Desde hace un par de años, la información sobre el tema migratorio tiene un sesgo diferente al que era habitual. Las noticias que en esta materia más han atraído la atención de los medios de comunicación y, con el tiempo, también del Gobierno, no han sido las relativas a los graves impactos de la crisis sobre la población inmigrada, sino las que tienen que ver con el aumento de la emigración. Proliferan las informaciones que resaltaban que, por primera vez en muchos años, salen de España más personas que las que se instalan.

La tendencia se invirtió en 2011 y la diferencia aumentó en 2012, año en el que el tema estrella fue la marcha de un creciente número de jóvenes españoles al extranjero. Dicho gráficamente, la imagen de las pateras ha sido sustituida por la de la fuga de cerebros. O en ese lenguaje electoral tan caro al PP: la niña de Rajoy ahora sirve copas en Berlín. El partido del Gobierno al final se ha visto interpelado y ha acabado respondiendo en su peculiar neolengua. Han tenido que improvisar y hablar del impulso aventurero de la juventud y de la movilidad exterior para intentar dar una explicación de las nuevas tendencias.

Algunos nos acordamos ahora del tan cacareado efecto llamada aireado por muchos medios. Los movimientos internacionales de población tienen que ver más bien poco con las leyes más o menos permisivas o más o menos restrictivas que dicten los gobiernos. En este campo también funciona la ley de la vida, una ley de enunciación muy sencilla: la prosperidad atrae y la penuria ahuyenta. La gente se desplaza de donde no tiene libertad a donde espera poder disfrutarla, de donde no puede alcanzar su sueño a donde cree que podrá hacerlo realidad. En esto, y no en otra cosa, consiste en efecto llamada. ¿Aprenderemos esta lección?

Por Ester Massó Guijarro

Considero pertinente avanzar en la revisión, ya en curso desde hace décadas, del lenguaje que usamos en torno a la migración tanto en el panorama científico-social contemporáneo como en los debates en la esfera pública. Esta revisión estaría inspirada por el afán del superar el nacionalismo metodológico* en favor de enfoques como el transnacionalismo migratorio. Estoy aludiendo al hábito de catalogar a ciertas personas como “migrantes” de manera permanente. Dicho de otro modo, al hecho de nombrar como “migrantes”, un adjetivo verbal que refiere a aun gerundio (en proceso), a personas que viven en un determinado contexto nacional, que efectivamente migraron en un momento dado del tiempo (es decir, viajaron, se trasladaron de su origen, con todo lo que ello implica), pero que ahora están aquí ya instalados.  

En la última mesa redonda del VII Congreso Migraciones Internacionales en España (Bilbao,  abril de 2012), se debatió precisamente sobre esta cuestión. A la sazón, Rosa Aparicio, una de los ponentes de la mesa, se preguntaba en qué medida y cuándo sería apropiado catalogar como migrante a una persona procedente de otro lugar que lleva tiempo residiendo en un nuevo país. Ya supuso un avance epistémico la invocación del término mismo “migrante”, frente a “emigrante” o “inmigrante”, ya que tal evitación del prefijo (referido a la nueva o a la vieja ubicación, en cada caso) incidía en una referencia estatal o nacional (necesariamente relacional, dualista), a fin de cuentas, mientras que el término depurado de “migrante” parece incidir en primera instancia en el acto mismo del movimiento, reclamándose tal nomadismo como más referencial del ser humano que el propio sedentarismo. Así parecíamos haber ganado al menos cierta batalla al nacionalismo metodológico en la consideración de la migración como objeto de estudio.

Hoy en día, sin embargo, el término “migrante” vuelve a resultar insuficiente. ¿Hasta cuándo llamar “migrante” a una persona que vive aquí, empezábamos diciendo? En algunos países se entiende, al menos oficialmente, que ello es hasta que exista una regularidad jurídica, bien sea a través de la figura del arraigo como en el caso español (aunque los “migrantes” arraigados siguen siendo catalogados como tal, en general), bien sea a través de la obtención de la nacionalidad mediante un proceso de naturalización. Tal criterio, sin embargo, resulta incompleto y corto de suyo: el tiempo que transcurre hasta obtener la regularización (o, en su caso, la naturalización) puede prolongarse durante años y, en todo caso, sea largo o escueto, por sí mismo no parece suficientemente legítimo para refrendar una nomenclatura aplicada a personas, ya que constituye una esfera muy concreta (selectiva y por tanto insuficiente) de la realidad: el ordenamiento jurídico de un Estado determinado. Continuaríamos así anclados en las coordenadas mentales del nacionalismo metodológico.

En la mencionada reunión académica, Rosa Aparicio sugirió cambiar el gerundio adjetivo “migrante” por el participio “migrado”, que aporta una sensación de acabamiento: ya no se está migrando propiamente, sino que ya se ha migrado. Para mí, sin embargo, tal pequeña diferencia de matiz en el tiempo verbal no es apenas sustancial, apenas cambia nada sobre la pregunta inicial. Porque, entonces, ¿esa persona será para siempre un “migrado”? ¿Por qué una ciudadana a secas, sin referencia a un tiempo, a un origen, a un viaje coyuntural…?

Continúa, a mi entender, siendo insuficiente, sobre todo para el caso de personas cuyo proyecto migratorio, o simplemente cuyo solo deseo, es el de estar en un lugar con pleno derecho y plena sensación de ciudadanía completa, acaso para el resto de su vida, o cuando menos para su presente indefinido. Estas personas, desde el primer día que se asientan en una tierra con tales intenciones, habrían de ser denominados ciudadanos o residentes fácticos, integrantes de la población del país en donde viven. Recién migrantes (como circunstancia coyuntural), pero ciudadanos al fin. La cuestión se complica porque hay personas que tienen como objetivo retornar a su país de origen en breve  y, en esa medida, acaso nunca deseen dejar de ser denominadas migrantes o migradas. Lo mismo podría pensarse en cuanto a los migrantes golondrina, que practican migraciones circulares. Sin embargo, a efectos de su consideración en derechos de toda índole, la reflexión en ambos casos resulta a mi entender equivalente.

Finalmente, me pregunto si cabe cesar el lenguaje de la migración para emplear  a secas el de la diversidad cultural, porque toda gramática migratoria continúa apelando, de un modo u otro, a una escala estatal-nacional, lo que persiste en incurrir en nacionalismo metodológico. Ante ello podemos o bien asumir que persistimos en la esfera de tal suerte de nacionalismo (a fin de cuentas, no podemos ignorar que el mundo continúa dividido en estados nacionales que acreditan, atribuyen y segregan derechos a las diferentes personas) o bien, finalmente, cambiar los términos.

___

* Según J.C. Velasco (2012,  p. 472, n. 11), por nacionalismo metodológico “se entiende aquel extendido enfoque epistémico –una distorsión cognitiva, más bien– que considera a los diferentes Estados nacionales como las unidades básicas para el estudio de los procesos sociales, de modo que todos los análisis se han de ajustar a este marco primario de referencia”.

“Salvemos la hospitalidad”: dar la mano al diferente no puede ser un delito.

 Por José Luis Segovia Bernabé

El proyecto de construcción europea, asentado en algo tan olvidado como la ética y los valores fuertes, ha dado paso al economicismo más craso, ayuno de valores que no sean el culto a un imposible crecimiento ilimitado o a una competitividad que descohesiona y fragmenta. Así nos va.

