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Publicado por Antonio Lafuente el 6 julio, 2005

Los vínculos de la investigación científica con las corporaciones industriales siguen planteando colisiones entre intereses privados y bien común. [Antonio Lafuente]

Cada día aumenta la presencia de las grandes corporaciones en la financiación de la investigación científica. A veces, los resultados del laboratorio no coinciden con las expectativas de los patrocinadores. Y este asunto plantea complejos problemas que se tratan con mucho sentido en the practical hippie y que ayer mencionaba El País, informando de que, según una encuesta realizada por B.C. Martison, M.S. Anderson y R. de Vries, ver Nature del 9 de junio, el 15% de los científicos reconocen haber modificado de alguna manera sus conclusiones para no irritar a quienes les financian.

El problema no es nuevo y, según parece, cada día se hace más visible. De hecho hay varias instituciones dedicadas a vigilar y perseguir las malas prácticas, como por ejemplo, la Office for Research Integrity, ORI. El asunto es complejo y tiene sus vericuetos. La prensa, por ejemplo, convierte muchas veces en noticia lo que no es sino una nota de prensa fabricada por expertos a sueldo de la industria farmacéutica, alimentaria o química. Otras veces, afloran institutos, fundaciones y centros que adoptan la forma de instituciones académicas independientes cuando en realidad sólo son instrumentos de propaganda al servicio de las corporaciones. Su función viene siendo producir informes (deberíamos decir intoxicar con desinformaciones) destinados a luchar contra la junk science (ciencia basura) que supuestamente difunden organizaciones de activistas, siempre acusadas de falta de rigor y exceso de furor.

Sheldon Rampton y John Stauber han publicado un libro para explicar todos estos manejos, Trust Us, We’re Experts: How Industry Manipulates Science and Gambles With Your Future. Ver aquí un buen resumen, o también aquí. Y para desanimar a quienes puedan ser tentados, Integrity in Science ha elaborado una bases de datos de organizaciones que se declaran altruistas y que, al mismo tiempo, están conectadas financieramente con intereses industriales. Estos lazos no prueban nada por sí mismos, pero deben ser vigilados, aunque sólo sea para preservar la honorabilidad de quienes, aceptando recursos procedentes de empresas, no amenazan antiguas convicciones sobre el bien común.

En marzo de 2002, Atlantic Monthly (cache) publicó un magnífico informe de Eyal Press y Jennifer Washburg, vinculados al Open Society Institute, que exploraba los peligros asociados con estas prácticas. En los últimos 20 años, los recursos traspasados desde la industria a la academia han crecido un 800% y, es frecuente, que el trabajo sea realizado por jóvenes investigadores con jornadas de trabajo abusivas y salarios de risa.

Ultimamente, sin embargo, las denuncias se suceden. Por ejemplo, el convenio firmado en noviembre de 1998 entre la Universidad de Berkeley y Novartis, según el cual, a cambio de 25 millones de dólares para el Departament of Plant and Microbial Biology, la Universidad cedía a la empresa parte de los derechos de propiedad que pudieran derivarse de las investigaciones, incluidas las que fueran finaciadas con fondos públicos, así como dos de los cinco asientos en el comité de investigación del Departamento. El asunto fue muy debatido y, entre otros efectos, provocó una profunda división en el claustro universitario. Los más combativos fueron los estudiantes del llamado Students for Responsible Research, para quienes este tipo de convenios estaba en clara contradicción con los fines exigibles a una universidad pública.

La respuesta de muchas compañías constituye una amenaza mayor para la integridad de la ciencia, pues lo que hacen es contratar secretamente a científicos para que firmen y publiquen informes que han sido preparados por empleados de la empresa. En fin, los conflictos de intereses son moneda corriente y, como se decía en NYT, objeto de creciente inquietud.

Estos conflictos han sido especialmente duros con los laboratorios farmacéuticos (Daniel Haley los califica de drug war), al extremo de que el 19 de mayo de 2001, R. Horton, editor de Lancet (2001, 357: 1544-1545) publicaba una editorial (cache) en la que acusaba a la Food and Drug Administration, FDA, de ser la “sirvienta de la industria del medicamento”.