El casode Microsoft parece dar la razón a quienes vienendefendiendo que la transparencia cotiza al alza y es el eje al queinevitablemente deben engancharse las organizaciones que quieransobrevivir al embate de las nuevas tecnologías y las nuevasformas de sociabilidad. Contar los hechos, ver ArsTechnica, no es fácil, pues son muchas las querellascontra las prácticas monopolísticas del giganteinformático. Aunque haperdido ya varios pleitos a ambos lados del Atlántico,hace lo posible para retrasar la aplicación de las sentencias.Así las cosas, el pasado día 21 la empresa hizopúblicos cuatro documentos en cuyo título se hablaba decambio de estrategia, apertura, portabilidad de datos einteroperabilidad.

Nadie, sin embargo, lanzó las campanas al vuelo.Y aunque Windows ha abierto 30.000 páginas de códigoconsideradas secreto industrial, laComisión Europea se ha mostrado tremendamente escépticapues, tras mucha pelea jurídica, mediática yadministrativa, acababa de condenar al gigante de Seattle a pagar unamulta de 899 millones de euros para romper de una vez con la políticade instalar por defecto en su sistema operativo el conocido paqueteWindows Media Player (WMP), el software que casi todo el mundoutiliza para ver vídeos en un PC.

Hace unas semanas hubo un debate en el ParlamentoEuropeo sobre estos asuntos que fue retransmitido en directo porInternet, pero sólo pudieron verlo quienes disponían deWMP o, en otros términos, los usuarios de Windows. ¿Acasoes de recibo que un organismo público favorezca una tecnologíafrente a las otras competidoras, como Mac o Linux? ¿Tandébiles son nuestras instituciones frente a las grandescorporaciones? Hacebien Europa en defenderse de los monopolios. ¿Quéganaríamos los ciudadanos si sólo pudiéramosconsumir una marca de coches, una cabecera editorial o una solacadena de restaurantes? Seguramente todo estaríasubvencionado, pero lo peor es que se congelaría lainnovación. Nuestro sistema sería un grandísimodespilfarrador de talento y la propia continuidad de los ingenieros,los escritores y los cocineros estaría amenazada.

El hecho es que una parte del código ya estáabierto, pero muchos expertos dicen que Windows dobla la rodillaporque su liderazgo se tambalea. En la Web 2.0, esa que es construidapor los usuarios a través de los blogs, las wiki, los tags, eldigging, el P2P y el rss, cada ordenador es el nodo de una red quefunciona como una gigantesca plataforma que procesa información.Internet sería ya como el disco duro sobre el que opera miterminal de la mano de un navegador. En la Red hay programas gratispara procesar textos, enviar documentos o almacenar archivos. Así,la guerra por el escritorio (con Netscape o WP) solo era unaescaramuza que anunciaba la batalla que está ganando Google ytodas las empresas basadas en la gratuidad y en la explotaciónde la llamada sabiduría de las masas, como lo prueban Amazon,eBay o Wikipedia. Conforme se expande la Red, cada vez importa menosquién controla los medios de producción y cuenta más, como se insiste en Snurblog y en Produsage.org, el papel de los produsers ,(produsuarios). Lasradios emiten gratis porque venden oyentes y por eso hay tantosteóricos que hablan de economía de la atención.Cuando los usuarios votan, opinan o se detienen en una web estáncreando riqueza para quienes sepan convertir estos destellos deinterés en una información con la que identificartendencias.

Abrirel código ayuda a Microsoft a saber qué hacen los demáscon esa información. Se trata de una conducta basada en unprincipio tan simple como exitoso: renunciar a la gratificacióninmediata porque se espera recibir más tarde algo mejor.Daniel Coleman lo ha argumentado como uno de los ejes que sostienenla inteligencia emocional y ahora son muchas las escuelas de negocioso departamentos de educación que lo recomiendan como elestándar exigible a empresarios, padres y maestros.

Avancemos algo más y exploremos el problemacapital de la interoperabilidad. Los usuarios tenemos derecho aexigir que las máquinas intercambien entre sí datos confluidez. Sería absurdo que no pudiéramos conversar porteléfono con los clientes de otra compañíarival, o que cada eléctrica suministrara un tipo diferente decorriente imponiendo cada una sus marcas de electrodomésticos.Por eso, la creación de estándares es una de lasresponsabilidades mejor valoradas por los consumidores y losproductores. En este sentido, lo más razonable es pedirle alos fabricantes que los documentos realizados con una máquinapuedan ser leídos sin problemas en otra.

Imaginemos que la documentación de una centralnuclear o los datos clínicos de una ciudad estánrealizados o archivados con un programa que deja de fabricarse y queno puede ser abierto (como hacemos con el capó de un coche siqueremos reparar el motor) para arreglarlo y modificarlo. ¿Nospodemos permitir semejante despilfarro de información? Laconsecuencia de lo que decimos es obvia: la soberanía nacionalestá conectada a la interoperabilidad de las máquinas yambas a los formatos estándar. Abrir el código es larespuesta a muchas demandas y una de las autopistas hacia lacreatividad, la transparencia y la justicia.

Las farmacéuticas publican losdatos que les convienen. Nuevamente, casi como todos los años,acabamos de enterarnos, vía NewEngland Journal of Medicine (NEJM), (17 de enero), que enEstados Unidos se sigue practicando la publicación selectivade los datos que favorecen los puntos de vista de las corporaciones.El estudio da publicidad a un escándalo, o mejor aún,como se explica en TheWall Street Journal, a otro de los muchos escándalos quepersiguen a este sector de la investigación y la industria enel mundo.