En la “Europa de los mercaderes”, que no conoce otro indicador de felicidad humana que el PIB, se produjo ya en época de vacas gordas un auténtico blindaje del bienestar. Se montó una prolija red de control, seguridad, y muros; unas veces mediante tecnología punta y acuerdos (SIVE, Frontex), otras mediante técnicas más groseras y visibles como el hormigón, la concertina y el alambre de espino.

Por eso no debería sorprender la nueva vuelta de tuerca que se pretende dar al art. 318 bis del Código Penal español. Una nueva perversión del Derecho. Normas inicialmente pensadas para la protección de las personas envueltas en los flujos migratorios (trata de seres humanos y tráfico de inmigrantes) se vuelven contra quienes dicen defender y contra quienes les socorren por móviles estrictamente humanitarios. La ayuda humanitaria y altruista a los sin papeles pretenden que sea delito o, si se quiere, que sea más delito que antes.

El Ministerio de Justicia (y el de Interior que está en la sombra azuzando el invento) esconden que La Directiva 2002/90/CE que sirve de amparo al anteproyectado precepto incriminador NO impone la tipificación penal de cualquier forma de ayuda humanitaria a la inmigración ilegal. No se trata de una obligación sino de una mera posibilidad. Es, por tanto, una opción que deja a criterio de cada Estado (aunque sea verdad que varios se hayan sumado a esta dinámica punitiva). El paso siguiente es lógico: si se apuesta por criminalizar, las penas imponibles deben seguir los criterios de la Decisión Marco 2002/946/JAI.

Todo sea dicho, es verdad que el Anteproyecto hace un esfuerzo de adecuación de las penas y procura una mayor proporcionalidad a unas penas exageradas en el vigente art. 318 bis. No es esto lo cuestionable, sino la opción previa del Ministerio: SE PUEDE PERFECTAMENTE OPTAR POR LA NO CRIMINALIZACION DE LA HOSPITALIDAD. En ese sentido, debe dejarse claro que estarán exentos de responsabilidad criminal todos los supuestos de auxilio por móviles humanitarios. La hospitalidad no puede ser criminalizada, si no queremos caer en momentos de crisis en una sociedad anómica, individualista y desintegrada.

Hasta ahora, el art. 318 bis del Código penal castigaba al que “directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina”. Naturalmente, no  nos gustaba este precepto tan abierto, generador de tanta incertidumbre y, sobre todo tan inhumano. Afortunadamente, tampoco le ha gustado a muchos Tribunales –incluido el Tribunal Supremo-  que, en uso de sus facultades de interpretación de la norma, han venido considerando impunes estos comportamientos cuando fueron animados por móviles de estricta solidaridad humana por no comprometer el bien jurídico protegido por el tipo penal.

Ahora, la nueva redacción del art. 318 bis da una vuelta más de tuerca al especificar los motivos humanitarios como causa de perseguibilidad (o de no perseguibilidad)… ¡dependiendo del criterio subjetivísimo del Ministerio Público! La consecuencia es grave: en lo sucesivo, si el Fiscal decide acusar aún concurriendo móviles altruistas, será muy difícil obtener una resolución judicial favorable a quien ha practicado la solidaridad, porque está acción está explícitamente tipificada como forma de ataque al bien jurídico protegido. No es por tanto una mera reforma formal, aunque es posible que el pre legislador no haya caído en ello.

Por ello, desde la Plataforma Salvemos la Hospitalidad, sugerimos:

a) El Estado español debe optar por la no punibilidad de los motivos altruistas. Y ello puede hacerlo sin forzar norma alguna: es más, se lo posibilita explícitamente la Directiva 2002/90/CE.

b) Deben proporcionarse las penas en la línea del anteproyecto, pero debe fijarse con mayor claridad que el bien jurídico protegido nunca puede afectar al ejercicio de un derecho como es el de salir de un Estado y entrar en otro (cf. art. 13 Declaración Universal de los Derechos Humanos).

c) Debe aquilatarse muy bien la tipificación para no expandir la acción punitiva del Estado a los comportamientos  de personas (comerciantes, posaderos, hosteleros, conductores de autobús…)  que faciliten mediante precio alimentación, vestido, transporte, alojamiento, etc. a personas en situación administrativa irregular. Lo repudiable es el tráfico de personas y el abuso de la situación de extremada vulnerabilidad en que quedan quienes acometen proyectos migratorios. No se puede convertir a las víctimas en delincuentes y a quienes les auxilian de cualquier modo en verdugos. El concepto de “ayuda intencionada” de la Directiva debe entenderse en un sentido restrictivo y no puede abarcar a quienes simplemente contribuyan a satisfacer necesidades de la persona migrante (con o sin ánimo de lucro).

d) Haría muy bien el Estado español en no disminuir de la manera tan brutal e insolidaria las partidas destinadas a cooperación internacional al desarrollo. Son  el soporte de otro derecho no menos importante: el derecho a no tener que emigrar para asegurarse el porvenir. Es innegable que padecemos una época de crisis, pero un buen padre o madre nunca recorta la comida del hijo enfermo o vulnerable. Todos somos responsables de todos y las razonables restricciones deben seguir criterios de eticidad y proporcionalidad: no pueden constituir un mero ajuste contable.

José Luis Segovia Bernabé es profesor de Ética social de la Universidad Pontifica de Comillas y miembro investigador en el proyecto de investigación Iusmigrante (DER 2011/26449), en cuyo marco se elabora este artículo.

Por Silvia Marcu y Juan Carlos Velasco

Recientemente se ha publicado un amplio reportaje fotográfico titulado “Las fronteras olvidadas” (El País Semanal, 2 de diciembre de 2012), obra de Guillermo Altares y Valerio Vincenzo, en donde se da cuenta de la desaparición de las viejas aduanas que existían antes de la conformación de la Unión Europea y que desaparecieron llevándose consigo viejos conflictos que hasta hace poco parecían insuperables.

Acompañando el reportaje, José Ignacio Torreblanca firma un artículo titulado “El ejemplo de Europa” en donde celebra que Europa haya sido capaz de superar el tiempo de las fronteras. Mejor que las palabras, las fotografías muestran “fronteras que languidecen, fronteras oxidadas, fronteras olvidadas, fronteras abandonadas, fronteras de las que nadie se acuerda”. Para quienes disfrutan del privilegio de la ciudadanía europea, ciertamente nunca fue tan accesible cruzar de un país a otro dentro de Europa.

No obstante, tanto en el reportaje como en el artículo, se obvian algunas cuestiones no resueltas. No se menciona la última frontera de la UE, situada entre Rumania-Moldavia y Ucrania, que entraña memorias, heridas y sueños parcialmente cumplidos, y cuyos ciudadanos pugnan por formar parte de Europa.

Tampoco se menciona la frontera simbólica, levantada por las políticas europeas en el ámbito jurídico, que dejan fuera del espacio de libre movilidad laboral a miles de ciudadanos rumanos y búlgaros en países comunitarios, como Reino Unido o Alemania, sin dejar de señalar la moratoria aplicada en el mercado de trabajo español, que les sitúa en una tierra de nadie.Por ello, en tiempos difíciles debemos señalar que y no olvidar que las fronteras han de ser “derribadas” por completo, y contempladas más que nunca como puente y apertura, que tengan el valor de unir sin discriminación alguna a los 27 países y al conjunto de ciudadanos que forman parte de la UE.

