Los mártires del medio ambiente y la posverdad (el hostigamiento de la dictadura financiera)

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Fuentes: Colaje Google imágenes

Para Loli Ibáñez Olano y toda su familia.

Poco se puede añadir ante las noticias que os muestro hoy en inglés y castellano. La globalización económica desbocada considera que todo lo que puede saquear debe ser nimperativamente saqueado. Las Instituciones Internacionales por un lado denuncian, mientras que por otro financian (de un modo u otro) empresas que asesinan a quienes defienden el medioambiente y a la madre tierra. Buena parte de estos mártires pertenecen a pueblos indígenas que defienden sus legítimos intereses, al menos desde una perspectiva ética y moral, ya que se les deniegan sus derechos, por mucho que se insista en lo contrario. Sí, me refiero a esa consabida, mil veces aplaudida, y otro billón pisoteada de facto: “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Agroindustria, empresas extractivas, constructoras y otras que disponen de tanta “la pasta para saquear”, como de una execrable amoralidad con vistas a ejecutar cualquier tipo de degradación ambiental en “nombre del progreso” tecnológico y del retroceso ético y moral”, por ser suaves. Y este año se ha vuelto a batir el record de asesinados, con Latinoamérica a la cabeza, por su ¿macabro? interés de defender a la madre naturaleza y peor aún a sus propias vidas.

En la primera noticia (Hasta 200 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2016), lucía Villa nos recuerda que “Los ambientalistas son considerados, según la ONU, como el segundo colectivo de defensores de derechos humanos más vulnerable del mundo. ¡Menos mal!. La ONU es una cosa, pero la actuación de sus miembros, si los firmantes de los aludidos derechos humanos, otra bien distinta. Si los que asesinan deben ser condenados, también deberían serlo los inductores, que deberían pagar estas lamentables “deudas de sangre”.

Pero vivimos en la época de laposverdad” (palabro que se ha puesto tan de moda), y que no vienen más que a decir lo que se ha ocurrido siempre (nada nuevo bajo el sol): “Digo esto y hago lo otro”; “la verdad de hoy será la mentira de mañana”; “bien dicho y bien hecho hermano, pero ahora te tengo que matar”.

Y en un mundo de represión, o en el mejor de los casos de pseudo-democracias, la única verdad oficial es la que interesa a los líderes financieros, es decir la jaula, la gran mentira en la que vivimos encerrados sin saberlo la mayoría de los ciudadanos indefensos, unos más que otros, claro está. Bien podíamos pues hablar de celebrar el “Día de los Santos Inocentes” (ya sabéis quienes van de Herodes), cuya denominación aplaudirá hasta el Papa Francisco.

Leamos, recordémoslos  y esperemos no ser un día, los siguientes damnificados o exterminados……

Os dejo pues con ambas noticias, que con toda seguridad no son más que la punta del Iceberg, si bien sirve como botón de muestra de hasta qué punto están siendo mermadas las libertades de los pueblos. Como en aquellas películas del lejano oeste, o las de actuales de matones: si no estás de acuerdo conmigo te mato. Si no me das lo que deseo te asesino.

Juan José Ibáñez

Continúa…….

Hasta 200 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2016

Cada año se bate un nuevo récord. En lo que llevamos de 2017, se han sumado a la lista otros 98 crímenes, según el último informe anual de Global Witness.

 Una protesta por la muerte de la ambientalista y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, en Honduras, tras ser asesinada en marzo de 2016. AFP

más información

“La empresa pagó a los sicarios que mataron a mi madre”

“El Estado hondureño es el promotor de todos los proyectos mortíferos para las comunidades indígenas”

Asesinados por defender la tierra

“La responsabilidad del Gobierno de Honduras en el asesinato de Berta Cáceres es total”

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Madrid ; 17/07/2017 18:08 Actualizado: 17/07/2017 18:08; lucía villa; @Luchiva

Cada vez son más y sucede en más lugares del mundo. La cifra de defensores del medio ambiente asesinados bate récords año tras año y 2016 no fue una excepción. Según el informe que cada año publica Global Witness –una de las pocas organizaciones que se ocupa de recopilar estos datos- el año pasado al menos 200 activistas en todo el mundo fueron asesinadas por defender la tierra y los recursos de los que viven. En lo que llevamos de 2017 ya se suman otros 98.