Los hechos se explican rápido.Para comercializar un medicamento hay que realizar una serie deensayos clínicos preceptivos que garanticen su efectividad ypertinencia. Los datos se depositan en la Food and DrugAdministration, FDA, la agencia de control reguladora en EstadosUnidos, y tras ser analizados, se pasa a la aprobación o nodel nuevo medicamento. Posteriormente, los científicosparticipantes en las pruebas intentan dar a conocer sus trabajos enrevistas científicas de prestigio. una actividad que no sóloagranda su reputación, sino que prestigia el principio activo(medicamento) al que se refiere el artículo. Y decimosprestigia, porque sorprendentemente sólo se publican datosfavorables, y muy raramente los ensayos negativos.

Lo que se nos cuenta en NEJM, verMedPageToday, es que Erick Turner y su equipo han monitorizado 74ensayos clínicos realizados con 12.564 adultos para probar 12de los más populares antidepesivos (incluidos Prozac, Zuloff yEffexor) aprodados por la FDA entre 1987 y 2004. Tras contrastar losdatos depositados en la FDA con aparecidos en revistas se hacomprobado que el 94% de los ensayos publicados son positivos. Losnegativos, sin embargo, fueron masivamente ocultados. Veámoslocon más detalle. De los 38 ensayos que acreditaba lapertinencia terapéutica de alguna molécula sepublicaron 37. Hubo otros 12 ensayos cuyas conclusiones fuerondiscutidas, pero 6 fueron también publicados. De los 24restantes que fueron negativos, 3 fueron correctamente publicados, 5se difundieron como si hubieran dado positivo y otros 16 no han sidotodavía publicados. La situación es tan grave que, comodeclarabaal diario Público Albert Fernández, Jefe dePsiquiatría del Hospital Principe de Asturias de Madrid, losmencionados resultados no le sorprenden “en absoluto”.

En fin que, como en la prácticasólo se publican datos positivos, se podría decir quelas revistas científicas operan como instrumentos depropaganda. No digo que lo sean, sino que son instrumentalizadas comomeros aparatos de publicidad y no como plataformas para difusiónde hechos científicos comprobados: palancas para hacernegocios, antes que santuarios donde cristalizan las conclusionescontrastadas.

El asunto es inquietante y su alcanceplanetario. La Food and Drug Administration es un gigante con un presupuesto para 2008 de 2,1mil millones de dólares y cuya función regulamercancías (alimentos, fármacos, cosméticos,…) que representan la cuarta parte de lo que gastan cada día losnorteamericanos. La FDA es uno de los puntales sobre los que seasienta la fiabilidad del gobierno y la promesa de bienestar social.Pero sus actuaciones, ya sea por falta de presupuesto y de personalcon alta formación científica, ya sea por la desidia desus comités o por las presiones de los lobby empresariales,verJAMA, deja mucho que desear.

Lasituación no es nueva y llueve sobre mojado. Basta unapequeña búsqueda en la red para comprobar laprofundidad del problema. Hay muchas fuentes que consultar, aunquebasta con no olvidar los blogs Alliancefor Human Researh, ClinicalPsychology and Psychiatry: A Closer Look y, por supuesto, el deDavidHealy, Letthem Eat Prozac. Recordemos, no obstante, algunos casos sonados. Entre 1998 y 2002 GlaxoSmithKline, GSK, realizó cinco ensayos clínicos para evaluar los efectos del antidepresivo Paxil, pero sólo publicó uno que le era favorable, ocultando datos que sugerían un aumento de los sentimientos suicidas entre los jóvenes que lo consumían. En agosto de 2004, ver cómo lo cuenta Guardian, tras una sentencia en los tribunales de New York, tuvo qie hacer públicos todos los datos disponibles.

En noviembre de 2004, The Wall Street Journal  hizo público, ver New York Times, el dato de que Merck conocía desde hacía años,  y lo había ocultado, que su antiartrítico Vioxx incremenrtaba significativamente los ataques al corazón. En fin, un estudio posterior de la FDA estimó que el citado “medicamento” pudo haber producido unos 27000 infartos.  El escándalo fue y sigue siendo mayúsculo. Tanto, que los National Institutes of Health, NIH, decidieron exigir a los científicos que contaran con su ayuda financiera que publicaran todos los datos a través de su base de datos PubMed Central.  Muchos editores de revistas, ver Washington Post, se sumaron a la iniciativa. 

A la luz de estos hechos, probados ante los tribunales, seguir diciendo que la regulación está obstaculizando la innovación, como suele escucharse, es una barbaridad. No es verdad que las peticiones  de mayor eficacia  en la defensa de la salud pública  se hagan por enemigos del progreso.  Además, alguien debe explicar ya que no todos los avances tecnológiocos conducen al progreso social y que cada vez son más necesarios los estudios de la ciencia que traten de calibrar el impacto derivado de las nuevas tecnologías.

Hace apenas unos meses que se hapublicado un informe que, como se explica en CommonsDreams, ha dejado perplejo a todo el mundo. En efecto, el informeFDAScience and Mission at Risk (noviembre de 2007) viene a concluirque los consumidores norteamericanos están a la interperie yque, como seviene solicitando desde hace tiempo, es urgente introducir lapráctica de la revisiónpor pares (peerreview) en los informes, documentos y decisiones que circulanpor sus numerosos comités, bien entendido que hay que, como semuestra en KlamathBasin, entender la diferencia entre ciencia académica yciencia reguladora (regulatoryscience).

Volvamos a principio. Los buenosmédicos y profesores, no los farmachifles,recomiendan fármacos siguiendo los criterios que aprenden enlas revistas científicas. De forma que cuando la informaciónllega sesgada, manipulada, incompleta o falseada y las revistas o lasagencias reguladoras (la FDA en este caso) no pueden, saben o quierenevitarlo, entonces fallan simultáneamente dos institucionesclaves de la democracia técnica: la empresa científicay la administración pública.