Es cierto que, con todo, las fronteras han desaparecido para millones de europeos, que gozan de libertad de circulación en el interior de la UE. Sin embargo, las fronteras no han desaparecido, tan sólo se han desplazado a los confines externos de esta original unidad política. Eso lo saben bien los ciudadanos extracomunitarios, que se topan con la Fortaleza Europa, de cuyo control se ocupa Frontex, una agencia comunitaria especializada en el control de las fronteras exteriores de la EU y dotada cada vez con mayores recursos.

Si como afirma Torreblanca, las fronteras son “un monumento al fracaso, una celebración de la estupidez, una representación de la incapacidad de muchos seres humanos de convivir pacíficamente, a pesar de sus diferentes orígenes, valores y creencias”, ¿qué razones hay para seguir manteniendo las fronteras exteriores de Europa?

Silvia Marcu, investigadora del CSIC, es autora del artículo “Fronteras de cristal de la inmigración” (Arbor, 2010)

Los árboles tienen raíces; los hombres y las mujeres, piernas. Y con ellas cruzan la barrera de la estulticia delimitada con alambradas, que son las fronteras; con ellas visitan y en ellas habitan entre el resto de la humanidad en calidad de invitados (Steiner 2011, 76).

En el Día Internacional de las Personas Migrantes*

El hecho de que haya un día para los migrantes es una buena ocasión para pararse a reflexionar un momento sobre una situación que es constitutiva del ser humano.

Migrantes – o hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes - somos todos. Todas las regiones del mundo se ven afectadas por movimientos migratorios en expansión, bien sea por la entrada, por el tránsito o por la salida.

Si mira uno a su alrededor y piensa un poco, se encuentra con un montón de personas que han migrado, que se han desplazado en algún momento de su vida, para estudiar fuera, encontrar un trabajo en la capital, establecerse en otros lugares y conocer nuevas culturas… En ello no hay distinción por razones de nacionalidad, color de la piel, género, religión… Forma parte de la condición humana.

Ahora también crece el número de españoles que migran, sobre todo jóvenes, no por mero afán de aventura, sino por necesidad de buscarse la vida… ¿Quién no tiene amigos, hijos de amigos, compañeros de trabajo o conocidos que han emigrado o que se lo están pensando?

Migrar supone siempre un gran esfuerzo de adaptación, de entender nuevas realidades, de rupturas con raíces queridas, de hacer nuevos amigos… ¿Es tan difícil ponerse en lugar del otro, sobre todo cuando en esa situación podemos estar o llegar a estar todos?

Ser migrante no es ninguna condición para ser objeto de discriminación, ni de marginación, ni menos aún de ilegalización. Migrar es un derecho básico, es un derecho humano.

¡¡¡La movilidad es parte de lo que somos o de lo que son las personas de nuestro alrededor!!!

* La conmemoración del Día Internacional del Migrante se estableció en 2000 por las Naciones Unidas. Era también una forma de refrendar la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que había sido adoptada diez años antes por la Asamblea General (en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990).

La idea de la separación de grupos, núcleo del sombrío panorama que nos pintan ciertos autores declaradamente anti-multiculturalistas, o la algo más elaborada de «sociedades paralelas», carecen del necesario fuste como para tomárselas en serio. Con todo, el sentido dual de la pertenencia que poseen muchos migrantes transnacionales contemporáneos suponen un firme desafío tanto para el nacionalismo como para el multiculturalismo. El multiculturalismo mantiene sin cuestionar la noción de pertenencia primaria, esto es, la idea de que los individuos están vinculados fundamentalmente a una comunidad cultural determinada, a la que prestarían la lealtad básica. Y es ese presupuesto el que se ve cuestionado por el fenómeno del transnacionalismo migratorio. Muchos migrantes viven hoy simultáneamente en dos culturas y en dos sociedades. Mantienen un conjunto de prácticas, relatos, valores y lealtades tanto con su familia y su lugar de origen como con su nuevo país. Expresan identidades compartidas y movilizan representaciones colectivas híbridas.

La diversificación cultural e identitaria de las sociedades de inmigración introduce, en cualquier caso, un elemento de ruptura en la concepción heredada de Estado-nación y en los mitos identitarios que lo sustentan. Las redes transfronterizas en donde se insertan muchos migrantes, las identidades múltiples que cultivan o las lealtades transnacionales que mantienen cuestionan la noción de un demos sometido en exclusiva a un Estado, además de contrarrestar la posible eficacia de las políticas asimilacionistas. Pero una cosa es advertir la presencia de nuevos retos y otra bien diferente es conceptualizarlos en términos de disolvente amenaza, tal como con frecuencia se hace desde mentalidades eminentemente conservadoras: “En el mundo contemporáneo, la mayor amenaza a la seguridad societal de las naciones proviene de la inmigración” (Huntington 2004, 215). Esta percepción social de amenaza se nutre de una confusión y de una sospecha. De la confusión consistente en identificar homogeneidad cultural con cohesión social. Y de la sospecha, no siempre confirmada empíricamente, de que los inmigrantes tienden a mantener relaciones más fuertes de lealtad e identificación con sus naciones de origen que con el país en el que residen. El multiculturalismo, al potenciar el mantenimiento de las diferencias culturales, estaría alentando supuestamente ese inquietante fantasma.

Con todo, cabe preguntarse por el resultado de las mencionadas transacciones culturales, esto es, qué sucede cuando entran en contacto diversas culturas ajenas entre sí. El abanico de posibilidades que se abre es amplio: resistencia purista, segregación, aculturación, asimilación forzada, préstamo oportunista, emulación interesada, hibridación, por citar sólo algunas. Si bien no todas las opciones señaladas son igual de aceptables, ante el escenario emergente se abre la posibilidad de asentar sobre nuevas bases la configuración de una sociedad pluricultural y discutir cómo articular la convivencia entre las distintas formas de vida e imágenes del mundo que compiten en su seno.

La presencia masiva y permanente de extranjeros portadores de bagajes culturales dispares dentro de las lindes de un Estado representa un reto para las sociedades liberales, tanto en lo que concierne al respeto integral de los derechos humanos como en lo que respecta al funcionamien­to de las instituciones de la democracia representativa. Sobre estos pilares se articula una arquitectura cuyos elementos esenciales son la preeminencia del individuo, la igualdad ante la ley, el gobierno de la mayoría, el respeto de las minorías y la limitación del poder. Aunque la diversidad cultural de las sociedades contemporáneas no supone en sí misma un peligro para esos valores políticos que fueron concebidos desde (y para) el horizonte de una cierta homogeneidad social, la modificación de esas condiciones iniciales exige que sean revalidados y que su sentido sea adaptado a las nuevas circunstancias.

El pluralismo de voces, creencias y opiniones ya era un postulado básico del modelo demócrata-liberal, mas ese pluralismo era entendido como una diversidad social limitada por un consenso explícito – el texto constitucional – o implícito – las tradiciones culturales compartidas del mundo de la vida –. Ante la emergencia de una realidad mucho más polifónica, y no siempre armónica, el ángulo de la mirada debe ampliarse para permitir que los añejos presupuestos normativos se adapten a la nueva situación social. Entra dentro del juego político normal que en esas circunstancias los distintos grupos busquen renegociar la distribución de poder resultante. El reto, en todo caso, está en aprender a convivir con ese nuevo pluralismo, construir un nuevo marco narrativo donde acomodarlo y realizar los necesarios ajustes políticos y psicológicos. No es pequeña la tarea.

