La Acidez de los Ultisoles: Sobre Gobiernos, Industrias Agroalimentarias y los Desheredados de la Tierra (El Caso Carimagua, Colombia)

Hablar de la acidez de los Ultisoles es como mencionar la naturaleza felina de los gatos. Este tipo de edafotaxa es ácido por definición. Obviamente, se trata de un Orden de suelos de la Taxonomía Americana que se subdivide a su vez jerárquicamente en muchos subtipos, con diferentes características y limitaciones de uso idiosincrásicas. Pero soslayaremos en este post tal tema, con vistas a abordar otro de gran calado que afecta a Colombia en estas fechas.

 

 

 

 

Fuente: Con-fabulación.com

Ya os comuniqué, en un post anterior, que la emisora de radio de la Universidad nacional de Colombia me invitó a una entrevista sobre temas relacionados con los suelos. Esta se ha dilatado dos semanas por cuanto, a la hora prevista, se produjo un corte en las líneas telefónicas. Pues bien, en el post aludido, respondí ya a tres cuestiones de naturaleza un tanto esotéricas: ecopoyesis, terraformación e ingeniería planetaria. Estas correspondían a las 3 últimas de las 16 preguntas que tenían planteados hacerme. Sin embargo, otras cuatro de naturaleza edafológica también me llamaron la atención:

 

 

 

Vista del Centro Experimental de Carimagua

 

1.        ¿En que consiste la acidez de los suelos?

2.       ¿Cuál es la relación entre la acidez de los suelos y agricultura?

3.       ¿De que manera la química explica el proceso de acidificación de los suelos ¿De que manera la microbiología?

4.       ¿Qué tipo de prácticas se están desarrollando para recuperarlos o no acidificarlos?

 

 

Carimagua y las acusaciones antigubernamentales

 

 

¿Qué por qué despertaron mi atención?  En primer lugar, me parecieron demasiado técnicas para un programa radiofónico. Por otro lado, Colombia es un país con una considerable tradición edafológica, contando además con expertos excelentes en materia de la acidificación del medio edáfico. Seguidamente, analice el post que escribimos sobre los suelos de Venezuela y Colombia al objeto de refrescar algunos datos. La leyenda de suelos de la FAO no resulta cómoda para determinar el porcentaje global de suelos ácidos, mientras que yo tampoco soy precisamente un experto en química. A pesar de todo, y como cabía esperar, en un país tropical con grandes extensiones que reciben precipitaciones importantes detecté que más de un 70% de su cobertura edafológica podía ser ácida, bajo condiciones naturales. De hecho, como observaréis más abajo, según los cálculos que se han realizado en el propio país la cfra se elevaría al 85% (ver también nuestro post Acidez, Salinidad y Sodicidad de los Suelos: Distribución Mundial). Empero si existen buenos expertos colombianos, y la acidez es un tema importante y muy estudiado durante décadas, ¿Por qué preguntar a un foráneo? Algo no me cuadraba, por lo que recabé información de los amigos-colegas que mantengo por allí. Se me enviaron cuatro documentos, de los que reproduzco parcialmente tres al final del post (al parecer se trataba de noticias aparecidas en el rotativo El Tiempo de Bogotá). Éstos no hablaban precisamente de acidez de los suelos, sino de un gravísimo problema que afecta a casi todos los países en vías de desarrollo, como consecuencia de la globalización y, como no, de los malditos agrocombustibles. Todos versaban sobre el caso Carimagua una pequeña región de los llanos orientales, sobre la que unas decisiones gubernamentales habían puesto a medio Colombia en pie de guerra. Parte de la zona era una veterana estación experimental (CIAT, ICA), destruida por las FARC en la década de los 90. Curiosamente, en ella se investigaba, entre otros temas, sobre la acidez del suelo. Recomiendo la lectura de los artículos de prensa que he dispuesto al final de esta entrega  a todos aquellos que aun no conozcan aún la crueldad que aqueja al ya más que maltratado campesinado de estos países. Pero permítanme antes de empezar que les cuente una breve historia sobre Carimagua que he extraído del siguiente enlace:

 