Son muchos los activistas y ciudadanos,muchos científicos incluidos, que se preguntan, ver lamencionada Alliance for HumanResearch Protection o el artículo de Peter Lurie yAlison Zieve Sometimesthe silence can be like the thunder, si las revistas o la FDA estánhaciendo lo suficiente. También hay muchas miradas que sedirigen hacia las Universidades o Laboratorios en donde trabajan loscientíficosque se prestan a estas operaciones de informaciónselectiva o, en otros términos, de blanqueo de datos. ¿Acasono deberían ser expulsados de la academia?

Todos los días se hacenencuestas para saber cómo respira la gente y, en particular,cómo perciben el riesgo de introducir la nanotecnologíaen la vida cotidiana. Y, para sorpresa de los más, nos hemosenterado de que la gente tiene menos prevenciones que los expertos.Todo el mundo está de acuerdo en que hay un futuronanotecnológico preñado de promesas de salud, progresoy bienestar, pero losinvestigadores quieren más cautela de la que se aplicacuando se menciona el impacto sobre el medioambiente. Curiosasituación, pues estamos en un escenario en el que loscientíficos se verían obligados a dar unasexplicaciones que nadie pide.

Pero hay más. Hace unos días,ver nanowerk,se ha podido filmar la intromisión de nanotubos en el interiordel núcleo de una célula, superando así unafrontera natural que parecía suficiente aislante del entorno. Quienes están pidiendo más prevención usaráneste descubrimiento para pedir más regulación y ponercoto a las pretensiones neoliberales del laissezfaire, laissez passer. Tenemos más casos. Cada día,por ejemplo, son más audibles los proyectos de geoingeniería,consistentes en modificar las condiciones de geofísicoquímicasdel planeta para así combatir el cambio climático. Tenemos proyectos para injectarpartículas de sulfuro en la estratosfera para que la luzsolar sea reflejada de vuelta a la estrella y así evitarmediante ingeniería climática una parte estimable de laenergía que nos calienta. Otras alternativas con las que ya seestá experimentando es fertilizarlos océanos con hierro para estimular la producciónde fitoplancton, un gran recicladornatural del CO₂. Huelga decir que sabemos muy pocosobre las consecuencias a medio plazo de estos experimentos radicalesextralaboratorio.

Podíamos seguir con nuevosejemplos, procedentes de otros ámbito de la tecnociencia. Yahemos hablado antes de saludmediomabiental o del reglamento REACHy siempre estamos bordeando el problema de la regulación o, enotros términos, la cuestión de si las administracioneshacen dejación de responsabilidades o si puede hablarse de uncompromiso fuera de toda sospecha en defensa del bien común.Pero no es ese el tema del post, pues mi intenciónes explorar las relaciones entre ciencia académica (academicscience) y ciencia regulatoria (regulatory science). Dos conceptosque remiten a prácticas gognitivas que responden a dosfunciones sociales diferenciadas. Ambos colectivos profesionales,juristas y expertos, se manejan con hechos de muy distintanaturaleza: los hechos científicos y los hechos legales. Ymientras la ciencia es una empresa abierta en donde todo esprovisional y sujeto a posteriores revisiones, lajusticia está obligada a cerrar los expedientes y aestabilizar una forma de vida en común.

Si no hubiéramos leído aBruno Latour diríamos que a los científicos les toca latarea de fijar la naturaleza (una naturaleza objetiva y, enconsecuencia, común para todos), mientras que a los juristasle asignamos el trabajo de estabilizar el orden social. Sin embargo,esta escisión entre hechos y valores está siendojustamente cuestionada desde muchos ámbitos. El mundo seríamuy amable si siempre fuera posible remitirse a expertos que,basándose en experimentos y tradiciones contrastadas,cualificasen las incertidumbres hasta convertirlas en certezas anteslas que nadie pudiera expresas reservas. Pero, ya lo sabemos, no esasí como funcionan las cosas.

Nohay dos orillas que comunicar con puentes. A un lado la naturaleza, loshechos y los científicos; al otro, la sociedad, los valores y lospolíticos. ¿Y en medio? La vida está en el agua. Corriente abajo, sinpuentes, une ambas orillas tomando al vuelo de una y otra lo que elagetreo le permita y le sea útil. Quien baja en cano, atravesando aveces rápidos peligrosos, es que se ha metido en el lío de laregulación.

Un coche. Hagamos visible el estatuto jurídico de un coche.Pensemos en la inmensa cantidad de decisiones técnicas yadministrativas interconectadas que lo hacen posible. Dentro de unautomóvil nos sentamos encima de varios centenares de patentesque afectan a la estructura, disposición, seguridad,salubridad y estética de todos y cada uno de los materiales. Todo está experimentado, contrastado, catalogado, registrado y sentenciado. La postura en la que viajamos es objeto de análisisanatómico, como también deben intervenir médicos para decidir sobre la calidad ambiental de la cabina, la toxicidad de losgases o la disposición de los cinturones y airbags. No medetendré en el problema del combustible o de la combustión,o del engrasado, visibilidad y adherencia de en los neumáticos. Decimos ciencia y vemos probetas y nobeles, cuando todo lo que nosrodea está saturado de objetos tecnocientíficos y, enconsecuencia, de cosas cuya producción, innovación,financiación y apropiación fue ejecutada por miles decientíficos, diseñadores, gestores, juristas,comerciales y publicitarios. Y, lo más importante, lostrabajos de unos y otros se interpenetran, de forma que sólose investiga lo que se vende y sólo se vende lo que gusta,pero es que sólo gusta lo que se difunde que, además,ha de ser legal, funcional, barato y accesible.

