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| La coordinación del sector público de investigación, de nuevo postergada |
| Iniciado el 27/3/2007
y finalizado el 10/4/2007 |
La elaboración de un Estatuto del Personal de Investigación que siente las bases para una mayor eficiencia y movilidad de los recursos humanos del sector público de investigación, sigue siendo una asignatura pendiente, cuando se han cumplido los veinte años de la Ley de Ciencia y se abordan modificaciones en la gestión de los organismo públicos de investigación y en el sistema universitario.
A la vista de experiencia acumulada podría decirse que las distintas administraciones han dedicado mucho mayor esfuerzo y reflexión a las reformas relativas a la programación, gestión y financiación de las actividades de I+D que a la organización institucional y a la política de recursos humanos que hiciesen mas eficientes la aplicación de dichos recursos.
Desde la óptica de CC.OO. pero también de otras muchas instituciones, la solidez y continuidad de las políticas de I+D deberían haberse basado en una mayor coordinación de los organismos públicos de investigación, dotándoles de unos sistemas organizativos comunes, de unas reglas de juego coherentes y de una política de recursos humanos que favoreciese carreras profesionales coherentes para el conjunto de actores que hacen posible las tareas de investigación: científicos, técnicos, gestores y personal de administración, becarios y contratados.
Pero la realidad es que no se han dado pasos coherentes. El proceso de coordinación de los organismos públicos ha tropezado siempre con la resistencia de los distintos ministerios a perder el control de "su" organismo de investigación, posición que han respaldado casi siempre sus gestores que, defendiendo ser cabeza de ratón, han intentado reivindicar sus "misiones especificas", como vía de lastrar cualquier proceso de convergencia.
Tras el casi clandestino documento elaborado en 1981 bajo el impulso del entonces Presidente del CSIC, Alejandro Nieto, emerge cíclicamente el debate sobre la necesidad de coordinar los centros públicos e incluso se toman decisiones políticas que se quedan sólo en el papel del B.O.E, sin traducirse en medidas reales.
Los distintos gobiernos socialistas quemaron sus energías con la elaboración de la Ley de Ciencia y la puesta en marcha de los Planes Nacionales de Investigación, pero sin poner en marcha ninguna medida de integración de los OPIs. El primer gobierno del Partido Popular, pone en marcha un Comité de Coordinación de los Organismos Públicos de Investigación, presidido por el propio Presidente del Gobierno, del que no se recuerda una sola decisión.
La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología supuso la integración de la mayoría distintos OPIs bajo un solo Ministerio, a excepción del INTA e Instituto de Salud Carlos III que siguieron adscritos respectivamente al Mº de Defensa y de Sanidad. Los intentos del Secretario General de Ciencia y Tecnología, J. Junquera, de poner en marcha una remodelación en profundidad de los OPIS, agrupando sus actividades en distintas áreas comunes, se zanjaron con su cese-dimisión fulminante, bajo presiones de distinto signo, pero en las que los gestores del CSIC y de los otros OPIs jugaron un papel clave. Su sucesor, Gonzalo León orilla el problema de fondo, pero al menos intentó poner en orden los recursos humanos. Su gestión permitió unificar la situación jurídica del personal técnico y administrativo que pasa a ser Personal al Servicio de los OPIS, pero de nuevo las presiones corporativas e institucionales impiden que ese tratamiento llegue al personal científico, que continúa desglosado entre el personal científico de las escalas propias del CSIC: Científicos titulares, investigadores científicos y profesores de investigación y la nueva escala de investigadores científicos de OPIs, sin acceso a los sistemas de evaluación de los científicos de las universidades y del CSIC, sexenios y quinquenios a la que tampoco tienen acceso el personal técnico y de gestión de los OPIS.
Los obstáculos a las medidas de integración, vienen desde las mismas posiciones, desde el CSIC se argumenta que el resto de los organismos públicos de investigación no hacen básicamente investigación; los gestores de los OPIs reivindican su especificidad remarcando interesadamente sus funciones técnicas. La realidad es sin embargo muy diferente, los sucesivos planes de investigación y la renovación de los OPIs ha introducido savia nueva, en forma de una notable inyección de jóvenes investigadores y técnicos, cuyas tareas coinciden con las de los científicos y técnicos del CSIC.
