la nacionalidad sirve menos que nunca para arbitrar una reflexión que intente dar cuenta de ese proceso de interiorización del afuera, del margen y lo marginal. Esta situación aconseja asumir de un modo riguroso la condición humana como punto inicial sobre el que articular una reflexión sobre el derecho de migración en tanto que derivado del derecho de pertenencia a una comunidad política, o lo que es lo mismo, como concreción de ese derecho a tener derechos.

Es difícil resistirse a mostrar satisfacción por el hecho de que  casi medio millón de inmigrantes extracomunitarios residentes en España podrán ejercer por primera vez el derecho de sufragio. Lo podrán hacer en las próximas elecciones locales del 22 de mayo si previamente han satisfecho el requisito de inscribirse en el censo electoral. Muchos son los que han pugnando desde hace tiempo para que se dieran pasos en esta dirección y que ahora ven colmadas en parte sus legítimas expectativas.

Sin embargo, existe poco espacio para la complacencia si mantenemos una mirada más amplia y tenemos presentes a todos aquellos que se quedan fuera de esta conquista. En ellos puede que crezca la sensación de agravio comparativo y que además esa sensación no sea injustificada.

¿Quiénes son los inmigrantes que pueden disfrutar de este derecho? No todos, sólo aquellos que residen legalmente en España desde hace al menos 5 años y procedan de países que hayan firmado convenios de reciprocidad, esto es, de aquellos países que reconozcan derechos similares a los españoles allí instalados. Es decir, que inmigrantes residentes desde hace más de 5 años que trabajan y pagan sus impuestos aquí, están discriminados por razones de origen. Para nada cuenta su nivel de inserción real en la sociedad española. No olvidemos que los derechos son de las personas.

¿Cuáles son los países que han firmado esos convenios? Noruega, Nueva Zelanda, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Cabo Verde, Islandia y Trinidad-Tobago. En esta lista se incluyen, pues, países de donde provienen gran número de inmigrantes con otros cuya presencia aquí es prácticamente testimonial.

¿Qué pasa con los inmigrantes originarios, por ejemplo, de Marruecos (el segundo colectivo más numeroso), Argentina, Pakistán, Brasil o China? Pues que no existen a efectos de participación política y que, por tanto, los poderes públicos y los partidos políticos pueden ignorarlos completamente sin que suceda nada en términos electorales.

Un colectivo privado del derecho de voto carece de los instrumentos mínimos de defensa legítima que se dan entre sí los miembros de una sociedad democrática: poder ejercer sanciones políticas en el mercado electoral. Esta privación de poder democrático sancionador sitúa a los inmigrantes en una situación objetiva de subordinación. La falta de poder facilita que los partidos políticos no precisen contar con ellos a la hora de formular promesas electorales. Si por el contrario, los partidos tuvieran que captar sus votos, con toda probabilidad tendrían que cambiar el alcance de algunas de sus promesas y el tono de sus discursos, empezando por el que mantienen acerca del propio fenómeno migratorio.

Según el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, aprobado por el gobierno español, lo que se busca en las diferentes comunidades autónomas españolas con respecto a las personas migrantes es la integración “con”, no la integración “de”. Es decir, a buen entendedor, que las personas migrantes y las personas “nacionales” o ciudadanas españolas se co-integren, y no tanto la procura de una integración de las y los migrantes, ya que en ello se podría incurrir de nuevo en un acto de dominación o sumisión cultural más o menos subrepticias, en una anulación de las culturas de origen, etc.

Para lograr la integración “con”, esa formulación tan amable que yo entiendo como una co-integración, una de las estrategias desarrolladas por las comunidades autónomas son los cursos de cultura, civismo y lengua, inspirados en parte en los llamados contratos de integración que vienen desarrollando países como Austria u Holanda (no tanto contratos per se, lo que serían si se pudiera elegir, como imposiciones disfrazadas – vergonzosas cláusulas de adhesión – para poder aspirar al arraigo, siguiendo a Ángeles Solanes).