De todos modos, el gobierno está encartado con Carimagua, que fue un centro experimental de primera importancia, dirigido y financiado por el CIAT y el ICA hasta por allá a mediados del 90, cuando la guerrilla se tomó la sede, destruyó laboratorios y se llevó unos carros. El gobierno optó entonces por entregar el predio al Fondo Ganadero del Huila en condiciones que la Procuraduría está en mora de investigar. Después todo proyecto ha fracasado, salvo la pista aérea utilizada por antinarcóticos y la base militar con 600 efectivos, que no son los mismos terrenos donados a la FAC. En Carimagua las construcciones están medio destruidas, la biblioteca -llena de informes técnicos valiosos- enmohecida, las carreteras enmontadas y ni qué decir de los experimentos en pasto, sorgo y marañon. ¿Que hacer con esas 17.000 has? En el exterior -de dientes para afuera- se destinaron a los desplazados para atraer recursos y lavarse las manos; en el interior, como se sabe, se las quiso entregar el gobierno a los palmicultores, caucheros- ¡otra vez los caucheros!- y a los aserradores, que han arrasado nuestras selvas, ofreciéndoles todo tipo de gabelas tributarias. La Procuraduría brincó a tiempo y la opinión pública se enteró de manera práctica y tangible de la política agraria del gobierno de Uribe: Conceptualmente hablando -subrayo, conceptualmente-, es el mismo modelo patentado en el Urabá chocoano por El Alemán, o por Jorge Cuarenta en las tierras del Cesar: desplazar a los pobres para meter a los ricos. En el Vichada, el trabajo de sacar indígenas y colonos de sus tierras lo ha hecho el Señor Cuchillo, jefe todopoderoso de los paramilitares que continúa prestando importantes servicios a la causa de la seguridad regional. Mirada en conjunto la política agraria de los últimos gobiernos ha sido en la práctica una obra en tres actos: primer acto, entrada de los paramilitares motosierra en mano y desplazamiento de campesinos; acto segundo, negociación con los paramilitares, y acto final, entrega de tierras a grandes inversionistas

 

 

Les recomiendo que introduzcan el nombre de su buscador Carimagua y analicen los resultados. Reitero que podréis constatar el clamor popular de una buena parte del pueblo colombiano respecto a lo que allí está ocurriendo.

 

Pero volvamos a la acidez de los suelos de Colombia en general y de Carimagua en particular que nos ofrece esta nota de Prensa de la propia Universidad Nacional de Colombia: Más del 86% de los suelos colombianos son ácidos.  

 

Bogotá D.C., Febrero 13 de 2008 –Agencia de Noticias UN–Los suelos de los Llanos orientales, en particular los de Carimagua,  son viejos, elevados en acidez, y tienen altos niveles de aluminio que intoxican las plantas, por lo tanto son poco aptos para desarrollar cultivos. Pero, ¿qué factores inciden en estas características del suelo y qué alternativas tecnológicas se han desarrollado para mejorar sus condiciones?

 

La región de los Llanos Orientales es una de las más extensas del país con cerca de 17 millones de hectáreas. Según la agrónoma Alia Rodríguez, experta en fertilidad de suelos de la Universidad Nacional, un suelo ácido es el que tiene un valor de pH por debajo de 5,5.

 

Las características químicas de los suelos tienen relación con las condiciones climáticas. En Colombia las altas precipitaciones hacen que cerca del 86 por ciento de los suelos tengan pH ácidos. Ello debido a la acción de las lluvias que, además de lavar los elementos positivos del suelo, interactúan con el material de origen del suelo y provoca la acidez.

 

El suelo de los Llanos orientales es viejo, por tanto desde el punto de vista químico es pobre en nutrientes. Pese a eso sus terrenos son cultivables: “La industria ha desarrollado alternativas como fertilizantes, y la Agronomía ha estudiado fuentes de tipo orgánico y microorganismos que ayudan a las plantas a extraer mejor los nutrientes del suelo para corregir su baja concentración”, explica la agrónoma. Cada propuesta implica una inversión en tecnología.

 

También hubo una investigación realizada a estos suelos por Corpoica, la Universidad del Llano, Colciencias y Pronata, como parte de un convenio de cooperación técnica y científica  del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que permitió concluir que los cultivos de estas tierras sí pueden ser productivos, y para hacerlo de una manera económica y sostenible, científicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) diseñaron una metodología denominada “Formación de una capa arable”.

 

La propuesta, dirigida por el investigador del CIAT Edgar Amézquita, busca el mejoramiento físico del suelo a partir de labranza vertical con cinceles, lo que ocasiona que el suelo se afloje y permita mejor infiltración de agua y de aire, generando un mejor ambiente para el crecimiento de las raíces, según registra la Agencia Universitaria de Periodismo Científico de la Universidad del Valle.