Para que algo sea legal, debe haberpasado múltiples y complejos trámites. Pero, en fin, acaballegando al mercado y, a veces, siendo objeto de conflicto, ya seaporque tuvo efectos imprevistos, ya sea porque es insalubre ofue mal confeccionado. Y así, ante el juez, en la fasecontradictoria del juício, expertos de uno u otro signo, algunos de ladefensa y los otros de la acusación, presentan pruebas paradesacreditarse entre sí. Las pruebas parecen disolverse comoazucarillos en agua. La pretendida robustez de los hechos se diluye yel mundo deja de ser tan estable como creíamos. El argumentoque manejo es simple. No necesitamos ser rebuscados para mantener latesis de la incertidumbre estructural que caracteriza a los datos. No hay relativismo en decir que los hechoscientíficos son provisionales, precarios y consensuales. Noson caprichosos, sino inestables.

Como afirma Sheila Jasanoff, nohay necesidad de mencionar el constructivismo, como tampoco lacrisisde los expertos, dos estrategias discursivas que agregaríanmás peso al argumento que aquí estamos construyendo,podemos volver a hacernos la pregunta de cómo se construyecertidumbre jurídica a partir de tanta incertidumbrecientífica o, dicho con otras palabras, cuál es larelación entre conocimiento normativo y conocimientocientífico. O, como ya lo dijimos antes, entre hechosexperimentales y hechos legales.

La respuesta hay que buscarla en dosámbitos diferenciados: la sentencia judicial y la regulaciónjurídica. En el primero de los casos, explican Gutwirthy Desutter a propósito de Lafabrique du droit de Latour, el eje de esa constelaciónde prácticas que llamamos juicio, es el dossier, el expedienteque se instruye y en donde se acumulan elementos de muy distintanaturaleza: testimonios orales, peritajes expertos, objetosprobatorios, sentencias previas, leyes promulgadas y, en medio de esecaos de papeles y actuaciones, también nos encontramosactores humanos (los testigos, los familiares, los peritos, losabogados, los culpables, las víctimas) y no humanos(protocolos de actuación, instrumentos forenses,recopilaciones legales, cuerpos profesionales y códigoséticos).

El cómo, quién, porqué,dónde y cuándo de cada pieza llegada al expediente sonlas preguntas clave del procedimiento. Lo que no llegue alexpediente no existe y sólo vale aquello que siguiótodos los trámites exigidos. Cuando llegue el veredicto, eljuez tendrá que coser todos estos elementos dispersos y, aveces, disparatados para reconstruir el orden quebrado. La sentenciase hace consistente, ata lo minúsculo a lo trascendente, loíntimo a lo institucional y lo incidental a la historia. Unabuena sentencia, como explicaHildebrandt en la excelente web Imbroglio,restaura el sentido común o, mejor, el mundo común quehabitamos. La decisión entraña mucho conocimiento, peroes superficial para poder ser consistente. A un juez le pedimos queimpida la fragmentación del mundo y, en definitiva, que losostenga como un espacio de convivencia común. Los hechoslegales se basan también en pruebas contrastadas, pero debenser definitivos. La principal preocupación no es que seanobjetivos, sino que además de (juridicamente) consistentesdeben ser (socialmente) asimilables. En este punto, hay que reconoceren los actos jurídicos una modestia de la que no siempre hacengala los expertos.

La regulación. argumentaconvincentemente AlfonsBora, produce escenarios de intersección entre la cienciay el derecho. Es un error decir que estamos ante dos ámbitosautónomos del conocimiento, uno conectado al mundo de loacadémico y, el otro, al de lo normativo. Todo apunta a queuno y otro contienen elemento de ambos ámbitos. Pensemos enel peritaje. Ahí vamos a encontrarnos con científicosque en la práctica están sometidos a a una tripledemanda. Primero, la más obvia y arquetípica:veracidad, lo que significa poder acreditar una buena posiciónen el mercado de la reputación (papers de impacto, puestos deprestigio, experiencia no cuestionada). Pero además deprestigio académico, cada día es más frecuenteque los académicos estén sometidos a la exigencia derentabilidad, lo que implica contratos con empresas, patentesaprobadas o asesorías externas. La tercera exigencia podemosdescribirla con la palabra legalidad, pues nadie puede investigaraquello que está prohibido o que es peligroso. La regulaciónentonces orienta la vida en el laboratorio, como tambiéninfluyen las cotizaciones en bolsa, las prioridades políticaso las demandas sociales. Los expertos, y ahora sólo estamospensando en los bienintencionados, viven en una encrucijada deintereses, requeridos por valores públicos y negociosprivados, como también por su propia hambruna dereconocimiento y el inevitable sesgo característico de cada especialistas.

En tales circunstancias, nada hay másrazonable que preguntarse cómo podríamos mejorar elperitaje experto, incluyendo formas de democratizarlo, lo quesignifica hacerlo más transparente y más participativo. Los motivos son obvios, pues hay que dar por hecho que en cadainforme especializado hay siempre elementos típicamentenormativos que se basan en una hibris entre hechos y valores. Ningúnejemplo es más claro que las dificultades habidas en lasnegociaciones entre entre UE y USA para adoptar una políticacomún de OGM. El talante regulador europeo ha tenido queenfrentarse con la voluntad liberal norteamericana y, desde luego, cada parte implicada contaba con sus científicos, susevidencias, sus hechos, sus papers, sus laboratorios y suscomités.