Así, para certificar su integración, o mejor dicho su esfuerzo de integración, que será medido al finalizar la correspondiente etapa (suele ser dos años), las personas migrantes tendrán que, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, saber hablar valenciano y hacer una paella, entre otras cosas.

Me pregunto cuántas de nosotras y nosotros sabemos cocinar un mafe senegalés, hablar quechua o bailar una danza tradicional húngara. Me pregunto…

Más aún, me pregunto cuántos de nosotros y nosotras sabemos cocinar una paella o hablar valenciano, incluso en la Comunidad Valencia (yo soy alicantina de raíces manchegas, hablo tentativamente un valenciano “académico” y la paella no la cocino muy bien, lo poco que sé ha sido viendo precisamente a mi padre o a mi madre cocinar; por cierto, mi padre hace una paella estupenda a la leña pero no habla valenciano… ¿habríamos de considerar su deportación a la Mancha…? Es importante tener en cuenta estos factores, no vaya a ser que nos invadan los manchegos a estas alturas…).

Ahora yo, por cierto, vivo en Madrid. Soy migrante en Madrid. No sé bailar el chotis ni hablo con acento madrileño. Es que ni siquiera sé tocar el organillo. Por no saber, no me oriento excesivamente bien en la maraña urbana madrileña… Creo, sinceramente, que mi esfuerzo de integración es francamente parcial y sospechoso, ya que me gusta más comer en restaurantes africanos de Lavapiés que en los castizos de cocido madrileño.

Basta de hablar de mí y de mi familia. Cuando cualquier persona migra adonde sea (cualquiera que ha viajado lo sabe), por el hecho mismo de viajar ya tiene que realizar ímprobos esfuerzos cotidianos de micro o macro negociaciones culturales que pueden llegar a resultar sumamente agotadoras. Los idiomas, los códigos tácitos o explícitos de comunicación de diversa índole, los espacios, los habitus… todo es distinto, tanto que, cuando encuentras cualquier ligera vecindad con lo tuyo, saltas de alegría aferrándote a ella según un puro “instinto” (con perdón de la filosofía) de supervivencia. (Supervivencia e instintos sociales, si se quiere.)

Simplemente, estar en el lugar ya es adaptarte, integrarte en cierto modo. Solo por su mera cotidianidad aquí, las personas migrantes ya se socializan y endoculturan a diario con tales micro y macro negociaciones consuetudinarias, con esa asunción que implica de la “visión simbólica” del mundo. Por eso cansa tanto. ¿Y cómo se contabilizan los cansancios, las ausencias, los duelos, las lágrimas en ese proceso de integración, en ese esfuerzo de integración? ¿No es ya su mera presencia un deseo tácito, patente, personal de estar aquí, cada cual a su manera y según sus posibilidades y capacidades? Claro que estar, habitar simplemente no siempre implica la integración, mucho menos la co-integración, ya que a menudo es la población nacional la que necesita ver ese esfuerzo tangible de ser más parecido, menos diferente… ¿que al menos se esfuercen con eso, acaso?

La cuestión es que ya se esfuerzan de muchos modos, y habitualmente mucho más de lo que se esfuerza el españolito de a pie. Así que lo de “integrar con” es una falacia, sencillamente. Una genuina co-integración, a mi entender, vendría más de la mano de espacios comunes de comunicación (participación, considerada por José Antonio Zamora una mejora categorial de la integración, y yo lo suscribo) que de la imposición de cursos sobre cultura que, por otro lado, se acercan peligrosamente a una suerte de naturalización u objetivación de las culturas muy sospechosa en lo epistemológico y político.

Porque, seamos francos… ¿cuántos de nosotros y nosotras sabemos cocinar un mafe senegalés? O, puestos, un ajoblanco.

