Fuente: Ecologistas en Acción, Región Murciana
Sequía y regadíos ilegales en Murcia:
la trastienda de un discurso hipócrita
Ante opinión oficial sostenida por autoridades y grupos de interés económico sobre la gravedad de la sequía en Murcia y la urgente necesidad de aprobar el Plan Hidrológico Nacional, básicamente para acceder a nuevos trasvases, desde Ecologistas en Acción-Región Murciana sostenemos la siguiente postura:
¿Sequía climática o sequía estructural?
El verdadero problema de la Región de Murcia no es de sequía climática sino de sequía estructural ya que al margen de la mayor o menor abundancia de lluvías, la demanda de agua para riego asciende a más del doble de todos los recursos hídricos disponibles. Esta demanda tan desorbitada se debe al continuo incremento de nuevos regadíos ilegales, los cuales se han creado incluso durante los peores años del pasado periodo de sequía. A pesar de que se hable tanto de falta de agua, lo cierto es que la superficie de regadío no para de crecer merced a una intensa sobreexplotación de todas las aguas subterráneas de la Región, incluidos los acuíferos hasta hace poco no sobreexplotados del Noroeste. Esto supone un consumo acelerado de todas las aguas de reserva de la región, un recurso no renovable y de carácter público, lo que constituye la principal amenaza de desertificación de la región a corto plazo.
La inmensa mayoría de estos nuevos regadíos ilegales los han realizado y continúan realizando grandes empresas y capitales ligados al agronegocio y a otras grandes operaciones comerciales, inmobiliarias o especulativas ajenas al mundo de la agricultura familiar o al tejido agrario con mayor interés social. De hecho, buena parte de los propietarios de estos nuevos regadíos tienen intereses inmobiliarios en la costa o se dedican a actividades que nada tienen que ver con la agricultura. Claramente, las nuevas roturaciones y regadíos ilegales constituyen también una lucrativa operación para el lavado de dinero negro ante la llegada del euro. Es imprescindible diferenciar estas actividades especulativas, de alto impacto ambiental y social, realizadas al margen de la legislación vigente y que benefician a grandes capitales de la realidad del sector agrario de interés más social o vinculado a la agricultura familiar, sector que en nada es beneficiado por estos grandes regadíos ilegales y operaciones especulativas.
Todas estas roturaciones y regadíos ilegales incumplen además la ley de Protección del Medio Ambiente, al carecer de la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental tanto para las superficies de regadío como para el resto de infraestructuras asociadas como embalses de riego y extracciones de aguas subterráneas. Además, muchas de estas roturaciones y transformaciones de uso se están realizando en áreas de alto valor ecológico, terrenos públicos como las ramblas e incluso dentro de espacios protegidos.
A pesar de la clara ilegalidad de estos regadíos, y de los incumplimientos de la normativa vigente, ni la Confederación Hidrográfica del Segura ni el gobierno regional han hecho nada para impedirlos, incluso en los casos en los que nos consta la existencia de denuncias interpuestas por el Servicio de Protección de la Naturaleza o por Ecologistas en Acción. Como ejemplo, en lo que va de año Ecologistas en Acción hemos denunciado más de 30 regadíos ilegales que acumulan más de 1000 nuevas hectáreas de regadío, sin embargo, las denuncias que hemos presentado constituyen una pequeña fracción de los casos de que tenemos conocimiento, por lo que esas 1000 hectáreas constituyen la punta de un iceberg que puede llegar a suponer unas 10.000 hectáreas nuevas de regadío ilegal cada año. Entre los ejemplos figuran las roturaciones, regadíos (más de 150 ha) y pozos ilegales realizados en Carrascoy, un espacio protegido, sin que las denuncias presentadas a todas las administraciones hayan surtido efecto, la construcción ilegal de más de 25 hectáreas de nuevos invernaderos en uno de los enclaves de mayor valor ecológico del Paisaje Protegido de la Sierra de las Moreras, también denunciada, y en la que que tanto la admnistración ambiental como la Confederación han demostrado su dejación de funciones y clara connivencia con los infractores, creando una situación generalizada de indefensión ciudadana y quiebra del estado de derecho. Todas estas denuncias son archivadas y ni siquiera se nos contesta acerca las mismas o su estado de tramitación, lo que por otra parte también supone un incumplimiento de la normativa por parte de la administración.
Esta situación de
evidente complicidad de la Confederación Hidrográfica y de la administración
regional en el incumplimiento generalizado de la normativa vigente y en el más
absoluto descontrol de los nuevos regadíos nos lleva a la necesidad de presentar
denuncias por la vía judicial y penal así como presentar quejas en Bruselas por
malversación de fondos comunitarios cuando es el caso, como ocurre con los
nuevos regadíos creados en la finca de El Chopillo, en el Noroeste, donde han
utilizado subvenciones del programa de Reforestación de Tierras Comunitarias
para hacer justamente lo contrario: roturar terrenos forestales y matorrales de
alto valor ecológico para plantar nogales exóticos con riego por goteo
incluyendo varios pozos, embalses y una impresionante infraestructura de riego. Todas estas situaciones y sus responsables son
perfectamente conocidas por la administración, por lo que ésta se convierte así
en la principal incumplidora de las leyes vigentes y en la actual situación de
indefensión ciudadana.
Consideramos una profunda hipocresía y un elevado cinismo aprovechar una situación coyuntural de descenso de las precipitaciones para pedir el Plan Hidrológico Nacional, es decir, nuevos trasvases, cuando las causas del actual déficit nada tienen que ver con la lluvia y sí con las falsas expectativas generadas por el Trasvase Tajo-Segura, con el incremento continúo de los nuevos regadíos ilegales, con el descontrol en la construcción de pozos ilegales y en la sobreexplotación de acuíferos, con el actual desgobierno en materia de aguas y de medio ambiente y con la dejación de funciones y connivencia de la Confederación y del gobierno regional con esta situación, en la forma de un "pacto de no agresión" con los infractores. En Murcia nadie conoce la superficie real de regadío, ni el número de pozos ilegales existentes, ni cuánta agua se saca de los acuíferos... mientras no se haga una profunda auditoría legal, ambiental y social del regadío en Murcia, no existe ninguna legitimidad para hablar de sequía y mucho menos para pedir más agua.
Exigimos que tanto el gobierno regional como la Confederación terminen de una
vez con su actual dejación de funciones y complicidad con los causantes de los
nuevos regadíos ilegales aplicando de forma estricta toda la legislación vigente
e imponiendo sanciones ejemplares a los infractores. Exigimos también una
auditoría jurídica, social y ambiental del regadío en la Región de Murcia para
evaluar la situación jurídica, los beneficios sociales reales y el impacto
ambiental de todos los regadíos así como eliminar todas las superficies de
regadío ilegal o con autorizaciones en precario tanto en relación con la
legislación de aguas como en relación con la legislación ambiental. La
eliminación de dichas superficies ilegales y el castigo ejemplar de todo nuevo
incremento contribuirá de modo significativo a reducir el déficit hídrico de la
región, la intensa sobreexplotación actual de los acuíferos y la destrucción del
patrimonio natural actualmente en curso.
