¿Qué herramientas precisa la comunidad científica española?

El desarrollo de toda actividad investigadora precisa de una serie de elementos que la hagan posible. El primero, tal vez el más evidente en España en los momentos actuales, lo constituyen recursos económicos y humanos en cantidad suficiente. Pero resulta obvio que sólo con ellos no es suficiente. Muy al contrario, a un mayor número de investigadores y a una mejor dotación de los proyectos de investigación, cabe sumar estructuras desde las que se ejecuten estrategias, se planifiquen líneas o se propongan campos de actuación. Marcos, en definitiva, donde encuadrar la ciencia del país.

¿Qué marcos son los más adecuados en las actuales circunstancias? ¿Hay que empezar por arriba, por lo político, o mejor por la base, por los laboratorios? ¿Hay que cambiar el sistema o es suficiente con reordenarlo? ¿Bastarían actuaciones puntuales pero de gran impacto o bien sería preciso remodelar sistemáticamente los distintos niveles a través de los cuales se ejecuta la política científica en España?

La reforma política de la ciencia en España es, en opinión de no pocos expertos, un paso necesario aunque no imprescindible para conseguir resultados más acordes con el potencial que se le supone a la comunidad científica española. El sistema actual viene ordenado por la Ley de la Ciencia de 1986, la primera gran norma que se aprobaba en nuestro país en esta área. Salvo modificaciones puntuales acometidas a lo largo de los últimos años, su vigencia parece probada, por lo que difícilmente se entendería una "enmienda a la totalidad" o, lo que viene a ser lo mismo, proceder a su reformulación.

La opinión, sin embargo, no es compartida por todos. Desde algunos sectores se considera que la reforma es necesaria, entre otras razones, para solventar aspectos que actualmente suponen un lastre para el sistema español. Por ejemplo, la falta de agilidad en la contratación de investigadores, las duraciones "administrativas" de los proyectos de investigación, la financiación de los centros, la coordinación del poder central con las comunidades autónomas o la implementación de mecanismos que favorezcan una mayor y más decidida participación del sector privado en la investigación. Todo un paquete de medidas que justificaría, según algunos, una reforma total; o modificaciones parciales según otros.

Más allá de la cuestión legislativa, no compartida ni muchísimo menos por todas la partes, hay quien se inclina a pensar que el salto cualitativo podría venir de la mano de acciones puntuales con suficiente potencia y carga simbólica. Estas acciones, sostiene un determinado sector, actuarían como "locomotoras del sistema" y, por consiguiente, irradiarían no sólo a su entorno inmediato sino también a sectores de actividad científica y económica complementarios.

Considerando esta hipótesis como válida, ¿de qué locomotoras estaríamos hablando? ¿De grandes centros de excelencia o, por el contrario, de una red virtual? ¿Habría que crear grandes plataformas científico-tecnológicas o bien grandes instalaciones? ¿O mejor potenciar los actuales centros?

Muy probablemente, y en una situación ideal, habría que apostar por todas y cada una de las soluciones. Pero dadas las dimensiones del sistema y la disponibilidad de recursos, hay que priorizar. ¿Pero por donde empezar?

La posibilidad de potenciar los actuales centros se antoja como la más viable económica y estructuralmente. En teoría, los recursos a destinar parecen moderados si se compara con otras opciones. Este podría ser el caso, por ejemplo, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) o del Centro de Biología Molecular (CBM), ambos con prestigio y tradición, además de competitividad, pero con una dimensión insuficiente como para actuar de locomotora del sistema. ¿Su ampliación podría cubrir este objetivo?

Una segunda vía podría ser apostar por nuevos centros de excelencia. En esta línea se sitúa el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) dirigido por Mariano Barbacid. Su puesta en marcha, al margen de las estructuras tradicionales del sistema, se está viendo plagada de dificultades, así como de recelos. En el mismo sentido se plantea la por ahora frustrada opción de Joan Massagué en Barcelona. El problema, la necesidad de dinero fresco en abundancia y de disponer de un estatus jurídico poco común todavía en España. Sus defensores opinan que este tipo de actuaciones irradian positivamente. Pero hay quien cree lo contrario.

La tercera de las posibilidades podría ser la apuesta por grandes instalaciones al estilo GRANTECAN, el telescopio gigante de Canarias, el TJ3 en el Ciemat o el proyectado sincrotrón de Barcelona. En todos los casos, la inversión necesaria es de carácter extraordinario y sus usos primarios suelen ser, salvo en el tercer caso, restringidos. No obstante, este tipo de instalaciones han demostrado ser en otros países auténticos dinamizadores no sólo de ciencia y tecnología, sino también empresariales. ¿Están justificadas en España?

Las redes virtuales, por otra parte, requieren de un esfuerzo inversor moderado y pueden abrirse a numerosos grupos de investigación afines. De algún modo, equivalen a las proyectadas redes de excelencia de la Unión Europea y facilitan la existencia de masas críticas en determinadas áreas. El problema, no obstante, es que requieren de plataformas tecnológicas potentes, las cuales suelen asociarse a centros de nuevo cuño o bien a otros que se ven potenciados por su puesta en marcha. El diseño original de la Fundación para la Investigación del Genoma Humano, preveía precisamente esta opción.

Cualquiera de las soluciones planteadas, en las que voluntariamente se ha excluido a las universidades, podría ser válida para España. Pero volvamos al punto anterior: hay que priorizar. ¿Por qué opción se decantaría?