La posibilidad de decidir dónde vivir es, por otro lado, un aspecto fundamental de la libertad humana. Pero, como es sabido, no todo el mundo lo entiende así. Por doquier se levantan fronteras y controles, se multiplican vallas y muros, que limitan o sencillamente impiden ejercer esta libertad básica. Un despropósito que podemos expresar enfáticamente con estas palabras que el escritor Stefan Zweig incluyó en sus memorias tituladas El mundo de ayer: “Antes el hombre sólo tenía cuerpo y alma. Ahora, además, necesita un pasaporte, de lo contrario no se lo trata como a un hombre”.

La libre circulación de las personas es un derecho humano básico y, sin embargo, la forma concreta de regularse adolece de tal grado de asimetría regulación que raya con el absurdo. Un rasgo visible incluso en el texto normativo más significativo sobre la materia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 proclama: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

La legislación internacional vigente sobre derechos humanos, inspirada en este artículo, reconoce a toda persona el derecho de abandonar el Estado del que es nacional y a retornar a él, pero guarda, sin embargo, un estrepitoso silencio acerca del correlativo derecho a ser aceptado por otro Estado. Normas de tal tenor pudieron representar en su momento un avance tanto frente a las restricciones feudales a las que estaban sometidos los siervos, que, en el mejor de los casos, estaban obligados a pagar un peaje para salir, como frente al ostracismo, práctica típica de los regímenes autoritarios para deshacerse de sus disidentes. Se reconoce, es verdad, el derecho a emigrar, pero se ignora el derecho a inmigrar, con lo cual en la práctica se conculca también el primero. Se afirma un derecho de salida del propio país, pero, en realidad, nada se dice acerca del de entrada en otro país, salvo en los casos en que se huya de persecución, ya sea política, étnica o religiosa (el derecho de asilo, tan cicateramente administrado por tantos países).

El posible reconocimiento de la libre circulación de personas – y, con ella, la paulatina configuración de un mundo sin fronteras – tiende a ser contemplado como un desafío directo a una competencia soberana atribuida tradicionalmente a los Estados como es la de controlar sus fronteras territoriales y reservarse el derecho de admisión. Esto bien podría resultar plausible en el mundo de ayer, pero hoy es de difícil comprensión. Choca que la libre circulación de personas se entienda como un desafío a la soberanía estatal cuando la libre circulación de bienes y mercancías es la regla general en este mundo globalizado. Se trata, más bien, de una palmaria inconsistencia entre los principios proclamados y las políticas implementadas.

En un mundo en que la producción de bienes, el comercio y las finanzas, pero también las comunicaciones, los transportes y la información se suceden en un escenario unificado (un único espacio mundial en donde se han derribado las barreras y se han liberalizado los flujos e intercambios), vivimos la enorme paradoja de que por todas partes se pone cerco a la movilidad humana. Las políticas migratorias están regidas de hecho por ordenanzas crecientemente restrictivas para el ingreso y la movilidad de las personas – de ciertas personas, siempre las más vulnerables y con menores recursos – a través de las fronteras internacionales. A este fenómeno se le llama, a falta de mejor nombre, globalización fronterizada (cf. Arango 2003, 9-10). Con frecuencia, sin embargo, la voluntad de controlar, cerrar e incluso blindar las fronteras deviene en un vano afán.

La alta tasa de movilidad humana, una de las señas distintivas de los tiempos que corren, tiende a distribuirse de manera piramidal y asimétrica. En un planeta con tremendas disparidades en ingresos, recursos y oportunidades, no todos pueden permitirse – ni les está permitido – el lujo de ser cosmopolitas; es más, el común de los mortales, la mayoría de quienes habitan el planeta, tienen limitadas severamente sus posibilidades de movimiento.