[Este post forma parte de un artículo más amplio titulado Migraciones y diversidad cultural, una cuestión de derechos, publicado en Javier Peña Echeverría (ed.): "Inmigración y derechos humanos", Lex Nova, Valladolid, 2012, págs. 61-87]

Con el asentamiento de un número significativo de inmigrantes se reabren en las sociedades de acogida viejos debates sobre la convivencia y la tolerancia intercultural. Con los flujos migratorios, especialmente con los de carácter internacional, tiende a aumentar la diversidad étnico-cultural en los países receptores. Aunque no son el único factor de diversificación cultural e identitaria en las sociedades contemporáneas, pues lo son también los mass media, los productos culturales globalizados o el turismo de masa, las migraciones suponen de ordinario la reorganización de las fronteras de los grupos étnico-culturales (fijadas mediante procesos de autodefinición y heterodefinición) y de su distribución geográfica. Afectan no sólo a su grado relativo de concentración y dispersión, sino también a la vinculación afectiva que sus miembros mantienen con un determinado territorio (una vinculación supuestamente exclusiva), así como a su grado de mestizaje con otros grupos. De este modo, las migraciones ejercen una notable influencia en la conformación de las identidades colectivas y las lealtades políticas.

La incidencia de las migraciones como factor de diversificación o pluralización de la vida social es tanto más perceptible cuanto más homogénea o monocultural sea la sociedad de acogida. A la diversidad largamente asentada o tradicional, aunque oculta muchas veces, se le suma entonces una palpable diversidad de reciente cuño. Se hacen presentes personas de origen dispar, que hablan otras lenguas, practican otras religiones, portan otras indumentarias, siguen otras costumbres y sostienen otras formas de concebir la moral, la política y el derecho. A medida que se introducen aspectos novedosos en la cotidianidad y se mezclan modos de vida que estaban separados y claramente diferenciados emerge también un escenario de conflictos latentes conformado por un triple riesgo:

• “riesgo de que cada una de las comunidades culturales cancele, desde su interior, la libertad de sus propios individuos;
• riesgo también de que las comunidades de mayor fuerza y tradición cierren la posibilidad de desarrollo de las más débiles;
• finalmente, de que la cultura nacional, que es el cemento que une a la sociedad más amplia, se debilite y llegue a la desintegración total” (Salmerón 1996, 70).

De estas palabras, acertadas sin duda en la descripción de los posibles escenarios, cabría deducir una idea bastante común de la que, sin embargo, conviene desprenderse pronto. A menudo se da por sentado que tanto unos como otros, población autóctona e inmigrante, conforman grupos con nítidos perfiles socio-culturales. En unos y en otros lo habitual es, más bien, la presencia en su interior de minorías con diversos marcadores distintivos, más o menos numerosas y más o menos reconocidas. Las poblaciones receptoras, supuestamente homogéneas en su autorepresentación (de acuerdo a poderosas ficciones identitarias), no lo son tanto en su efectiva configuración. Tampoco los migrantes suelen conformar grandes grupos cerrados ni habitar en enclaves realmente monoculturales. Los procesos migratorios provocan cambios en todos e inducen siempre, aunque sea de forma asimétrica, una aculturación recíproca. De ahí que resulte especialmente desenfocado plantear la cuestión como un conflicto entre la parte originaria de la población y aquellos otros que recientemente se han sumado a la misma. Por esa pendiente podemos deslizarnos a terrenos indeseables.

El uso y abuso del término «comunidades», tan del gusto no sólo de los comunitaristas, sino también de muchos multiculturalistas, puede inducir a pensar en su proliferación. En realidad, y dado que los flujos que arriban a un país suelen tener procedencias diferentes y casi nunca conforman un único bloque homogéneo, y aunque se registre una cierta tendencia hacia la concentración residencial u ocupacional (los así llamados enclaves étnicos), o la creación de asociaciones y redes étnicas, las migraciones propician la multiplicación y superposición de lenguas, religiones y costumbres a lo largo de la geografía estatal. Los préstamos, las apropiaciones y los mestizajes culturales están tan al orden del día que difícilmente cabe señalar grupos verdaderamente aislados e «incontaminados» o al menos con vínculos internos fijos y lindes externas claramente definidas.

  (continúa…)

[Este 'post' es un extracto de un artículo de Juan Carlos Velasco titulado Migraciones y diversidad cultural, una cuestión de derechos, publicado en Javier Peña Echeverría (ed.): "Inmigración y derechos humanos", Lex Nova, Valladolid, 2012, págs. 61-87]

En un mundo desigual en el que las enormes diferencias de renta entre países son bien conocidas, el fenómeno de la emigración no es una casualidad, ni un accidente, una anomalía o una curiosidad. Es sencillamente una respuesta racional a las grandes diferencias en el nivel de vida (Milanovic, 2012, 144).

Migrar de un país a otro posibilita que los individuos puedan saltar las categorías nacionales que constituyen la clave de la desigualdad en el mundo. El lugar de nacimiento representa a este respecto un factor realmente decisivo: “El accidente de haber nacido en un país pobre y no en uno rico es un determinante tan arbitrario del propio destino como el accidente de haber nacido en una familia pobre antes que en una familia rica del mismo país” (Nagel 2008, 174).

Esta intuitiva comparación, que en principio puede resultar muy ilustrativa, es, sin embargo, inexacta, pues en ciertos casos, en muchos en realidad, se queda corta con respecto a los hechos. Las diferencias de renta dentro de cada país, siendo en muchos casos relevantes, palidecen ante la desmesura de las diferencias de renta entre los países, de modo que “hoy en día posee mucha mayor importancia, globalmente hablando, haber tenido la buena suerte de nacer en un país rico que el hecho de pertenecer a la clase alta, media o baja de ese país rico” (Milanovic 2012, 132). O dicho de una manera aún más gráfica: “Todas las personas nacidas en un país rico reciben una «bonificación» o una «renta de situación»; los nacidos en un país pobre reciben una «multa de situación»” (Milanovic 2012, 140).

Son así muchos los habitantes del planeta que no tienen la más mínima oportunidad de llegar a ser algún día tan adinerados como la gente más pobre de Estados Unidos, Japón o de Europa Occidental. En este escenario social globalizado, el esfuerzo migratorio es muy probablemente el que más réditos ofrece a los individuos en la aventura de la movilidad social, muy por encima de los procesos de movilidad social ascendente a través de la educación, el trabajo y los cambios en el modelo redistributivo y de acceso a los bienes.

Teniendo en cuenta lo recién señalado, parece poco razonable pedirles a los potenciales migrantes que se queden a esperar los resultados de una convergencia de los niveles de bienestar a nivel global, una convergencia posible, pero de resultado incierto. Cualquier medio que, sin lesionar derechos vitales de terceros, sirva para atenuar los severos niveles de pobreza en el mundo ha de ser aplaudido e incluso apoyado en base a razones morales. O dicho de otro modo: si mediante una serie de medidas podemos evitar que suceda algo moralmente malo sin sacrificar nada comparable, estamos obligados a tomar tales medidas.