Para refrendar esta opción bastaría con responder a algunas preguntas simples. ¿Quien puede diferenciar p. ej. las funciones de los centros del Instituto Español de Oceanografía, de los Institutos de Ciencias del Mar del CSIC?; ¿no son comparables las evaluaciones de los recursos mineros que se efectúan en el IGME de las que se desarrollan en centros como el Instituto de Geología Económica del CSIC?; ¿donde se realizan los mejores estudios sobre genética de plantas, en los laboratorios del INIA o en los institutos del CSIC?; ¿no se superponen los trabajos en el campo de pilas de combustible del CSIC, con los que desarrolla el CIEMAT?; ¿no hay confluencia entre los contenidos de los trabajos de los centros de biología molecular y biotecnología del CSIC y los del INS Carlos III?; ¿quien tiene más elementos en común, el área de Humanidades del CSIC con los centros de Materiales, o estos con tareas del ámbito de materiales del CIEMAT?
Los interesados intentos de diferenciar las funciones empujando desde los OPIs al CSIC, hacia la investigación básica, para dejar la investigación orientada en manos de los antiguos centros sectoriales, chocan con la pura realidad. El CSIC insiste en su capacidad demostrada de transferencia de tecnología y de generación de patentes, se acaba de crear una empresa par reforzar esta función, mientras que el impacto de las publicaciones de los OPIs en áreas como salud, recursos naturales etc. sigue creciendo. Como paradójicamente suele suceder en la toma de decisiones en materia de I+d, priman mas las presiones corporativas de las distintas disciplinas e instituciones, que el análisis ponderado de los datos experimentales.
La vuelta del PSOE al poder no ha supuesto ningún avance en este terreno. La desaparición del malogrado Ministerio de Ciencia y Tecnología, suscitó la esperanza de que al depender de un solo Ministerio, las dos grandes instituciones de la investigación pública, las Universidades y los Organismos Públicos de Investigación, se darían pasos para lograr una mayor cohesión entre ambas instituciones. Desgraciadamente, abocados ya al fin de la legislatura no aparecen signos de que vayan a adoptarse medidas significativas. El arranque de la legislatura ya indicaba la debilidad del impulso político; en el organigrama del MEC, las funciones de coordinación de los OPIs, de la que se excluye el CSIC, se relega a una Subdirección General sin el suficiente perfil y rango para adoptar decisiones significativas, como la practica ha demostrado.
El lanzamiento de la Ley de Agencias ha sido un buen ejemplo de la falta de dirección por parte del MEC; centrado en una alicorta reforma universitaria, la introducción de lo que se presenta como la futura forma de gestión de los servicios públicos se hace sin ninguna coordinación de su aplicación al sector de investigación. Al margen de una estrategia conjunta para todos los OPIs, el CSIC se implica en la gestación de la Ley según su propia concepción. La conclusión de esta opción unilateral, es que la ley aprobada en agosto del 2006 incluye no ya una Agencia Estatal de Investigación, como prometía el programa electoral socialista sino hasta cuatro agencias en el ámbito de la investigación: CSIC. Agencia de Biomedicina y Salud, Meteorología, Antidopaje y la propia Agencia Estatal de Prospectiva Evaluación y Financiación de la Actividad Científica, eso si ligada soy a la actividad de las instituciones adscritas al MEC.
En cuanto a los temas de personal, los sucesivos borradores no incluían ningún avance en los temas de coordinación, hasta que en el debate parlamentario se introdujo, a instancia de CC.OO. una enmienda al art. 22 por la que se reconocía el derecho a la evaluación de las carreras de todo el personal adscrito a las agencias y la necesidad de dotar de retribuciones homogéneas al personal perteneciente a agencia del mismo ámbito. Una segunda instancia, incluida también a propuesta de CC.OO., aseguraba el derecho a la participación de los representantes de los trabajadores en los órganos rectores de las Agencias.