 

Para Alia Rodríguez, suelos como los de Carimagua – que estos días han suscitado polémica debido a la decisión del gobierno de no entregarlos a un grupo de desplazados como se los había prometido-, por sus características requieren una alta inversión.

 

“En ese orden de ideas, lo lógico es pensar que esas tierras se entreguen a personas que puedan hacer uso de ellas de forma eficiente y productiva, pues están ubicadas en una zona que está sometida a desgaste, ya que llueve seis meses y hace sequía los otros seis”, señala la investigadora.

 

Así, advierte que, para mejorar estos suelos ácidos que presentan altas concentraciones de aluminio, y son pobres en nutrientes, se requeriría de una inversión similar a la que se está haciendo con empresas agroindustriales de palma africana.

 

Para expertos en temas rurales como Absalón Machado, “independientemente de los problemas técnicos que habría que analizar con detalle, lo que hay es un problema de orientación de la política. Carimagua es un caso emblemático en el sentido de que tierras publicas que son del Estado, prefieren entregarse a los inversionistas para grandes explotaciones en vez de ver que adecuaciones e inversiones debería hacer el mismo Estado para que esas tierras las pudieran usar los pequeños productores y en particular los desplazados”. (fin/nm/FEB)

N° 218

 

Como vemos en el escrito de esta nota de prensa, hablan dos expertos que defienden posturas dispares, una afín al gobierno y otra en contra de lo que este pretende hacer en Carimagua. Como podréis observar aquí y más adelante, el conflicto surgió cuando las autoridades prometieron ceder unos terrenos a familias desplazadas por los conflictos bélicos (guerrilla de las FARC, paramilitares y ejercito), cambiando después de postura a ofertarlas a los grandes terratenientes y/o empresas agroindustriales relacionadas posiblemente con el aceite de palma. ¡Otra vez los malditos biocombustibles de primera generación por medio!. Cuanto daño y pobreza están generando ya.

 

Desde la distancia resulta difícil entender que en un país que alberga 85% de suelos ácidos se deniegue el auxilio prometido a la población que dice defender, alegando que lo que iban a ofrecerles eran suelos ácidos ¿?.

 

Es cierto que existen diferentes tipos de suelos pobres en nutrientes, con diferentes grados de aptitud para su puesta en cultivo. Empero también lo es que en Colombia y otros muchos países sus moradores los han cultivado durante siglos. Por un lado existen plantas adaptadas a estos medios, por otro un encalado apropiado puede corregir tales problemas, al menos en algunos tipos de Ultisoles. Obviamente existen otros procedimientos que pudieran ser más eficaces y costosos. El campesinado requiere tierras para la subsistencia de sus familias, no con vistas a arrojarse a los venenosos brazos de la economía globalizante mediante la obtención de elevados rendimientos. Si sólo resta el 15% del territorio nacional con suelos sin acidez (aunque parte de ellos sufran de otras limitaciones de uso), los desplazados debieran pedir asilo, según sus autoridades, en las Pampas de Argentina y Uruguay (es decir desplazarlos a los confines sureños del continente). Fíjense también una contradicción que padece la nota de prensa de arriba. Por un lado se habla de que los investigadores del CIAT diseñaron una tecnología “barata y sustentable”, mientras que por otro la experta reitera que su rehabilitación sería muy costosa en términos económicamente: ¿en que quedamos? Todo este asunto huele muy mal, a falta de más explicaciones. Y lo que más me preocupa resulta ser que en muchas noticias que leo de Latinoamérica abundan los desprecios de esta catadura contra los compatriotas que dicen y deben defender sus autoridades.

 

 

 

¿El Presunto futuro urbanístico de Carimagua según los globalizantes

 

En un próximo post abordaremos el tema con mayor seriedad y contundencia. Como español soy consciente de que muchas multinacionales atentan contra la soberanía alimentaria de los países latinoamericanos. Algunas de ellas tienen capital de mi país, otras muchas no. Ahora bien, para paliar las agresiones de aquellas se requieren dos respuestas.

 

1.        Que el gobierno del país afectado por las malas prácticas de las multinacionales denuncie el problema públicamente, tome medidas drásticas (para eso tienen sus policías y militares) y presione a los organismos del país en donde reside la central de esta empresa.

