Los nueve reactores de
las siete centrales atómicas produjeron en 2001 el 27% de la
electricidad consumida en España. Las dudas sobre la seguridad, el
coste de desmantelar y el problema de los residuos generan un fuerte
rechazo social hacia lo nuclear. Pese a ello, el grupo de presión
atómico, con la comisaria europea Loyola de Palacio al frente, está
en plena campaña para promover nuevas plantas y prolongar la vida
útil de las ya existentes
José María Bernaldo de Quirós, director de la central nuclear de
Almaraz (Cáceres), esgrime el dato como el cardenal Cisneros
mostraba sus cañones: 'Ésta es la instalación que más energía
eléctrica ha producido en la historia de España, más del 8% del
total que se genera en el país, y eso no lo dice nadie'. Lo que sí
dice Máximo García, vecino de Talayuela, a siete kilómetros en línea
recta de este gigante -que alberga dos reactores atómicos
Westinghouse de agua a presión, de casi 1.000 megavatios cada uno, y
suministra electricidad a Extremadura, Andalucía, Madrid y las dos
Castillas-, es que Almaraz le ha roto la vida y que el cáncer de
huesos que padece su hijo de 20 años es consecuencia directa del
veneno radiactivo que arroja el complejo.
Contrastes como éste irrumpen al acercarse a la polémica sobre el
futuro de la industria nuclear, que, con sus nueve reactores en
siete centrales (Zorita de los Canes, Santa María de Garoña, Trillo,
Cofrentes, Ascó, Vandellós y la misma Almaraz), generó en 2001, con
sus 7.815 megavatios de potencia instalada, 63.715 millones de
kilovatios hora, el 27% de la electricidad consumida en España.
El debate sobre el futuro de la energía nuclear debería haber
dormido hasta 2005, pero la presidenta del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), María José Estevan Bolea; la comisaria europea Loyola
de Palacio y el ex presidente de Endesa Rodolfo Martín Villa
hicieron sonar el despertador antes de tiempo.
Estevan Bolea se descolgó en agosto de 2001 con unas
declaraciones a EL PAÍS que causaron conmoción, por venir de la
responsable de un organismo estatal independiente del Gobierno,
responsable ante el Congreso y creado para velar por la seguridad
atómica: 'No creo que esta década se vayan a construir nuevas
centrales. ¿Qué pasará en la próxima? Que seguramente tendremos que
construir nuevas'.
El 29 de abril, Loyola de Palacio, comisaria de Energía y
Transportes de la Unión Europea, lanzaba una de las andanadas que la
han catalogado como miembro prominente del lobby nuclear:
'Habrá que optar: o cumplimos con el Protocolo de Kioto y mantenemos
la producción nuclear, o renunciamos a Kioto'.
Rodolfo Martín Villa echó más leña al fuego, y afirmó al
despedirse el 9 de mayo al frente de Endesa: 'Habrá nuevas centrales
en España. Loyola de Palacio expone las cosas con claridad en un
debate que ha cambiado mucho y en el que ahora se puede defender la
energía nuclear sin ser un facha derechón'. Él estuvo en su papel,
el de patrón de una compañía con fuerte negocio nuclear: 100%
de Ascó I, 85% de Ascó II, 36% de Almaraz (I y II), 50% de Garoña
(la segunda más antigua, tras Zorita) y el 72% de Vandellós II.
Nada más lógico que las grandes eléctricas formen parte del
lobby, aunque cada vez son más numerosas las voces desde el
otro lado del frente de batalla convencidas de que el verdadero
objetivo de Endesa, Unión Fenosa (dueña de Zorita y con
participación en Trillo y Almaraz) o Iberdrola (propietaria de
Cofrentes y copropietaria de Garoña, Trillo, Ascó II y Vandellós II)
no es allanar el camino a nuevas centrales (demasiado caras y de
dudosa rentabilidad), sino lograr la extensión de la vida útil de
las ya existentes: desde los 40 años, que casi se dan ya por
descontados, hasta los 50 o 60.
'O cambia el marco actual', asegura Carlos Bravo, coordinador de
la campaña antinuclear de Greenpeace, 'o las eléctricas no van a
invertir en nuevas centrales, teniendo como tienen opciones más
baratas, como las plantas de gas. Pero existen otros poderosos
integrantes del lobby, como los fabricantes de reactores y
bienes de equipo, las grandes empresas de ingeniería y las
consultoras que sí que presionan a tope para defender su línea de
negocio nuclear'. Y no ya sólo en España, sino en casi todo el mundo
occidental, donde, añade Bravo, 'la energía nuclear está en
declive'. Incluida Francia, con el 76% de su consumo eléctrico de
origen atómico, pero sin plantas en construcción o proyecto. Sólo
Japón, Corea, Finlandia y EE UU (desde la llegada de George Bush a
la Casa Blanca) rompen la tendencia.