Los ambientalistas son considerados, según la ONU, como el segundo colectivo de defensores de derechos humanos más vulnerable del mundo. El informe destaca que no es sólo un fenómeno creciente, sino que cada vez está más extendido. En 2015 hubo 185 casos de asesinatos en un total de 16 países, mientras que el año pasado las muertes afectaron a 24 estados diferentes.

“Estamos pagando con nuestras vidas. Estamos pagando con nuestra cultura. Estamos pagando con el peligro de extinguirnos… simplemente porque defendemos el pequeño pedazo de tierra que solía darnos lo suficiente para comer”, dice Jakeline Romero, una mujer de Colombia, cuyo testimonio ha sido recogido por Global Witness. Jakeline recibe amenazas de muerte por haber denunciado los abusos cometidos por parte de militares y empresas en la región de La Guajira, donde se ubica la gran mina de carbón de Cerrejón. Es indígena, como el 40% de los asesinados.

Venden la imagen de que estamos en contra del desarrollo. No estamos en contra del desarrollo, estamos en contra de la injusticia”, añade Francisca Ramírez, otra activista de Nicaragua que se opone al proyecto para la construcción de un canal interoceánico que prevé el desplazamiento de 120.000 indígenas y que se está convirtiendo en una de las principales causas de asesinatos de ambientalistas en el país.

Global Witness destaca además a Nicaragua como uno de los países que empieza a formar parte de los más peligrosos del mundo para la defensa del medio ambiente, un puesto que todavía ostenta Honduras, donde hace algo más de un año asesinaron a la ganadora del premio Goldman por su oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, Berta Cáceres, y a varios de sus compañeros. Brasil, no obstante, sigue siendo el país con el mayor número de asesinatos (49 en 2016), seguido de Colombia (37), Filipinas (28) e India (16).

En la mayoría de los casos, como Francisca o Jakeline, son personas que no se dedican al activismo, sino que son líderes en sus comunidades o campesinos que tratan de proteger sus tierras ancestrales, aunque también hay abogados, periodistas o voluntarios de ONG entre los asesinados. La mayor parte de los asesinatos tienen que ver con proyectos de minería y petróleo (33), seguidos de la explotación forestal (23), agroindustria (23), caza furtiva (18), agua y presas (7) u otros.

Los defensores de la tierra y el medio ambiente a menudo chocan con los intereses políticos, comerciales y criminales, que colaboran para robarles sus recursos naturales. Muchos defensores se enfrentan a años de amenazas de muerte, criminalización, intimidación y acoso, pero reciben poca o ninguna protección por parte de las autoridades”, denuncia Global Witness.

La organización señala además que, aunque “es difícil saber quién ataca a los defensores o quién ordena los ataques”, han identificado 35 casos donde los paramilitares están involucrados (sobre todo en Colombia y Filipinas), 33 donde la policía es sospechosa de los asesinatos, 26 donde lo son los terratenientes y 14 casos perpetrados, aparentemente, por fuerzas de seguridad privadas. Los cazadores furtivos están acusados de 13 asesinatos, sobre todo en África, mientras que otros casos están asociados a militares, madereros, sicarios contratados y representantes empresariales.

Aún así, la impunidad es la norma. En su informe de 2014, la organización señalaba que de los más de mil asesinatos que habían investigado en sus años de trabajo, sólo 10 personas habían sido juzgadas, condenadas o castigadas. Es decir, que los casos en los que estos actos no tienen consecuencias ascienden al 99%.