2.       Que el gobierno con mayor capital de la empresa agresora responda debidamente (la Comunidad Europea, por ejemplo, ya ha advertido a los Estos miembros que tomará medidas si tiene pruebas contra tales compañías). Pero en cualquier caso,  digamos también que existen organismos jurídicos internacionales que juzgan los delitos de genocidio, etc. Del mismo modo, se puede denunciar el caso públicamente ante Organizaciones no Gubernamentales, la ONU, etc. Tal hecho daña la imagen de los agresores, algo que no les beneficia en absoluto.

 

 

 

Suelos de Carimagua (Fuente: Universidad de Colombia)

 

Ahora bien, lo que no genera credibilidad es que los gobiernos de los países que reciben a estas empresas las acepten sin más, permitan sus tropelías y, cuando les conviene sacar algún partido económico (o simplemente electoralista) denuncien sin pruebas fehacientes los delitos que cometen (pero no asuman su permisibilidad). Así, se tensa la cuerda diplomática, con vistas a alcanzar algún tipo de acuerdo, saliendo luego en las fotos de la prensa sonrientes y “tan amigos, como siempre” ¿Pero a que acuerdos han llegado? ¿Quiénes son los beneficiados? Generalmente los afectados no.  ¿Quién se llena entonces los bolsillos de dinero? Habría que recordar en estos casos a las autoridades de los gobiernos envueltos en estos conflictos el refrán español de que “dos no juegan si uno no quiere”. Reitero que este asunto huele muy mal.          

 Dejemos una pequeña constancia de que son los Ultisoles de acuerdo a la USDA Soil Taxonomy. Tan solo recordaros que los criterios para discernir entre los diferentes tipos de Ultisoles” los podéis bajar pinchando en el hipervínculo añadido. Aparecen en la página 261 y siguientes. Resumiendo, sin pretensión de ser muy preciso, un Ultisol es una clase de suelos caracterizada por tener un horizonte arcilloso en profundidad (argílico) con:   

  

una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a la profundidad más superficial de las siguientes:

 

(1) 75 cm abajo del límite superior del fragipán; o

(2) 200 cm abajo de la superficie del suelo mineral; o

(3) A un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférrico.

 

Los que uséis la WRB 2006, buscar aquí: La Clasificación WRB 2006 en Español ya se encuentra disponible en Internet (borrador en exclusiva para esta weblog)

 

 

Vegetación de Carimagua

 

Juan José Ibáñez

 

 

El caso Carimagua; Autor: JUAN MANUEL LÓPEZ CABALLERO

02/28/2008

 

La modalidad que ahora se ofrece tiene por único objetivo que los activos de la nación sirvan para que con el mínimo de riesgo inicial se enriquezcan más unas empresas poderosas; no se ve cuál es la compensación que recibe el Estado o la ciudadanía por esto.

 

El intento de cambio de destinación del predio Carimagua -de propiedad del Estado-, para ‘concesionarlo’ a unas empresas palmicultoras en vez de cumplir con el compromiso de adjudicarlo a familias de desplazados, abrió demasiados interrogantes para que deba ser cerrado solo con la declaración del Ministro de Agricultura.


El argumento para no cumplirles a quienes se les había prometido es lógico y válido tal cual lo presenta hoy el gobierno: se puede ir incluso más allá y hacer claridad respecto a que la entrega de tierra a una persona nunca le permitirá competir contra la producción agroindustrial, ya que la disminución de costos por economías de escala, eficiencia administrativa, capacidad financiera, investigación y tecnología, etc. hace que el precio de venta que ponen las agroempresas en el mercado sea inferior a los costos del productor campesino, o sea dentro de las leyes del mercado su explotación será a pérdida (solo tendría sentido si se pretende que vivan aislados en modelos de autosuficiencia). La tierra como factor de producción hoy no representa casi nada en comparación con los otros factores como los costos de un riego, la maquinaria, la capacidad de endeudamiento, y mucho menos cuando son tan pobres como esas y se requiere tantos complementos y tanta inversión que toca comenzar por lo que llaman ‘hacer la tierra’ (fue el caso del famoso ‘cerrao’ brasilero donde inversiones planeadas y subsidiadas por el Estado durante 20 años las convirtieron en rentables).