Un audaz asalto
Según el portavoz de Greenpeace, que el 25 de abril puso en
ridículo la seguridad de Zorita con un audaz asalto, el grupo
de presión nuclear, en su labor de zapa, se viste de verde
(defendiendo las plantas atómicas como fuente de energía limpia
frente a las de gas o carbón, generadoras de CO2) e intenta que se
siga la estela de Estados Unidos, donde hay 104 de las 438 centrales
de todo el mundo. Bush, señala, impulsa el programa nuclear
limitando la responsabilidad civil de las empresas en caso de
accidente y reduciendo al mínimo los permisos para levantar nuevas
centrales.
Cristina Narbona, secretaria de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del PSOE, critica con dureza la actitud de Loyola de
Palacio ('que ni siquiera es responsable en la Comisión Europea de
los temas nucleares') y de María Teresa Estevan Bolea, presidenta
del CSN, 'que parece una abanderada de la energía nuclear cuando su
preocupación máxima debería ser la seguridad de las centrales, que
no está a la altura necesaria. Su comportamiento es sesgado y en
contradicción con las restricciones del propio Consejo'.
Su temor es que 'haya una fuerte inversión en investigación y
desarrollo para ampliar la duración de materiales y equipos de las
mismas y, por tanto, de la vida útil de las centrales. No hay una
estrategia razonable a medio y largo plazo y, si el PP vuelve a
ganar las elecciones, habrá una reorientación clara a favor de lo
nuclear. Eso se ve ya por lo que se hace y, sobre todo, por lo que
no se hace, por la falta de impulso al desarrollo de nuevas
energías, como las renovables'.
Ya en 1999, el entonces líder del PSOE, Joaquín Almunia, prometió
que, si llegaba al poder, cerraría inmediatamente las centrales más
viejas y problemáticas (Zorita y Garoña) y pondría en marcha un plan
para la clausura escalonada del resto antes de 2015. Algo parecido a
lo que se ha decidido en Alemania y Bélgica. Entre tanto,Garoña (en
la provincia de Burgos) ha visto prolongado 10 años su
funcionamiento.
En cuanto a Zorita (Guadalajara), que ecologistas y partidos de
oposición consideran una bomba de relojería, y que funciona con un
permiso de tres años, es más que probable que consiga en septiembre
una extensión de otros seis, hasta completar, en 2008, los 40 de
vida útil. El pasado martes, Izquierda Unida y el PSOE volvieron a
exigir en el Congreso la clausura inmediata, seguida de la de Garoña
y, tras ella, del resto de centrales. El Gobierno del PP replicó que
el cierre de las plantas no es de su competencia, sino del CSN. La
posición oficial es aplazar el debate nuclear hasta 2005 y mantener
(no aumentar) de aquí a 2011 la capacidad de generación nuclear, sin
definirse sobre la posibilidad de construir nuevas centrales.
María Teresa Estevan Bolea, diana de innumerables críticas,
rehusó exponer su punto de vista a EL PAÍS, incluso contestando por
escrito a un cuestionario, y se remitió a lo manifestado en su
comparecencia del pasado lunes ante la Comisión de Economía,
Comercio y Turismo del Senado. En ese foro afirmó que 'la seguridad
de las centrales está plenamente garantizada' y que 'de no ser así,
no funcionarían, porque no lo permitirían ni el Consejo de Seguridad
Nuclear ni las empresas ni el Gobierno, que es el verdadero órgano
regulador del sector'. Estevan Bolea extendió esa garantía a todas
las plantas atómicas de la UE, aunque no a las de los países
candidatos a sumarse al club europeo.
La presidenta del CSN recordó que no existe una moratoria nuclear
en España (aunque todavía paguemos en el recibo de la luz el coste
de la paralización de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II) y que
'si una empresa desea construir una central tendrá que seguir los
trámites pertinentes'. No defendió esa opción abiertamente. Eso sí,
se mostró convencida de que 'durante la actual década seguirán
operando las que tenemos'. Para hacer frente al desmedido aumento
del consumo eléctrico (5,8% el año pasado, 35% desde 1996), apostó
por el ahorro, el aumento de la eficiencia y el recurso a las
energías renovables, pero no sin dejar muy claro que 'la energía
nuclear tiene muchas ventajas'. Las enumeró: 'Seguridad del
suministro, una muy importante capacitación tecnológica humana,
costes muy competitivos y el hecho de que no emite CO2 ni partículas
ni otros contaminantes'.
José María Bernaldo de Quirós, director de la central de Almaraz
(Cáceres), cuyos dos grupos se abrieron en 1981 y 1983, y que en
2000 recibió una prórroga de la autorización de funcionamiento hasta
2010, se muestra convencido de que, desde el punto de vista técnico,
la extensión de la vida útil de la planta, incluso hasta los 60
años, 'sería lo más lógico y razonable'. Sus argumentos son que la
central 'se halla en una puesta al día permanente, como si no
gastase vida útil. Se han incorporado 3.600 modificaciones de diseño
y se han cambiado los generadores de vapor y las cabezas de las
vasijas de los reactores'.