La libertad de circulación, una mercancía curiosamente siempre escasa y distribuida de manera desigual, se ha convertido en un significativo factor de distinción y estratificación social. La movilidad valiosa es, obviamente, la elegida y no la impuesta por las circunstancias. Y esa fortuna no está al alcance de todos. De hecho, no son pocos quienes se trasladan únicamente para huir de una situación a todas luces desesperada. En este sentido, tan básico como el derecho a poder emigrar sería el derecho a no tener que emigrar.

Entre el cierre, el control y la apertura de fronteras

La sucesión de acontecimientos mediáticos relacionados con la migración irregular en los Estados Unidos ha sido más que notable en los últimos meses. El disparo de salida ha sido la presentación y posterior aprobación de la polémica ley SB1070 en Arizona que criminaliza la inmigración irregular. Las asombrosas declaraciones del Sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, en su particular lucha contra los migrantes indocumentados han servido para avivar el debate. Finalmente, el despliegue de tropas del ejército estadounidense en la frontera sur – justificado a través de una confusa batería de razones donde se combina la guerra contra el tráfico de armas, el narcotráfico y de forma imprecisa la inmigración irregular – hace ineludible que hoy en día un debate sobre la necesidad o no de fronteras preste atención a este contexto. A la luz de este trasfondo social y político deben ser leídas también las declaraciones del ex-presidente de la Cámara de los Representantes Newt Gingrich.

Puede resultar un alivio que el alegato de Gingrich a favor de las fronteras no se presente en un primer momento de forma tan dura como el día a día de la política migratoria estadounidense. De hecho, su admiración por los migrantes que han llegado para contribuir al enriquecimiento del país, su defensa de un programa de trabajadores invitados y su planteamiento de que hay que facilitar la entrada legal de la inmigración exponen su ideario como si fuese una alternativa completamente distinta a la política actual. Gingrich no habla explícitamente de considerar delito la inmigración irregular, como sí hace la nueva ley, y tampoco habla de cerrar a cal y canto la frontera con México. En lugar de apostar por el cierre del territorio, su propuesta se basa en el control fronterizo para protegerse de dos amenazas fundamentales: el terrorismo y la agresión a la civilización estadounidense.

Puede resultar curioso que Gingrich combine en su artículo la defensa de una política fronteriza fuerte junto con un discurso que aborda cuestiones de tipo cultural, como el mantenimiento de los valores propios de la ciudadanía norteamericana. Sin embargo, los dos temas son dos caras de una misma moneda. La soberanía nacional de un Estado concierne la preservación de su territorio y el establecimiento de un método para definir quiénes son sus miembros, en muchos casos a partir de criterios relacionados con la participación de una identidad colectiva común al resto de los ciudadanos. Dada la estrecha relación que existe entre ambos factores y la importancia que tienen para el Estado, en filosofía política se denominan “fronteras” tanto a los límites territoriales, en este caso bajo la expresión “fronteras físicas” o “externas”, como a las barreras sociales que dificultan la plena participación del inmigrante en la vida pública, a las que se conoce con la expresión “fronteras simbólicas” o “internas”. Cuando las primeras no han sido lo suficientemente eficaces, entran en funcionamiento las últimas. Y Gingrich nos habla de defender ambas fronteras en su artículo al apostar por mayor control de la migración y al defender el mantenimiento de los valores y la supuesta cultura propia de Estados Unidos.

