¿son (pueden/deben ser) neutrales los científicos?
No hay que ser adicto a la actualidad para entender que la agenda política se está cebando de asuntos científicos. Desde el cambio climático a la gripe aviar, pasando por los cosméticos, los combustibles, los alimentos y los fármacos, son innumerables los asuntos que demandan dictámenes que permitan elaborar principios reguladores y, en definitiva, organizar la convivencia o, en otros términos, compaginar los muchos intereses que operan y no siempre convergentes. Nuestro mundo entonces se está poblando de comités de expertos que, como ya se les comienza a ver, conforman una especie de quinto poder.
Esta misma semana, nos enteramos vía Prometheus, se ha hecho público un informe Ensuring Independence and Objectivity at National Academies del Center for Science in the Public Interest (CSPI) que, tras estudiar los comités y paneles creados por la norteamericana National Academies of Sciences (NAS), ha llegado a la conclusión de que hay “…serias deficiencias en los comités y procesos de selección de la NAS que amenazan la calidad de sus futuros informes”.
Basta con algunos datos para entender la magnitud del problema. Lo primero que debe saberse es que la NAS está integrada por la National Academy of Sciences, el Institute of Medicine, la National Academy of Engineering y el National Research Council, un conglomerado institucional que vertebra desde la cúspide las relaciones entre ciencia y estado. Su importancia es indiscutible como lo prueba que cada año selecciona alrededor de 8 mil científicos para que integren uno de los 500 comités encargados de redactar alguno de 200 informes científicos que le son requeridos.
El mencionado informe concluye que hay un 18% de integrantes que no debieron ser nombrados por tener conflicto de intereses, es decir por estar o haber estado contratado por alguna empresa u organización activista con intereses en los asuntos sobre los que debe decidir el referido comité. También quedó probado que por cada experto perteneciente al activismo medioambiental hubo más de 7 vinculados al sector industrial. Y, siguiendo con este apretado resumen, el informe lamenta la poca transparencia con la que la NAS ha venido informando sobre los mencionados conflictos de intereses.
Las conclusiones son inquietantes: cuestionan un mecanismo clave y creciente importancia para la salud democrática de nuestras sociedades. Es legítimo entonces plantearse cómo mejorar los protocolos de selección y qué hacer para evitar cualquier forma de perversión, ya sea ideológica, ya sea corporativa. Las recomendaciones de la CSPI son enfáticas en tres asuntos. De un lado, se pide ensanchar la noción de conflicto de intereses y, del otro, reforzar los equilibrios entre las diferentes sensibilidades presentes en el panel. La última propuesta subraya la necesidad de publicitar con mucha antelación los méritos y motivos por los que cada miembro fue propuesto y quizás seleccionado.
Todas estas sabias recomendaciones ha venido precedidas por amplios debates, pues ni son recientes las dudas sobre la ecuanimidad de los comités de expertos, ni disminuye la complejidad de los asuntos obre los que se debe dictaminar. Hay mucha gente que ha reclamado que se solicite de los candidatos una declaración sobre sus preferencias ideológicas o religiosas. La comisión de la NAS, como se explica en Prometheus, que tuvo que decidir si era pertinente el, digamos, balance ideológico de los comités concluyó que estos aspectos no pueden (o no deben) influir (y mucho menos, predeterminan) el juicio de gentes que pertenecen a la comunidad científica.
Esta política del “no preguntes, no respondas”, como la nombra Roger A. Pielke en Washington Post, cuenta con muchos adeptos. Unos, porque están convencidos de que la ciencia imprime carácter a sus practicantes, convirtiéndolos en una especie de casta elegida, capaz de mantener una estricta separación entre sus saberes y sus intereses. Otros, incluida la Union of Concerned Scientists, porque tienen demasiado fresco el recuerdo del macarthismo (por no mencionar la situación de los científicos bajo los nazi o los soviéticos) y de ninguna manera quieren coquetear con la posibilidad de revivir ninguna forma de control ideológico.
También hay quien opina, como defiende el mencionado Pielke, que ha llegado la hora de desenmascarar el mito de que los científicos pueden caminar en las aguas del lago Tiberiades sin hundirse. Más aún, los comités deben construirse dando por hecho que todos sus integrantes tienen intereses diferentes que deben ser asumidos como un valor capaz de expresar la pluralidad de perspectivas y la complejidad de las estructuras sociales. El problema es cómo gestionar los conflictos de intereses o, en otros términos, cómo crear comités que aseguren los balances necesarios.
En pocas palabras: la función de un comité de expertoses es trasladar un problema desde el ámbito de la ciencia al de la política. Y si en el ámbito de lo político no hay ningún sector, desde el mundo sindical al legislativo, que no sea gestionado sin una reflexión sobre los equilibrios imprescindibles en la designación de sus comités asesores, ¿por qué tendría que ser diferente el tratamiento que debemos dar a los asuntos tecnocientíficos?
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El problema no es la relación individual del investigador. El verdadero problema es la ausencia de instituciones que cumplan la función de intermediación.
Un juez en Derecho y un investigador en ciencia, resuelven conflictos sociales complejos.
Uno hace justicia, en nombre del Estado y, el otro ciencia, en nombre de la ciencia misma.
O creamos instituciones que den cobertura al científico o lo tenemos claro.