Visitar Almaraz no fue tarea fácil. Tras los atentados del 11 de
septiembre, las medidas de seguridad son más visibles. La
Guardia Civil vigila la entrada, la protección interior se ha
reforzado y el acceso a las zonas más sensibles está prohibido, al
igual que fotografiar vallas y alambradas de espino.
Según el director, la protección frente a accidentes es total, y
una catástrofe como la de la central ucrania de Chernóbil en 1986 o
como la de Harrisburg (EE UU) en 1979 es no ya impensable, sino
imposible. 'La planta está diseñada', afirma, 'según el criterio de
fallo seguro. Ante cualquier anomalía, los reactores se paran
automáticamente en 2,7 segundos. El diseño permite prevenir
terremotos, incendios, tornados o cualquier otro fenómeno natural.
Tiene sistemas redundantes de protección'. ¿Incluso frente al
impacto de un avión? 'Todavía no nos han instalado baterías de
misiles', ironiza, pero recuerda que las vasijas de los reactores
van encastradas en enormes dados de hormigón y el edificio que los
encierra tiene un espesor de 1,4 metros, con ocho capas de barras
metálicas de refuerzo.
El director de Almaraz no se deja fotografiar. 'Aquí ha habido
gente amenazada por terroristas', se justifica. Máximo García, el
hombre que culpa a la central del cáncer que sufre su hijo, se
declara también amenazado de muerte y objeto de toda clase de
presiones para que abandone su batalla para lograr el cierre de la
central. José María González Mazón, presidente de la Asociación de
Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex),
está en la misma lucha y recuerda el más grave accidente que ha
sufrido Almaraz: la fuga, en julio de 1988, de agua radiactiva por
rotura de un generador de vapor. 'Se cayó entonces en la cuenta',
señala, 'de que se debería haber efectuado un estudio epidemiológico
para comparar luego la incidencia de enfermedades asociadas a la
radiación. En poblaciones como Jaraíz de la Vera, por efecto
probablemente de los vientos dominantes, el número de casos de
cáncer es superior a la media de la región, pero es muy difícil que
un juez establezca la relación causa/efecto con la central'.
Cristina Narbona y Carlos Bravo hacen notar que cuando se habla
de que la nuclear es una energía barata no se cita el coste de
procesar y guardar residuos y el de desmantelar centrales. En ambos
casos, la encargada de este imprescindible trabajo sucio es la
Empresa Nacional de Residuos (Enresa), que emana del Parlamento y se
financia con la tarifa eléctrica.
Campo de pruebas
La central de Vandellós I (Tarragona), cerrada en 1989, tras
un aparatoso incendio en la sala de turbinas, es campo de pruebas
para el futuro desmantelamiento del parque nuclear. Según José Ramón
Armada, director del emplazamiento, Enresa dirige la operación, pero
son 35 empresas diferentes, todas ellas punteras en sus áreas, las
que efectúan los trabajos.
La operación se desarrolla en tres fases: la primera corrió a
cargo de la empresa hispano-francesa Hifrensa, propietaria de la
central, y tuvo como clave la retirada del combustible del reactor y
su transporte al centro de almacenamiento y reprocesamiento de La
Hague (Francia). Allí se separan el plutonio y el uranio no quemado.
El resto, los desechos, volverán a España, no antes del 2010, y su
destino será el cementerio de El Cabril (Córdoba). Mientras, Enresa
paga unos 60 millones de euros anuales a la planta francesa.
Una vez que Enresa se hizo cargo de Vandellós I comenzó, en 1999,
la fase 2 del desmantelamiento, con un presupuesto de 90 millones de
euros y que culminará el año próximo. Para entonces se habrán
reciclado 16.500 toneladas de chatarras convencionales y 277.000 de
hormigón, y se habrán enviado a El Cabril, en transportes
especiales, 2.000 toneladas de residuos de alta y baja
actividad.
En unos meses, la mayor parte de la central estará libre para uso
industrial. Sólo quedará el cajón del reactor (con éste en su
interior, sin combustible), con muros de hormigón de 3,5 metros de
espesor en sus paredes laterales y 6,5 metros en el techo, y con
nueva cubierta metálica, mucho menor que la antigua. Ahí
dentro sólo hay ya radiactividad de baja y media intensidad. Ahí
dormirá 25 años, hasta que su nivel sea aceptable. Entonces
se terminará de desmantelar la central. El coste calculado será de
otros 210 millones de euros, 300 millones en total, salidos del
bolsillo del contribuyente. Todo un símbolo del precio oculto
de la energía nuclear.