tecnocidanos
en defensa de la gobernanza, la participación en ciencia y el procomún

europa y el open access

La Comisión Europea, vereurobserver, parece decidida a impulsar políticasde open acces. La posición de partida parece que incluirála exigencia de que los artículos derivados de investigacionesfinanciadas con fondos europeos pasen a ser de dominio públicoa los seis meses de ser publicados. Así es como la CE quiereestablecer un balance entre el interés común y losintereses privados, ya que la industria editorial científicaeuropea mueve 3 mil millones de euros y da empleo a emplea a 42 milpersonas.
Y es que, en efecto, no basta con que los fondos para investigar(Europa gastará 33 mil millones entre 2007 y 2013) se otorguena los grupos que más lo merezcan o a los objetivos que mejordefiendan el bienestar público, tampoco es suficiente conevitar el despilfarro o con favorecer la cohesión en elespacio europeo. Defender el bien común implica poner fin a unnegocio absurdo: el estado paga la investigación y losresultados (los artículos) son privatizados por laseditoriales y luego vendidos a las bibliotecas de las mismasinstituciones donde trabajan los científicos que produjeronaquellos resultados.

Los editores se están movilizando. Hasta ahora haninvertido mucho dinero en campañas de prensa/intoxicación para sembrardudas sobre si las políticas open access provocarían undescenso general de la calidad de los textos publicados, insinuandoque sólo los agentes privados pueden asegurar la calidad delproceso de selección y depuración de los contenidos.Pero, al parecer, su inquietud va en aumento, como se cuenta en el blog de Peter Suber. y se comenta/debate en Slashdot. Y algunos yaempiezan a utilizar en su argumentación artilleríapesada, ver el blog de Alicia López Medina.

SegúnNature, algunas de las mayores empresas (Elsevier, Wiley and theAmerican Chemical Society) han contratado a Eric Dezenhall, quientiene una reputación discutible, para mejorar que les aconsejecómo mejorar su imagen e impedir lo inevitable. Y, aunquecueste creerlo, ha irrumpido en el debate con un eslogan tan agresivocomo reaccionario: “Acceso público es lo mismo que censuragubernamental”. En fin, si esto es todo lo que tienen que aportaral debate los principales editores científicos, la pregunta escómo los científicos llevan tanto tiempo confiando enellos.

El problema se agrava cuando pensamos en científicos que noestán vinculados a las grandes instituciones, las que cuentancon recursos para pagar la factura por las suscripciones. Y, desdeluego, lo que vale para las instituciones pobres, se extiende paralos países o los continentes pobres. Y es inaceptable este proceso de paulatina privatizacióndel conocimiento que, además de excluir a los científicospobres, también deja de lado al conjunto de la ciudadaníaque para tener acceso a información de calidad tiene quehacerlo a través de una biblioteca especializada. Es absurdoque los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos la ciencia nopodamos acceder a sus resultados.

El asunto tiene importancia porquesi queremos mayor rigor en los debates sobre las alternativas,digamos, las políticas medioambientales, alimentarias oenergéticas, también necesitamos incrementar la calidadde la información libremente accesible.

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