Un problema global que requiere soluciones pensadas globalmente e implementadas localmente se enfrenta necesariamente a la cuestión de la equidad. Equidad en relación a los riesgos y beneficios derivados de las acciones emprendidas, y a diferentes niveles: entre países y entre colectivos dentro de cada país.

Justicia entre países

Evidentemente, la responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero está muy desigualmente repartida entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Es justo entonces, que las medidas tengan en cuenta la historia pasada de contaminación y la situación presente de desarrollo para efectuar una distribución equitativa de esfuerzos. En este sentido, es importante que los mecanismos de flexibilidad previstos en Kioto se utilicen de forma razonable, y que los países desarrollados cumplan su compromiso fundamentalmente con la reducción de emisiones domésticas, más que con el recurso del comercio de emisiones. Del mismo modo, los mecanismos de desarrollo limpio requieren transparencia y control para que puedan contribuir efectivamente al desarrollo sostenible de los países menos industrializados.

¿Garantiza el Protocolo de Kioto está equidad?

Justicia entre sectores

Uno de los problemas a los que se enfrentan los gobiernos a la hora de tomar medidas para el cumplimiento de sus compromisos con Kioto es el de repartir responsabilidades entre los sectores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno español acaba de aprobar su PNA (Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión), que no ha contentado a todo el mundo.

En especial, sectores empresariales se quejan de la excesiva presión ejercida sobre las compañías eléctricas, siderúrgicas, cementeras, papeleras, fabricantes de vidrio, ladrillos, automóviles, refinerías de petróleo, producción y transformación de metal... Su argumento es que “sectores difusos” como el transporte, la agricultura, la alimentación, los servicios y las emisiones residenciales, que suman aproximadamente un 60% de las emisiones en España, se verán sin embargo más liberados de la responsabilidad de limitar sus emisiones. Se prevé que el sector eléctrico esté especialmente afectado y haya de enfrentarse a un importante déficit que repercuta en las subidas de las tarifas.

Para ecologistas y sindicatos, sin embargo, el Plan es asumible y realista, aunque moderado y poco ambicioso.