Reclutamiento de trabajadores

En primer lugar el ex-presidente de la Cámara de los Representantes aborda las cuestiones que tienen propiamente que ver con la política migratoria y fronteriza y aunque es loable su esfuerzo por reconocer un estatus legal para los trabajadores a fin de que puedan participar plenamente en sus comunidades y de que disfruten un estatus legal menos precario, su postura se tambalea en dos puntos fundamentales. En primer lugar, ofrece una visión parcial y limitada de la persona que migra como si fuese única y exclusivamente mano de obra, sin ningún otro atributo. Reclutar trabajadores extranjeros cuando son necesarios para la economía y forzar su vuelta en etapas de recesión supone disponer de ellos como un mero medio para satisfacer las necesidades del mercado de trabajo del país de acogida. Los programas de trabajadores invitados en países como Alemania en la década de los sesenta partían de este mismo presupuesto y su experiencia ilustra que mientras se buscaban trabajadores, llegaban personas. Las instituciones actuaban con una visión de la migración que reconocía únicamente su función como suministro de trabajadores disponibles para la industria alemana. Pero los Gastarbeiter se asentaron, reagruparon sus familias, reclamaron el acceso a derechos sociales y, llegado el momento, se negaron a regresar a sus países. Hay que añadir que con la instauración de este tipo de programas no desapareció tampoco la migración no autorizada. El hecho de que Gingrich desoiga ésta y otras experiencias europeas resta validez a su propuesta.

Potenciales terroristas

El segundo punto problemático de su argumentación consiste en que en ocasiones identifica de forma implícita la inmigración con el terrorismo y la criminalidad. Lamentablemente la postura que manifiesta Gingrich no es una excepción. El antropólogo especialista en irregularidad migratoria Nicholas De Genova ha señalado cómo la ruptura de la ley de inmigración que supone la presencia del migrante irregular, sumado a la consiguiente violación de la soberanía nacional, ha favorecido que los migrantes irregulares sean concebidos como terroristas potenciales de forma considerablemente generalizada en los Estados Unidos. Se trataría de una estrategia retórica que parte de la yuxtaposición repetida de las expresiones “innumerables terroristas” y “cientos de miles de trabajadores indocumentados” para eliminar la distancia que existe entre el “irregular” y el “extranjero enemigo”.  Según Gingrich, mientras que una política de fronteras abiertas es caldo de cultivo para la entrada y circulación libre de posibles terroristas en el territorio nacional, el programa de trabajadores invitados serviría para frenar su acceso. De esta manera, establece, además,  un mecanismo de inclusión selectiva, que no la mera exclusión del migrante.

Acceso a la ciudadanía

Un segundo dispositivo para la inclusión selectiva de migrantes se encuentra en el acceso a la ciudadanía estadounidense que Newt Gingrit aborda en la segunda parte de La seguridad de nuestras fronteras y la preservación de la civilización americana. En esta sección quedan evidenciadas las fronteras internas que, sin erigirse como vallas, contribuyen a establecer diferencias entre el nacional y el extranjero. Gingrich propone que la ciudadanía estadounidense no se confiera de forma inmediata a los migrantes – una medida por lo demás frecuente en todos los Estados – y añade una clausula mediante la cual establece que es necesario merecer su disfrute, ya que la ciudadanía no consiste únicamente en un estatus legal. Una ciudadanía entendida en sentido fuerte, no simplemente como la llave de acceso a derechos civiles, políticos y sociales, requiere una identificación con el resto del cuerpo político y cultural que integra el Estado. Gingrich recurre a los argumentos de autoridad que le ofrecen los padres fundadores, como la necesidad de compartir unos valores cívicos comunes, para establecer las bases de la ciudadanía estadounidense. En cualquier caso, no explicita cuáles son esos valores y tampoco exige que los nacionales que han adquirido la nacionalidad por nacimiento demuestren su conocimiento. Es una medida impuesta sólo hacia la persona que migra y que requiere que se adapte al país de acogida, que se asimile a sus costumbres y que aprenda su lengua, sin prestar atención al hecho de que la convivencia requiere esfuerzos tanto del migrante como de la sociedad en la que se asienta. El carácter inclusivo que a priori puede ofrecer una ciudadanía patriótica por el hecho estar basada únicamente en una cultura cívica común queda empañado al exigir “uniformidad de principios y costumbres” y al renunciar a cualquier posibilidad de compartir lealtades hacia varios Estados. Este modelo patriótico, que podría suponer una ventaja frente a otras ciudadanías que se basan en una ideología nacionalista y requieren compartir una etnia o una religión, es mutilado y pervertido, pues interpreta que la cultura cívica incluye no sólo valores democráticos o el respeto a las instituciones políticas, sino también costumbres, modales, educación y una lengua común.