Conjuguemos ahora la ecuacióndesde el otro punto de vista, el que nos lleva desde lo normativohasta lo cognitivo. Esta parte del argumento es más fácilde desarrollar, porque es obvia la influencia que las leyes depropiedad intelectual están teniendo en el incremento decapitales privados en los centros de investigación. Una revolución queexplica el actual tránsito desde la Big Science a la BizScience. Pero hay más, porque la definición de loque es un transgénico, una minusvalía o un tóxicopuede condicionar de forma inequívoca el tipo de ciencia quese realiza. La conclusión es la misma: las fronteras queseparan los laboratorios de las audiencias, los tribunales de lasplazas y las normas legales de los hechos naturales se hacen porosasy el contrabando más frecuente. Lo vemos todos los días:el conocimiento científico se transforma en legal, yviceversa. Pero, las sospechas saltan a internet. Y somos muchos losque queremos saber cómo se etiquetan las cosas y quéestándares gobiernan el mundo de la alimentación, de lasalud o de las comunicaciones. Lo peor es que sabemos muy poco decómo se hace lo que se hace.

La política del conocimientodebe ser reflexiva. De hecho ya lo está siendo, pues ¿noes ya la gobernanza una forma acordada de politizar el peritajeexperto? En una sociedad tan compleja como la nuestra en la que cadadía nos desayunamos con noticias que aluden a catástrofesmedioambientales, crisis energéticas o colapsos sanitarios, necesitamos menos una demostración que una negociación.Las pautas que debería respetar este tránsito hacia laconstrucción de un mundo habitable se resumen con trestérminos: participación, multinaturalismoe incertidumbre. Participación para reconocer lanecesidad de nuevos actores en la dirección de una democraciadeliberativa. Multinaturalismo para reclamar legitimidad para lasdistintas culturas epistémicas o, en otros términos,para reconocer que hay muchas maneras de producir conocimiento yautoridad en una democracia plural. Incertidumbre porque hemosde ponernos de acuerdo sobre cómo gestionar todo lo que nosabemos y tenemos que aprender antes de decidir en una democraciadel riesgo.

Lo urgente es reconocer que hemos sidosorprendidos por la tenacidad e intensidad con la que emergen estosproblemas y el drama es que tenemos urgencia de verdades que nosayuden a enfrentar con garantías (con más regulación)los conflictos que se derivan del cambio climático, asícomo los que proceden de la expansión abusiva de los derechosde propiedad intelectual (con más investigación).

El 24 de marzo de 2003, Luciade Berk fue condenada por un tribunal de La Haya por haberasesinado o intentado asesinar a varios pacientes en dos hospitalesen los que había trabajado, el Juliana Kinderziekenhuis y elRode Kruis Ziekenhuis. Pero, la sentencia no dejó satisfechosa varios profesores de matemáticas holandeses, pues aseguranque, como se explica en BadScience, se basa en un razonamiento estadístico viciado yvulgar.

Los hechos, ver TheGuardian, se cuentan rápido. En 2001, el director delhospital infantil Juliana, sospechando que unas muertes porintoxicación producidas en distintas fechas podían noser fortuitas, correlacionó la presencia probada de enfermerasde guardia con los incidentes por intoxicación que llegaron acausar la muerte. Cuando Excel, la hoja de cálculo donde teníalos datos, terminó de hacer la cuentas, encontró quehabía una posibilidad entre 342 millones de que ambosfenómenos se dieran simultáneamente (muerte de un niñoy guardia de la enfermera Lucia). Pero el caso es que habíapruebas de aquellos días la enfermera Berk estuvo en elhospital.

Los hechos entonces se precipitaron,pues el director consideró probado que, siendo tan pequeñala probabilidad, era imposible que no hubiera una relación decausalidad. Y así concluyó que que la enfermera eraculpable. Luego dio la información a De Telegraaf, unperiódico sensacionalista, y en apenas 12 días fuedetenida y acusada de cinco asesinatos. Dos años mástarde se celebró el juicio que la condenó a cinco añosde prisión. PietGroeneboom, profesor de estadística en la Universidad deDelft, entre otros, considera que la decisión judicial se habasado en unos cálculos realizados por matemáticosaficionados y que debe ser revisada. De hecho, estápromoviendo la reapertura de la causa y así evitar que un maluso de las matemáticas sea el fundamento de una condena tansevera.

Hay un libro de Ton Derksen (Luciade B. Reconstruction of a Court Decision Error) que, según Piet’sblog, explora las muchas inconsistencias del juicio y otroscálculos que también hizo el mismo director delhospital y que, sin embargo, aún apuntaban en la direcciónde otras culpabilidades, no fueron tomados tan en serio. Todo pareceindicar, explica Derksen que se actuó según una fórmulapeligrosa: “Tenemos un culpable. ¿Puede, por favor,encontrar los crímenes que cometió?”.

En fin, varios matemáticos, comoRichard D. Gill,están en campañasolicitando firmas, explicando en distintos medios, incluidasrevistas de prestigio como Naturey Law,Probability and Risk, en qué se equivocaron loscómputos que el juez dio por válidos. El asunto es quese trata de una decisión judicial basada en peritajes deescasa calidad, realizados por gentes con cierta formaciónmatemática, pero que sólo merecen la calificaciónde amateur. Y, desde luego, es absurdo, que un argumento que no esválido en la Academia, pueda serlo en la Corte. Lospartidarios de la revisión de la sentencia no sóloquieren restablecer la justicia, sino que también estánsolicitandopeer review (control de calidad por pares) en la ciencia forense en los tribunales de Holanda.

La organización científica más grande del mundo (262 sociedades afiliadas que agrupan a 10 millones de individuos), la American Asociation for the Advancement of Science (AAAS), editora de la revista Science (1 millón de lectores), celebra estos sus días su congreso anual en Saint Louis (Missouri).

Como todos los años otorga un puñado de premios en varias especialidades. El que aquí queremos recordar es el Award for Scientific Freedom and Responsibility otorgado a David Michaels, profesor en el Departamento de Salud Ocupacional y Medioambiental de la Universidad de Washington. Su mérito es doble: probar que legal no es lo mismo que seguro y explicar que las convicciones científicas se alcanzan por consenso.