Los inversores “deberían hablar con las comunidades afectadas por sus proyectos, para asegurarse de que se sienten seguros y escuchados cuando expresen objeciones o preocupaciones. Deberían evaluar si la información sobre el proyecto está disponible en los idiomas y formatos que la gente local pueda entender, de cara a la toma de decisiones. Si no se dan estas condiciones, entonces la inversión debería ser congelada”, señala la ONG, que aporta también en su informe otras recomendaciones para los gobiernos y las empresas involucradas

200 green activists killed in 2016, record toll watchdog
By Marlowe HOOD
Paris (AFP) July 13, 2017

At least 200 environmental campaigners and protectors — 40 percent from indigenous tribes — were murdered around the world in 2016, the deadliest year on record, the watchdog organisation Global Witness said Thursday.

The grim tally, double the number slain two years earlier, is the largest since the NGO began tracking such violence in 2002, it reported.

The real number is probably higher as some killings go undocumented.

Fatal attacks against activists have become more widespread, occurring in 24 countries in 2016, compared to 16 the year before.

Brazil, Colombia, and the Philippines accounted for more than half of the confirmed deaths, followed by India, Honduras, Nicaragua, the Democratic Republic of Congo (DRC) and Bangladesh.

Sixty percent of those murdered were from Latin America.

The battle to protect the planet is rapidly intensifying, and the cost can be counted in human lives,” said Global Witness campaigner Ben Leather.

“More people in more countries are being left with no option but to take a stand against the theft of their land or the trashing of their environment.”

Of the 100 killings that could be traced to specific industrial sectors, a third were linked to mining and oil operations, and a fifth each to logging and agribusiness.

Hydroelectric dams can also be a source of tension. On March 2, 2016, gunmen burst into the home of Honduran activist Berta Caceres and shot her dead.

“The mother of four lost her life because she opposed the construction of the Agua Zarca hydropower dam on her community’s land,” said the report. The UN Environment Programme posthumously made Caceres one its “Champions of the Earth” in recognition of her advocacy of sustainable development.

Eight people have been arrested in connection with the murder, among them an employee of dam construction company Desarrollos Energeticos.

Protecting national parks — where poachers hunt endangered species for meat and valuable body parts, such as elephant tusks — proved to be a deadly occupation in 2016, with nine rangers murdered in 2016 in the DRC alone. Eleven others lost their lives elsewhere in the world.

Most of the violence occurs in tropical countries, where poorly-regulated mining, logging and industrial-scale agriculture can lead to polluted water supplies, land grabs, and the displacement of indigenous peoples.

- ‘Breakdown in law’ -

Corruption and legal abuses sometimes resulted in law enforcers targeting environmental campaigners rather than protecting them.

Police and soldiers have been identified as suspects in at least 43 killings, according to Global Witness, which listed all 200 victims.

“Murder is the sharp end of a range of tactics used to silence defenders, including death threats, arrests, sexual assault, abductions and aggressive legal attacks,” the NGO said.

The 50-page report highlights the testimony of activists who have confronted intimidation and violence for protesting what they describe as the environmental pillaging of their homelands.

“We’re experiencing a complete breakdown of law,” said a campaigner known by the name of Richin, who has joined the Adivasi tribespeople in opposing large-scale mining in Chhattisgarh, a state in central-east India.

“The state isn’t protecting people’s land rights and is acting like an agent for mining companies.”

Sixteen activists were killed in India in 2016, mostly over mining projects, a three-fold increase from the year before.

The annual toll more than doubled in Colombia, where extractive industries backed by the government and funded by international development banks faced protests from indigenous peoples who say their land has been misappropriated, and their water fouled.

In December, Wayuu rights activist Jakeline Romero — who spoke out against alleged abuses by corporations and paramilitary groups in the region of La Guajira — received a pointed threat.

“Don’t focus on what doesn’t concern you if you want to avoid problems,” she was told in an anonymous text message.

“Your daughters are very lovely… Bitch, avoid problems because even your mother could be disappeared.”

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