La gestion del agua en España en el debate politico y la directiva marco de aguas.

Abordar la gestión del agua en nuestro país es un tema que goza de plena actualidad. Al debate político e institucional se suma la actitud de la ciudadanía y el debate en la calle, ante la escasez de este recurso, debido principalmente a la actual sequía, a nivel nacional y, de manera más acuciante, en la costa mediterránea. Es un tema que no sólo importa al mundo político y del cual somos todos responsables.

El objetivo del debate y, si es posible, dialogo enriquecedor, no es otro que el llegar a modelos de gestión que sean sostenibles medioambiental y económicamente hablando. Como base de todos estos buenos propósitos la UE ha desarrollado un nuevo marco legal mediante la Directiva Marco de Aguas. La realidad puede ser muy distinta porque este recurso ya forma parte de la munición política que emplean los partidos para hacer política de bajo calibre.

Para tener una visión general del debate actual es necesario ‘echar la vista atrás’ y conocer como se ha sido la gestión de este recurso en los últimos años.

El Plan Hidrológico Nacional del Gobierno anterior se caracterizó por sus más de 130 embalses propuestos y los discutidos trasvases del Ebro. Sabiendo que en España hay más de 1300 grandes presas que le convierte en uno de los principales países del mundo en presas por habitante y por kilómetro cuadrado, es claro el enfoque productivista de esta política en beneficio de regantes, hidroeléctricos y otros sectores productivos. No podemos olvidar que estamos en una economía de mercado pero el agotamiento de los recursos es incompatible con cualquier sistema productivo. Por ello, esta actitud de grandes proyectos de infraestructura con costes altísimos y temibles impactos ambientales, sumado al descuido de ecosistemas acuáticos ‘despertó’ a la ciudadanía ante esta ‘espiral de insostenibilidad’.

El Gobierno actual, con la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona al frente, trata de dar un giro a la gestión del agua orientada a la sostenibilidad y el impacto ambiental. Se han anulado proyectados trasvases y se trata de dar impulsado a modernas técnicas de desalación. Pero sin la voluntad decidida y no partidista de las Comunidades Autónomas, cualquier esfuerzo caerá en saco roto. Por ello, la postura del Ministerio Medio Ambiente es una futura territorialización por autonomías del agua, es decir, que cantidad de agua es la que tiene cada territorio, partiendo que hay una cantidad intocable correspondiente para cada individuo (los 30-40 litros por persona y día que reconoce la ONU como derecho humano)y para el medio ambiente (conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas hídricos, y la restante para diferentes usos que responden a intereses económicos, sociales, territoriales, etc. Esta segunda es la que se puede territorializar y “el para que, el cuanto y el como”, será una decisión política en manos del Consejo de Ministros. Difícil tarea será convencer a los organismos autonómicos de las bondades de este modelo, ya que se las sigue manteniendo al margen de la autogestión para aquellas autonomías con “altos recursos”, y se condena a cambios relativamente bruscos del modelo económico a aquellas que sufren escasez crónica y altas demandas.

En cuanto a la otra alternativa, o quizá haya que decir, la alternativa anterior, y en contra de la política gubernamental, la oposición mantiene la defensa de los trasvases, argumentando que la desalación solo puede resolver problemas puntuales de abastecimiento, presenta altos costes energéticos y económicos, e importante impacto ambiental. Respecto a los costes energéticos, ya es conocido que las membranas semipermeables de baja presión que se emplean en desalación consumen 3 kilowatios el metro cúbico frente a los 4 kilowatios que supone llevar el metro cúbico de Tortosa hasta Almería; además, para aclarar más la situación, con las nuevas tecnologías los costes económicos en desalación son 0,45 euros el metro cúbico y, sin embargo, son de 1,50 en trasvasar caudales hasta Almería. En cuanto a la repercusión en el medio ambiente de la desalación no se ha demostrado.

Y en esta situación de las cosas, surge un nuevo planteamiento que, partiendo de la propuesta actual, Economistas y tecnócratas solicitan a los gobernantes la apertura de las desaladoras a la iniciativa y gestión privadas. De la misma forma que con el anterior Gobierno pedían que los trasvases introdujeran derechos transferibles de la propiedad y/o usos. Al problema de la gestión del agua opinan que la solución esta en  modelos de gestión de los propios usuarios (los ciudadanos son los que toman las decisiones respecto del agua y no el estado como en este caso) que conllevaría un diseño institucional desde organismos hasta mercados con el precio del agua como ‘árbitro’ del consumo, garantizándose la gestión ambiental y económica sostenible. Por tanto, se pasa de un modelo estatal más o menos justo del agua a la iniciativa privada pura y dura y al quien más tiene, más gasta. No parece tampoco una solución a nuestros problemas con el agua.

Quizá todo pase por aclarar que podemos hacer con el agua, no lo que queremos hacer a nivel partidista. Toda política que conlleve la optimización y conservación de recursos existentes, evitando grandes pérdidas en el uso, procedan de un lado u otro del arco político, serán bienvenidas por parte de la ciudadanía.