El Dr. Michaels es bien conocido por sus muchas intervenciones públicas a favor del bien común y, en especial, por haber descubierto la estrategia seguida por las grandes corporaciones industriales para manufacturar incertidumbres (manufacturing uncertaintly), una práctica que ha denunciado en repetidas ocasiones en el blog Confined Spaces (ver el post sobre la Data Quality Act) y en numerosos artículos (ver el publicado en el Journal of Law and Policy.

La mencionada estrategia se explica con pocas palabras. Siempre que se plantea un problema de agresión a la salud pública o de contaminación ambiental, las empresas, entre otras formas de manipular la opinión, argumentan que los datos en los que se apoyan los afectados para formular sus reclamaciones son inestables y, en consecuencia, poco concluyentes. Los científicos, por su parte, dado que, siendo honestos, nunca pueden sostener que la certeza de sus conclusiones sea absoluta, tras ser desacreditados en los media, pueden ser apartados del proceso público de discusión.  Entre tanto, mientras las discusiones se prolongan, las corporaciones ganan tiempo para retrasar normas reguladoras (regulatory science) basadas en el principio de precaución.

La manufactura de incertidumbres se ha convertido en una verdadera industria en la que están implicados científicos corruptos, agencias de propaganda (prensa), periodistas de alquiler, despachos de abogados y, por supuesto, las corporaciones que los financian.  Entre todos han creado la moda de llamar junk science (ciencia basura)  a los estudios que vienen subrayando el agravamiento del cambio climático, el envenamiento por subtancias químicas o la peligrosidad potencial de los transgénicos. Su objetivo es impedir la redacción de normas, tratando de convencer a los consumidores de que las regulaciones, además de destruir empleo y riqueza, se basan sólo en convicciones de carácter ideológico.
 
Hay otro asunto por el que el Dr. Michaels merece tan preciado reconocimiento: haber contribuido decisivamente, como se explica en el Bulletin of the Atomic Scientist,  a que se hiciera justicia a las reclamaciones de los trabajadores en instalaciones nucleares (las víctimas de la Guerra Fría) que se quejaban de graves dolencias por su exposición a altas dosis de radiactividad. El gobierno, por supuesto, siempre negó la veracidad de tales acusaciones, así como el rigor de los datos que las soportaban. Pero Michaels, entonces funcionario en el Department of Defense, DOD, desclasificó algunos documentos considerados secretos y encargó nuevos estudios que, no sólo sirvieron para probar que los daños existieron, sino para que se aprobara la histórica Energy Employees Occupational Illness Compensation Act (2000) que garantiza una compensación económica para todos los trabajadores expuestos a cualquier forma de riesgo laboral.

En fin, las políticas de ocultación de datos o de intoxicación de la opinión han logrado desplazar la discusión de muchos problemas serios desde el ámbito de la política al de la ciencia.  Unos y otros, sin embargo, políticos y científicos, deberían  actuar según las mejores evidencias disponibles. No extraña entonces que Gilbert Omenn, presidente de la AAAS y conocedor del profundo descrédito de los políticos en todo el mundo (una deriva que podría también empezar a afectar a los científicos), afirmara enfáticamente en su discurso inaugural del congreso que “el pensamiento científico es absolutamente esencial para preservar la democracia”.  Y es que admitir que las evidencias nunca son completas o definitivas, no significa que sean caprichosas o que debamos quedarnos quietos.

Adenda
Cierto, el tema de este post es de los que pueden alegrarle al día a quienes crean que luchar por el bien común no es escribir en la arena.  Sin embargo, los temas que trata son antipáticos. Además, habrá quien piense que se trata de un planteamiento demasiado teórico.  Quienes así piensen, deberían leer el excelente artículo de Paul D. Thacker en Environmental Science & Technology (22.02.2006) sobre The Weinberg Group, una empresa consultora de Washington que ofrece sus servicios a la industria química para manufacturar incertidumbres, es decir para ayudarles a seguir fabricando productos que nos están envenenado sin piedad. El artículo analiza varios casos y presenta documentación y testimonios originales.

También tenemos inquietantes noticias acerca de la Greenhouse Mafia, según la nombra Tim Lambert en su blog  Deltoid, una sucia constelación de corporaciones que fabrican informes contrarios a la tesis del cambio climático para confundir al gobierno de Australia y retrasar cuanto puedan las normas que regulen las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

Harvard School of Public Health (HSPH) ha concedido su más alto galardón, el Julius Richmond Award, a Erin Borockovich, la californiana que inspiró la película que, tras la espléndida interpretación de Julia Roberts, no sólo la catapultó a la fama, sino que la convirtió en un icono de las luchas ciudadanas en defensa de la salud y el medioambiente.

Quienes vieron la película, supuestamente “basada en un hecho real”, recordarán que Brockovich/Roberts le ganó un pleito a la Pacific Gas and Electricity por haber contaminado el agua potable de la ciudad de Hinkley (California) con cromo 6, una sustancia cancerígena. La sentencia implicó una indemnización para los afectados de 333 millones de dólares, una prima de otros 2 milllones para la luchadora y, lo más importante, fue una de las primeras class action, un juicio en el que los grupos de consumidores o afectados pueden querellarse colectivamente alegando prácticas abusivas de alguna empresa.