Pero ¿por qué ese análisis tan obvio no se hizo antes y se decidió entonces por lo que hoy se aclara que era absurdo? Lo mínimo que muestra es que hay falta de seriedad y demagogia barata en el trato a los desplazados (lo cual no es un buen mensaje para los países y las organizaciones que han ayudado en este problema).


Viene ahora la propuesta de entrega a las empresas palmeras. Pero resulta que se propone bajo una nueva modalidad que en la práctica consiste en que acceden a la tierra sin tener que comprarla. Ya se ha destacado la cantidad de beneficios que se ha otorgado al sector palmicultor (exención de impuestos de patrimonio, financiación blanda, subsidios para biodiesel, etc.). Vale la pena destacar que además, al estar exentas de gravamen las utilidades durante 10 años, no solo se beneficia la promoción de esta actividad en empresas sanas para bien del país, sino que, entendiendo que ‘lavar’ o ‘blanquear’ capitales no es circularlos en economías irregulares (como el contrabando o los Sanandresitos) sino volverlos declarables y que puedan aparecer en la economía formal, también se convierte en la más eficiente y barata lavandería para capitales sucios, puesto que basta con no reclamar fiscalmente los gastos y así todo lo que se presenta como alta rentabilidad queda limpio de mancha y pecado. El vínculo que ha encontrado la fiscalía entre algunas de esas empresas y el paramilitarismo deja muy mal sabor a esta propuesta.


Y respecto al cambio de destino de estas tierras -sea para los desplazados o para las empresas- falta también la explicación de por qué se abandona la función que estaba cumpliendo de centro de investigación: sea cierto o solo demagogia el proyecto publicitado de la gran explotación de seis millones de hectáreas de la altillanura, es claro que lo que más se necesitará es desarrollo del conocimiento y de las tecnologías para adelantarla; esa granja no solo tiene ya un recorrido con una cantidad de recursos invertidos (porque sí es verdad que son tierras lejanas, inhóspitas y pobres, pero por eso el Estado ha usado decenas de miles de millones en ensayar adecuaciones y crear infraestructuras para ver cuándo y cómo se vuelven productivas y rentables) y un acerbo de información que se perdería, sino también experimentos en trámite que se abandonarían. La justificación para esto no se conoce ni parece que exista.


Pero muchísimo más debatible en el fondo que la pregunta hasta ahora planteada de
¿a qué se deben destinar las tierras? es el cómo y el porqué de esa propuesta del Ministro.


Se ha insinuado que podría mediar algún interés personal o alguna forma de ‘corrupción’ detrás de esta decisión; las declaraciones de quien por tener relación con el Ministro de Hacienda y con una de las entidades ‘invitadas’ aparecía como ‘sospechoso’ parecen aclarar que no es este el caso. Sea como sea, el buscar la corrupción siempre como explicación es buscar el mal en las ramas y no en las raíces: mucho más grave que un sistema sea mal utilizado y que por la intervención de individuos pervertidos se causen eventualmente perjuicios, es que el modelo o sistema mismo dentro de su funcionamiento genere los males.


Detrás de esta decisión hay una concepción del Estado y de la función de la economía que considera que la generación de riqueza es la única razón de ser de ambos, y que relega a un papel secundario lo social, lo político y lo jurídico.


La figura de la concesión o aún la de las privatizaciones de las responsabilidades del Estado -v. gr. los servicios públicos- son justificables porque sirven una necesidad colectiva; así, aunque sea cuestionable que esa enajenación del patrimonio del Estado sea solo para sufragar gastos de funcionamiento (la venta de la nevera para pagar el mercado), queda el resultado de que se sigue atendiendo el interés público; pero la modalidad que ahora se ofrece tiene por único objetivo que los activos de la nación sirvan para que con el mínimo de riesgo inicial se enriquezcan más unas empresas poderosas; no se ve cuál es la compensación que recibe el Estado o la ciudadanía por esto.


Y más inquietudes que el ningún interés social detrás de tal propuesta produce el manejo que se le ha dado a esto. Ante la aparición de un concepto de
la Procuraduría, dijo el Ministro que se le olvidó informar a los órganos de control; eso en plata blanca quiere decir que lo hacía a espaldas de estos, y, por voluntad o por indiferencia, en forma clandestina. Teniendo en cuenta lo novedoso y al mismo tiempo objetable de tal iniciativa (se ha visto más que objetada) no satisface esa simple explicación para justificar lo sucedido. Menos aún cuando se vino a saber que se habían escogido unas empresas ‘interesadas’ y que la audiencia pública tenía una fecha cierta que no había sido divulgada (o lo que sería peor: que llenó las formalidades legales pero se mantuvo fuera del conocimiento de otros posibles interesados) (…).