No cabe mostrarse ciego ante la evidencia de que las políticas migratorias restrictivas sirven fundamentalmente para proteger privilegios y preservar la prosperidad de un país. Nacer en un país o en otro es cuestión de buena suerte, pero este hecho fortuito no constituye el fundamento de ningún derecho. Muchas personas comienzan la vida con desventajas sociales y materiales inmerecidas por el simple hecho de nacer en un determinado país. Un infortunio que no es casual y por el que deben ser compensadas. En el interior de un Estado, esto podría ser prevenido por un sistema contributivo de fiscalidad redistributiva y con programas de bienestar social. Pero en un mundo interdependiente y compuesto de países muy desiguales en riqueza y recursos, eso no basta. El actual sistema de Estados soberanos separados es un obstáculo desafortunado para lograr implementar una justicia global. Pero siendo ello realmente grave, cabría buscar fórmulas que fomenten la cooperación interestatal en esta materia. Pero mientras se da con ellas y se ponen en marcha, tareas nada minúsculas, ¿qué hacemos entretanto con las migraciones?

Nota.- A lo largo de este post se han empleado dos referencias bibliográficas básicas. La primera: un libro del economista Branko Milanovic, Los que tienen y los que no tienen, Madrid: Alianza Editorial, 2012. La segunda: un artículo del filósofo Thomas Nagel, “El problema de la justicia global”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 9 (2008), nº 1, 169-196.

La posibilidad de decidir dónde vivir es un aspecto fundamental de la libertad humana. Esta afirmación resulta completamente evidente cuando el destinatario es uno mismo. Nadie se negaría este elemental derecho a sí mismo. Sin embargo, no se procede siempre de la misma manera cuando se trata de aplicarlo a los demás. Entonces valen mil distingos. Un despropósito que a lo largo de los últimos tiempos no ha hecho sino agravarse, de modo que la distancia entre la teoría y la práctica acaba resultando abismal. No hay más que remitirse a las pruebas.

La libre circulación de las personas, así como la libertad de residencia, es un derecho humano básico y, sin embargo, la forma concreta en que está regulado adolece de un grado tal de asimetría que raya con el absurdo. Un rasgo visible incluso en el texto normativo más significativo sobre los derechos humanos, la Declaración Universal de 1948 (DHUD), cuyo artículo 13 proclama: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

Dicho crudamente y sin rodeos: “La emigración es un derecho humano, mientras que la inmigración no lo es” (Heller 1992). Eso es lo que se desprende, sin duda, de la legislación internacional vigente sobre la materia, inspirada en el citado artículo de la DUDH. En ella se reconoce a toda persona el derecho de abandonar el Estado del que sea nacional, así como el de retornar a él, pero se guarda, empero, un estrepitoso silencio acerca de la correlativa obligación de los otros Estados de aceptar su entrada en el territorio de su propia jurisdicción. Es cierto, y no se puede negar, que en su momento normas de tal tenor representaron un avance frente a las restricciones feudales a las que estaban sometidos los siervos, que, en el mejor de los casos, estaban obligados a pagar un peaje para poder salir.

Hasta bien entrada la edad contemporánea, la población era considerada por la mayoría de los gobiernos como uno de sus bienes básicos y era vinculada a la prosperidad y al poder económico y militar del país, por lo que se mostraban sumamente renuentes a permitir la salida de sus súbditos. La privación de la condición de nacional y la confiscación de bienes eran penas habituales si se emigraba sin autorización oficial. Las regulaciones derivadas de la DUDH representan, sin duda, una sensible mejora también frente a los severos controles de salida que hasta hace poco mantenían países de corte totalitario, como los del antiguo bloque soviético, prácticas que, por cierto, aún subsisten en Cuba y Corea del Norte. Y suponen asimismo un avance frente a la práctica del ostracismo, típico recurso punitivo de los regímenes autoritarios para deshacerse de la disidencia interna.

Conforme a las mencionadas normas internacionales, existe, pues, un derecho de salida del propio país, pero, en cambio, nada se dice acerca del de entrada en otro, salvo en los casos en que se huya de persecución, ya sea política, étnica o religiosa, en cuyo caso es de aplicación el derecho de asilo. Es éste, por cierto, un derecho positivamente tutelado, pero administrado con frecuencia de manera cicatera por muchos países, incluso democráticos, que han firmado convenios – empezando por el artículo 14 de la DUDH y siguiendo con la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1951/1967) – que les vinculan jurídicamente.

La legislación internacional afirma, es verdad, el derecho a emigrar, pero ignora su contrapartida lógica, el derecho a inmigrar, con lo cual se acaba conculcando el primero de esos derechos. Falla, pues, la clave de bóveda de la construcción: el derecho a inmigrar no está configurado, y menos aún codificado, de manera vinculante para los potenciales Estados receptores. Para sus potenciales destinatarios no es más que un derecho condicionado. Se registra, por tanto, un notable desajuste entre el reconocimiento irrestricto de la libertad emigratoria y el sometimiento fáctico del derecho a inmigrar a la decisión soberana de los países receptores. No obstante, en estricta lógica jurídica el deber de acogida está ya implícito, pues cuando se reconoce un derecho se adquiere también la obligación de no impedir su realización. Pero mientras la lógica y la recta interpretación discurren por sus cauces, los Estados se desatienden de las obligaciones contraídas. En medio de su viaje, el migrante permanece entonces atrapado de facto en una zona de paso, en una difusa zona normativa donde sus derechos quedan como mínimo en suspenso.

[Este post forma parte de un artículo más amplio titulado Fronteras abiertas, derechos humanos y justicia global, publicado en la revista “Arbor”, nº 755 (mayo-junio 2012), pp. 457-473]

La libre circulación de personas se ha convertido en un codiciado factor de distinción y estratificación social. La alta tasa de movilidad humana, una de las señas distintivas de los tiempos que corren y signo elocuente de la creciente interdependencia de todos los países, tiende de hecho a distribuirse de manera piramidal y asimétrica. En un planeta con tremendas disparidades en ingresos, recursos y oportunidades, no todos pueden permitirse – ni les está permitido – el lujo de ser cosmopolitas; es más, el común de los mortales, la mayoría de quienes habitan el planeta, tienen limitadas severamente sus posibilidades de movimiento. Para otros, sin embargo, el cruce de fronteras únicamente implica una sencilla formalidad. Los Estados emplean de manera diferenciada o selectiva la institución de las fronteras y esta práctica acaba plasmándose en un doble régimen de circulación de los individuos.

La movilidad valiosa es, obviamente, aquella que ha sido elegida y no impuesta por las circunstancias. Y esa fortuna no está al alcance de todos. Con la esperanza de cambiar sus opciones en la vida, muchos son los seres humanos que a lo largo de la historia han abandonado el pedazo de tierra que un día les vio nacer y se han asentado en otros lares sobreponiéndose a múltiples dificultades. No son pocos quienes se trasladan únicamente para huir de una situación a todas luces desesperada, provocada por las diferencias de desarrollo o por el desprecio de los derechos básicos. Para muchos, la migración no es más que una opción forzada y no deseada, pues, en realidad, añorarían poder permanecer en el lugar que hasta entonces les había sido habitual y apenas se lamentarían por tener que soportar una cierta inmovilidad. En este sentido, tan básico como el derecho a poder emigrar sería el derecho a no tener que emigrar. También el sesgo sedentario, tan humano o más que el migratorio, ha de ser protegido mediante el reconocimiento del derecho básico a permanecer en el propio país y no ser desplazado de la residencia habitual.

