En la economía del agua, ¿que nos preocupa más, el medio ambiente o nuestro bolsillo?

El lunes 17 en el diario de León aparecía esta noticia: Medio Ambiente calcula que se cobra de media un 150% por debajo de lo que cuesta. León es la ciudad donde el agua es más barata en todo el país, y su coste se sitúa muy por debajo también de la media europea. Pero esta situación podría variar completamente en los próximos cuatro años, cuando la adaptación a la normativa europea obligue a reflejar en las facturas de los consumidores el coste real de este elemento de uso cotidiano.

Dicho esto, utilicemos de manera prudente y racional los recursos naturales.

[Grupo de Catálisis y Procesos de  Separación.
Universidad Complutense de Madrid]

En el 2010 los países de la Unión Europea deberán ajustar este coste a lo que se cobre y sancionar los abusos de consumo según el principio de «quien contamina, paga»; es decir, penalizar económicamente el desperdicio de un elemento que las autoridades definen ya como un «valor público económico, social y ambiental». Según las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente, el precio medio del metro cúbico de agua en España es de 1,54 euros, por debajo de la media, que se sitúa en 2,66 euros; y muy alejado de lo que se cobra en países como Turquía (3,78 euros) u Holanda (3,51 euros). Dentro de España, León es la ciudad con un precio más barato del metro cúbico, 0,47 euros; menos de la mitad de la media nacional, que es de 1,22 euros, y de ciudades como Palma de Mallorca, donde se cobran 1,98 euros por metro cúbico consumido. Aunque el precio del agua es una competencia de los ayuntamientos (que en muchos casos, incluido el leonés, han iniciado el camino hacia un ajuste de precios a través de las operaciones de privatización del servicio), el ministerio ya ha advertido: «En cuatro años el precio del agua deberá reflejar sus verdaderos costes». Los ciudadanos deberán empezar a pagar lo que realmente cuesta el agua, que de media en España es un 150% más de lo que pagan los consumidores. Actualmente la diferencia entre el coste del agua y el precio que abonan los usuarios la pagan las administraciones. Según los cálculos de Medio Ambiente, en España se despilfarran 900 hectómetros cúbicos de agua, que permitirían el consumo anual de 14,7 millones de personas, y suponen unas pérdidas de 1.100 millones de euros. Más allá de ajustar estas pérdidas, el ministerio no descarta que en un futuro las obras hidráulicas tengan también su repercusión en las facturas de los usuarios. De momento la Directiva Marco de Aguas, en su apartado Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, establece que los estados tendrán en cuenta este principio de recuperación, especialmente en aquellos consumidores que mayor gasto hagan. «Los estados garantizarán que, a más tardar en el 2010, la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos». También establece que los estados podrán «tener en cuenta aspectos sociales, medio ambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de las regiones afectadas». De momento el Ministerio de Medio Ambiente ha planteado un plan que establece la conveniencia de un encarecimiento gradual de las tarifas del agua, basada en los costes reales de su uso. En el 2009 la Ley de Aguas deberá contemplar las obligaciones que establece la directiva europea para una política de aguas sostenible, que aboga por la «utilización prudente y racional de los recursos naturales».