El galardón se entrega hoy 18 de octubre y ha provocado un alud de manifestaciones de protesta. La presidenta del American Council on Science and Health, un think tank de orientación conservadora radicado en New York, ha lanzado sobre Harvard los calificativos más duros, hablando de que la verdad ha muerto al premiarse a un personaje que nada sabe de bioquímica o medicina y que sólo vale para un poster que anuncie la ciencia basura (junk science). Entre otras, se hace la siguiente reflexión: “Llevo mucho tiempo afirmando que la salud pública no es una ciencia, ni una discplina seria. Es un movimiento ideológicamente impulsado, que desdeña la ciencia y los hechos. El así llamado “movimiento por la salud pública” tiene poca, si alguna, relación con proteger la salud y mucho con atacar la rentabilidad del sistema, la libre empresa y los valores tradicionales, usando los tribunales para manipular y redistribuir la riqueza”.

Está claro que la ACSH no está de broma y ha emprendido una campaña (apoyada por Spiked y otros medios) para desprestigiar a la Brockovich y, de paso, cuestionar la legitimidad de la ligitación como una de las formas de participación ciudadana en ciencia. Michael Fumento explica que la sentencia se pronunció sin pruebas y presenta muchos datos de gran interés. Concluye que este tipo de batallas deben resolverse con más ciencia y menos presión mediática.

Lo que ha hecho Harvard, dicen sus muy enfadados críticos, es desacreditase de forma irreparable y dar aliento a los muchos carroñeros (de la ley, de la ciencia y de la prensa) que viven del bullicio y se aprovechan del miedo. Una polémica interesante que, cuando baje el tono agrio que todavía tiene, tal vez nos permita discutir con serenidad el nuevo papel de los abogados, los legisladores, los media, los activistas y los jurados en la resolución de debates científicos. 

Hoy nos enteramos, vía Terra, de que el Fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, admitió a trámite la querella presentada por dos vecinos de Majadahonda contra Iberdrola por la muerte desde 1984 de 43 personas (26 con cáncer y 17 por problemas cardiavasculares), todos vecinos cercanos a un transformador.

Los denunciantes forman parte de un creciente movimiento vecinal que atribuye graves efectos sobre la salud a las altas dosis de radiación electromagnética emitidas por algunas instalaciones industriales, como las subestaciones eléctricas, los tendidos de alta tensión, las antenas de telefonía móvil o el ya mencionado transformador. En este caso, lo que piden los afectados es que se realice un estudio epidemiológico que trate de aclarar la posible relación existente entre los dos fenómenos: el inexplicable aumento del índice de mortalidad en un enclave urbano y la existencia de una fuente emisora de ondas.

El tema no es nuevo. Ya en 1979, Nancy Wertheiler y de Leeper, mostraron que había cierta correlación entre leucemia y tendidos alta tensión. Y poco a poco la inquietud fue extendiéndose. Desde finales de la década de los ochenta las autoridades norteamericanas han arbitrado los conflictos reconociendo que, aún cuando falten pruebas incontestables, debía aplicarse el principio de precaución. En 1993, sin embargo, la gente estaba muy alarmada, como lo prueba la existencia de más de 250 asociaciones que se consideraban afectadas por los campos electromagnéticos (CEM, en inglés EMF).

Los litigios fueron el principal instrumento de participación de los activistas en la toma de decisiones. Pero, sin duda, fueron las páginas electrónicas las que dieron al movimiento una visibilidad inesperada. Desde entonces, muchos estudios científicos que alimentaban la sensación de desamparo público, fueron difundidos a través de Gauss Network (1993), (1994), MicrowaveNews (1995), PowerWatch, y > (1996), cerrada en 2003, pero todavía accesible y en parte continuada en Wave Guide. En la práctica, en 1993, el 63% de los norteamericanos declara (lo cuentan Sims & Dent) ser consciente del problema de los campos electromagnéticos, un porcentaje que duplicaba el de 1989 (31%). Más aún, casi el 50% respondieron que estaban extremadamente preocupados.

En España también parece prosperar la vía jurídica para forzar la aclaración de este inmenso embrollo. Entre los hitos, hay que recordar a la Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión (ACAAT) que le ganó un pleito ante el Tribunal Supremo al gobierno de Cantabria por la instalación de la línea Soto de Ribera-Penagos de 400.000 voltios, una decisión que incumplía la directiva europea sobre Evaluación de Impacto Ambiental de 1997. No obstante, el mayor éxito que han logrado las asociaciones contra los CEM fue la Recomendación 7/1997 del Defensor del Pueblo que sobre líneas de alta tensión (LAT) presentó al Congreso de los Diputados porque se daba credibilidad a quienes afirmaban que las LAT tenían efectos biológicos, cuyos síntomas eran cefaleas, fatiga crónica, depresión y debilidad muscular.

El movimiento, pese a contar con poderosos enemigos, ha venido cosechando otros significativos éxitos. El 13 de febrero de 2001 la Audiencia Provincial de Murcia ratificó la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia Nº 6 contra Iberdrola -la primera en España y una de las primeras de la comunidad europea- obligándola a, por una parte, indemnizar a los vecinos de un inmueble y, de la otra, a reducir (de 1 a 0.3µT) la penetración de los CEM emanados de un transformador. La sentencia, como vemos, no se adentraba en el espinoso tema de los efectos (ficticios o no) de la radiación sobre la salud, sino que solamente se defendía el derecho de los consumidores a habitar un entorno no polucionado.