 

 

Febrero 12 de 2008

Gobierno sabía que las tierras de Carimagua son aptas para el agro

 

En el comunicado de presidencia, fechado el 10 de noviembre de 2004, se anuncia la visita a Tokio del entonces ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Gustavo Cano Sánz, para realizar una presentación sobre, lo que se denominó “el más importante megaproyecto de recuperación de bosque tropical húmedo del mundo” en la región de la Orinoquia, y que, según el texto, surgió “bajo la inspiración directa y el liderazgo personal” del propio Presidente Uribe.


La información, de ese entonces, parece contradecir las recientes declaraciones del presidente Uribe en las que se refiere a Carimagua, una extensión de 17.000 hectáreas que estaba destinada a cerca de 500 familias desplazadas, como “unas tierras ácidas. Tememos que si simplemente se distribuyen en pequeñas parcelas, eso se vuelva rastrojo y rancherío de pobreza e improductivo”.

Pero en el texto del comunicado de 2004, el Gobierno parecía tener muy claro que las 15 mil hectáreas de Carimagua, son agroecológicamente aptas, más aún, que la primera fase del proyecto, que debería terminar este año pero no se implemento, prometía un programa de siembras.


En Carimagua se ejecutará un programa de siembras en sus 15 mil hectáreas, agroecológicamente identificadas como aptas para el mismo (pino caribe tropical, caucho, palma de aceite y cultivos para la seguridad alimentaria local)”, reza el comunicado de 2004.


Para el actual ministro de Agricultura, Luis Felipe Arias, las tierras de Carimagua requieren de una gran inversión del sector privado en corrección física y química de suelos, infraestructura y carreteras, por eso, su cartera realiazó el cambio de destinación del predio desde julio del 2007, aduciendo problemas presupuestales.


Opiniones en contra

La medida fue fuertemente cuestionada por Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, aduciendo que se está elevando la pobreza a la categoría de delito, “es un delito ser pobre, yo no había escuchado un argumento tan imbécil como el que expreso del ministro de Agricultura, que no se les podía entregar esas tierras a las familias desplazadas porque son pobres, para Ripley”.


Para Gómez las declaraciones del gobierno son
la expresión del más absurdo cinismo, “decirle a un grupo de familias pobres que no se les puede entregar una tierra porque son pobres, y que como se trata de una unidad productiva hay que entregársela a 4 o 5 empresarios, definitivamente raya en el cinismo, precisamente porque son desplazados hay que entregárselas”, anotó.


Además, el sindicalista sostuvo que no es una solución la propuesta del Ministerio de Agricultura, porque “si la preocupación del gobierno es que (los desplazados) no pueden explotar esta tierra pues debe ser la preocupación del gobierno debe ser facilitarles el crédito, la asesoría técnica, todas las garantías necesarias para que pongan a producir estos predios.

 

 

EL CASO CARIMAGUA: UNA AUTÉNTICA CRIATURA DEL ESTATUTO RURAL

Pronunciamientos de Organizaciones Gremiales

Pronunciamiento de las Organizaciones Agrarias y Rurales de Colombia, febrero 25 de 2008

El 28 de marzo de 2007, más de 80 organizaciones agrarias y rurales de Colombia reunidas en Bogotá en un gran Encuentro Nacional, nos dirigimos a Colombia, a las autoridades y al Congreso de la República para manifestar nuestro rechazo, entre otras, a la negociación del TLC con Estados Unidos y a la expedición del Estatuto Rural.

 

En la Declaración emanada de esa reunión, y publicada en el periódico El Tiempo (domingo, 1 de abril) denunciamos: “El gobierno propicia la asignación a grandes empresas inversionistas nacionales y extranjeras de millones de hectáreas y terrenos baldíos, orientando además la inversión de los recursos públicos del presupuesto nacional hacia grandes agronegocios como agrocombustibles, explotaciones madereras y ganaderas. Como sujetos del apoyo estatal, consagra fundamentalmente a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, en detrimento de la población, de los ecosistemas y de la cultura rural colombiana…” Quizás muchos colombianos desestimaron esta premonición y no advirtieron suficientemente lo que ella implicaba. Con el caso CARIMAGUA se ha corroborado con creces.