En definitiva, ninguno de los argumentos que ofrece Gingrich es lo suficientemente convincente como para justificar que se ejerza un control fronterizo basado en la lucha contra el terrorismo, en las necesidades del mercado de trabajo o en preservar una unidad en la cultura pública que es ampliada para incluir factores que reflejan más bien la ideología propia del nativismo norteamericano.

La libre circulación de personas

Como alternativa trataré de pergeñar algunas de las propuestas que no pocos pensadores e intelectuales han desarrollado en dirección diametralmente opuesta a Gingrich, es decir, a favor de la libre circulación de personas. Una de las posturas más optimistas se ha articulado en torno a la idea de que la importancia de las fronteras y de la propia institución del Estado-nación se encuentra en declive debido a la pérdida de soberanía que este cuerpo político está experimentando y que está siendo transferida a otras instituciones sub y supra-nacionales. En este sentido, se ha señalado que la emergencia de instituciones garantes de derechos humanos en el ámbito internacional (como la ONU, la UE, el Consejo de Europa u otros organismos regionales) están posibilitando la configuración de nuevas ciudadanías multinacionales, transnacionales o postnacionales que favorecen la movilidad humana. Un segundo argumento con gran eco en el ámbito teórico legitima la libertad de movilidad a partir de la teoría de los derechos humanos, pues el cierre de las fronteras implica una violación del derecho humano a migrar, enunciado en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Sin embargo, el derecho a emigrar, a salir del propio Estado, queda incompleto sin el reconocimiento del correspondiente derecho a que un Estado acepte el ingreso del migrante.

Se puede argüir que alcanzar cualquiera de estas dos propuestas en un futuro mediato es absolutamente utópico, dadas las draconianas políticas en materia de inmigración que se están implementando en la mayor parte de los Estados y que además son alternativas despegadas de la realidad actual. En cualquier caso, es útil, necesario y urgente someter a una mirada crítica y a una reflexión profunda dichas políticas y leyes migratorias y la hipócrita incorporación del migrante irregular en la economía de nuestras sociedades. No claudicar y revisar propuestas en las que la retórica de la integración exige la asimilación y donde la movilidad humana es concebida como una potencial amenaza a la comunidad política se presenta como una tarea ineludible. Se propone, así, reformular la perspectiva desde la que afrontar las cuestiones relacionadas con la movilidad, pues la inmigración no supone el desafío de nuestro tiempo, sino que el reto consiste en afrontar y dirigir la atención a la incapacidad que ha demostrado el Estado para lidiar con ella.

• Este ‘post’ se ha publicado también en la revista “Iglesia viva”, nº 243 (2010/3), págs. 80-83.

Las III Jornadas se ofrecen como foro de reflexión, debate e intercambio a todos aquellos que estén interesados por las cuestiones teóricas y retos prácticos que plantean los movimientos migratorios en las sociedades contemporáneas.

Se trataría de avanzar no sólo en el diagnóstico de la situación, sino también en la definición del tipo de respuestas normativas (políticas, jurídicas, morales, etc.) necesarias para afrontar de manera inclusiva un fenómeno que, parafraseando a Ortega y Gasset, podríamos decir que constituye el tema de nuestro tiempo.

Siguiendo el programa de las Jornadas, durantes tres días se discutirán 17 comunicaciones, cuyos textos completos están disponibles en la red, así como 5 conferencias presentadas por relevantes especialistas el tema.