Desde 1992, año en el que supuestamente fue probada la influencia de la radiación en los niños, la discusión no ha perdido intensidad. Según el informe (2001) promovido por la International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) era muy preocupante la carencia de modelos consensuados sobre los métodos y unidades de medida que debían conducir a determinar los umbrales tolerables de exposición. Otra revisión en el 2004 de la cuestión, también de la misma ICNIRP, concluye que no hay vínculos causales probados, pero la incertidumbre remanente impide elevar a definitiva una conclusión sobre la inocuidad de los campos electromagnéticos.  De hecho, estamos ante un campo nuevo de investigación que involucra numerosas ramas del saber, desde las neurociencias y la bioquímica, hasta la psicología, la física y el urbanismo. Más aún, hablamos de efectos, si los hubiera, a largo plazo y aún no ha transcurrido tiempo suficiente desde que, por ejemplo, se generalizó el uso de los móviles. Este y otros problemas (como, por ejemplo, los derivados de la proliferación y uso de substancias químicas en las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y textil) tiene algo compartido y difícil de manejar, pues en todos los casos aparece un sujeto que dice sentirse muy mal y que además atribuye a un agente exterior (químico o radioeléctrico) la causa de su padecimiento.

Aquí los juicios sumarios sobran. Hay varios aspectos del enredo imposibles de eludir, pues es imposible olvidar la desesperación de gentes que ante las cámaras afirman padecer graves alteraciones de sus ritmos vitales desde la instalación próxima a su vivienda de un nodo de antenas. Que no sean científicos, no implica que sean estúpidos. También es ineludible admitir que sufrimos un bombardeo de informaciones contradictorias tan intensivo que resulta casi imposible formarse criterio, incluyendo entre los afectados a los propios técnicos e investigadores. En 1999 se hizo un estudio en Inglaterra sobre las noticias aparecidas en los medios y las conclusiones, no por esperadas, fueron menos preocupantes, pues el 79 % insinuaba consecuencias adversas sobre la salud y sólo un 9% alegaban falta de evidencias contrastadas. Parece obvio que con las malas noticias se hacen grandes titulares.

En todo caso en este, como en otros problemas alimentarios y medioambientales, en los que los ciudadanos funcionamos como conejillos de Indias lo razonable es exigir que, si es inevitable que formemos parte del experimento, también participemos en su diseño, así como en la evaluación de los resultados. En todo caso, no parece razonable exigir a los afectados que sumen nuevas perplejidades a su situación, pues junto a la impotencia que experimentan por un padecimiento sin nombre y, por tanto, no reconocido e inexistente, la penitencia de tener que demostrar su enfermedad, es decir, que no están locos, ni han caído presos de una secta de sociopatas radicales.

No es sencillo conceptualizarlos, aunque sea muy fácil visualizarlos. Son tecnocidanos, entre otros, los miles de hackers que dominan las TIC, como también todos los ciudadanos cuyas preocupaciones medioambientalistas o sanitarias les han conducido hasta la lectura y discusión competente de temas especializados y hasta muy recientemente reservados al mundo académico.

Siempre hubo gentes con una enorme afición por la astronomía, la ornitología o la arqueología, por sólo citar algunos ejemplos muy conocidos. Sabemos que estos colectivos son muy diversos, además de celosos defensores de su identidad amateurs, lo que no impide que podamos decir que su contribución a la expansión de la ciencia ha sido más decisiva de lo que los historiadores les han reconocido.

Durante las primeras fases del desarrollo de la radio, la electricidad o el teléfono, aparecieron numerosos grupos de ciudadanos que lucharon para impedir que el desarrollo de estas tecnologías derivase hacia su monopolización financiera, centralización administrativa y privatización tecnológica. Sus luchas de entonces nos recuerdan las batallas más recientes a favor del software libre, el copyleft y el wireless.

También tenemos otras lecciones que aprender de los movimientos antinucleares de la década de los 60 o de los afectados por el SIDA en los 80. En ambos casos, surgieron ciudadanos que no aceptaron dejar en manos de los expertos asuntos de tanta trascendencia política y social. Aparecieron colectivos que lograron apropiarse del lenguaje técnico y expresar sus inquietudes en unos términos que no pudieran ser ignorados por los propios ingenieros o médicos. Y así es como algunos ciudadanos trataron de compatibilizar la necesidad del rigor con la voluntad de ser solidarios.

Pero hay más. Todos los días brota en la red una nueva página que vertebra a familias afectadas por una enfermedad calificada de incurable. El origen de estos grupos de afectados es muy parecido. Siempre hay una primera persona que no acepta el ultimátum de un diagnóstico fatal y que acude a Internet buscando información para alimentar su esperanza. Nunca falta tampoco quien, emulando la deriva emprendida en la década de los ochenta por los enfermos del SIDA, pierde el miedo al lenguaje y decide profundizar en las bases de datos médicas. Y como el interés agudiza el ingenio y espolea la voluntad, el amateur se convierte en experto y así comienza a discutir con científicos sus propias hipótesis sobre la enfermedad.

¿De qué hablamos? De la citizen science, de las sciences citoyennes, de un cataclismo que está socavando las estructuras del saber y que, en definitiva, anuncia un mundo en el que ya no tendrá cobijo la vieja imagen de la ciencia que creaba barreras infranqueables entre los sabios y los legos o entre la academia y la urbe.

De todos los nuevos mecanismos de participación ciudadana en ciencia, ninguno es más espectacular, ni cuestiona con mayor fuerza el dominio sobre el saber de las corporaciones, académicas o empresariales -si es que todavía pueden hacerse estas discriminaciones tan características del siglo pasado-, que el movimiento vinculado al open source, el open content y al Open Access.

Mucho se discute acerca de si estas iniciativas son el germen de un nuevo contrato social, basado en ideales comunitaristas, filantrópicos, descentralizados, horizontales, abiertos, como los únicos valores capaces de restaurar en toda su amplitud las nociones de bien común, libre acceso al conocimiento, y gestión coparticipativa en los proyectos.

En fin, tecnocidanos nace para darle importancia a estos procesos y con la clara voluntad de convertirse en una referencia en lengua castellana para quienes estén interesados en los distintos movimientos que reclaman mayor participación ciudadana en ciencia.