¿Cuánto dinero se pueden ahorrar las empresas comprando contaminación? Ésta es la pregunta que las industrias españolas ya se han empezado a plantear, a la vista de las alternativas de adquisición de emisiones tan diferentes en cuanto a sus condiciones y rentabilidad que el gran mercado del dióxido de carbono (CO2) está creando a su alrededor.

El comercio con este gas contaminante es un instrumento ideado por la Comisión Europea para amortiguar el impacto que el cumplimiento del Protocolo de Kioto puede tener para las empresas.

Esta inversión se deriva de la necesidad de comprar derechos de emisión que permitan a las compañías ajustarse a la asignación de CO2 recibida a través de sus planes nacionales. Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Cepsa, Repsol YPF, Cementos Portland, Uniland, Ence o Vidrala son algunas de las empresas que participan en este mercado.

Sin embargo, en función de la opción elegida, las empresas pueden encontrarse con una sorpresa: la compra de derechos de emisión les puede salir hasta 4,7 veces más cara. Entre la alternativa más barata (hacerse con toneladas de CO2 a través del fondo público del Gobierno) hasta la que ofrece el precio más elevado (ir directamente al parqué europeo), existe una diferencia del 370%.

Ante este análisis, lo lógico es que ninguna empresa optara por la bolsa de CO2 por ser la alternativa más costosa. Pero no es tan simple. Detrás de cada producto para comprar gases contaminantes, existe, al igual que en cualquier inversión, riesgos, mecanismos para cubrirlos y plazos para obtener los retornos.

Éstas son las pistas para adentrarse en una nueva inversión: el CO2. Las 957 plantas industriales españolas afectadas por el Protocolo de Kioto cuentan con varias posibilidades para adquirir derechos de emisión. Cuatro son las principales:

1. La primera es acudir a la bolsa europea de emisiones, a través de alguno de los mercados organizados que existen. Los principales se encuentran en Reino Unido, Noruega, Alemania, Holanda y Francia. En España, la plataforma privada de contratación SendeCO2, la Generalitat de Cataluña y la Fundación Fòrum Ambiental crearon el pasado diciembre una bolsa con sede en Barcelona. SendeCO2 participa en la alianza Climex, que engloba bolsas regionales de CO2 de Holanda, Hungría y Reino Unido.

Si un inversor se plantea ir a una bolsa, debe convertirse en miembro de ella o, si no, operar siendo cliente de uno de sus miembros. Sería el caso de acudir al mercado a comprar derechos de CO2 a través de un bróker.

La principal desventaja de esta opción es el precio. Con una tonelada de CO2 a 23,48 euros, según el precio de cierre del pasado viernes, acudir al parqué es la alternativa más costosa. Pero también es la que permite hacerse con derechos de emisión de forma inmediata y sin tener que asumir los riesgos más elevados que plantean las otras tres opciones.

2. Una segunda vía es obtener derechos gracias a una participación adquirida dentro del fondo FC2E recién creado por Santander, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la firma de inversión británica Climate Change Capital (CCC). A cambio de una aportación mínima de 500.000 euros, una empresa recibe los derechos de emisión generados con las inversiones limpias en Latinoamérica y Europa del Este que se realicen con el patrimonio del fondo. Sus impulsores estiman que pueden obtener derechos de emisión a un precio de entre 7 y 8 euros por tonelada. No obstante, la entrega de los derechos no es inmediata y el riesgo es mayor que en la bolsa, ya que la inversión depende en parte del éxito del proyecto.

3. El fondo de carbono público del Gobierno y el Banco Mundial, que aspira a que las empresas que inviertan en él obtengan derechos de emisión a 5 euros, a cambio de promover proyectos limpios. El riesgo es elevado porque se trata de proyectos a largo plazo, que no resuelven la obtención de emisiones para este año.

4. La cuarta opción son los mecanismos de desarrollo limpio (MDL): una empresa impulsa directamente un proyecto limpio en Latinoamérica o Europa del Este, que genere derechos de emisión para sí misma, con un precio estimado de entre 5 y 10 euros. Eso sí, con unos riesgos aún mayores para la compañía que el fondo de carbono.

Autor:   Marta Fernández