Aunque se señaló al inicio del artículo que la posibilidad de moverse por el mundo y de mudar de residencia forma parte esencial de la libertad humana, abandonar el propio país no es siempre fruto de una decisión voluntaria, sino con frecuencia el resultado de un cúmulo de circunstancias que se imponen al individuo. Afirmar lo contrario supone mantener una ficción de manera inútil y además irresponsable. Las guerras, los conflictos internos, las persecuciones y, en general, la intolerancia han sido tradicionalmente destacados factores para forzar una migración en principio no deseada. Las migraciones también están impuestas por los desastres naturales y, cada vez más, por la degradación medioambiental de raíz antropogénica. El hambre y, en general, la pobreza constituyen, no obstante, los factores de expulsión principales y más habituales. Con todo, sería inadecuado incurrir en una explicación monocausal y, menos aún, en un economicismo reduccionista. Por regla general, sabemos que no son los más pobres quienes emigran, sino quienes tienen los recursos mínimos – no sólo económicos – para poder hacerlo. Dicho de manera concisa: no emigra quien quiere, sino quien puede.

Y aunque no cabe aseverar una causa última, puede afirmarse que se precisa la confluencia de otras circunstancias para que la pobreza opere como factor de estímulo de la emigración. La existencia de antiguos vínculos coloniales y, sobre todo, de redes migratorias transnacionales son, por citar dos ejemplos, variables que facilitan el inicio del proceso migratorio. Lo cierto es que cuando estos factores se desencadenan, ni los muros ni las alambradas de espino logran frenar los flujos migratorios y, menos aún, contener los sueños de la gente. Encerrar a los países pobres en su precariedad no resuelve ni alivia el problema de fondo: lejos de aminorarse, las desigualdades y las diferencias de desarrollo se acrecientan. Y además, muy probablemente, todas esas trabas al movimiento de las personas no sirven para alcanzar el objetivo perseguido, pues la inanidad de tantas políticas de firmeza en el control de las fronteras resulta bastante evidente.

No deja de ser paradójico que desde que en 1989 se derribara el Muro de Berlín, la construcción de nuevos muros, vallas y fosos se haya multiplicado. Ahora, sin embargo, no se trata de mantener separados dos mundos con ideologías enfrentadas. En un intento huero, las barreras se erigen en las fronteras más desiguales del mundo en términos económicos, como la que separa Ceuta y Melilla de Marruecos (la 7ª frontera más desigual del mundo) o la extensa frontera entre Estados Unidos y México (la 17º en ese triste ránking). Su mantenimiento implica apostar por la persistencia de modelos de exclusión y contención que se han demostrado ser tan ineficaces como injustos. En realidad, los muros, los fosos y demás intentos de impermeabilizar las fronteras son ejercicios de demagogia.

Lo único que de alguna manera puede frenar a los emigrantes sería una mejora sustancial de sus condiciones de vida en sus respectivos países de origen. Pero dicho esto, no se sostienen opiniones como la expresada por John Rawls (El derecho de gentes, 2001, p. 18), quien mantiene que en un mundo globalmente bien ordenado, en un mundo justo, las migraciones constituirían un fenómeno irrelevante, pues sus causas habrían sido eliminadas y, por tanto, no actuarían como elemento de presión sobre la política. El desacuerdo no proviene tanto por la literalidad de estas palabras como por lo que parecen sugerir: que en un mundo sin pobreza los movimientos migratorios no tendrían lugar. Esta expectativa es difícil de mantener, pues las migraciones responden también a algo más profundo y permanente, a una suerte de constante antropológica, a una inclinación inherente a la naturaleza humana. En todo caso, el objetivo, no lo perdamos de vista, no es poner punto final a las migraciones, sino ordenarlas desde principios de justicia.

[Esta entrada forma parte de un artículo más amplio titulado Movilidad humana y fronteras abiertas, publicado en la revista “Claves de la razón práctica”, nº 219 (enero-febrero 2012), pp. 28-35]

Existe una clara tendencia a dramatizar sobre la magnitud real de los flujos migratorios, aunque para ello se incurra en una deliberada negligencia y en una injustificable frivolidad. Al respecto, resulta sumamente ilustrativo el análisis del modo en que los medios de comunicación abordan las noticias relacionadas con la inmigración. Tanto el enfoque elegido, como el diseño de presentación y las estrategias discursivas se encuentran lejos de las exigencias mínimas de objetividad.

El caso de las 25.000 personas llegadas a Italia entre febrero y mayo de 2011,esto es, desde el comienzo de la revolución democrática en Túnez y el inicio de la guerra civil en Libia, resulta representativo de una forma muy peculiar de abordar estas cuestiones. Ya a fecha de 9 de marzo la portada del diario El País, con foto incluida, titulaba: “Las oleadas migratorias por las revueltas árabes desbordan Italia”. Aunque en el interior de la información se precisaba que “Italia ha recibido desde enero a 8000 refugiados”, se había sucumbido de nuevo al síndrome imperante de mostrar firmeza ante la invasión de inmigrantes ilegales.

Se había optado por este encuadre o framing en lugar de tratar el asunto como un claro caso de migración forzada por motivos políticos y, por ende, atendible bajo la figura del derecho de asilo en virtud del compromiso de toda la UE con la democracia. Y también se había podido poner las cifras en relación con la población y los recursos de un país como Italia y señalar – para acercarse a la descripción de la realidad – que lo que acaso estaba “desbordada” era la minúscula isla de Lampedusa, pero no el país entero. El lenguaje se utilizaba de nuevo, con el mayor descaro y sin la menor responsabilidad, para ocultar la realidad. La sorprendente receptividad de algunas mentiras es un fenómeno en absoluto ajeno a la corrupción del lenguaje.

De manera no querida quizás, se identifican las migraciones con un proceso natural y, por ende, también ingobernable. La asociación más o menos explícita con la noción de catástrofe parece así inevitable, cuando no con un fenómeno bélico, al que aluden términos como desembarco y, sobre todo, invasión, al que además se le añade adjetivos como masiva, incontrolada o desbordante. Conceptos igualmente no analíticos, sino meras expresiones de un sentimiento de inquietud o acaso de un cierto síndrome de saturación, son otras imágenes que se han hecho usuales: «umbral de tolerancia» o «presión migratoria». Se pone así en juego toda una jerga tecnocrática y opaca que pretende reducir y ocultar la complejidad del mundo.

En ello el empleo de determinados recursos expresivos como las métaforas desvela un determinado sustrato ideológico nada neutral. Las metáforas devienen entonces en instrumentos de dominación simbólica. Si las metáforas se reifican y se convierten en lugares comunes, pierden su capacidad evocadora. El empleo del lenguaje metafórico se ve potenciado por el uso de una iconografía selectiva, que en el caso de los países del Sur de Europa está ocupada predominantemente por las imágenes mil veces repetidas de los cayucos, pateras y barcos atiborrados. A ello se le añade la difusión de una numerología estimativa que abona de la idea la migración como un fenómeno de «gran magnitud». Estas representaciones sociales de los migrantes difundidas por los medios de comunicación abonan la idea de una población migrante no deseada ni deseable. Estas representaciones sociales inciden en los discurso políticos y viceversa: ambos se retroalimentan y se condicionan mutuamente.