Los últimos meses, tras la remodelación del equipo al frente del MEC no han supuesto, hasta el momento, avances significativos en cuanto a la mejora de la coordinación entre organismos públicos. La aplicación de la ley de Agencias a los distintos OPIS no parece que vaya a acercar las reglas de juego. En estos momentos el MEC no es capaz de garantizar ni la hipótesis más posibilista de asegurar, al menos, que los Estatutos de los diferentes OPIs, si no semejantes, contengan suficientes elementos comunes como para garantizar la confluencia en sus métodos de trabajo y organización. De no modificarse la situación actual, el escenario más plausible es que cada uno de los organismos públicos se constituya como Agencia independiente dotada dotándose de un Estatuto especifico. Pero además estos meses han hecho aflorar otro conflicto, los intentos del MEC de coordinar la acción de los OPIs, asegurándose la presidencia en cada uno de los organismos, choca con la dinámica iniciada por actual Presidencia del CSIC, tensión que retrasa la aprobación del nuevo Estatuto del CSIC.
En el debate sobre la autonomía de los OPIs, nuestra propuesta, durante la tramitación parlamentaria de la ley de Agencias, fue que el Presidente de la Agencia estatal fuese elegido por mayoría cualificada del Congreso y dotarlo de un mandato de cinco años, superior a la legislatura.
En cuanto a la elaboración de un Estatuto de personal de investigación, la situación se mantiene bloqueada. La inclusión en la L.O.U. de referencias a la elaboración de un Estatuto de Personal Investigador, abría las puertas a la posibilidad necesidad de plantear normas que favoreciesen la homogeneización de las carreras profesionales del personal ligado a las tareas investigadoras en la Universidad y los Organismos Públicos de Investigación. Pero una vez más el corto alcance de las reformas en curso, no parecen reflejar que se disponga del impulso político suficiente como para dar pasos creíbles en una tarea por supuesto no fácil. Más complejo aún, pero no por ello menos necesario, es el análisis sobre la conexión de este personal con el incorporado por las distintas CC.AA. a su red de centros tecnológicos y de investigación, con condiciones de acceso y regímenes salariales muy divergentes de los adscritos a los centros adscritos a la Administración General del Estado, y que muestran lacerantes desajustes salariales.
La debilidad de ese impulso se refleja en un hecho más simple. El Estatuto Básico del Empleado Público ha superado el trámite parlamentario en el Senado el pasado 21 de marzo, de donde volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Cómo máxima norma jurídica, su contenido definirá las reglas del juego para todas las actividades ligadas a la función pública. Pues bien, tanto en el Congreso como en el Senado, el gobierno, se opone a incluir una referencia, impulsada desde CC.OO. y respaldada por más de 2.500 firmas de trabajadores de los distintos OPIs, que garantice normas específicas para el conjunto de personal de investigación, es decir de todos los trabajadores con independencia de su titulación. El texto propuesto se ciñe al personal investigador, que aún siendo clave, sólo incluye a 3.000 de los 20.000 trabajadores que, día a día, contribuyen a hacer realidad el funcionamiento del sector público de investigación no universitario. El desarrollo de la carrera profesional para todo el personal de los OPIs sigue estancado, y el MEC no ha abierto la mesa de negociación que los sindicatos vienen demandando.
La legislatura entra en su recta final, si no se toman decisiones con mas calado, la reforma del sector público de investigación habrá perdido una oportunidad histórica y se dará la paradoja de que, pese a coincidir con uno de los ciclos mas expansivos en términos de financiación, se hayan postergado las reformas de fondo que aseguren a largo plazo la eficiencia de dicho esfuerzo. El objetivo de aunar reglas de juego comunes y normas de gestión de personal homogéneas, como bases del reforzamiento del sector público de investigación, se habrá visto de nuevo postergado.
Emilio Criado
Científico Titular CSIC.
Vocal por CC.OO del Consejo Asesor de Ciencia
y Tecnología de la Comunidad de Madrid |
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