¿Qué rasgos singulares caracterizan el relato sobre la inmigración que la sociedad española está construyendo en los últimos años? ¿Cómo son presentados los inmigrantes por los agentes sociales con mayor capacidad de influir en la opinión pública? ¿Qué grado de participación concedemos a los propios inmigrantes en la construcción de ese discurso colectivo? En los últimos años, la llegada de un significativo porcentaje de inmigrantes a nuestro país ha abierto el camino a una sociedad pluricultural que debe discutir cómo articular la convivencia entre las distintas formas de vida e imágenes del mundo que ahora conviven en su seno. La inmigración se ha convertido así en piedra de toque para la inclusión democrática y la igualdad de derechos sociales en el ámbito español y en el de la Unión Europea.

Inmersos en una grave crisis económica, la reflexión sobre estas cuestiones adquiere una importancia redoblada ahora que algunas voces empiezan a señalar a los inmigrantes como competidores desleales por un trabajo escaso y precario. En ese contexto, los medios de comunicación juegan un papel capital por su poder para generar actitudes y comportamientos en sus audiencias y adquieren por ello una grave responsabilidad ética ante la sociedad. Este es el núcleo problemático de El discurso del miedo. Inmigración y prensa en la frontera Sur de la Unión Europea, de Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, recientemente publicado. La formación multidisciplinar del autor –doctor en Filosofía y doctor en Ciencias de la Información- le ha permitido enriquecer su estudio del comportamiento de los medios con las herramientas de la reflexión moral, acercando de este modo la llamada ética aplicada al campo del periodismo, algo que -recuerda Victoria Camps en el prólogo de la obra- no ocurre con la frecuencia deseable.

El libro somete a un escrutinio pormenorizado el tratamiento de la inmigración en la prensa española a la luz de los valores morales que deberían guiar el ejercicio del periodismo. A lo largo de sus páginas se analizan los enfoques noticiosos, el diseño en la presentación de las informaciones, los recursos expresivos, las estrategias discursivas y el sustrato ideológico que caracterizan el discurso informativo sobre la inmigración, con el objetivo de determinar si los medios nos están informando con rigor y objetividad o si, por el contrario, contribuyen a alimentar el miedo y la desconfianza en la opinión pública. El análisis y las conclusiones aportadas tienen como soporte documental la revisión de casi 200.000 páginas de prensa, dedicadas a informar de la “crisis de los cayucos” vivida en las Islas Canarias en 2006, año en el que los cayucos trasladaron 32.000 inmigrantes irregulares hasta sus costas.

Este trabajo –señala Camps- contribuye destacadamente a reforzar y potenciar los necesarios vínculos entre la reflexión ética y el periodismo a partir de una investigación sistemática, apoyada en datos contrastados y presentados desde una perspectiva crítica rigurosa.

Pagarles para que se vayan, o la hospitalidad a la inversa con la cara lavada…

“Gentes de viaje” (del francés “gens du voyage”) parece una elocuente y afortunada expresión que debiera hacernos pensar…

La muy reciente medida contra la inmigración ilegal adoptada por el gobierno Sarkozy de deportar personas pertenecientes a la etnia romaní (o gitana) a sus lugares de origen revela una vez más ese “chovinismo de la prosperidad” de los afortunados europeos, revestido de una pátina de legítimo derecho al orden interno del propio Estado soberano. Ese cierto tipo de “chovinismo social” que, en opinión del Naïr y muchos otros, constituye hoy el principal peligro de los países ricos; un racismo hoy que se revela en la forma de no aceptar una sociedad multiétnica y mestiza (S. Naïr: Y vendrán… Las migraciones en tiempos hostiles, Madrid, 2006, p. 18), antes que a través de otros rasgos acaso más frecuentes en el pasado.

La mañana del pasado 19 de agosto partieron los dos primeros aviones desde París y Lyon con 93 personas de etnia romaní con destino a Rumanía; eran solo las primeras de un total que podrá llegar a la cifra de 700 personas deportadas (que no expulsadas, como insiste el gobierno francés), según declaraciones del ministro del Interior, Brice Hortefeux. El gobierno corre con los gastos del pasaje de avión y abona 300 euros por persona adulta y 100 por persona menor (¿en concepto de regalo de despedida? ¿Y por qué los niños cobran menos?). A la par que estas deportaciones, se sucede un proceso de desmantelamiento de los campamentos ilegales gitanos (en un mes escaso se han desalojado más de 50 instalaciones).