En una democracia las palabras deben ser objeto de un cuidado exquisito, pues la democracia se caracteriza precisamente por el gobierno mediante la palabra. Las palabras han de ser precisas y claras, de modo que no induzcan a engaño.

Por Ester Massó Guijarro

Según un estudio realizado en la Universidad de las Islas Baleares (coordinado por Lucrecia Burges), en los presentes tiempos de crisis resulta curioso reparar en que las remesas enviadas por mujeres se mantienen más constantes y elevadas que las remitidas por hombres a sus familias en sus lugares de origen. Además, la marcada perspectiva de género de dicha investigación iluminó la cuestión sobre qué tipo de motivaciones y destinaciones auspiciaban las remesas enviadas por uno u otro género (en el caso que nos ocupa, mujeres y hombres). Según el enfoque filosófico-moral empleado por la mencionada investigadora, las remesas “femeninas”, por así decir, estaban impulsadas en una mayor medida por motivaciones de tipo puramente altruista y no tanto por el cumplimiento de obligaciones contractualistas o por un puro interés personal. Dicho de otro modo: las mujeres mandan más dinero a sus países de origen en tiempos de crisis y lo hacen de un modo más altruista que sus contrapartes masculinas.

Vayamos un poco más al fondo. En general, las remesas económicas enviadas por mujeres migrantes norte-sur suelen destinarse, básicamente, a la (re) producción de la vida cotidiana, a paliar la pobreza inmediata, al consumo… en esencia, a cubrir las necesidades diarias y supervivenciales de las personas de su grupo, a lo que hemos venido considerando durante siglos todo lo referente al “hogar”. Esto es, a esa esfera reproductiva, privada y de cuidado, tan ferozmente segregada, sobre todo desde la generalización del capitalismo, de la esfera productiva y pública.

Aquí, sin embargo, con este afortunado ejemplo, contemplamos cómo tales barreras se desdibujan como tinta dudosa mojada por una lluvia de realidad. Las mujeres continúan ejerciendo su rol de cuidadoras pero en la distancia, en un espacio transnacional, de modo que salen abruptamente del supuesto hogar, del supuesto “privado”, ejerciendo una intensa y novísima (¿o no tan novísima?) agencia de poder, a veces incluso a través del trabajo sexual por ejemplo (bien vale recordar las investigaciones al respecto de Carmen Gregorio sobre migrantes dominicanas trabajadoras del sexo en Madrid, y cómo revolucionaban asunciones clásicas sobre la dominación de género, la emancipación, lo público o la libertad de la mujer y el control social).

Así, estas remesas “femeninas” en tiempos de crisis nos permiten desdibujar las fronteras entre esferas productivas y reproductivas, entre lo público y lo privado, o entre los bienes considerados monetarios y de consumo o intangibles e inmateriales, tales como el cuidado diario de las criaturas: lavar a tu bebé, alimentarlo, etc., ¿es un trabajo productivo? ¿Lo es mantenerlo, de alguna manera? ¿Y si lo mantienes a miles de kilómetros de distancia, enviando un objeto –dinero– de intercambio? ¿Qué es y qué no es re-producir, generar riqueza?  ¿Continúa la mujer ejerciendo un rol “tradicional” de cuidadora cuando lo hace a través de la distancia transnacional, cuando envía dinero –un bien monetario, un bien tradicionalmente productivo, masculino, etc.- destinado  principalmente al cuidado de lo inmediato, de lo inaplazable en la vida cotidiana de su prole, por ejemplo?

Una vez más, los hábitats transnacionales por donde transita la migración suponen un privilegiado escenario para repensar los qués y cómos de la vida social, y para desafiar asunciones bien arraigadas en nuestro sistema occidental de pensamiento.

Por Víctor Granado Almena (Universidad Complutense de Madrid)

Sobre el derecho de migración en un mundo globalizado.-

El exilio, entendido ampliamente, siempre ha sido considerado en un sentido doble y antagónico: como experiencia traumática y pérdida del lugar (tanto geográfico como simbólico) al que uno pertenece, y como experiencia positiva que permite la posibilidad de un nuevo comienzo. De alguna forma ambas miradas sobre la realidad del desplazamiento se tiñen de tonos distintos según se aspire a la tranquilidad y la seguridad del hogar o a la universalidad y novedad del cosmos.

Esta mirada bifronte sobre el desplazamiento exige que una reflexión equilibrada sobre éste deba tener en cuenta tanto el deseo de las personas concretas a abandonar su lugar de origen como su deseo a preservar ese lugar y a protegerse de las circunstancias que le impelen a abandonarlo. El derecho de migración debería recoger ambos deseos a la hora de exponer y defender el derecho de todos los seres humanos a desplazarse libremente y a pertenecer a una comunidad política. Ese derecho a pertenecer a una comunidad política, es decir, a ser un sujeto de derecho en todo lugar se dispone como estrato superior jerárquico capaz de legitimar ambas concreciones de sí mismo. De esa forma sería compatible reivindicar tanto el derecho a desplazarse libremente como el derecho a permanecer en la comunidad política de origen al colocarse ambos derechos como instancias de ese derecho a pertenecer a una comunidad política o derecho de membresía.

Este planteamiento coloca a la noción de condición humana como fundamento de la reflexión sobre el derecho de migración, en tanto que derivado, del derecho de pertenencia. De este modo esta propuesta intenta sustraerse de la dicotomía entre ser humano y ciudadanía e intentar así zafarse del alcance de la noción se soberanía. Hago mío en este punto el razonamiento de Ermanno Vitale según el cual en lugar de mantener en vigor la noción de ciudadanía y abogar por la flexibilización de las condiciones de acceso a ella, sería preferible trabajar con la intención de asumir de un modo radical la convicción según la cual la mera condición humana, tomada como fundamento, es capaz de legitimar el derecho a tener derechos de cualquier ser humano se encuentre donde se encuentre. La institución de la ciudadanía presupone necesariamente la distinción entre aquellos que son ciudadanos y quedan incluidos en el régimen jurídico de la comunidad política y aquellos otros que son excluidos del mismo. Una distinción que parte de una concepción de la realidad dividida territorialmente en distintos regímenes de sentido, la visión de un planeta en el que encontramos distintos mundos.

A día de hoy esa visión territorializada de esa forma parece carecer de correlato real. No es posible pensar en nuestros días las divisiones territoriales según los términos binarios de la relación dentro-fuera. Ya no hay un afuera genéricamente distinto puesto que lo excluido de la realidad, lo otro respecto del orden del sentido a quedado englobado en el seno de nuestras categoría para concebir el mundo una vez que el proceso de globalización ha hecho coincidir los confines del mundo y el sentido con los confines del planeta. En ese contexto la idea de una ciudadanía, derivada de la nacionalidad sirve menos que nunca para arbitrar una reflexión que intente dar cuenta de ese proceso de interiorización del afuera, del margen y lo marginal. Esta situación aconseja asumir de un modo riguroso la condición humana como punto inicial sobre el que articular una reflexión sobre el derecho de migración en tanto que derivado del derecho de pertenencia a una comunidad política, o lo que es lo mismo, como concreción de ese derecho a tener derechos.