 

La asignación de las cerca de 17.000 hectáreas a un puñado de empresas productoras y a una firma financiera en detrimento del interés de las familias victimas del desplazamiento forzado, por ahora detenida por reparos de la Procuraduría General de la Nación y por la indignación general de la sociedad colombiana, es el ejemplo expedito prescrito en ese Estatuto Rural para establecer el denominado “modelo agrícola empresarial” que excluye a los campesinos, a los pueblos indígenas y afrocolombianas y a los productores medios dedicados al cultivo de géneros agrícolas y alimentos para el mercado interno. CARIMAGUA representa las esencias del Estatuto Rural.

 

En un país donde en los últimos 25 años ya registramos cuatro millones de desplazados por la violencia; el caso CARIMAGUA reitera así mismo el infausto provenir del agro colombiano señalado también en la Declaración mencionada: “El modelo rural que se promueve se traducirá en la expulsión de millones de colombianos de sus tierras en especial de los más vulnerables. Para imponerlo, el gobierno recurre a la demagogia y apela a la represión bajo el subterfugio de la Seguridad Democrática”. En CARIMAGUA se llegó al extremo de destruir el puente que servía a las comunidades locales para someterlas a condiciones desventajosas.

 

Igualmente, se debe conocer que en aras de hacer del INCODER una institución al amaño de planes como CARIMAGUA, desde diciembre de 2007 han sido despedidos 547 empleados y trabajadores, casi 200 de ellos pertenecientes al Sindicato. En medio de esta masacre laboral no se ha respetado la Carrera Administrativa y las vacantes se surten con la nominación de personas incondicionales de los sectores políticos que aprobaron el Estatuto Rural en el Congreso.

 

Hay que aprovechar la ocasión para que quienes rechacen con sinceridad aberraciones como la de CARIMAGUA se unan a un movimiento nacional por la derogatoria del Estatuto Rural y otras normas, merced a las cuales se está legitimando y se validarán en el futuro otras por el estilo. Este funesto caso conjuga el despotismo y la mentira con la violación de los principios constitucionales que rigen el desarrollo rural en Colombia y en particular del que prescribe que “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios” (Constitución Política art. 64) y el derecho de los desplazados a la reparación. En CARIMAGUA hay muchas más perversidades que meros prevaricatos y peculados. Es instaurar la más indignante iniquidad.

 

Firman:

Acción Campesina de Colombia -ACC
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -Unidad y Reconstrucción-ANUC-UR
Asociación Nacional de mujeres campesinas, negras e indígenas de Colombia -ANMUCIC
Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca –ADUC
Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria
Censat Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
Centro de Cooperación al Indígena –CECOIN
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO
Grupo Semillas
Organización Nacional de Indígenas de Colombia –ONIC
Sintraincoder

 

 

Minagricultura afronta debate por Carimagua

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, afrontará este martes la ofensiva política de los partidos Liberal y el Polo Democrático, que a partir de las 3 de la tarde, en la Plenaria del Senado, intentarán llevar a término la primera moción de censura en el país.

 

Notasrelacionadas; 11/03/2008 – 7:01am | Senador Robledo pedirá la renuncia del Ministro. Hace un mes, Arias se vio envuelto en una tormenta política cuando se reveló que unas tierras ubicadas en el departamento del Meta, y que habían sido prometidas a decenas de familias de desplazados, serían entregadas en concesión a empresas privadas para la explotación de cultivos de palma.

 

El funcionario defendió la decisión argumentando que se trataba de terrenos de mala calidad y que entregarlos al sector privado garantizaría su adecuada explotación y la generación de empleo para los mismos desplazados. Sin embargo, dirigentes políticos de la oposición acusaron al Ministro de querer beneficiar a unos cuantos empresarios afectos al Gobierno. Por ejemplo, se conoció que una de las empresas interesadas tenía nexos con (….).

El Ministro ha dicho que en ningún momento se cambió la destinación de beneficiarios de Carimagua y que con uno u otro acuerdo del ICA, los beneficiarios podrían ser desplazados, pero se iba a entregar al ganador de una licitación en la que sólo pueden participar quienes muestren un patrimonio neto de $15.000 millones en 2006 e ingresos por negocios agrarios de $50.000 millones en los últimos 7 años. ¿Cuántos desplazados pueden participar en esa licitación?”, preguntó Robledo. (…)

 

 

 

 

 

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