Dicho de otro modo: no se les expulsa, simplemente se les invita elegante y subrepticiamente a la retirada a través del doble movimiento de “desalojar” el lugar donde habitan y de regalarles un pasaje solo de vuelta a su país. Se les paga (una miseria, por cierto) para que se vayan.

A las “gentes de viaje” que son las poblaciones nómadas romaníes les une a los migrantes sin más adjetivos la característica del nomadismo versus el sedentarismo preponderante en Europa (sedentarismo tanto de habitación cotidiana cuanto, especialmente, de habitación “mental”); el de los migrantes sin más, acaso un nomadismo vital o experiencial más puntual que cotidiano, pero tránsito al fin.

Cabría anotar que el pueblo gitano, unos quince millones repartidos por todo el continente, constituye la minoría más extensa de Europa, una ingente minoría dispersa, transnacional, pues; posiblemente, la más marginada y discriminada de entre las europeas. En su dispersión radica también su debilidad, ya que no formula demandas de autogobierno y de representación política, a diferencia de otras minorías territorialmente asentadas (minorías etnoterritoriales, en terminología de Will Kymlicka). No representan un grupo de presión con fuerza suficiente para que los gobiernos no puedan ignorarlos.

En lugar de hacernos más flexibles, a menudo la globalización muestra, sobre todo en las poblaciones acomodadas, actitudes cada vez más tendentes a la uniformidad en lo social, lo político o incluso lo estético. Una uniformidad relacionada con el (sospechoso) concepto de “norma” y de mayoría social en un Estado. Aunque tal vez debiéramos decir que una uniformidad más bien relacionada con el bienestar o la prosperidad o la opulencia, todo ello en un sentido material: la uniformidad de no ser pobres (como trata de ilustrar, con fortuna a mi juicio, la expresión habermasiana “chovinismo del bienestar”). Más que la diferencia cultural, lo que molesta, indigna y perturba es la diferencia de bolsillo (ya que, como se ha repetido hasta la saciedad, un moro no es lo mismo que un árabe rico de buena familia que viene a hacer un doctorado, o a un hotel de lujo en Marbella).

Mejor que yo lo dice Naïr, a saber, que la reticencia a la inmigración está más relacionada con pobreza que con el temor a rasgos culturales; así, se sublima como problema cultural lo que es, en realidad, temor ante la diferencia de condición social. La exclusión cultural se revela hoy forma perversa de lucha y de competitividad social (ibid., p.17).

Ante las medidas del gobierno Sarkozy (del gobierno de Francia, al fin: uno de los grandes en el mundo, de los países paradigma de democracia y bonanza económica), tranquiliza pensar que no están faltando las críticas y airadas voces de protesta, como por ejemplo la del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (que ha denunciado el vínculo establecido por las políticas francesas entre inmigración e inseguridad), la reacción de malestar de los gobiernos de Rumanía y Bulgaria, o manifestaciones ciudadanas como la convocada en París por la Unión Romaní para el próximo 4 de septiembre en la Plaza de la República de la capital gala.

La hospitalidad ha sido siempre un valor transcultural, y transculturalmente apreciado, perenne en todo pueblo y toda época. No será nunca excesivo el recuerdo de que nuestras políticas de extranjería, precisamente las de los países más poderosos y aventajados en lo material (no por casualidad, ni de forma independiente a la desventaja del resto, por ende), han de hacer honor al valor de la hospitalidad frente a las leyes del mercado (que de facto se sobreponen a cualquier otro tipo de ley), y por encima de un supuesto y cuestionable criterio de pragmatismo o de realpolitik.