Víctor Granado es autor del artículo “¿Derecho de fuga? Derecho de migración y nacionalidad cosmopolita” (Arbor, nº 755, 2012)

Sobre el derecho al voto de los inmigrantes extracomunitarios.-

Es difícil resistirse a mostrar satisfacción por el hecho de que  casi medio millón de inmigrantes extracomunitarios residentes en España podrán ejercer por primera vez el derecho de sufragio. Lo podrán hacer en las próximas elecciones locales del 22 de mayo si previamente han satisfecho el requisito de inscribirse en el censo electoral. Muchos son los que han pugnando desde hace tiempo para que se dieran pasos en esta dirección y que ahora ven colmadas en parte sus legítimas expectativas.

Sin embargo, existe poco espacio para la complacencia si mantenemos una mirada más amplia y tenemos presentes a todos aquellos que se quedan fuera de esta conquista. En ellos puede que crezca la sensación de agravio comparativo y que además esa sensación no sea injustificada.

¿Quiénes son los inmigrantes que pueden disfrutar de este derecho? No todos, sólo aquellos que residen legalmente en España desde hace al menos 5 años y procedan de países que hayan firmado convenios de reciprocidad, esto es, de aquellos países que reconozcan derechos similares a los españoles allí instalados. Es decir, que inmigrantes residentes desde hace más de 5 años que trabajan y pagan sus impuestos aquí, están discriminados por razones de origen. Para nada cuenta su nivel de inserción real en la sociedad española. No olvidemos que los derechos son de las personas.

¿Cuáles son los países que han firmado esos convenios? Noruega, Nueva Zelanda, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Cabo Verde, Islandia y Trinidad-Tobago. En esta lista se incluyen, pues, países de donde provienen gran número de inmigrantes con otros cuya presencia aquí es prácticamente testimonial.

¿Qué pasa con los inmigrantes originarios, por ejemplo, de Marruecos (el segundo colectivo más numeroso), Argentina, Pakistán, Brasil o China? Pues que no existen a efectos de participación política y que, por tanto, los poderes públicos y los partidos políticos pueden ignorarlos completamente sin que suceda nada en términos electorales.

Un colectivo privado del derecho de voto carece de los instrumentos mínimos de defensa legítima que se dan entre sí los miembros de una sociedad democrática: poder ejercer sanciones políticas en el mercado electoral. Esta privación de poder democrático sancionador sitúa a los inmigrantes en una situación objetiva de subordinación. La falta de poder facilita que los partidos políticos no precisen contar con ellos a la hora de formular promesas electorales. Si por el contrario, los partidos tuvieran que captar sus votos, con toda probabilidad tendrían que cambiar el alcance de algunas de sus promesas y el tono de sus discursos, empezando por el que mantienen acerca del propio fenómeno migratorio.

Por Ester Massó Guijarro

Según el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, aprobado por el gobierno español, lo que se busca en las diferentes comunidades autónomas españolas con respecto a las personas migrantes es la integración “con”, no la integración “de”. Es decir, a buen entendedor, que las personas migrantes y las personas “nacionales” o ciudadanas españolas se co-integren, y no tanto la procura de una integración de las y los migrantes, ya que en ello se podría incurrir de nuevo en un acto de dominación o sumisión cultural más o menos subrepticias, en una anulación de las culturas de origen, etc.

Para lograr la integración “con”, esa formulación tan amable que yo entiendo como una co-integración, una de las estrategias desarrolladas por las comunidades autónomas son los cursos de cultura, civismo y lengua, inspirados en parte en los llamados contratos de integración que vienen desarrollando países como Austria u Holanda (no tanto contratos per se, lo que serían si se pudiera elegir, como imposiciones disfrazadas – vergonzosas cláusulas de adhesión – para poder aspirar al arraigo, siguiendo a Ángeles Solanes).

Así, para certificar su integración, o mejor dicho su esfuerzo de integración, que será medido al finalizar la correspondiente etapa (suele ser dos años), las personas migrantes tendrán que, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, saber hablar valenciano y hacer una paella, entre otras cosas.

Me pregunto cuántas de nosotras y nosotros sabemos cocinar un mafe senegalés, hablar quechua o bailar una danza tradicional húngara. Me pregunto…

Más aún, me pregunto cuántos de nosotros y nosotras sabemos cocinar una paella o hablar valenciano, incluso en la Comunidad Valencia (yo soy alicantina de raíces manchegas, hablo tentativamente un valenciano “académico” y la paella no la cocino muy bien, lo poco que sé ha sido viendo precisamente a mi padre o a mi madre cocinar; por cierto, mi padre hace una paella estupenda a la leña pero no habla valenciano… ¿habríamos de considerar su deportación a la Mancha…? Es importante tener en cuenta estos factores, no vaya a ser que nos invadan los manchegos a estas alturas…).

Ahora yo, por cierto, vivo en Madrid. Soy migrante en Madrid. No sé bailar el chotis ni hablo con acento madrileño. Es que ni siquiera sé tocar el organillo. Por no saber, no me oriento excesivamente bien en la maraña urbana madrileña… Creo, sinceramente, que mi esfuerzo de integración es francamente parcial y sospechoso, ya que me gusta más comer en restaurantes africanos de Lavapiés que en los castizos de cocido madrileño.

Basta de hablar de mí y de mi familia. Cuando cualquier persona migra adonde sea (cualquiera que ha viajado lo sabe), por el hecho mismo de viajar ya tiene que realizar ímprobos esfuerzos cotidianos de micro o macro negociaciones culturales que pueden llegar a resultar sumamente agotadoras. Los idiomas, los códigos tácitos o explícitos de comunicación de diversa índole, los espacios, los habitus… todo es distinto, tanto que, cuando encuentras cualquier ligera vecindad con lo tuyo, saltas de alegría aferrándote a ella según un puro “instinto” (con perdón de la filosofía) de supervivencia. (Supervivencia e instintos sociales, si se quiere.)

Simplemente, estar en el lugar ya es adaptarte, integrarte en cierto modo. Solo por su mera cotidianidad aquí, las personas migrantes ya se socializan y endoculturan a diario con tales micro y macro negociaciones consuetudinarias, con esa asunción que implica de la “visión simbólica” del mundo. Por eso cansa tanto. ¿Y cómo se contabilizan los cansancios, las ausencias, los duelos, las lágrimas en ese proceso de integración, en ese esfuerzo de integración? ¿No es ya su mera presencia un deseo tácito, patente, personal de estar aquí, cada cual a su manera y según sus posibilidades y capacidades? Claro que estar, habitar simplemente no siempre implica la integración, mucho menos la co-integración, ya que a menudo es la población nacional la que necesita ver ese esfuerzo tangible de ser más parecido, menos diferente… ¿que al menos se esfuercen con eso, acaso?

La cuestión es que ya se esfuerzan de muchos modos, y habitualmente mucho más de lo que se esfuerza el españolito de a pie. Así que lo de “integrar con” es una falacia, sencillamente. Una genuina co-integración, a mi entender, vendría más de la mano de espacios comunes de comunicación (participación, considerada por José Antonio Zamora una mejora categorial de la integración, y yo lo suscribo) que de la imposición de cursos sobre cultura que, por otro lado, se acercan peligrosamente a una suerte de naturalización u objetivación de las culturas muy sospechosa en lo epistemológico y político.

Porque, seamos francos… ¿cuántos de nosotros y nosotras sabemos cocinar un mafe senegalés? O, puestos, un ajoblanco.